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sábado, 3 de octubre de 2026

«JUSTICIA SALOMÓNICA, ENCIÉRREN los DOS: CABEZA de VACA FORMALIZA DENUNCIA en EE. UU. vs. AMÉRICO, TANIA, el ESPOSO y FISCALES de TAMAULIPAS»… entre bandidos se conocen.


En Texas y Tamaulipas, Francisco “Pancho” Javier García Cabeza de Vaca,ex-gobernador panista y Américo Villarreal,gobernador de orígenes priistas, ahora morenista, llevan tiempo protagonizando una guerra de acusaciones en la que cada uno quiere sentar al otro en el banquillo, pero ninguno parece dispuesto a compartir el reflector cuando toca rendir cuentas. 

En Valor Tamaulipeco del 10 de septiembre de 2025 retratamos precisamente ese intercambio de señalamientos, con Sergio Carmona como uno de los nombres centrales del pleito. 

Pero el capítulo más reciente lo escenifica Pancho.De acuerdo con la información publicada por Forbes México ayer 2 de octubre de 2026, que retoma información de XpectroFM, el exgobernador panista habría presentado una denuncia ante una corte federal del sur de Texas contra Villarreal, funcionarios de su administración y Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas que la ganó perdiendo, por la vía del acordeón judicial.

Aunque hay que clarificarlo, denunciar al adversario no convierte al denunciante en santo, y ser denunciado tampoco convierte automáticamente al señalado en delincuente ,aunque le escurren acusaciones de todo tipo en toda la gama de delitos de crimen organizado.

Pero la justicia no debería funcionar como lavandería de reputaciones: entrar con un historial cuestionado y salir oliendo a fiscal porque se llevó una carpeta contra el enemigo.

El denunciante no se canoniza

La disputa que hemos descrito es una mezcla señalamientos sobre Carmona, presunto financiamiento político, contratos y contrabando de combustibles que parece una competencia para ver quién grita “¡criminal!” con mayor convicción. 

Pancho puede denunciar a Américo con certeza porque entre bandidos se conocen y al mismo tiempo puede defenderse. Lo que ninguno debería recibir es un certificado de honradez expedido por contraste: “Soy limpio porque el otro está más embarrado”. Ese recurso sirve para el mitin; para esclarecer responsabilidades, vale lo mismo que un recibo sin firma.

Salomón, pero sin cuotas

Aquí hace falta justicia salomónica, entendida como una misma vara para los dos, no como una ocurrencia de repartir condenas para que nadie se sienta discriminado. Nada de cortar la verdad a la mitad, concederle una absolución al PAN y otra a Morena, o escoger al culpable según el color de la camiseta.

Que se investiguen las acusaciones contra ambos. Que se contrasten documentos, testimonios y movimientos de dinero cuando corresponda. Que el denunciante responda por sus propios actos y el denunciado por los suyos. Y, una vez acreditados los delitos que ameriten prisión, que vayan a la cárcel los dos: sin fuero moral, sin indulgencia partidista y sin convertir una denuncia contra el rival en salvoconducto personal.

La nota de Forbes también menciona como posibles denunciados a Jorge Luis Beas Gámez (esposo Tania Contreras), Jesús Eduardo Govea Orozco y Andrés Norberto García Repper Fávila que han sido multiseñalados, incluso la esposa de Americo Villarreal que ejerce un poder de facto en Tamaulipas ,y no aparece.

Nada de inocencias por decreto

El problema de esta pelea es que pretende obligar a los tamaulipecos a escoger entre dos versiones interesadas: la del que acusa para desmarcarse y la del que se defiende desacreditando al acusador. Pero el ciudadano no tiene por qué convertirse en porrista de ninguno.

Que Pancho entregue pruebas, no solamente estruendo. Que Américo responda por los ya abundantes elementos verificables. Y que las autoridades con mínimo de decencia revisen lo que corresponda sin aceptar el chantaje de que investigar a uno significa absolver al otro.

La salida no es decidir cuál de los dos luce menos manchado en la fotografía y si las pruebas alcanzan para los dos, como se advierte sobradamente,cárcel para los dos sin fabricar condenas para satisfacer a la respetable de las mañaneras. Eso es aplicar la misma vara, no repartir impunidad como lo hizo el ejercito cuando investigo a Americo Villarreal y el «Truco Verastegui» ,sin éxito, porque usan y abusan del calculo politico,que es jurídico.

Lo verdaderamente salomónico sería terminar con el privilegio de acusarse un día sí y otro también mientras cada bando exige que la reja se cierre únicamente sobre el de enfrente. La puerta de la justicia no puede ser giratoria para los propios y blindada para los adversarios.

