La versión oficial sobre Ayotzinapa se basa en declaraciones autoinculpatorias. Pero al menos una decena de detenidos mostraron huellas de tortura, de acuerdo con los propios expedientes. De hecho, marinos y policías han tardado hasta 11 horas en poner a disposición del Ministerio Público a algunos capturados. Según testimonios de los marinos, los capturados se golpearon solos. Amnistía Internacional lo tiene claro: Los abusos “pueden derivar en que el caso se caiga. Si se llegan a demostrar violaciones al debido proceso, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de violaciones a derechos humanos con más violaciones a derechos humanos”.
Mexico,D.F 01/Feb/2015 (APRO) Detrás del rechazo a la versión oficial sobre el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa está la presunción de que la tortura fue uno de los métodos utilizados para “esclarecer” el caso que ha marcado al gobierno de Enrique Peña Nieto.
La sospecha no se basa sólo en los hematomas y ojos hinchados que muestran los acusados en videos y fotografías presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), sino en evidencias asentadas en el expediente de la dependencia.
La noche del 27 de enero, horas después de que el procurador Jesús Murillo Karam encabezara una conferencia de prensa, padres de familia de los desaparecidos y sus abogados cuestionaron que la “verdad histórica” se soporte en declaraciones de delincuentes.
En un documento titulado Diez razones para no cerrar Ayotzinapa, los padres y abogados advierten que “la información dada a conocer por la procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente”.
El 28 de enero Amnistía Internacional (AI) dio a conocer una carta firmada por su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, dirigida a Murillo Karam, en la cual alertaba: la versión oficial de que en el basurero de Cocula se produjo un incendio que destruyó los restos de los 43 jóvenes “se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias y con un mínimo de pruebas periciales”.
Al recordar que AI ha documentado desde hace años decenas de casos de tortura en México, Guevara Rosas anunció que su organización tiene “conocimiento” de que algunos de los procesados por la desaparición de los normalistas “alegaron haber sido torturados durante la detención”, por lo cual le pidió a Murillo Karam investigaciones al respecto.
El hombre que tropezó
En el expediente de la PGR revisado por Proceso hay ejemplos claros que apoyan las sospechas de familiares y organizaciones.
Uno de ellos es el de Raúl Núñez Salgado, El Camperra, quien, según los marinos David Ramírez Alcaraz y Carlos Gutiérrez Silva, fue detenido en Acapulco el 14 de octubre a las 21:30 horas y puesto a disposición del Ministerio Público a las 8:50 horas del día siguiente.
De acuerdo con el documento integrado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/816/20114, Núñez Salgado estaba dentro de una camioneta estacionada en una de las calles del puerto cuando fue detenido por posesión de enervantes durante un patrullaje.
Cuando los marinos le pidieron que descendiera del vehículo, “intentó darse a la fuga y en dicha acción tropezó al descender del vehículo, provocándose algunas lesiones en distintas partes del cuerpo”.
Tras confirmar que no portaba armas y llevaba 970 pesos y siete dólares, el detenido –declararon los militares– les pidió sus números de cuenta para depositarles dinero a cambio de dejarlo libre, no sin antes confesarles su pertenencia al Cártel Guerreros Unidos, del que mencionó algunos presuntos integrantes. El ofrecimiento, asentaron, fue rechazado.
“Es de señalar que en el momento en que se le indicó que sería trasladado a la Ciudad de México, (la) citada persona en forma rápida dándose la vuelta trató de desarmar al marino Carlos Gutiérrez Silva, ante estos hechos de agresión nos vimos obligados a realizar labores de sometimiento y evasión ante el peligro inminente que corría nuestra integridad física y la de la misma persona asegurada”, narraron los marinos.
En la puesta a disposición, los aprehensores contaron que Núñez Salgado “se aventó contra los tubos que se encuentran en la batea de la camioneta, golpeándose la parte del oído, cara y diferentes partes del cuerpo; ante su agresividad se determinó que sería trasladado en el interior de la cabina”.
A pesar de la medida de seguridad, los marinos aseguraron que el detenido mantuvo su actitud: “Cuando se estaba acomodando, nuevamente se portaba de forma agresiva, diciendo que se lo íbamos a pagar, que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que a él se la pelan, provocándose lesiones en el interior del vehículo, golpeándose la cara contra la camioneta diciendo que iba a decir que nosotros lo habíamos golpeado; manifestando que nos iba a ir mal, que él conocía sus derechos y que tenía conocidos en la Comisión Nacional de (los) Derechos Humanos y que nos iba a acusar con ellos”.
