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sábado, 3 de octubre de 2026

LAS «11 HORAS de ALEJANDRA y 8 de BETO: “NO ME DETUVIERON, ME RETUVIERON”, dice SENADORA de MORENA TRAS 11 HORAS de INTERROGATORIO en EE.UU»… hay diferencia entre una aclaración y una maroma.


En la política, el reloj puede marcar once horas y el diccionario seguir diciendo que aquí no pasó nada. A Alejandra León Gastélum, exsenadora que llegó al Senado por Morena, las autoridades estadounidenses la sometieron a entrevistas y una segunda revisión fronteriza, según su propio relato recogido por EMEEQUIS. Pero ella hizo la precisión que debía salvar el día: «No estuve detenida, estuve en entrevista». Ah, bueno: cambia la palabra y hasta la espera parece más cómoda.

La explicación merece un reconocimiento a la elasticidad del lenguaje: no fue detención, sino entrevista; no fue una jornada interminable, sino segunda revisión; no fue un episodio incómodo, sino un trámite al que —asegura— la someten habitualmente. 

Una especie de programa de cliente frecuente, pero sin puntos, sin sala VIP y con preguntas sobre la política de Baja California. Según contó, las entrevistas abordaron asuntos relacionados con Morena, Marina del Pilar y Carlos Torres, grupo del que se deslindó. 

También conviene poner el reloj donde corresponde: León dijo que empezó a hacer fila a las 9:30 de la mañana y que le permitieron entrar a Estados Unidos entre las 8:30 y las 9 de la noche. Ese lapso incluye la fila; su relato no permite afirmar que cada minuto haya sido de interrogatorio. Pero incluso con esa precisión, llamar a semejante jornada «nada más» una segunda revisión exige una capacidad de minimizar que ya quisieran los fabricantes de ropa cuando encogen una talla. 

El episodio penoso recuerda al alcalde de Matamoros, Alberto «Beto» Granados, cuya estancia ante autoridades fronterizas en Brownsville fue presentada como una «revisión de rutina el 19 de abril de 2025 y cuya revisión se prolongó cerca de ocho horas que reprodujo la prensa nacional. 

Ocho horas de rutina: una jornada laboral completa, pero con la ventaja discursiva de que, al terminar, todavía se puede decir que fue cualquier cosita. 

Beto tuvo su versión de ocho horas; Alejandra, una jornada fronteriza de entre once y once horas y media, contando desde que empezó la fila. No son procedimientos necesariamente equivalentes, pero el parentesco retórico salta a la vista: cuando la experiencia resulta difícil de vender, se le cambia la etiqueta. «Rutina», «entrevista», «segunda revisión». El diccionario convertido en departamento de control de daños. 

Porque una cosa es precisar lo ocurrido y otra perfumarlo. Si para explicar que «no pasó nada» hace falta reconstruir medio día entre filas, oficinas y entrevistas, quizá el problema no sea que la gente no entienda la diferencia entre retención y detención. Quizá entiende perfectamente la diferencia entre una aclaración y una maroma.

No hace falta dictar sentencia para exigir explicaciones. Basta con no permitir que el reloj termine de empleado del vocero: marcando ocho u once horas mientras el comunicado insiste en que fue un ratito.

Con información: EMEEQUIS/

viernes, 2 de octubre de 2026

LA «PATRIA de la VARA de DOS MEDIDAS»: MORENA HIPÓCRITA SACA su CATÁLOGO de EXPLICACIONES para DEFENDER a su CORCHOLATA GRINGA en NAYARIT»… ella no se apellida Cabeza de Vaca.


Morena convirtió la nacionalidad única en una prueba de patriotismo; cuando el discurso alcanzó a su propia aspirante en Nayarit, sacó el catálogo de explicaciones. El blanco de la crítica no es dónde nació Jasmine Bugarín, sino la elasticidad de los principios del partido que la respalda. 

Una patria, dos discursos

En Morena, la patria es una, pero la vara tiene dos medidas. Para defender su reforma sobre nacionalidad única, el oficialismo invoca la soberanía, la lealtad y la bandera. Para defender a Jasmine Bugarín, senadora con licencia del Partido Verde y coordinadora de la transformación en Nayarit, invoca su historia familiar, su compromiso con México y su disposición a completar los trámites necesarios. La misma coalición que exige una sola nacionalidad para determinados cargos pide considerar las explicaciones de su propia elegida. Qué conveniente: el rigor en la tribuna y la comprensión en casa.