Con información: FORBES/

LAS «BALAS CRUZARON SIN VISA: la IMPUNIDAD del CÁRTEL del GOLFO DISPARÓ a la LEY de EE. UU. y le RESPONDIERON con MÁS BALAS y MÁS TROPAS»… terrenos del «R8» y el «PRIMITO».


El Río Bravo separa dos países, pero los disparos no necesitan pasaporte. El paso 26 de septiembre, una tripulación de la Guardia Costera estadounidense recibió fuego desde el lado mexicano, cerca de Garceño, Texas, mientras participaba en operaciones conjuntas de interdicción. 

Los agentes respondieron; no se reportaron heridos ni daños a su equipo. La agresión está confirmada; la identidad de los tiradores continúa bajo investigación, aunque los reportes periodísticos apuntan a presuntos integrantes del crimen organizado que en esta zona controla la facción de Los Metros del Cartel del Golfo que aun dirige Cesar Morfin Morfin,alias «Primito» y su hermano el «R8».

La escena tiene otro antecedente incómodo: el 28 de enero de 2025, el mismo Cartel del Golfo sostuvo otro episodio de disparos contra la Patrulla Fronteriza y la agresión fue perpetrada por gatilleros ligados al “Primito” y al “R8”, del Cártel del Golfo que controlan el trasiego de migrantes y de drogas en esa zona.

De un lado, fuerzas estadounidenses contestando una agresión; del otro, hombres armados capaces de abrir fuego hacia el país vecino. El río sirve de frontera para los gobiernos, pero no de freno para las balas. Y cuando los ataques vuelven a aparecer en esa franja, el discurso de control territorial queda con más agujeros que una coladera.

La respuesta estadounidense tampoco quedó únicamente en el intercambio de disparos: NewsNation reportó el despliegue de aproximadamente 500 militares al Valle del Río Grande después del ataque contra la Guardia Costera. 

Mientras Washington refuerza su presencia, del lado tamaulipeco la pregunta política resulta inevitable: ¿quién impide que los agresores conviertan la ribera mexicana en plataforma de tiro del lado de Tamaulipas que presume estaciones seguras en carreteras ? 

Para el gobierno morenista de Américo Villarreal, la exigencia debería ser concreta: identificar a los responsables, detenerlos y explicar cómo consiguieron operar en esa zona. No basta con administrar el vocabulario de la seguridad mientras otros administran los fusiles. La soberanía no se defiende solamente con discursos cuando desde el propio territorio salen disparos contra el vecino.

Los hechos advierte una brecha entre el control territorial que debe ejercer el Estado que administra pero no gobierna Americo Villarreal y la capacidad de agresión que exhiben los gatilleros. La investigación sigue abierta; la obligación de rendir cuentas también.

Con información: BREITBART/ NEWS NATION/ ALI BRADLEY/

LAS «11 HORAS de ALEJANDRA y 8 de BETO: “NO ME DETUVIERON, ME RETUVIERON”, dice SENADORA de MORENA TRAS 11 HORAS de INTERROGATORIO en EE.UU»… hay diferencia entre una aclaración y una maroma.


En la política, el reloj puede marcar once horas y el diccionario seguir diciendo que aquí no pasó nada. A Alejandra León Gastélum, exsenadora que llegó al Senado por Morena, las autoridades estadounidenses la sometieron a entrevistas y una segunda revisión fronteriza, según su propio relato recogido por EMEEQUIS. Pero ella hizo la precisión que debía salvar el día: «No estuve detenida, estuve en entrevista». Ah, bueno: cambia la palabra y hasta la espera parece más cómoda.

La explicación merece un reconocimiento a la elasticidad del lenguaje: no fue detención, sino entrevista; no fue una jornada interminable, sino segunda revisión; no fue un episodio incómodo, sino un trámite al que —asegura— la someten habitualmente. 

Una especie de programa de cliente frecuente, pero sin puntos, sin sala VIP y con preguntas sobre la política de Baja California. Según contó, las entrevistas abordaron asuntos relacionados con Morena, Marina del Pilar y Carlos Torres, grupo del que se deslindó. 

También conviene poner el reloj donde corresponde: León dijo que empezó a hacer fila a las 9:30 de la mañana y que le permitieron entrar a Estados Unidos entre las 8:30 y las 9 de la noche. Ese lapso incluye la fila; su relato no permite afirmar que cada minuto haya sido de interrogatorio. Pero incluso con esa precisión, llamar a semejante jornada «nada más» una segunda revisión exige una capacidad de minimizar que ya quisieran los fabricantes de ropa cuando encogen una talla. 