Para justificar el arribo de Núñez Salgado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 11 horas después de la detención, los marinos alegaron que condujeron “en forma lenta moderada”, pues su vehículo tenía “fallas mecánicas” y para colmo se les ponchó “la llanta delantera izquierda”.
Al ser entregado “se solicitó que un médico naval certificara la integridad del asegurado, toda vez que en todo el camino venía agresivo, golpeándose él mismo en contra de la camioneta, y en adición al tránsito vehicular de esta ciudad” es que llegaron tarde.
En el certificado médico firmado por el teniente de corbeta Héctor Rodrigo Cardoso Enciso, se clasificaron como “hallazgos de importancia” un derrame y un moretón en el ojo izquierdo, huellas de golpes en la espalda, pierna derecha, glúteo izquierdo, cara y cuello.
En el dictamen de integridad física de la PGR, firmado por Alejandrina Álvarez Martínez, se identifican al menos 30 puntos en el cuerpo con lesiones en ojos, cuello, cara, una oreja, cabeza, brazos, manos, pecho, espalda, hombros, piernas, y de viva voz el detenido manifestó sentir un “intenso dolor en el ojo izquierdo con lagrimeo y dolor en muslo izquierdo, con dificultad para realizar la deambulación”.
La perito de la PGR recomendó que Núñez Salgado fuera enviado “al hospital para valoración por médicos especialistas en oftalmología y traumatología y ortopedia”.
En su declaración ministerial, rendida a las 6:40 horas del 16 de octubre, el detenido expresó que fue detenido en el estacionamiento del casino Play City de Acapulco, que no llevaba armas ni drogas y que su pasaporte le fue robado por marinos que ingresaron “con anterioridad” a su casa.
Ante las lesiones que presentaba, Núñez Salgado anunció que presentaría una denuncia “contra los marinos” que lo detuvieron, y una queja ante la CNDH “por violación a sus derechos humanos”.
De la mano y en actitud sospechosa
Otro caso ilustrativo se consigna en un documento firmado por los policías federales ministeriales Jazmín Galicia Guzmán, Carlos Villaseñor Evaristo y Omar Evaristo Vega Leyva, así como por los oficiales de Marina Jairo Antonio Flores Hernández, Vidal Vázquez Mendoza y Rubén Edison Irraestro. En él se da cuenta de la detención de tres personas en Cuernavaca, Morelos, el 8 de octubre a las 12:00 horas, que fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial a las 23:30 horas de ese día.
En una operación conjunta, ahí relatan cómo detuvieron en el centro de Cuernavaca a Osvaldo Ríos Sánchez, El Gordo; a su hermano Miguel Ángel Ríos Sánchez, El Pozole, y a Carlos Pascual Cervantes Jaimes, El Pollo, a quienes supuestamente les aseguraron un arma larga calibre 7.62, una granada, mariguana y cocaína.
De acuerdo con el documento, los detenidos “de forma voluntaria y espontánea” aceptaron formar parte de Guerreros Unidos y estaban “arrepentidos de la muerte de los estudiantes, que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los estudiantes” y que “los enterraron (…) en las inmediaciones de Pueblo Viejo, Guerrero”.
Los agentes y militares sostienen que en el traslado de Cuernavaca a la Ciudad de México se les ponchó una llanta y uno de los vehículos “venía presentando fallas en el motor, es decir venía calentándose”, de ahí que se vieran obligados a conducir a “baja velocidad” y detener la marcha “cada 20 o 30 minutos”.
Y para colmo, “ya entrando a esta ciudad por las marchas que estaban pasando en la Ciudad de México, Distrito Federal”, fue que tardaron nueve horas y media en llegar.
En la revisión del expediente de la PGR, Proceso localizó tres detenciones en las que participaron marinos que involucran a cinco personas, cuyos certificados médicos fueron elaborados por el perito de la PGR Francisco Ramírez Reyes el 10 de octubre, quien da cuenta de lesiones en cuatro de los detenidos.
Ése es el caso de David Cruz Hernández, bombero del municipio de Iguala, a quien la dependencia identifica como “operador logístico” de Guerreros Unidos.
