«JUSTICIA de PAR de VAQUETONES: REPORTE del INEGI 2026 DESTROZA la JODENCIA para HACER CUMPLIR la LEY en TAMAULIPAS»…tercera con más recursos y primera con mas «levantados» del país.

El reporte del CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL Y ESTATAL (CNPJF-E) 2026 no retrata una procuración de justicia vigorosa en Tamaulipas: muestra una maquinaria grande, cara y aparatosa que abre expedientes por miles, pero llega al proceso judicial con una parsimonia que contradice cualquier discurso triunfalista. 

Bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, la procuración de justicia estatal,en manos de Jesus Eduardo Govea Orozco, un ex-presidiario federal acusado de servir al Cartel del Golfo en sus años mas mozos, parece haber perfeccionado una especialidad burocrática: acumular números sin que necesariamente eso se traduzca en resultados para las víctimas. 

Tamaulipas: muchas oficinas, poca prisa para la justicia

En Tamaulipas, el gobierno de Américo Villarreal puede presumir que tiene estructura. Y vaya que la tiene: 296 unidades, agencias o fiscalías del Ministerio Público al cierre de 2025; es decir, la tercera red institucional más grande entre las entidades, sólo debajo de Jalisco y Guanajuato y aun asi es campeon nacional de la industria del levanton que opera 24/7/365.

El detalle incómodo es que un Estado no se mide por el tamaño de su organigrama, sino por su capacidad para investigar, judicializar y resolver. Ahí es donde la propaganda se queda sin gasolina. 

La Fiscalía tamaulipeca abrió 39 mil 923 carpetas de investigación en 2025. Pero sólo reportó 15 mil 813 determinaciones o conclusiones en la etapa inicial y 1 mil 924 en la etapa complementaria. Al cierre del año dejó 35 mil 788 procedimientos pendientes de concluir. Traducido del dialecto burocrático al español de a pie: por cada carpeta que la Fiscalía logró mover hacia alguna salida, dejó una montaña de asuntos haciendo fila en el limbo institucional. 

No es que no haya denuncias, aun y con escandalosa cifra negra de quienes NO DENUNCIAN. Las hay. Tampoco faltan personas imputadas: fueron registradas 44 mil 395. Sin embargo, la cifra que debería incomodar en Palacio de Gobierno es otra: sólo 1 mil 499 personas llegaron a una formulación de imputación y 1 mil 371 fueron vinculadas a proceso. Es decir, la Fiscalía registró decenas de miles de imputados, pero la judicialización luce como una puerta angosta al final de un pasillo interminable. 

Morena llegó con la promesa de regenerar la vida pública; en Tamaulipas, al menos según el retrato estadístico del INEGI, la regeneración parece haberse quedado en el trámite. 

La Fiscalía que acusa rezago de recursos humanos tiene oficinas, titulares, presupuesto y expedientes. Lo que no aparece con la misma contundencia es la capacidad de convertir el volumen de trabajo en respuestas efectivas. Porque una carpeta abierta no es justicia; es apenas el comprobante de que alguien fue a pedirla.

Las cifras oficiales que destrozan el relato

Indicador en Tamaulipas, 2025	Resultado	Lectura política
Unidades, agencias o fiscalías del MP	296	Tamaulipas tiene una de las estructuras más amplias del país.
Agencias o fiscalías del MP	172	Hay músculo institucional en papel.
Unidades con doble función administrativa y sustantiva	61	Parte relevante de la estructura mezcla administración y atención ministerial.
Personal adscrito a la Fiscalía	2 mil 527	Una plantilla considerable para un sistema que mantiene fuerte rezago.
Presupuesto ejercido	1 mil 613.2 millones de pesos	La justicia no opera con cambio de bolsillo.
Carpetas de investigación abiertas	39 mil 923	La demanda de justicia es alta.
Carpetas con persona imputada	23 mil 201	En 58.1% de las carpetas abiertas se identificó una persona imputada.
Determinaciones iniciales	15 mil 813	La capacidad de salida inicial queda muy por debajo de los asuntos abiertos.
Determinaciones complementarias	1 mil 924	El tramo hacia una resolución procesal sigue siendo estrecho.
Procedimientos pendientes al cierre	35 mil 788	El rezago equivale a casi 90% de las carpetas abiertas ese año.
Personas imputadas registradas	44 mil 395	Hay más imputados que carpetas, porque un expediente puede involucrar a varias personas.
Formulaciones de imputación	1 mil 499	Sólo una fracción mínima llegó a audiencia de imputación.
Personas vinculadas a proceso	1 mil 371	La conversión de imputados registrados a vinculados es de alrededor de 3.1%.
Órdenes judiciales pendientes de cumplirse	1 mil 615	El año cerró con más órdenes pendientes que concluidas.
Órdenes judiciales giradas / concluidas	694 / 542	Se emitieron más de las que se cumplimentaron.