El 29 de septiembre, Morena y sus aliados aprobaron en el Senado la reforma para exigir únicamente la nacionalidad mexicana a quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En aquella discusión, la senadora Margarita Valdez defendió que el presidente «no se arrodille más que ante la bandera». Dos días después, Morena y el Verde respaldaron a Bugarín, nacida en California, porque «ha manifestado públicamente su lealtad a México». Para legislar, una nacionalidad; para justificar a la propia, una declaración de buenas intenciones.

Conviene poner el bisturí donde corresponde: Bugarín no es menos mexicana por haber nacido en Estados Unidos. Es hija de mexicanos y su condición de mexicana por nacimiento tiene sustento constitucional, como recuerda la propia defensa difundida por Morena. Sus padres migraron para trabajar como jornaleros; esa historia no es una falta que deba purgar ni un expediente de sospecha. Lo cuestionable es convertir la doble nacionalidad en un problema de lealtad política y luego explicar que, en el caso de la compañera, la lealtad está perfectamente acreditada. 

La renuncia de utilería

La defensa oficial añadió un enredo que merece lupa. El 1 de octubre, Luisa María Alcalde afirmó que Bugarín había renunciado a su doble nacionalidad desde 2018 mediante el trámite ante Relaciones Exteriores. Ese mismo día, Bugarín reconoció que todavía tenía ciudadanía estadounidense y pasaporte vigente. La renuncia que el gobierno presentó como asunto resuelto convivía, pues, con una ciudadanía que la interesada admitía conservar. La contundencia del micrófono iba por delante de los hechos. 

El 2 de octubre, Bugarín informó que había iniciado ante el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara el trámite para renunciar a esa ciudadanía. Iniciado: no concluido. 

Ese anuncio obliga a distinguir lo que la propaganda mezcló: declarar ante autoridades mexicanas la renuncia a «toda sumisión, obediencia y fidelidad» a otro Estado no acreditaba, en este caso, que hubiera dejado de ser ciudadana estadounidense. Si todavía la conservaba y apenas comenzaba el procedimiento para abandonarla, el «desde 2018» requería bastante más explicación y bastante menos aplomo. 

El respaldo partidista también tiene su pequeña acrobacia: Morena y el Verde sostienen que su lealtad ya está probada, pero anuncian que acompañarán los trámites adicionales para que conserve únicamente la nacionalidad mexicana. Es decir, el discurso ofrece certeza mientras el expediente sigue en proceso. Primero el espaldarazo; después, a ordenar los papeles. 

El patriotismo con calendario

Hay otra precisión que no debe sacrificarse por una buena frase: según la explicación muy conveniente por cierto,de la Consejería Jurídica, el transitorio fija la aplicación de la reforma a partir del proceso electoral correspondiente a 2028, por lo que esa nueva restricción federal no afectaría la elección de Nayarit de 2027; los requisitos locales deben examinarse por separado. Por tanto, el respaldo a Bugarín no demuestra, por sí solo, una infracción a esa reforma. La crítica sólida es política: el contraste entre la severidad del discurso y la flexibilidad de la defensa. 

Y ahí está la doble moral que merece exhibirse: no en que una mexicana haya nacido en California, sino en que Morena use la nacionalidad única como certificado de patriotismo mientras arropa a una aspirante que reconoció conservar la estadounidense. 

Cuando predican, «una bandera, un pueblo, una patria»; cuando explican a la propia, historia familiar, lealtad declarada y trámites pendientes. No es que Bugarín deba demostrar que merece ser mexicana. Es Morena quien debe explicar por qué su patriotismo necesita tantas notas al pie. 

Con información: ELUNIVERSAL/

“MORENA RECLUTÓ PRIISTAS, PANISTAS, PERREDISTAS y de TODOS los LOGOS del ANIMALERO POLÍTICO para 17 GUBERNATURAS”… a esos que coloca en el banquillo retórico del desastre nacional.


No: la imagen no es un meme inventado ni una “ocurrencia” de redes. Corresponde —con el habitual maquillaje semántico morenista— a los 17 perfiles que el partido presentó como coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las gubernaturas de 2027. 

Como ya se sabe, Morena ya puso sobre la mesa a sus 17 cartas para las gubernaturas de 2027. No les llama candidatos —porque la ley y la simulación todavía exigen guardar ciertas formas—, sino “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”. Traducido del dialecto partidista al español: son los perfiles encaminados a disputar las 17 gubernaturas que se renovarán el 6 de junio de 2027. 

