Cosas muy turbias se están cocinando en los sótanos del gobierno que podrían dejar sin privacidad a los mexicanos frente al poder del Estado. Nos referimos a la reglamentación que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está elaborando para aterrizar diversos artículos de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
MEXICO,D.F 05/Feb/2015 Los artículos tratan sobre la colaboración entre concesionarias de telecomunicaciones y gobierno en materia de seguridad y justicia, particularmente en la entrega de información de usuarios de telefonía e internet que soliciten las autoridades.
Como acostumbran legisladores mexicanos, que gustan de aprobar leyes sin siquiera leerlas, este nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones dejó lagunas que podrían dar pie a serios abusos. Preocupados por estos vacíos legales representantes empresariales del sector mantienen encuentros con las autoridades responsables para resolver dichos vacíos y evitar problemas.
Por ejemplo, la ley no especificará qué autoridades pueden solicitar el espionaje de líneas telefónicas o conexiones de internet –para que no se escuche feo el documento habla de intervenciones-.
Gobierno y empresas del sector discuten este y otros problemas a partir de un documento base que se filtró a los medios. Según dicho documento las empresas de telecomunicación deberán conservar un registro detallado de toda la actividad de cualquier usuario de Internet, que podría ser útil para la investigación de posibles delitos.
“Detallado” significa que igual podría guardarse las confesiones más privadas que se comunicaron por Whatsapp, las páginas para adultos visitadas o emails con documentos e imágenes íntimas.
Los operadores de Internet que operan en México rechazaron esta propuesta argumentando que sería altamente costoso guardar tal volumen de información. Sin embargo aún no se llega a un consenso.
En esas mismas reuniones, los representantes del gobierno han rechazado se designe claramente a la autoridad que tendrá la facultad para solicitar el espionaje o la información guardada de usuarios de telefonía o de cualquier otro servicio de telecomunicaciones.
Al no quedar claro quién será la autoridad responsable y bajo qué criterios y procedimientos se harán las solicitudes, existe como probable el escenario de un funcionario de bajo nivel que teme la infidelidad de su esposa y haga la solicitud para su uso personal, violando la privacidad a la que tiene derecho todo ciudadano.
La respuesta de los representantes gubernamentales demuestra claramente que la protección de los derechos humanos de los mexicanos frente a los posibles abusos del Estado no forma parte de su agenda, y probablemente ni siquiera forme parte de su vocabulario básico la palabra privacidad. Pareciera que la discrecionalidad y la ambigüedad legal siguen siendo la brújula que guía a nuestros gobernantes.
fuente.-@Manuel_Yarto
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: