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jueves, 11 de diciembre de 2025

«COMO la del ABUELO del CDG?»: LA «DEFENSA tiene LISTA AMETRALLADORA GIRATORIA CAL.5.56 para MONTARLA en VEHICULOS TERRESTRES con CAPACIDAD de DISPARAR 1,800 BALAS por MINUTO»…una mini minigun hecha en casa para rociar plomo.


La AGX-16 es la forma más educada que encontró el Estado mexicano de decir “sí estamos en guerra”, pero sin atreverse a pronunciar la palabra prohibida. Es una minigun hecha en casa para rociar plomo desde vehículos terrestres de la DEFENSA, mientras el discurso oficial sigue negando la guerra al narco,pues dicen con hipocresía y cinismo,eso fue cosa de Felipe Calderon.

Qué demonios es la AGX-16

La AGX-16 es una ametralladora giratoria multicañón calibre 5,56 mm, desarrollada por la Dirección General de Industria Militar en Mexico para montarse en vehículos terrestres, con un poder de fuego comparable al de una M134 pero adaptada a plataformas mexicanas. El proyecto arrancó alrededor de 2020, ha pasado por al menos dos fases de desarrollo con apoyo de universidades y centros públicos, y a mediados de 2025 se reporta como “proyecto terminado” por la industria militar mexicana. 

No es un fusil más ni una ametralladora ligera: es un sistema de armas pensado desde el inicio para ir atornillado a blindados DN-XI, DN-XII y a los nuevos vehículos que está empujando SEDENA. La etiqueta técnica suena neutra, pero en la práctica significa que se está normalizando el uso de fuego de saturación de alta cadencia en calles, colonias y carreteras del país.

Fuego masivo en entorno urbano ?

De acuerdo con la información disponible, la AGX-16 tiene la característica de selección de dos cadencias de disparo, una que es contra personal de 600 disparos por minuto (DPM) y otra contra vehículos (sin blindaje) de 1800 DPM., con un alcance de 1200 metros (antipersonal) y 1800 metros (antimaterial). El calibre 5,56 mm no es una caricia: se eligió, entre otras cosas, porque pesa menos y supuestamente reduce el riesgo de “daños colaterales” cuando se dispara en áreas urbanas con calibres pesados.

En 2017 –sin ruborizarse– ,la Marina disparó desde un helicóptero Black Hawk armado con una Minigun calibre 7.62mm contra Juan Francisco Patrón, alias el H2, y su gente en Tepic, Nayarit.

En cristiano: se diseña una herramienta para poder vaciar en segundos una nube de balas sobre objetivos en ciudad, alegando que, como el proyectil es más “ligero”, el desastre alrededor será relativamente menor. El problema es obvio: en un entorno donde el narco usa camionetas, casas de seguridad y escudos humanos improvisados, una ráfaga de este tipo desde un blindado convierte cualquier calle en zona de guerra, con todo el riesgo para civiles, prensa y quien se atraviese. 

Tabla: capacidades y mensaje político

ElementoDetalle técnico / político
Tipo de armaAmetralladora giratoria multicañón calibre 5,56 mm para vehículos terrestres.
Cadencia estimadaEntre 600 y 1,800DPM, similar a una minigun,pero con menor cadencia.
Plataforma previstaVehículos blindados nacionales DN-XI, DN-XII y futuros modelos tácticos.
Entorno de uso previstoZonas urbanas y escenarios de combate cercano, con énfasis en operaciones terrestres. 
Discurso oficialInvestigación y desarrollo, “sistema de armas para vehículos terrestres”, no “arma de guerra urbana”. 

La tabla se lee sola: se diseña un arma de guerra para ciudades, pero se le vende al público como un paso más en “modernización” y “soberanía tecnológica”. El lenguaje técnico sirve para amortiguar la realidad de que se está institucionalizando una capacidad de fuego pensada para escenarios de combate sostenido contra grupos armados que controlan territorio. 

Saraf Balam: guerra por control remoto

La AGX-16 está pensada para integrarse a sistemas de armas remotos tipo Saraf Balam, desarrollados precisamente para que el artillero no tenga que asomar la cabeza por la escotilla. Eso implica que un operador, desde dentro del blindado, pueda barrer una fachada, un convoy o una intersección sin exponerse, reduciendo el riesgo para el soldado pero aumentando la tentación de usar la potencia de fuego sin medir tanto las consecuencias.

El sistema remoto forma parte de un programa más amplio de “sistema de armas para vehículos terrestres” que apunta a estandarizar torretas, sensores y control de tiro sobre plataformas nacionales. Traducido a términos de calle: se consolida un ejército con capacidad de combate mecanizado en zonas pobladas, con alta letalidad controlada desde pantallas, mientras se sigue negando que haya una guerra interna.

Peligros que nadie quiere nombrar

Los riesgos no son teóricos: introducir una minigun nacional en el teatro urbano implica, al menos, tres peligros inmediatos. Primero, la escalada: cuando el Estado normaliza el uso de armas de guerra en colonias y carreteras, el narco, que ya usa fusiles de asalto y ametralladoras pesadas, tiene más incentivos para subir un escalón más en blindaje artesanal, drones armados y tácticas de hostigamiento.

Segundo, el daño colateral: por mucho que el 5,56 mm se venda como “más contenible”, una plataforma capaz de lanzar cientos o miles de disparos por minuto en ciudad convierte cualquier operación fallida en masacre potencial. Y tercero, la cultura de la fuerza: dotar a tropas con este tipo de poder de fuego sin un marco claro de rendición de cuentas, reglas de enfrentamiento transparentes y supervisión civil real, es invitar a que la línea entre “seguridad pública” y “guerra sucia” se vuelva aún más borrosa. 

En resumen, la AGX-16 es el síntoma metálico de una guerra negada: el Estado arma sus blindados para enfrentar al narco como enemigo militar, mientras el discurso oficial finge que solo se trata de “combate a la delincuencia organizada” y “tareas de apoyo a la seguridad”. La irreverencia no está en cómo se le escriba, sino en el hecho de que se diseñó una minigun urbana mexicana… y se espera que el país la vea como un logro de innovacion, no como la confesión de que las calles ya son un frente de batalla. 

Con informacion: INFODEFENSA/

«5 MIL en 3.1 MINUTOS y 40 AÑOS de CARCEL SI NO FUERA MILITAR»: «GRABAN EXTORSION IMPUNE de AGENTE de ADUANAS en AEROPUERTO de MONTERREY»…y bajo nueva ley, basta el video para encausarlo penalmente.


Otra vez los de “Aduanas”, otra vez el origen militar demostrando que las malas mañas no se curan ni con misa ni con vacuna. Un video que circula en redes, publicado por El Norte, muestra un flamante agente con uniforme oficial pidiéndole a un pasajero nada menos que 5 mil baros en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. No, no es parte del nuevo trámite de migración: es la cuota del descaro que la nueva ley podria considerar extorsion y varias decenas de años de carcel,pero eso no pasará,es militar.

El agente invita al viajero a “platicar” en un pasillo misterioso —como si fuera una cita romántica con el cinismo— y luego suelta la pregunta de oro: “¿Dónde lo traes, el dinero?” Así, sin rodeos, como quien pide azúcar prestada al vecino.

El pasajero, entre nervioso y resignado, saca un bonche de billetes que a simple vista parecen de 500 pesos. En redes se comenta que la mordida llegó a los 5 mil en total, cortesía del “servicio público federal de extracción militar”.

La escena ocurrió, según los usuarios, el pasado 9 de diciembre—curioso, justo cerca del Día Internacional Anticorrupción. Ironías del calendario: mientras la ONU saca comunicados y el Senado aprueba leyes antiextorsion, el ejercito en funciones de aduanas sigue cobrando en efectivo por mirar para otro lado y no es ningun caso aislado, parece la norma.

La moraleja: hay virus que mutan, hay pandemias que pasan… pero la tranza institucionalizada parece enfermedad crónica, con el disfraz de aduanas que antes era uniforme militar.

Tipo penal que se actualiza

La conducta encuadra como extorsión cometida por servidor público, con agravantes por el contexto y el abuso de función, y hoy quedaría en el rango más alto de penas previsto por la nueva política antiextorsión a nivel federal. 

Si ese agente no fuera militar, enfrentaría proceso ante fuero civil, sin el “colchón” de la justicia castrense y con una pena que, en escenario serio, podría trepar fácilmente a varios decenios de prisión por concurrencia de agravantes.

La escena que se describe es de libro de texto: un agente con el uniforme oficial, en instalaciones aeroportuarias federales, conduce al pasajero a un pasillo aislado, formula una exigencia directa de dinero y recibe un fajo de billetes para permitirle continuar su tránsito sin molestias.

Este cuadro encaja en el tipo de extorsión: se obliga a otro, sin derecho, a dar una cantidad de dinero para obtener un lucro indebido, bajo la amenaza implícita de usar el poder del cargo (retenerlo, “sembrarle” algo, detenerlo o generarle problemas legales).

Con el marco vigente, la extorsión ya no se trata como un simple delito patrimonial menor: la línea doctrinal y legislativa es considerarla un delito de alto impacto y perseguible de oficio, lo que significa que basta la noticia criminis (el video, la difusión pública) para que el Ministerio Público deba iniciar investigación, sin esperar querella formal(…algo que no va ocurrir).

Agravantes por servidor público

El Código Penal Federal prevé que, cuando la extorsión la comete un servidor público aprovechándose de su cargo, la pena base se incrementa sensiblemente. En el caso de un agente de Aduanas que usa su posición para exigir dinero a un pasajero en un aeropuerto internacional, concurren al menos tres factores agravantes clásicos:

  • Calidad de servidor público.
  • Uso de instalaciones oficiales y del poder del cargo.
  • Víctima en situación de vulnerabilidad (tránsito, control migratorio/aduanero, posible condición de viajero internacional).

La tendencia de la nueva Ley General contra la Extorsión, aprobada en Cámara de Diputados con penas que pueden llegar a más de 40 años de prisión en supuestos agravados, es justamente castigar con el máximo rigor a quienes, desde el Estado, convierten la función pública en plataforma de cobro de cuotas. Esa lógica legislativa coloca a un agente aduanal extorsionando en el aeropuerto dentro del núcleo duro del reproche penal, no en la periferia.

Nueva ley antiextorsión y rango de pena

La reforma constitucional en materia de extorsión y la nueva ley general buscaron homologar el tipo penal y endurecerion las penas, elevando la sanción base y sumando aumentos por agravantes como condición de servidor público, víctimas migrantes o el empleo de engaño y abuso de autoridad. En este andamiaje, la descripción de “pedir 5 mil pesos a un pasajero en aeropuerto, con uniforme y capacidad de retenerlo” encajaría en un supuesto con: pena base alta, aumento por calidad de servidor público y, según se documente el caso, incrementos adicionales por el contexto de movilidad internacional.

Traducido: ya no se está hablando del viejo rango de 2 a 8 años, sino de márgenes que van de medias a altas penas (quince años hacia arriba), con posibilidad de sumar más años según las agravantes aplicables bajo la nueva ley general. En términos de política criminal, el mensaje normativo es que la “mordida de rutina” en realidad se presume como extorsión grave y se castiga como tal.

Si no fuera militar: fuero civil y consecuencias

“si no fuera militar” impune. En México, cuando el personal castrense es adscrito a tareas civiles (Guardia Nacional, aduanas, migración), suele mantenerse una doble lógica: opera en funciones civiles, pero muchas veces conserva su sujeción a la jurisdicción militar para determinados delitos, lo que en la práctica ha generado zonas grises y dilaciones. Para un agente no militar (o para un militar juzgado plenamente por la vía civil), el camino sería claro:

  • Investigación por extorsión agravada en fuero común/federal, según la competencia que defina la ley general.
  • Procesamiento ante juez civil, sin posibilidad de refugiar el caso en secreto militar ni en disciplina castrense.
  • Inhabilitación como servidor público, reparación del daño a la víctima y eventual responsabilidad administrativa paralela por corrupción y abuso de autoridad.

Sin el escudo del fuero militar, la escena del video se convierte en un caso de manual para un Ministerio Público puntilloso: prueba audiovisual de la exigencia, elemento de coacción derivado del cargo y entrega efectiva del dinero, suficientes para armar una imputación de extorsión agravada que, con la nueva ley antiextorsión, podría colocar al agente frente a un horizonte de condena muy superior a una simple “mordida sancionable”.