La imagen que circula en redes, por tanto, no es falsa en lo esencial. La lista coincide con los nombres que Morena ha venido designando: Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; Julieta Ramírez en Baja California; Manuel Cota en Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche; Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua; Rosa María “Rosy” Bayardo en Colima; Beatriz Mojica en Guerrero; Carlos Torres Piña en Michoacán; Jasmín Bugarín en Nayarit; Clara Luz Flores en Nuevo León; Santiago Nieto en Querétaro; Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo; Eli César Cervantes en San Luis Potosí; Imelda Castro en Sinaloa; Lorenia Valles en Sonora; Ana Lilia Rivera en Tlaxcala y Verónica Díaz en Zacatecas. 

La precisión importante es ésta: no han sido registrados como candidatos constitucionales. Morena adelantó sus piezas internas, no la boleta oficial. Las campañas para gubernaturas comenzarán hasta marzo y abril de 2027, según la entidad, y todas concluirán el 2 de junio, antes de la jornada electoral del 6 de junio. 

Pero el dato que la propaganda intenta disolver entre consignas es mucho más revelador: varios de esos perfiles no provienen de Morena. Llegaron desde PAN, PRI, PRD, Partido Verde o Movimiento Ciudadano. 

En otras palabras, el partido que se vendió como ruptura con “la vieja política” no sólo abre la puerta a sus sobrevivientes: les entrega llaves, micrófonos, presupuestos y, eventualmente, gobiernos estatales.

Pablo Gutiérrez Lazarus, por ejemplo, gobernó Ciudad del Carmen bajo las siglas del PAN antes de reaparecer bajo el paraguas guinda. Nora Ruvalcaba compitió antes por Aguascalientes desde el PRD; Beatriz Mojica tiene trayectoria perredista; Clara Luz Flores fue priista; Santiago Nieto fue diputado del PRD; y otros cuadros enlistados han transitado por partidos que Morena suele colocar en el banquillo retórico de los responsables del desastre nacional. 

Así que sí: el cartel tiene un punto incómodo y verificable. No porque los cambios de partido sean, por definición, un delito político —la movilidad partidista existe y debe juzgarse caso por caso—, sino porque Morena construyó su identidad precisamente sobre la denuncia de esas prácticas: el chapulineo, las cuotas, el oportunismo electoral, la subordinación de principios a candidaturas y el uso de siglas como franquicias de poder.

El truco del nombre

Morena no suele decir “reclutamos ex panistas, ex priistas y ex perredistas”. Prefiere la fórmula litúrgica: sumar perfiles, abrir el movimiento, construir unidad, poner por delante la transformación. En ese lenguaje, un cambio de camiseta no es oportunismo: es conversión ideológica. Una candidatura adelantada no es precampaña: es coordinación. Un reparto territorial no es reparto: es encuesta. Y la vieja clase política deja de ser vieja en el instante exacto en que se toma la foto con el color correcto.

El problema no es que un partido integre personas con trayectorias diversas. El problema comienza cuando pretende que la procedencia no importa, que los antecedentes se borran con una afiliación nueva y que cuestionar esos virajes equivale a defender al régimen anterior. No. Preguntar quién fue quién, a qué intereses sirvió, qué decisiones tomó y qué red de poder arrastra no es nostalgia por el pasado: es higiene democrática.

Morena disputa 17 gubernaturas en 2027 y actualmente gobierna 12 de esas entidades. Eso le da una ventaja territorial considerable, pero también le impone una carga mayor: no podrá venderse sólo como oposición al pasado cuando en buena parte del país ya es gobierno, administra presupuestos, reparte candidaturas y carga con los resultados —buenos, malos o francamente indefendibles— de sus propias administraciones. 

Éste no es un asunto de álbum de estampitas partidistas. De esta lista pueden salir quienes administren policías estatales, fiscalías de hecho o de derecho, sistemas de salud, obra pública, deuda, educación, nóminas, contratos, relaciones con el crimen organizado y presupuestos multimillonarios.

Por eso la discusión seria no debe agotarse en el logo que llevaban antes ni en el que portan ahora. Cada perfil tendría que responder, con documentos y no con consignas, al menos estas preguntas:

  • ¿Qué cargos tuvo, bajo qué partido y con qué resultados verificables?
  • ¿Qué decisiones públicas tomó y cuáles fueron sus efectos?
  • ¿Qué grupos empresariales, familiares, políticos o territoriales lo acompañan?
  • ¿Qué patrimonio reporta y qué evolución patrimonial puede explicar?
  • ¿Qué denuncias, investigaciones, controversias o señalamientos públicos existen, y cómo los responde?
  • ¿Qué tan autónomo será frente a la dirigencia nacional, al gobernador saliente y a los grupos que financiaron o impulsaron su ascenso?
  • ¿Qué promesas de campaña son medibles y qué mecanismos habrá para exigirles cuentas?