En cumplimiento a una orden de localización de la SEIDO, los agentes Jesús Omar Maciel Álvarez y Miguel Ángel Romero Hernández informaron en un oficio que, a las 15:30 horas del 10 de octubre, ubicaron a Cruz Hernández en Iguala, quien de manera voluntaria aceptó acompañarlos a las instalaciones de la dependencia.
En el documento PGR/AIC/DGIPAM/PD/12464/2014 se asienta: “Es de suma importancia hacerle mención que David Cruz Hernández, al momento de localizarlo, presentaba a simple vista lesiones diversas en la cara, al ser cuestionado sobre el origen de las mismas nos dijo que en la mañana había sostenido una riña con sujetos de los que omitió mayores datos”.
En el dictamen del perito legista, firmado a las 20:30 horas del mismo día de la detención, se consignan huellas de golpes en la mandíbula, frente, pómulos, ojo derecho, hombro derecho, pecho, espalda, cadera, lesiones que “refiere se las causaron marinos el día de hoy por la mañana”.
En otro documento fechado en Iguala el 9 de octubre, se informa que a las 23:00 horas de ese día efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Luis Alberto y José Adán Estrada Montes de Oca y Raymundo Salvador Bernal.
En la puesta a disposición firmada por los marinos Artemio Navarro Jiménez, Ramiro Cruz de Jesús y Ricardo Alfredo Díaz Ambriz, ellos indicaron que en un patrullaje advirtieron a tres hombres “que se encontraban en actitud sospechosa” y corrieron. Según el documento, al darles alcance los marinos les aseguraron dos fusiles AK-47 y una escuadra 9 mm.
El examen físico, datado el 10 de octubre, certificó heridas en los tres detenidos en diversas partes del cuerpo, y en el caso de Luis Alberto Estrada Montes de Oca recomendó “valoración por servicio médico hospitalario para valorar lesión ósea de huesos propios de la nariz”.
Efectivos de la Semar también actuaron en el arresto de Ramiro Ocampo Pineda y Rosario Manuel Borja, quienes fueron interceptados en Iguala el 9 de octubre, día en que los pusieron a disposición de la delegación de la PGR en Iguala, pero a quienes se les valoró físicamente un día después.
Según la puesta a disposición firmada por los marinos Celso Mario Rendón Mejía y Reynel Calvo Molina, “mediante labores de inteligencia y análisis de información contenida en denuncias ciudadanas”, a las 16:30 horas detuvieron a Ramiro y a Rosario, “los cuales venían caminando y agarrados de la mano (…) en actitud sospechosa”.
De acuerdo con el parte, a la pareja se le decomisó mariguana, una “granada de guerra” y 2 mil pesos, y sin mediar palabra los detenidos confesaron formar parte de Guerreros Unidos y que Ramiro participó en “la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa”. Después de esas revelaciones y antes de llevarlos al Ministerio Público, los marinos leyeron “la cartilla de derechos que les asisten a las personas detenidas”.
En el dictamen pericial, el médico Ramírez Reyes refirió que Rosario “no presenta huellas de lesiones externas recientes”, no así su compañero, lastimado en mejillas, mandíbula, cuello, un ojo, un pómulo, pecho, costado, un brazo, muñeca y oídos, y sugiere que “sea valorado, de continuar con molestias de mareo, por el servicio hospitalario y especialista en otorrinolaringología y se descarte patología”.
Ante la posibilidad de que algunas de las 99 detenciones de presuntos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa –y la muerte de seis personas– estén vinculadas con la tortura, el director en México de AI, Perseo Quiroz Rendón, advierte que la “verdad histórica” de Murillo Karam puede derribarse.
“Siendo una práctica generalizada, la tortura en México ha sido utilizada en la mayoría de los casos de alto impacto”, comenta en entrevista. “Ahí están los feminicidios y los bombazos en Ciudad Juárez, o la masacre de Villas de Salvárcar, también en esa ciudad, en los que se recurrió a la tortura y las violaciones al debido proceso para cerrar los casos y mostrar a la opinión pública que se está haciendo algo”.
Quiroz advierte que su organización se toma en serio los señalamientos de abusos en el caso Ayotzinapa, que “pueden derivar en que el caso se caiga”.
Sostiene: “Si se llegan a demostrar violaciones al debido proceso en el caso de los normalistas, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de violaciones a los derechos humanos con más violaciones a derechos humanos, dejando a las víctimas sin justicia”.
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