Con informacion: ELNORTE/

EL «COMANDANTE TETO,el ABUELO y la GUERRA Vs el MENCHO»: «MAS de una DECADA PELEANDO FUERA de la LEY en un POLVORIN LLAMADO COAHUAYANA»…hay narcos con cara de autodefensas que el ejercito no puede desarmar, pero si sabe aliarlos y armarlos.


Héctor Zepeda es un hombre cansado. Así lo decía él mismo, hace ahora año y medio, en una entrevista realizada en su despacho, en el cuartel de la Policía Comunitaria, en Coahuayana, Michoacán, que el sábado voló por los aires, producto de un coche bomba. Nada hace pensar que su estado de ánimo haya cambiado, menos aún para mejor. 

En una llamada el mismo sábado, minutos después del atentado, que ha dejado de momento cuatro policías muertos, Zepeda se enfadó, ante el comentario de la cantidad de años que lleva “peleando” contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “¡Nosotros no nos estamos peleando, estamos resistiendo!”, protestó, antes de colgar el teléfono.

Conocido como Comandante Teto, Zepeda lidera la policía comunitaria de Coahuayana, levantada en armas en 2014, en sintonía con el resto de grupos de autodefensa, que dijeron basta, en aquel entonces, al crimen organizado. 

Fue un movimiento poderoso, ilusionante para muchos, en Michoacán y en todo México. Pero con el paso de los años, carcomido por el mismo crimen que quiso vencer, se desinfló. Algunos de sus líderes murieron a balazos, como Hipólito Mora, o por enfermedad, como José Manuel Mireles; otros aprovecharon la buena imagen del fenómeno para cimentar sus ansias caudillistas, caso de Juan José Farías, alias El Abuelo. Y unos más quedaron aislados en sus propios pueblos, como Zepeda, solos, ajenos ya al interés de la sociedad, siempre en el rabillo del ojo del Gobierno, que los mira con sospecha.

Este martes, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, apuntaba a la presunta cercanía de la policía comunitaria de Coahuayana con uno de los grupos criminales “en pugna” en la región, Carteles Unidos. Desde hace años, el CJNG y Cárteles Unidos –o “Cartel de Tepalcatepec, que es lo mismo”, dice a EL PAÍS una fuente cercana al Gabinete de Seguridad– pelean por el corredor de la región Sierra-Costa de Michoacán, y las zonas montañosas que comunican con la región aledaña de Tierra Caliente. El Abuelo es el líder del Cartel de Tepalcatepec. “Él y El Mencho son enemigos a muerte”, añade esta fuente, en referencia a Nemesio Oseguera, líder del CJNG, grupo que habría perpetrado el atentado del fin de semana.

El Gabinete de Seguridad federal, que coordina García Harfuch, considera que Zepeda, aunque es “independiente y autónomo”, es “operador” de El Abuelo. “Por ahí entra mucha cocaína, por mar”, apuntan las fuentes, en referencia a las playas cercanas a Coahuayana. “Por eso [los del CJNG] se quieren chingar al Teto”, añade. Sobre lo anterior, Zepeda siempre ha defendido que lo suyo es proteger a la población local, antes contra el grupo criminal Los Caballeros Templarios, y ahora contra el CJNG. “El Gobierno nos argumenta que hemos hecho un pacto con estos cabrones o con aquellos, que si Cárteles Unidos o no se qué”, decía Zepeda el año pasado, “pero no hay nada, porque a nosotros siempre nos han apoyado los mismos, la asociación de productores de plátano”.

Es cierto que la poderosa industria agrícola local apoya a la policía comunitaria de Coahuayana. De hecho, un documento gubernamental, una ficha sobre Zepeda, actualizada a este año, a la que ha tenido acceso este diario, señala que la policía comunitaria y la asociación productora de plátanos de Coahuayana llegaron a un acuerdo, en abril del año pasado, por el que la asociación entrega 70.000 pesos a la semana a la corporación. Pero el tema en realidad es mucho más amplio. Este cruce de sospechas y acusaciones disfraza una situación tan compleja como grave, en la que grupos criminales – principalmente el CJNG y caudillos locales, fuertemente armados, aliados o no con el Mencho– han distorsionado las dinámicas de la región, dejando el tejido social hecho trizas.