Las cifras corresponden a 2025 y fueron publicadas por INEGI el 1 de octubre de 2026. Hay una precisión indispensable: “determinaciones”, “procedimientos pendientes” y “personas imputadas” no equivalen necesariamente, uno a uno, a carpetas individuales; INEGI contabiliza relaciones procesales que pueden multiplicarse dentro de una misma carpeta. Aun con esa reserva metodológica, el tamaño del rezago y la débil conversión hacia judicialización son difíciles de maquillar. 

La burocracia sí llega

Tamaulipas ejerció 1 mil 613.2 millones de pesos en su Fiscalía durante 2025. No es una institución abandonada a su suerte ni una oficina montada con dos escritorios y una máquina de escribir prestada. Es una fiscalía con 2 mil 527 personas servidoras públicas, 296 unidades y una asignación presupuestal superior a los mil 600 millones de pesos. 

El problema, entonces, no es sólo cuánto se gasta, sino qué produce el gasto. Con esos recursos, Tamaulipas acumuló 35 mil 788 procedimientos pendientes de concluir. El expediente se volvió la unidad de medida de la administración morenista: se recibe, se registra, se archiva en la estadística y, demasiadas veces, se queda esperando que la justicia llegue por voluntad propia.

La distancia entre presupuesto y resultados exige preguntas que el discurso oficial suele esquivar:

• ¿Cuántas de las 39 mil 923 carpetas abiertas derivaron en acusaciones formales?
• ¿Qué delitos concentran las 35 mil 788 investigaciones pendientes?
• ¿Cuánto tiempo llevan esperando las víctimas cuyos asuntos siguen en trámite?
• ¿Cuántos ministerios públicos, policías de investigación y peritos están dedicados directamente a abatir el rezago?
• ¿Qué parte de los 1 mil 613.2 millones de pesos se destinó a investigación sustantiva, periciales, búsqueda, atención a víctimas y judicialización?
• ¿Por qué, con 23 mil 201 carpetas que ya tenían persona imputada, sólo 1 mil 499 llegaron a formulación de imputación?

Violencia: el dato que no admite boletines

El censo registró para Tamaulipas 998 víctimas de homicidio doloso, homicidio culposo y feminicidio —consumado o en tentativa— durante 2025. De ese total, 223 correspondieron a homicidio doloso; 734, a homicidio culposo; y 41, a feminicidio, de los cuales 30 fueron consumados y 11 quedaron en tentativa. 

Eso significa que, mientras el gobierno estatal intenta vender una narrativa de estabilización, casi mil personas quedaron incorporadas a la contabilidad más brutal de la violencia letal. Y aun si el homicidio doloso baja, como suele repetir el libreto oficial, la obligación estatal no se reduce a presentar curvas descendentes en conferencias: consiste en investigar cada muerte, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante un juez.

En las carpetas abiertas por la Fiscalía local se registraron 42 mil 664 delitos: 39 mil 923 del fuero común y 2 mil 741 radicados por la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. La estadística no describe un estado pacificado; describe un estado donde el aparato de procuración de justicia recibe una carga enorme y responde con un rezago igualmente enorme. 

El saldo de la 4T tamaulipeca

El dato duro no permite una conclusión cómoda: Tamaulipas no carece de instituciones; carece de una Fiscalía que convierta de forma consistente sus recursos, expedientes e imputados en justicia verificable.

Bajo Américo Villarreal, el gobierno puede enseñar 296 oficinas, 2 mil 527 trabajadores y más de 1 mil 613 millones de pesos ejercidos. Pero las víctimas no viven en una tabla de Excel. Viven —o sobreviven— en el territorio donde una denuncia puede convertirse en carpeta, la carpeta en pendiente y el pendiente en otra cifra que el siguiente informe heredará como si fuera mobiliario de oficina.