Una democracia no se fortalece cambiando de uniforme; se fortalece cuando el uniforme no sirve de salvoconducto.

La advertencia de fondo

Morena no existe como bloque homogéneo, y quizá nunca existió así. Es una coalición de intereses revestida de movimiento: una mezcla de ex priistas, ex panistas, ex perredistas, verdes pragmáticos, cuadros locales, operadores electorales, activistas genuinos, burócratas, herederos de cacicazgos y oportunistas con olfato para detectar dónde se concentra el poder.

Eso no es una acusación abstracta; está a la vista en su lista para 2027. El partido que hizo de la crítica al PRI, al PAN y al PRD una identidad política hoy recicla buena parte de sus cuadros, métodos, pactos y reflejos. Denuncia el nepotismo mientras administra familias políticas; condena el clientelismo mientras perfecciona estructuras territoriales de dependencia; descalifica el autoritarismo mientras concentra decisiones; presume austeridad mientras normaliza privilegios para los suyos; combate el “PRIAN” mientras incorpora a sus ex militantes como si una transferencia bancaria ideológica bastara para absolverlos.

La pregunta no es si alguien puede cambiar de opinión o abandonar un partido: claro que puede. La pregunta es si Morena puede seguir presentándose como una fuerza moralmente distinta mientras convierte a buena parte de aquello que denunciaba en su cantera de candidatos.

En 2027 no se elegirán sólo gobernadores. Se elegirá si el país acepta que la transformación consiste en cambiarle el nombre al mismo mecanismo: las mismas élites rotando de sigla, los mismos operadores aprendiendo un nuevo eslogan y la misma política de siempre, ahora pintada de guinda.

Con información: @Redes/

“MAPA JUDICIAL de ROLANDO MORENO LUCIO, LIGADO al PRIMITO del CDG, lo EXHIBE PIDIENDO AMPAROS VS. TODA la MAQUINARIA FEDERAL”… la UIF, la GN y la FEMDO, entre muchas otras.


Rolando Moreno Lucio no aparece en los registros como un personaje de bajo perfil: su nombre brinca de juzgado en juzgado, entre Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira y hasta instancias federales de la Ciudad de México y el Estado de México. 

Los expedientes consultados documentan una actividad litigiosa intensa, mas allá de sus ligas con el Cartel del Golfo que han sido documentadas en torno al despojo de propiedades en Reynosa.

UNA RUTA DE AMPAROS EN LA FRONTERA DONDE EL CÁRTEL DEL GOLFO SIGUE SIENDO EL ELEFANTE EN LA SALA

En Reynosa, donde durante años las siglas del Cártel del Golfo han pesado más que muchas placas oficiales, el nombre de Rolando Moreno Lucio ha transitado con insistencia por tribunales federales y estatales. No es una ruta de terracería ni de brechas bajo vigilancia; es una carretera de expedientes, suspensiones, incidentes, recursos de revisión, declinatorias de competencia y audiencias aplazadas.

La documentación judicial revisada muestra a Moreno Lucio como promovente de múltiples juicios de amparo entre 2019,2024,2025 y 2026. Sus litigios no se quedaron en una sola ventanilla: tocaron juzgados federales en Reynosa y Ciudad Victoria, además de autoridades judiciales y ministeriales de distintas regiones de Tamaulipas. En pocas palabras: no fue una visita al tribunal; fue una gira procesal con escalas en cada oficina que tuviera sello, secretaria y número de expediente. 

Uno de los asuntos centrales es el amparo 280/2025, tramitado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Reynosa. En ese procedimiento fueron señaladas como autoridades responsables, entre otras, instancias de la Fiscalía de Tamaulipas, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica estatal, la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y áreas federales vinculadas con FEMDO. 

La lista parece inventario de maquinaria institucional pesada:fiscalías, policías, jueces de control, unidades de inteligencia y autoridades federales desfilando por el expediente. 