Zepeda se levantó en armas después del asesinato de su hermano, en un momento en que la Sierra-Costa y la Tierra Caliente se hartaban de la extorsión de los grupos criminales. Más de un década después, la situación es prácticamente la misma. Solo cambian el nombre de los grupos, las alianzas, el avance o retroceso de una u otra facción y la decadencia de las autodefensas, reducidas a las de Coahuayana, y las del pueblo vecino de Aquila, inmerso en su propia problemática, anclada en sus riquezas minerales. El asunto trasciende así a Coahuayana, incluso a la Tierra Caliente, y afecta en realidad a prácticamente todo el Estado, como demostró el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, algo más al norte, hace mes y medio.

Depende de quién mire, además, el diagnóstico es uno u otro. Una persona que reside habitualmente en Coahuayana y conoce las dinámicas criminales de la región, desdeña la noción de equilibrio en la pugna entre grupos, que desprende la explicación del Gobierno federal, y dice que “el CJNG está tratando de hacer una pinza a las autodefensas, para conseguir todo el corredor de Tierra Caliente, desde Tepalcatepec a la costa”. En esa lógica, dos caudillos locales tienen un papel importante. Se trata de Fernando Cruz Mendoza, alias Tena, y Miguel Ángel Gallegos, alias Migueladas, ambos veteranos de los Caballeros Templarios, que luego fueron independientes, y ahora, según esta fuente, trabajan bajo las siglas del CJNG.

“El Tena está del lado de Caleta”, dice, en referencia a un punto de la costa, 180 kilómetros al sur de Coahuayana. “Él siembra explosivos”, añade. En los últimos años, sobre todo a partir de la embestida del CJNG en la zona de Aguililla, entre Tierra Calienta y la costa, en 2021, el uso de minas antipersona y drones con explosivos por parte del crimen ha aumentado imparablemente. Y no solo en peleas entre los grupos, o con las policías comunitarias, también contras las autoridades. A Migueladas, esta fuente lo ubica en Apatzingán, cabecera de la región de Tierra Caliente, donde también trabaja otra escisión templaria, Los Viagra, con los hermanos Sierra Santana al frente. A Los Viagra se les acusa de haber asesinado al líder de los productores de limón de Apatzingán, Bernardo Bravo, hace mes y medio, y al propio Hipólito Mora, hace dos años y medio.

La pinza criminal se completa con la estructura del CJNG en el Estado de Colima, que dista apenas unos kilómetros de Coahuayana. De hecho, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, desveló el fin de semana que los criminales que llevaron la camioneta cargada con explosivos al municipio venían del Estado vecino. Desde hace años, las autoridades conocen la estructura del CJNG en Colima, gracias en parte a la investigación por la desaparición de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, presuntamente en Cerro de Ortega, el primer pueblo de Colima, según se cruza desde Michoacán. Díaz era parte del comisariado ejidal de Aquila y Lagunes era su abogado. El primero peleaba por liderar el comisariado e incrementar las aportaciones de la empresa que explota la mina de hierro local, Ternium, situación que generó tensiones en la comunidad y con la misma minera.

Las pesquisas por la desaparición, ocurrida en enero de 2023, apuntan a Óscar Arreguín, alias El Anzuelo, cabecilla criminal en Cerro de Ortega, Carlos Macías, alias Sky, cabecilla en la cabecera municipal, Tecomán, y el presunto jefe de ambos, Luis Gabriel Cabrera, alias El Humilde. La fuente que conoce las dinámicas regionales señala que El Anzuelo es uno de los “volteados”. Originario de Coahuayana, él, igual que otros, habría desertado de la policía comunitaria del municipio, en favor del CJNG. “Había varios infiltrados, pero los mataron y perdieron sus fuentes de información sobre el comandante Teto”, señala. Esa, dice, sería también una de las posibles explicaciones del atentado.