La ironía es perfecta para el régimen: Tamaulipas ya tiene la infraestructura para administrar la crisis; lo que sigue faltando es demostrar que tiene la voluntad y la eficacia para resolverla.

Con información: CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DEJUSTICIA FEDERAL Y ESTATAL (CNPJF-E) 2026

“GENERAL antes de IRSE del CENTRO NACIONAL de INTELIGENCIA, que SERVÍA al NARCO, LEVANTÓ una CORTINA de ACERO sobre su PATRIMONIO”… usando y abusando de la ley, lo OCULTÓ durante cinco años.

El general en retiro Audomaro Martínez Zapata convirtió la rendición de cuentas en un expediente clasificado: tres días antes de irse del CNI firmó el candado para ocultar por cinco años su declaración patrimonial y la de todo el personal del organismo. La coartada fue la seguridad nacional; el efecto político es otro: sembrar sospecha justo donde el servicio público exige luz. 

No es que Audomaro Martínez Zapata haya pedido discreción: levantó una cortina de acero sobre su patrimonio. A 72 horas de abandonar la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro firmó la reserva de su declaración patrimonial hasta septiembre de 2029. El hombre que encabezó la oficina encargada de saberlo todo de todos decidió que los ciudadanos no debían saber nada de él. 

La explicación es de manual: publicar sus bienes, dice el CNI, podría exponerlo a amenazas, extorsiones o atentados de la delincuencia organizada. Pero la transparencia no exige regalar domicilios, rutas ni datos sensibles; para eso existen versiones públicas y mecanismos de testado. Lo que se reserva no es una operación encubierta ni el nombre de un informante: es el patrimonio de un alto funcionario obligado a explicarlo. Excomisionados del INAI han advertido precisamente que la reserva generalizada resulta insuficientemente motivada y que la ley contempla versiones públicas de estas declaraciones. 

El problema, entonces, no es sólo la opacidad: es la obscenidad institucional de invocar la seguridad nacional para blindar los bienes de quien tuvo en sus manos la seguridad nacional. En el cuartel se habla de honor, disciplina y lealtad; en el archivo de transparencia, al parecer, esas palabras significan poner candado, apagar la luz y pedirle al país que no haga preguntas hasta dentro de cinco años.

Y la maniobra no ocurre en el vacío. Martínez Zapata ha quedado bajo escrutinio público por los nombramientos y omisiones que rodearon a figuras posteriormente vinculadas o acusadas en asuntos de crimen organizado. La información publicada señala que recomendó o avaló trayectorias de mandos como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad en Sinaloa, y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, este último procesado bajo acusaciones de encabezar La Barredora. Son señalamientos y contextos que ameritan esclarecimiento, no una sentencia contra el general: no acreditan por sí mismos responsabilidad penal. 

Cuando un exjefe de inteligencia aparece mencionado en el clima de sospecha que dejan La Barredora, el huachicol fiscal y los mandos de seguridad cuestionados, esconder sus bienes no desactiva la duda: la alimenta. 

La reserva podrá ser legalmente defendible en abstracto; en términos públicos parece la vieja doctrina de la inteligencia mal entendida: si algo incomoda, se clasifica; si algo compromete, se archiva; y si alguien pregunta, se le responde con “seguridad nacional”.

La paradoja final es brutal: un militar formado bajo la idea de que el uniforme obliga a rendir cuentas termina usando el argumento de proteger al Estado para protegerse de la mirada del Estado. Y mientras el patrimonio permanece bajo llave hasta 2029, la pregunta queda afuera, haciendo guardia: ¿qué clase de inteligencia necesita esconder la cartera de su antiguo jefe?

Con información: VANGUARDIA/ EL UNIVERSAL/

“PRESIDENTA se PELEA con DOCUMENTOS del EJÉRCITO que EXHIBEN SOLDADO INFILTRADO en AYOTZINAPA”… narcos pagaban al 27 Batallón y el federal Harfuch «decente» estaba en la nómina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer jueves que Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, haya sido necesariamente un infiltrado del Ejército en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aunque documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan que estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), «con fachada de alumno».