El mismo amparo retrata el laberinto burocrático: informes que no llegaban, notificaciones devueltas, autoridades señaladas con denominaciones que resultaron inexistentes, exhortos enviados a Ciudad Victoria y Ciudad de México, y audiencias diferidas una y otra vez. El expediente no avanzaba con la velocidad de una investigación de alto impacto, sino al ritmo clásico del papeleo: oficio va, oficio viene, y la audiencia se vuelve a mover. 

En ese contexto, Moreno Lucio reclamó, entre otros actos, lo que describió como “tortura psicológica” atribuida a autoridades. El Juzgado Séptimo de Distrito precisó que, por la naturaleza del reclamo planteado, no procedía automáticamente una suspensión de plano. 

Más adelante, en septiembre de 2026, otro juicio de amparo —el 1168/2026-I— fue recibido por ese mismo juzgado luego de que el Juzgado Octavo de Distrito se declaró incompetente; allí se registró una demanda contra actos atribuidos al Juez Primero de Distrito en Ciudad Victoria y otras autoridades. 

El mapa judicial

La actividad documentada no quedó encapsulada en un solo expediente:

  • El amparo 590/2026, promovido en el Juzgado Segundo de Distrito en Tamaulipas, fue dirigido contra el Juzgado Séptimo de Distrito de Reynosa. La suspensión definitiva fue negada el 18 de mayo de 2026 y el juicio fue sobreseído el 22 de mayo; la sentencia causó ejecutoria el 16 de junio. 
  • En el amparo 183/2026, ante el Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas, Moreno Lucio impugnó actos atribuidos a Yanet Gallardo Florencia, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía estatal. El expediente fue sobreseído fuera de audiencia y el promovente interpuso recurso de revisión, cuya remisión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito fue ordenada en mayo de 2026. 
  • El amparo 2198/2025, iniciado en Ciudad Victoria contra la misma Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, fue remitido al Juzgado Primero de Distrito, que aceptó competencia.
  • El amparo 1594/2025, presentado inicialmente ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Ciudad Victoria, fue declinado y terminado en esa sede tras informarse que el Juzgado Primero se haría cargo. 

La constante es clara: demandas, transferencias de competencia, ampliaciones, informes previos, informes justificados, incidentes de suspensión y revisiones. El aparato judicial aparece no como un telón de fondo, sino como parte sustancial de la historia.

Reynosa, el contexto incómodo

Hablar de Reynosa implica hablar de una ciudad atravesada por la disputa criminal, por redes de vigilancia territorial y por el peso histórico del Cártel del Golfo donde los documentos judiciales revisados consignan litigios y señalamientos como saldo del quehacer criminal del sujeto ligado a Cesar Morfin Morfin,alias «Primito»,líder maximo de la facción de Los Metros del Cartel del Golfo en Tamaulipas.

Lo que deja ver el expediente es a un litigante persistentemente «embroncado» —o, según se mire, a un justiciable con gran capacidad de mantener activada la maquinaria judicial a su favor— que ha llevado sus reclamos por rutas locales y federales. En la frontera tamaulipeca, donde el crimen organizado suele imponer sus propios silencios, la otra batalla también se libra con sellos, acuses de recibo, oficios y amparos.

Con información: PODER JUDICIAL FEDERAL/SCJN

EL «AUGE y CAÍDA de una SOLDADA de MORENA»: DOS AÑOS de CAMPAÑA de ANDREA CHÁVEZ se DERRUMBARON con una DERROTA por 0,92 PUNTOS"… el padrino terminó convertido en carga.


Andrea Chávez Treviño persiguió durante dos años la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua. Al final, el reactivo de mayor peso en la encuesta le cerró la puerta por una diferencia mínima: Cruz Pérez Cuéllar obtuvo 31,53% en “preferencia como candidato de Morena, PVEM y PT”; ella, 30,61%. La distancia fue de 0,92 puntos porcentuales. En la puntuación total, la derrota fue menos estrecha: 8,5 puntos para él y 1,5 para ella, de 10 posibles. 

Juarense, feminista y obradorista —así se define—, la senadora de 29 años llegó sola y cabizbaja al Centro de Exposiciones del World Trade Center de Ciudad de México la tarde del lunes 28 de septiembre. Sabía que Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, la aventajaba en casi todas las mediciones. Le quedaba una última carta: que la paridad de género inclinara la decisión a su favor, como había ocurrido con Clara Brugada frente a Omar García Harfuch en el proceso anterior.