Desde hace al menos cinco años, el Estado mexicano conoce todos estos nombres. Documentos de inteligencia militar de 2020 en adelante, divulgados por el colectivo de hackers Guacamaya, ubican la estructura del CJNG en la zona sur de Colima, Tecomán y Cerro de Ortega. El Ejército ubica igualmente a los líderes locales del CJNG en la región Sierra-Costa de Michoacán, y a los de Tierra Caliente. Pero los años pasan y todos siguen sueltos. La geografía accidentada de estas regiones, es cierto, dificulta los operativos de las autoridades. Como antes en Sinaloa, la captura de los líderes y la ruptura de las cadenas de criminalidad e impunidad aparecen como un reto mayúsculo para el Gobierno de Sheinbaum.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PABLO FERRI

«SEGUNDO PISO MAS LETAL»: «GALARDONAN a MEXICO como SUBCAMPEON GLOBAL de la MATAZON IMPUNE de PERIODISTAS»…despues de Gaza.


El planeta volvió a colgarse la medalla de oro en el campeonato anual de “¿Quién mata más periodistas?”, con 67 reporteros asesinados en 2025. Medio centenar cayeron bajo metralla o sicarios mientras hacían eso tan incómodo que algunos llaman informar.

De esos 67, casi la mitad murió en Gaza, donde ejercer el periodismo se ha vuelto un deporte extremo con un solo final posible. Reporteros Sin Fronteras, que lleva la cuenta —porque alguien tiene que hacerlo—, señala al ejército israelí como “enemigo número uno” de los periodistas. No es una metáfora: los matan mientras graban, escriben o simplemente respiran demasiado cerca de los crímenes que documentan.

En México, el podio de sangre tiene nombre y apellido: nueve periodistas asesinados, la mayoría a manos de ese cartel invisible llamado “crimen organizado”, que a veces viste uniforme, a veces corbata. La presidenta Sheinbaum prometió protección, pero en el terreno los chalecos antibalas siguen siendo de utilería y las amenazas de muerte llegan más rápido que las becas del mecanismo de protección.

Uno de los caídos, Cayetano de Jesús Guerrero, estaba bajo custodia del Estado. Mala suerte: el Estado no llegó a tiempo, o quizá llegó, pero con la mira equivocada.

Mientras tanto, el Cartel Jalisco Nueva Generación consolida su reputación de depredador de la prensa, un título que comparte con gobiernos y ejércitos de medio mundo. Los colegas muertos en Ucrania, Sudán o El Salvador completan el mapa global de esta cacería humana, donde las balas hablan y las investigaciones callan.

RSF cierra su informe con números de espanto: 503 periodistas presos, 135 desaparecidos, 20 secuestrados. Cifras que suenan a inventario de una guerra que ya nadie admite estar librando.

Y así, el periodismo sigue sobreviviendo, a mordidas, a balazos y a silencios comprados. Porque informar todavía molesta, todavía asusta, todavía mata.

Con informacion: ELECONOMISTA/

«SI el CRIMEN TE DA LIMONES…HACES ?»: «CAEN SOBRINOS pero NO ALMIRANTE,CAE BERMUDEZ pero NO ADAN AUGUSTO,CAE el LIMONES pero NO el DIPUTADO HACES»…quien sigue,La Chispa «Sin Americo».


Nadie como el gobierno federal mexicano nos está dando pruebas de la colusión entre Morena y el crimen organizado

Ayer por la mañana, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció la detención de Édgar Rodríguez Ortiz “El Limones”, quien combinaba sus actividades delictivas en la organización deLos Cabrera afiliada a La Mayiza del cártel de Sinaloa, con su función como secretario de organización en Durango de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, la central obrera de Morena fundada por el polémico diputado federal Pedro Haces.

No es algo menor: es el gobierno morenista señalando a un dirigente del sindicato morenista de pertenecer al crimen organizado. Una prueba más de esa colusión.

En estas Historias de Reportero el 18 de septiembre pasado, le adelanté que después de las detenciones de Hernán Bermúdez, que implicaba a Adán Augusto López, y del vicealmirante Manuel Farías Laguna, que implicaba a su tío, el exsecretario de Marina de AMLO, “el que sigue en la lista es Édgar Rodríguez Ortiz El Limones, dirigente en Durango de la organización sindical morenista CATEM. Está acusado de extorsiones, lavado de dinero, tráfico de drogas, empresas fantasma, clonación de tarjetas. Un rosario que han denunciado empresarios y organizaciones de la sociedad civil”. 