La frase presidencial —“no necesariamente era infiltrado”— no resiste la lectura de los propios papeles militares. No se trata de una interpretación política ni de una etiqueta lanzada al aire: Sedena identificó por escrito a Julio César López Patolzin como un Órgano de Búsqueda de Información con fachada de alumno, desplegado dentro de la Normal de Ayotzinapa. 

Claudia Sheinbaum,fiel a su recurrente postura que siempre niega las pruebas y cuando se las obsequian ,pide mas, decidió pelearse con un documento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, como suele ocurrir cuando el poder se queda sin una explicación decente, recurrió al eufemismo: Julio César López Patolzin —uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa— “no necesariamente era infiltrado”, dijo la Presidenta. Era estudiante y también pertenecía al Ejército, pero “no necesariamente era un espía”.

Vaya manera de intentar apagar un incendio documental con una cubeta de retórica.

Porque los expedientes de la propia Sedena no dejan demasiado espacio para las piruetas semánticas. No dicen que López Patolzin fuera un joven cualquiera que, por azar, combinaba la vida de cuartel con las aulas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Lo registran como soldado de Infantería, adscrito a labores de inteligencia, y describen su ingreso a Ayotzinapa con una fórmula inequívoca: “con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante”. 

“Fachada”, Presidenta, no es sinónimo de matrícula. “Órgano de Búsqueda de Información” no es sinónimo de alumno. Y realizar funciones de búsqueda de información dentro de la escuela, mientras se ostenta la identidad de normalista, no es una actividad extracurricular.

Lo que dicen los documentos

El informe militar fechado el 21 de octubre de 2014, con carácter de “urgente” y elaborado desde la 35 Zona Militar, reconstruye una secuencia que desmiente el intento de presentar el caso como una coincidencia biográfica:

• López Patolzin había ingresado al Ejército como soldado de Infantería en enero de 2009.
• En diciembre de 2013 fue evaluado y seleccionado para tareas en áreas sensibles dentro del sistema de inteligencia militar.
• El 21 de enero de 2014 fue destinado a Tixtla para realizar actividades como Órgano de Búsqueda de Información.
• El 6 de junio de 2014 inició los trámites para entrar a la Normal, según el expediente, para adoptar la “fachada de estudiante”.
• El 20 de agosto ingresó formalmente como alumno de primer año.
• El 26 de septiembre, a las 11:30 horas, el propio documento lo ubica realizando funciones de OBI en el interior de la Normal Rural de Ayotzinapa. 

La cronología importa porque destruye la coartada discursiva. Primero fue seleccionado para áreas sensibles; luego fue asignado a labores de búsqueda de información; después ingresó a la Normal bajo una identidad funcional para esas tareas. No es una hipótesis extravagante. Es el itinerario que la institución militar dejó asentado.

La semántica como coartada

La Presidenta tiene razón en una cosa: López Patolzin era estudiante. También era soldado. Pero esa doble condición no desmiente la infiltración; la explica.

Un infiltrado no deja de ser alumno porque se inscriba, haga exámenes o curse materias. Al contrario: ésa es la mecánica elemental de una cobertura. La calidad de estudiante era precisamente el vehículo para permanecer, observar y reportar dentro de la Normal sin revelar su adscripción militar. El lenguaje del Ejército es brutalmente claro: fachada de alumno. 

Incluso el informe describe la cadena operativa: López Patolzin enviaba información mediante mensajes y llamadas telefónicas cuando las circunstancias se lo permitían, y se reunía cada cinco días, en distintos puntos de la ciudad, con el comandante del Pelotón de Información de su unidad. Eso no describe a un joven que estudiaba por decisión personal con autorización de sus superiores. Describe a un elemento activo que reportaba a mandos de inteligencia.

Decir que no “necesariamente” era espía porque también era estudiante es una forma de fabricar niebla donde los documentos ponen nombres, horarios, adscripciones y tareas.

La omisión que tampoco desaparece

La dimensión más grave no es sólo que hubiera un militar encubierto entre los normalistas. Es que, según el reporte militar, aquel 26 de septiembre de 2014 López Patolzin realizaba tareas informativas dentro de la Normal, mientras otro OBI reportaba el tránsito de los autobuses con estudiantes rumbo a Iguala. Ya durante la madrugada del 27, la estructura castrense tuvo conocimiento de que los normalistas habían tenido un altercado con la policía municipal. 