Esa carta se cayó hacia las ocho de la noche. Con el resultado de Sonora, favorable a Lorenia Valles, Morena alcanzaba 10 mujeres entre las 17 personas designadas para sus candidaturas de 2027. El criterio de paridad ya estaba cubierto. Cuando comenzó la reunión de Chihuahua ante la Comisión Nacional de Elecciones, Chávez tendría que ganarle a Pérez Cuéllar con los números, no con una corrección de género.

La tabla que decidió Chihuahua

A la reunión también acudieron Eduardo Martínez, El Capi Arrieta, Jesús Roberto Briano y Martín Chaparro. En la pantalla apareció una tabla de diez columnas. Pérez Cuéllar aventajó a Chávez en conocimiento —64,75% frente a 51,1%— y en el reactivo “votaría por él”, donde obtuvo 30,7% contra 27% de la senadora. También ganó el punto correspondiente a “buen candidato”.

Chávez solo se impuso en atributos: consiguió 1,5 de esos dos puntos y Pérez Cuéllar, 0,5. En opinión positiva, la diferencia volvió a ser estrecha —29,65% para el alcalde y 29,48% para ella—. Pero el golpe definitivo estaba en la preferencia por la candidatura de la coalición: 31,53% frente a 30,61%. Menos de un punto porcentual en ese reactivo, suficiente para dejarla fuera.

La senadora pidió explicaciones y las recibió durante la reunión. Según la dirigencia, no solicitó después una mesa técnica para revisar cada reactivo. Morena publicó los resultados de sus encuestas y afirmó que los ejercicios de las casas encuestadoras contratadas coincidieron con los del partido; aun así, el proceso dejó inconformidades entre aspirantes de otros estados.

Chávez cumplió el compromiso de acompañar el anuncio público, pero no hubo postal de reconciliación. Vestida de negro, se colocó en un extremo del templete, lejos del lugar central reservado a los segundos puestos. No hizo muecas; tampoco aplaudió. Permaneció inmóvil mientras hablaron Ariadna Montiel, Citlalli Hernández, Arturo Escobar y el propio Pérez Cuéllar. El ganador le dedicó elogios —“una joven brillante, talentosa, una gran parlamentaria y una competidora muy dura”— sin conseguir que ella le levantara el brazo.

Una candidatura sembrada temprano

Chávez empezó a trabajar su aspiración desde septiembre de 2024, apenas llegó al Senado. Recorrió Chihuahua, encabezó asambleas y desplegó una promoción que incluyó reparto de “apoyos sociales”, servicios de salud, consultorios con su imagen y publicidad. Ese despliegue la puso bajo escrutinio; la oposición presentó denuncias por presuntos actos anticipados de campaña. En abril de 2025, Claudia Sheinbaum criticó que se adelantaran los tiempos y pidió reglas a Morena: “No es un asunto de llegar al poder por llegar al poder”.

Su proyecto también estaba ligado a Adán Augusto López Hernández. Chávez lo respaldó en la contienda presidencial interna de Morena de 2023, cuando él compitió contra Sheinbaum. Desde su etapa como diputada federal había sido una operadora cercana al entonces secretario de Gobernación, que presumía su vínculo con Andrés Manuel López Obrador. Ya como coordinador de Morena en el Senado, López Hernández impulsó liderazgos con la mira puesta en 2027, incluido el de Chávez.

Pero aquel padrino político terminó convertido en una carga. Su entorno quedó bajo la sombra del caso de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado por sus presuntos vínculos con una organización criminal; a eso se sumaron los choques políticos con Sheinbaum y la polémica por la compra de miles de ejemplares de Grandeza, el libro de López Obrador. El 1 de febrero de 2026, López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado, aunque anunció que seguiría como legislador y se dedicaría al trabajo territorial del partido. 

Mientras tanto, cambió la conducción partidista que definiría las candidaturas: Citlalli Hernández pasó a presidir la Comisión Nacional de Elecciones y Ariadna Montiel llegó a la dirigencia de Morena. En Chihuahua, Montiel era vista como cercana a Pérez Cuéllar. Chávez llegó al registro de aspirantes en junio con ese panorama en contra, pero siguió recorriendo el estado y defendiendo la inversión política que había hecho durante casi dos años.

Ahora dice que permanecerá en Morena y que trabajará para derrotar al PAN en Chihuahua. Lo que no ha ofrecido es una muestra de entusiasmo por Pérez Cuéllar. Su despedida de esta contienda fue, más bien, una declaración de lealtad dirigida a otra persona: “La doctora Claudia Sheinbaum tiene una soldada en una servidora”.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/