Me dijo ayer una fuente federal: no hay empresario ganadero o agricultor en Durango y Coahuila que no haya recibido atroces mensajes de Whatsapp de El Limones, intimidando, amenazando para extorsionar. Los empresarios locales habían denunciado que exigía una cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado, cobraba piso hasta en las taquerías, se apropiaba de las obras públicas y controlaba incluso los alcoholímetros. Deben sentirse aliviados. 

En Durango y Coahuila todos saben que El Limones era el operador del secretario general de la CATEM ahí, Nassael Armando Cobián Duarte. Con una mano movía la droga o realizaba las extorsiones, y con la otra sumaba votos para Morena: hace poco operó que el sindicato del sistema de aguas de Gómez Palacio, Durango, dejara al PRI para irse con la morenista CATEM.

El líder nacional y fundador de la CATEM, el diputado federal de Morena, Pedro Haces, trató de deslindarse de El Limones. En un video que derrocha cinismo, negó que este personaje tuviera vínculo alguno con su sindicato. A los pocos minutos en redes sociales estaban circulando un montón de fotos de El Limones portando la playera con el logo de la CATEM, con la gorra de la CATEM, con la bandera de la CATEM, en mítines de Morena y hasta sonriendo al lado de Pedro Haces. 

La lista de la impunidad-Sheinbaum va creciendo: caen los sobrinos, pero no el almirante Ojeda; cae Bermúdez Requena, pero no Adán Augusto; cae El Limones, pero le apuesto a que no cae Pedro Haces. La lista de los protegidos VIP de este gobierno se vuelve cada vez más costosa. 

Con informacion: ELUNIVERSAL+/CARLOS LORET/

«FUE al MITIN de MORENA y…YA NO REGRESO»: «JOVEN REGIDOR de REYNOSA es TAN SOLO una VICTIMA MAS de un MISMO PATRON DELICTIVO en la CDMX»…una urbe cada vez mas peligrosa.


La última vez que vieron con vida a Brayan Nicolás Vicente, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, caminaba por Paseo de la Reforma en Ciudad de México, acompañado de dos jóvenes, los principales sospechosos de su muerte. Vicente, de 30 años, había viajado a la capital para asistir al Zócalo a la conmemoración de los siete años de la llegada de Morena al poder. 

Al día siguiente, el pasado 7 de diciembre, trabajadores de limpieza del edificio donde se hospedaba, encontraron su cuerpo dentro del departamento que había rentado para pasar unos días en la colonia Tabacalera.

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran a Vicente junto a dos hombres, con los rostros cubiertos con cubrebocas, en el elevador del edificio. Dos horas más tarde, los sujetos salen del lugar. Desde el WhatsApp del regidor de Morena pidieron transferencias bancarias a sus contactos. Además, usaron sus tarjetas de crédito para algunas compras en el Estado de México e hicieron al menos ocho retiros de dinero en efectivo. Sus familiares y amigos se dieron cuenta por los mensajes y llamaron a la policía.

La noticia de la muerte de Vicente se confirmó horas más tarde. Desde su cuenta de Facebook, el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, publicó en sus redes sociales: “Su partida deja un vacío en nuestra comunidad, pero también el recuerdo de su dedicación y servicio”. Su cuerpo presentaba signos de violencia, aunque no se ha dado a conocer la causa exacta de la muerte. La Fiscalía capitalina investiga el caso.

Este lunes, Pedro Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó de la detención de Yael, de 20 años, presuntamente implicado en el homicidio. Fue arrestado en la Gustavo A. Madero, cargando 31 bolsas con marihuana, cristal, distintos teléfonos y cuatro tarjetas bancarias. Entre ellas, tarjetas que coincidían con las del político. La SSC detalló que Yael y otro hombre llegaron con Brayan al departamento y se retiraron juntos poco antes de las ocho de la mañana del día 7.

Se trata de un patrón ya conocido en la capital. Hombres o mujeres que contactan a sus víctimas en bares o aplicaciones, las drogan, agreden, roban sus pertenencias y huyen. Una de las apps utilizadas en casos similares es Grindr, con una dinámica de ligue y encuentros sexuales orientada a la comunidad LGTBIQ+, que facilita contactos rápidos y citas improvisadas. La interacción es para encontrar personas cercanas y mensajes breves, sin necesidad de aportar datos personales. En ese contexto, los agresores pueden crear perfiles falsos, usar fotografías robadas y acordar encuentros. Usuarios de Grindr han denunciado ese tipo de agresiones al citarse con personas por la aplicación. Muchas víctimas prefieren no denunciar por miedo al estigma y los casos que llegan a las autoridades suelen ser investigados como robos, incluso cuando hay indicios de agresiones sexuales o violencia física.