El episodio penoso recuerda al alcalde de Matamoros, Alberto «Beto» Granados, cuya estancia ante autoridades fronterizas en Brownsville fue presentada como una «revisión de rutina el 19 de abril de 2025 y cuya revisión se prolongó cerca de ocho horas que reprodujo la prensa nacional. 

Ocho horas de rutina: una jornada laboral completa, pero con la ventaja discursiva de que, al terminar, todavía se puede decir que fue cualquier cosita. 

Beto tuvo su versión de ocho horas; Alejandra, una jornada fronteriza de entre once y once horas y media, contando desde que empezó la fila. No son procedimientos necesariamente equivalentes, pero el parentesco retórico salta a la vista: cuando la experiencia resulta difícil de vender, se le cambia la etiqueta. «Rutina», «entrevista», «segunda revisión». El diccionario convertido en departamento de control de daños. 

Porque una cosa es precisar lo ocurrido y otra perfumarlo. Si para explicar que «no pasó nada» hace falta reconstruir medio día entre filas, oficinas y entrevistas, quizá el problema no sea que la gente no entienda la diferencia entre retención y detención. Quizá entiende perfectamente la diferencia entre una aclaración y una maroma.

No hace falta dictar sentencia para exigir explicaciones. Basta con no permitir que el reloj termine de empleado del vocero: marcando ocho u once horas mientras el comunicado insiste en que fue un ratito.

Con información: EMEEQUIS/

viernes, 2 de octubre de 2026

LA «PATRIA de la VARA de DOS MEDIDAS»: MORENA HIPÓCRITA SACA su CATÁLOGO de EXPLICACIONES para DEFENDER a su CORCHOLATA GRINGA en NAYARIT»… ella no se apellida Cabeza de Vaca.


Morena convirtió la nacionalidad única en una prueba de patriotismo; cuando el discurso alcanzó a su propia aspirante en Nayarit, sacó el catálogo de explicaciones. El blanco de la crítica no es dónde nació Jasmine Bugarín, sino la elasticidad de los principios del partido que la respalda. 

Una patria, dos discursos

En Morena, la patria es una, pero la vara tiene dos medidas. Para defender su reforma sobre nacionalidad única, el oficialismo invoca la soberanía, la lealtad y la bandera. Para defender a Jasmine Bugarín, senadora con licencia del Partido Verde y coordinadora de la transformación en Nayarit, invoca su historia familiar, su compromiso con México y su disposición a completar los trámites necesarios. La misma coalición que exige una sola nacionalidad para determinados cargos pide considerar las explicaciones de su propia elegida. Qué conveniente: el rigor en la tribuna y la comprensión en casa.

El 29 de septiembre, Morena y sus aliados aprobaron en el Senado la reforma para exigir únicamente la nacionalidad mexicana a quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En aquella discusión, la senadora Margarita Valdez defendió que el presidente «no se arrodille más que ante la bandera». Dos días después, Morena y el Verde respaldaron a Bugarín, nacida en California, porque «ha manifestado públicamente su lealtad a México». Para legislar, una nacionalidad; para justificar a la propia, una declaración de buenas intenciones.

Conviene poner el bisturí donde corresponde: Bugarín no es menos mexicana por haber nacido en Estados Unidos. Es hija de mexicanos y su condición de mexicana por nacimiento tiene sustento constitucional, como recuerda la propia defensa difundida por Morena. Sus padres migraron para trabajar como jornaleros; esa historia no es una falta que deba purgar ni un expediente de sospecha. Lo cuestionable es convertir la doble nacionalidad en un problema de lealtad política y luego explicar que, en el caso de la compañera, la lealtad está perfectamente acreditada. 

La renuncia de utilería

La defensa oficial añadió un enredo que merece lupa. El 1 de octubre, Luisa María Alcalde afirmó que Bugarín había renunciado a su doble nacionalidad desde 2018 mediante el trámite ante Relaciones Exteriores. Ese mismo día, Bugarín reconoció que todavía tenía ciudadanía estadounidense y pasaporte vigente. La renuncia que el gobierno presentó como asunto resuelto convivía, pues, con una ciudadanía que la interesada admitía conservar. La contundencia del micrófono iba por delante de los hechos. 

El 2 de octubre, Bugarín informó que había iniciado ante el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara el trámite para renunciar a esa ciudadanía. Iniciado: no concluido. 