Cuando López Patolzin dejó de responder, sus superiores intentaron localizarlo. Pero el documento afirma que, “por cuestiones de seguridad” y para no revelar su identidad, las llamadas fueron esporádicas y dirigidas al buzón de voz. Es decir: el aparato militar sabía que uno de los desaparecidos era su propio elemento desplegado en una misión de información, pero la prioridad registrada fue preservar el secreto de la operación. 

Eso no prueba por sí solo que el Ejército haya ordenado o ejecutado la desaparición de los 43. Sería irresponsable afirmarlo sin evidencia directa que sostenga esa conclusión. Pero sí vuelve insostenible la pretensión de minimizar la infiltración y obliga a responder preguntas que el Estado no puede seguir escondiendo bajo el uniforme de la ambigüedad:

• ¿Qué información entregó López Patolzin antes de desaparecer?
• ¿A qué mandos concretos reportaba?
• ¿Qué supo el Ejército sobre los movimientos de los estudiantes el 26 de septiembre?
• ¿Por qué la identidad y la operación del soldado pesaron más que una búsqueda abierta y urgente?
• ¿Qué otros documentos, reportes, comunicaciones o bitácoras permanecen bajo resguardo militar?

El problema no es la palabra

Ayotzinapa ya ha padecido demasiadas verdades administradas, demasiados archivos cerrados y demasiadas palabras cuidadosamente escogidas para no llamar a las cosas por su nombre. En este caso, el problema no es la etiqueta “infiltrado”. El problema es que, mientras el Gobierno discute el diccionario, los documentos militares ya describieron la operación.

Con información: ELNORTE/ @Redes/

“SECUESTRADO por HORROR: VÍCTIMA EXHIBE el PODER del CRIMEN que DECIDE quién VIVE en LIBERTAD y quién MUERE en CAUTIVERIO”… en territorio del subcampeón del LEVANTÓN, después de Tamaulipas.

Otra vez, el crimen organizado exhibe que en Jalisco puede administrar la vida ajena con una arbitrariedad escalofriante:decide quién sale caminando de un cautiverio, quién vuelve destrozado a casa y quién termina convertido en una ausencia más. Abraham Emanuel Pacheco sobrevivió 21 días secuestrado; no porque existiera un mecanismo institucional capaz de protegerlo, sino porque sus captores concluyeron —después de investigarlo— que se habían equivocado de persona.

El crimen se equivoca, investiga y decide si te devuelve: así sobrevivió “Yizus” 21 días de cautiverio en Jalisco

“¿Si desaparezco, me buscarían?”. Abraham Emanuel Pacheco tuvo la mala fortuna de obtener una respuesta que nadie debería conocer: sí lo buscaron, pero durante 21 días su vida dependió de que sus secuestradores resolvieran qué hacer con él.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde desaparecer puede empezar con una supuesta cita de trabajo y terminar en una casa de interrogatorios, Abraham —videógrafo, maestro de inglés, piloto y creador de contenido de motocicletas— fue levantado el 30 de agosto de 2025. Acudió a una grabación. Lo recibieron tres hombres armados, una bolsa en la cabeza y un traslado forzado hacia un sitio donde la ley no entra, o llega cuando ya no queda nada que investigar.

Al principio creyó que se trataba de un asalto. No era eso. Era una de esas operaciones en las que el crimen organizado secuestra primero y verifica después; una especie de “control de calidad” criminal donde equivocarse de víctima no impide torturarla mientras se aclara el expediente.

La primera noche recibió una golpiza por hablar con otro cautivo. Su delito consistió en pedir un cigarro. Los guardias respondieron como responden quienes tienen el control absoluto sobre cuerpos indefensos: golpes y nuevas ataduras, ahora con las manos detrás de la espalda. Así permaneció tres días, sin poder dormir, con dolor constante y el cuerpo convertido en una extensión de la tortura.

El aislamiento, el hambre, el insomnio y el miedo empezaron a deformar la realidad. Abraham tuvo alucinaciones y, sobre todo, una duda que se volvió un castigo adicional: nadie sabía con precisión a dónde había ido. No tenía motivos claros para creer que alguien estuviera buscándolo. Su única forma de resistir fue reducir el futuro a una frase mínima: “Aguántate un día más. Quizá mañana se termina esto”.

