Es preferible aceptar que la PGR acusó en falso o no pudo probar a las 22 normalistas de Michoacán los delitos imputados (presuntas violaciones a la Ley de Armas de Fuego) a sospechar que su libertad fue producto de una negociación para que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desalojara las casi 50 alcaldías tomadas ayer como medida de presión contra el gobierno michoacano y el federal.
Y es preferible porque siempre será mejor que un juez ponga en su lugar al Ministerio Público, de la Federación o del fuero local, por su incapacidad para probar los delitos imputados a un ciudadano a que el Poder Judicial de la Federación se preste a una negociación de la ley para “ayudar” al gobierno estatal o al federal.
Aquí cabe a la perfección lo dicho por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales: “Si un juez de cualquier nivel o competencia no es independiente, es sólo un mandadero, un escribano de alguien, pero de ninguna manera un juez”.
Las estudiantes fueron detenidas por supuesta portación de 25 granadas de fragmentación fabricadas en casa, pero, conforme al juez, el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes para sostener su acusación.
Es una situación extraña, por decir lo menos, porque ¿si no las portaban por qué fueron aprehendidas, y por qué el señalamiento de que las traían consigo si, como parece, no fue así?
La pregunta parece irrelevante, pero no lo es.
El asunto ofrece, en principio, la impresión de ser el clásico expediente policiaco de aprehender manifestantes achacándoles toda suerte de delitos, en este caso posesión de armas que nunca tuvieron en su poder o que desaparecieron cuando las estudiantes fueron presentadas ante el juez o en el momento en que alguien con poder suficiente metió las manos para borrar la evidencia.
Pero más bien apesta a negociación para disminuir la presión a que la CNTE ha sometido al gobernador Silvano Aureoles, por cierto, el único de las entidades en conflicto magisterial, incluido el Distrito Federal, que ha reaccionado ante la violencia de profesores disidentes.
Las jóvenes estudiantes siguen en prisión porque un juez del fuero local debe resolver aún sobre otras acusaciones en su contra, como privación ilegal de la libertad y robo, pero todo parece indicar que, al final, nada les será probado.
La sospecha sobre presunta consigna es mera especulación, pero si camina como pato y grazna como pato, debe ser pato.
Insisto: Si la policía y el Ministerio Público inventaron que las 22 jóvenes tenían en su poder 25 granadas de fragmentación de fabricación casera, el juez hizo bien en dejarlas en libertad con las reservas de la ley, pero mala señal si se trató de un ardid para que la CNTE desalojara las presidencias municipales, pues los profesores pueden suponer debilidad gubernamental.
Y a estas alturas no estamos como para que la autoridad, la que sea, se asuste y un juez se preste a hacer mandados.
Fuente.-IMPACTO
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