Ese anuncio obliga a distinguir lo que la propaganda mezcló: declarar ante autoridades mexicanas la renuncia a «toda sumisión, obediencia y fidelidad» a otro Estado no acreditaba, en este caso, que hubiera dejado de ser ciudadana estadounidense. Si todavía la conservaba y apenas comenzaba el procedimiento para abandonarla, el «desde 2018» requería bastante más explicación y bastante menos aplomo. 

El respaldo partidista también tiene su pequeña acrobacia: Morena y el Verde sostienen que su lealtad ya está probada, pero anuncian que acompañarán los trámites adicionales para que conserve únicamente la nacionalidad mexicana. Es decir, el discurso ofrece certeza mientras el expediente sigue en proceso. Primero el espaldarazo; después, a ordenar los papeles. 

El patriotismo con calendario

Hay otra precisión que no debe sacrificarse por una buena frase: según la explicación muy conveniente por cierto,de la Consejería Jurídica, el transitorio fija la aplicación de la reforma a partir del proceso electoral correspondiente a 2028, por lo que esa nueva restricción federal no afectaría la elección de Nayarit de 2027; los requisitos locales deben examinarse por separado. Por tanto, el respaldo a Bugarín no demuestra, por sí solo, una infracción a esa reforma. La crítica sólida es política: el contraste entre la severidad del discurso y la flexibilidad de la defensa. 

Y ahí está la doble moral que merece exhibirse: no en que una mexicana haya nacido en California, sino en que Morena use la nacionalidad única como certificado de patriotismo mientras arropa a una aspirante que reconoció conservar la estadounidense. 

Cuando predican, «una bandera, un pueblo, una patria»; cuando explican a la propia, historia familiar, lealtad declarada y trámites pendientes. No es que Bugarín deba demostrar que merece ser mexicana. Es Morena quien debe explicar por qué su patriotismo necesita tantas notas al pie. 

Con información: ELUNIVERSAL/

“MORENA RECLUTÓ PRIISTAS, PANISTAS, PERREDISTAS y de TODOS los LOGOS del ANIMALERO POLÍTICO para 17 GUBERNATURAS”… a esos que coloca en el banquillo retórico del desastre nacional.


No: la imagen no es un meme inventado ni una “ocurrencia” de redes. Corresponde —con el habitual maquillaje semántico morenista— a los 17 perfiles que el partido presentó como coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las gubernaturas de 2027. 

Como ya se sabe, Morena ya puso sobre la mesa a sus 17 cartas para las gubernaturas de 2027. No les llama candidatos —porque la ley y la simulación todavía exigen guardar ciertas formas—, sino “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”. Traducido del dialecto partidista al español: son los perfiles encaminados a disputar las 17 gubernaturas que se renovarán el 6 de junio de 2027. 

La imagen que circula en redes, por tanto, no es falsa en lo esencial. La lista coincide con los nombres que Morena ha venido designando: Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; Julieta Ramírez en Baja California; Manuel Cota en Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche; Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua; Rosa María “Rosy” Bayardo en Colima; Beatriz Mojica en Guerrero; Carlos Torres Piña en Michoacán; Jasmín Bugarín en Nayarit; Clara Luz Flores en Nuevo León; Santiago Nieto en Querétaro; Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo; Eli César Cervantes en San Luis Potosí; Imelda Castro en Sinaloa; Lorenia Valles en Sonora; Ana Lilia Rivera en Tlaxcala y Verónica Díaz en Zacatecas. 

La precisión importante es ésta: no han sido registrados como candidatos constitucionales. Morena adelantó sus piezas internas, no la boleta oficial. Las campañas para gubernaturas comenzarán hasta marzo y abril de 2027, según la entidad, y todas concluirán el 2 de junio, antes de la jornada electoral del 6 de junio. 

Pero el dato que la propaganda intenta disolver entre consignas es mucho más revelador: varios de esos perfiles no provienen de Morena. Llegaron desde PAN, PRI, PRD, Partido Verde o Movimiento Ciudadano. 

En otras palabras, el partido que se vendió como ruptura con “la vieja política” no sólo abre la puerta a sus sobrevivientes: les entrega llaves, micrófonos, presupuestos y, eventualmente, gobiernos estatales.

Pablo Gutiérrez Lazarus, por ejemplo, gobernó Ciudad del Carmen bajo las siglas del PAN antes de reaparecer bajo el paraguas guinda. Nora Ruvalcaba compitió antes por Aguascalientes desde el PRD; Beatriz Mojica tiene trayectoria perredista; Clara Luz Flores fue priista; Santiago Nieto fue diputado del PRD; y otros cuadros enlistados han transitado por partidos que Morena suele colocar en el banquillo retórico de los responsables del desastre nacional. 