Pero en ese lugar los días no se medían con calendario, sino con golpes, interrogatorios y muerte.

Uno de los hombres cautivos sufrió una crisis nerviosa, logró soltarse e intentó hablar con los captores. Abraham escuchó cómo lo golpearon durante días. Después oyó los intentos fallidos de reanimarlo. Luego, el desmembramiento. Finalmente, uno de sus secuestradores le quitó la venda y lo obligó a mirar la cabeza de aquel hombre.

El mensaje no requería subtítulos: cualquiera podía morir ahí, y la diferencia entre salir vivo o no dependía de la voluntad de quienes administraban el encierro.

Durante dos semanas, Abraham fue interrogado y golpeado. Repitió una y otra vez que era videógrafo, maestro de inglés, piloto y creador de contenido de motocicletas. Nada más. Hasta que uno de los responsables le informó que ya lo habían investigado y comprobado que decía la verdad: no era la persona que buscaban.

La aclaración, sin embargo, no activó ninguna garantía ni reparó el daño. Simplemente abrió otra incertidumbre: ya sabían que se habían equivocado, pero “no sabían qué iban a hacer con él”. En esa lógica perversa, incluso ser inocente depende de que tus captores decidan reconocerlo y, sobre todo, de que les parezca conveniente dejarte vivir.

Su caso ocurrió en medio de una cadena de desapariciones en Guadalajara entre el 25 y el 30 de agosto de 2025, cuando al menos otras seis personas fueron privadas de la libertad. La ciudad acumuló fichas, búsquedas, publicaciones, protestas y familias haciendo el trabajo que el Estado suele convertir en trámite, carpeta o estadística.

Gary Omar Silva, Héctor Manuel Valdivia y José Manuel Arredondo fueron privados de la libertad el 25 de agosto. Dos días después, Frany Arteaga, Gustavo Torres Reyes y Berzain Rodrigo Vázquez fueron llevados de la galería Casa Natalia, en la Colonia Revolución.

La liberación llegó después de 21 días. Le permitieron bañarse por primera vez, le dieron ropa, le devolvieron el teléfono y lo bajaron de un vehículo en plena calle. El secuestro terminó como había empezado: bajo las reglas de quienes podían retenerlo, golpearlo, investigarlo y abandonarlo cuando quisieran.

Ya libre, caminó sin saber dónde estaba y pidió un teléfono para llamar a su familia. Varias personas lo ignoraron. Una joven finalmente lo escuchó, reconoció su rostro porque había visto la campaña de búsqueda en redes sociales y le prestó su celular. Así pudo contactar a su hermana. No fue una patrulla, no fue una institución, no fue una estrategia oficial: fue una persona que decidió creerle.

Pero volver no significó recuperar su vida.

Mientras estuvo cautivo, sus captores usaron su teléfono para vaciar sus ahorros y solicitar créditos a su nombre. Perdió trabajo, clientes y estabilidad económica. Hoy enfrenta una deuda cercana al millón de pesos y llamadas de cobranza que se acumulan sobre el trauma. El banco, según su testimonio, se negó a apoyarlo pese a las pruebas de que fue víctima de secuestro.

Es decir: el crimen lo desapareció, lo torturó, lo despojó y lo endeudó; después, el sistema financiero le presentó la factura.

Abraham intentó acudir a terapia, aunque dice que no encontró atención suficientemente profesional para procesar lo vivido. Volver a manejar motocicleta se convirtió en una forma de recuperar una sensación elemental: libertad. El viento en la cara, el rugido del motor y la concentración que exige conducir le devolvieron una parte de lo que 21 días de cautiverio intentaron arrancarle.

Aun así, no se permite convertir su caso en una historia fácil de esperanza. Ha visitado la Glorieta de las y los Desaparecidos y entiende que su regreso no es una promesa para las familias que siguen buscando. Él volvió. El hombre que escuchó morir no. Miles de personas tampoco.

Porque esa es la obscenidad de fondo: en territorios donde el crimen puede secuestrar, interrogar, torturar, equivocarse de objetivo y decidir si corrige el “error” soltando a la víctima o desapareciéndola para siempre, la libertad deja de ser un derecho. Se convierte en una concesión criminal.

Con información: ELNORTE/