Vicente era un funcionario joven. Desde octubre del año pasado, coordinaba la Comisión de Igualdad de Género, un espacio desde el que impulsaba proyectos de educación sexual, prevención de violencias y defensa de derechos LGTBIQ+. En sus redes sociales mezclaba publicaciones de su trabajo institucional y su vida cotidiana, como mensajes sobre diversidad, fotografías y memes. Su última publicación fue una advertencia sobre los riesgos ambientales y urbanos de instalar una planta de amoniaco en una zona poblada de Reynosa. “Hay cosas que, por llamarlas verdes, no necesariamente son buenas”, escribió.

Desde Tamaulipas otros políticos, activistas y organizaciones han condenado el asesinato. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México escribió que su compromiso con las juventudes era “incansable”.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO

«JUEZ,PARTE y VERDUGOS»: «ACUSAN AGANDALLE MILITAR con CARA de ATROPELLO en AEROPUERTO del NORTE en MONTERREY CREYENDO que estan en VENEZUELA»…un «procedimiento” que en cualquier otra parte se llamaría despojo.


El atropello sigue teniendo el mismo uniforme y la misma insignia: la del poder que se viste de verde olivo para despojar con sellos oficiales a quienes levantaron con sudor y ahorro cada metro de sus hangares. En el Aeropuerto del Norte, la DEFENSA juega a ser juez, parte y verdugo: reclama como suyo lo que nunca edificó, exhibe su abuso bajo el disfraz de “administración federal” y llama “procedimiento” a lo que en cualquier otra parte se llamaría despojo. 

La impunidad militar ya no se limita a los cuarteles ni a las calles:
 ahora toma por asalto los talleres de mecánicos, los sueños de pilotos y el trabajo de cooperativistas que construyeron un patrimonio legítimo antes de que los generales descubrieran el negocio del aire. 

Desde el poder de las armas se impone lo que ni el diálogo ni la ley avalan. Y mientras tanto, la justicia civil se mantiene muda, como si temiera recordar que incluso los soldados deberían rendir cuentas cuando se convierten en mercaderes del espacio público. 

Porque esto no es orden: es rapiña con sello militar. Y México, una vez más, parece dispuesto a voltear la vista cuando el despojo lleva uniforme.

El por que del titulo:

Cuando el Ejército administra, legisla y ejecuta sobre el mismo terreno, el Estado de derecho deja de ser suelo firme y se convierte en campo de maniobras. Los usuarios del Aeropuerto del Norte lo saben: enfrentan no a una autoridad civil que dialogue, sino a una autoridad militar que ordena, exige y amenaza.

“Juez, parte y verdugos” no es metáfora: la DEFENSA dicta las reglas, interpreta los contratos y firma los desalojos. Reclama como propio lo que no edificó, eleva rentas con criterios opacos y, ante la protesta, responde con la frialdad del expediente y el peso del uniforme.

Los particulares acusan un atropello, pero el atropello tiene rostro institucional y botas bien lustradas. Es el reflejo de un poder que parece creer que gobierna un territorio enemigo y no una nación con leyes. A los cooperativistas del Aeropuerto del Norte se les trata como intrusos en sus propios hangares, como si el simple hecho de cuestionar al Ejército los colocara fuera de la patria.

El paralelismo con regímenes autoritarios como Venezuela no es gratuito. Cuando los ciudadanos deben defender su propiedad del propio Estado, y los procedimientos disfrazan los despojos, el discurso del orden se vuelve idéntico al del abuso. México no es Venezuela, pero algunos mandos actúan como si quisieran ensayar esa versión castrense del poder absoluto: el que no necesita rendir cuentas porque confunde obediencia con justicia.

Así, “Juez, parte y verdugos” no sólo nombra una arbitrariedad puntual. Nombra un país en riesgo de acostumbrarse al ruido de las botas donde debería escucharse la voz del derecho.

Con informacion: ELNORTE/