Así que sí: el cartel tiene un punto incómodo y verificable. No porque los cambios de partido sean, por definición, un delito político —la movilidad partidista existe y debe juzgarse caso por caso—, sino porque Morena construyó su identidad precisamente sobre la denuncia de esas prácticas: el chapulineo, las cuotas, el oportunismo electoral, la subordinación de principios a candidaturas y el uso de siglas como franquicias de poder.

El truco del nombre

Morena no suele decir “reclutamos ex panistas, ex priistas y ex perredistas”. Prefiere la fórmula litúrgica: sumar perfiles, abrir el movimiento, construir unidad, poner por delante la transformación. En ese lenguaje, un cambio de camiseta no es oportunismo: es conversión ideológica. Una candidatura adelantada no es precampaña: es coordinación. Un reparto territorial no es reparto: es encuesta. Y la vieja clase política deja de ser vieja en el instante exacto en que se toma la foto con el color correcto.

El problema no es que un partido integre personas con trayectorias diversas. El problema comienza cuando pretende que la procedencia no importa, que los antecedentes se borran con una afiliación nueva y que cuestionar esos virajes equivale a defender al régimen anterior. No. Preguntar quién fue quién, a qué intereses sirvió, qué decisiones tomó y qué red de poder arrastra no es nostalgia por el pasado: es higiene democrática.

Morena disputa 17 gubernaturas en 2027 y actualmente gobierna 12 de esas entidades. Eso le da una ventaja territorial considerable, pero también le impone una carga mayor: no podrá venderse sólo como oposición al pasado cuando en buena parte del país ya es gobierno, administra presupuestos, reparte candidaturas y carga con los resultados —buenos, malos o francamente indefendibles— de sus propias administraciones. 

Éste no es un asunto de álbum de estampitas partidistas. De esta lista pueden salir quienes administren policías estatales, fiscalías de hecho o de derecho, sistemas de salud, obra pública, deuda, educación, nóminas, contratos, relaciones con el crimen organizado y presupuestos multimillonarios.

Por eso la discusión seria no debe agotarse en el logo que llevaban antes ni en el que portan ahora. Cada perfil tendría que responder, con documentos y no con consignas, al menos estas preguntas:

  • ¿Qué cargos tuvo, bajo qué partido y con qué resultados verificables?
  • ¿Qué decisiones públicas tomó y cuáles fueron sus efectos?
  • ¿Qué grupos empresariales, familiares, políticos o territoriales lo acompañan?
  • ¿Qué patrimonio reporta y qué evolución patrimonial puede explicar?
  • ¿Qué denuncias, investigaciones, controversias o señalamientos públicos existen, y cómo los responde?
  • ¿Qué tan autónomo será frente a la dirigencia nacional, al gobernador saliente y a los grupos que financiaron o impulsaron su ascenso?
  • ¿Qué promesas de campaña son medibles y qué mecanismos habrá para exigirles cuentas?

Una democracia no se fortalece cambiando de uniforme; se fortalece cuando el uniforme no sirve de salvoconducto.

La advertencia de fondo

Morena no existe como bloque homogéneo, y quizá nunca existió así. Es una coalición de intereses revestida de movimiento: una mezcla de ex priistas, ex panistas, ex perredistas, verdes pragmáticos, cuadros locales, operadores electorales, activistas genuinos, burócratas, herederos de cacicazgos y oportunistas con olfato para detectar dónde se concentra el poder.

Eso no es una acusación abstracta; está a la vista en su lista para 2027. El partido que hizo de la crítica al PRI, al PAN y al PRD una identidad política hoy recicla buena parte de sus cuadros, métodos, pactos y reflejos. Denuncia el nepotismo mientras administra familias políticas; condena el clientelismo mientras perfecciona estructuras territoriales de dependencia; descalifica el autoritarismo mientras concentra decisiones; presume austeridad mientras normaliza privilegios para los suyos; combate el “PRIAN” mientras incorpora a sus ex militantes como si una transferencia bancaria ideológica bastara para absolverlos.

La pregunta no es si alguien puede cambiar de opinión o abandonar un partido: claro que puede. La pregunta es si Morena puede seguir presentándose como una fuerza moralmente distinta mientras convierte a buena parte de aquello que denunciaba en su cantera de candidatos.

En 2027 no se elegirán sólo gobernadores. Se elegirá si el país acepta que la transformación consiste en cambiarle el nombre al mismo mecanismo: las mismas élites rotando de sigla, los mismos operadores aprendiendo un nuevo eslogan y la misma política de siempre, ahora pintada de guinda.

Con información: @Redes/