Tanto en México como en Estados Unidos ya se dieron cuenta de lo obvio: las carreteras mexicanas son una ruleta rusa donde el Estado mira para otro lado y luego presume tratados comerciales como si aquí no se estuviera desangrando la cadena logística. No es sólo un problema de robos; es la radiografía de un país que presume T-MEC mientras permite que el crimen —uniformado o no— administre los caminos.
Impunidad con sello institucional
Que el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos, con gigantes como UPS, Coca-Cola, Ford, IBM y HP, tenga que pedirle al gobierno de Donald Trump que meta el tema del robo de carga en la revisión del T-MEC 2026 es, en sí mismo, un acta de acusación contra el Estado mexicano. Las empresas no están hablando de “incidentes aislados”, hablan de costos crecientes, rutas inviables y riesgo real para invertir en México.
Cuando ese lobby empresarial pide que Washington obligue a México a “asignar recursos adicionales” y adoptar “medidas concretas de seguridad” para proteger el transporte de carga, lo que está diciendo en lenguaje diplomático es: el gobierno mexicano no controla su territorio y no es confiable como socio logístico. Y cuando señalan que el problema pega directo al Capítulo 7 del T-MEC —el de facilitación del comercio—, traducen el desastre de las carreteras en un riesgo formal para el acuerdo que la clase política vende como trofeo.
El costo de la ineptitud
Las empresas estadounidenses advierten que los robos ya no son un problema “local”, sino una bomba de tiempo que atraviesa fronteras: encarece seguros, revienta calendarios de entrega y obliga a rediseñar cadenas de suministro completas. Cada tráiler que no llega no es solo mercancía perdida: son líneas de producción detenidas, contratos en riesgo y países competidores frotándose las manos.
Cuando alertan que el robo de carga se traduce en “riesgos de inversión para México”, están diciendo lo que el gobierno se niega a admitir: ningún inversionista serio quiere meter millones en un país donde un embarque puede desaparecer entre una caseta y un retén fantasma, mientras las autoridades discuten planes y “estrategias integrales” que no pasan de papel.
Carretera: tierra de nadie
En México, los que viven el infierno no son los despachos de abogados del T-MEC, son los operadores. Baltazar Valdez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, lo dice sin anestesia: las carreteras están fuera de control, la extorsión es imparable y no es solo el crimen organizado; también son los tres niveles de gobierno usando el uniforme como licencia de cobro.
Los traileros pagan doble peaje: el de los grupos armados y el de los policías —federales, estatales y municipales— que convierten cada parada en una ventanilla de extorsión con “cualquier pretexto”. Mientras tanto, los operadores ponen el cuerpo: son asaltados, golpeados, desaparecidos y asesinados, y la estadística oficial se diluye en comunicados de “coordinación interinstitucional”.
Sheinbaum, T-MEC y el “Plan México”
Desde el sector privado mexicano, voces como la de Andrés Franco, de Comce Noreste, están pidiendo que la seguridad de los transportistas se incluya tanto en el llamado “Plan México” de la presidenta Claudia Sheinbaum como en la agenda del T-MEC. La petición es casi una súplica: que el tema deje de ser tratado como asunto de nota roja y se asuma como lo que es, un riesgo sistémico para el comercio exterior.
El mensaje de fondo es brutal: de nada sirve presumir nearshoring, parques industriales y récords de exportación si un tráiler cargado puede no llegar jamás a la aduana. Sin un Estado que recupere las carreteras —no con discursos, sino con presencia efectiva, cadenas de mando claras y castigo real a autoridades coludidas—, cualquier promesa de competitividad regional es puro PowerPoint.
Carreteras rojas, Estado ausente
Mientras Washington toma nota y las grandes empresas ponen condiciones, en el kilómetro real las reglas ya las dicta quien tiene armas, retenes y complicidad oficial. La “soberanía” se vuelve chiste cuando son corporativos extranjeros los que exigen seguridad que el propio gobierno mexicano no quiso garantizar por convicción, sino que ahora tendrá que improvisar por presión.
El robo a transporte de carga no es solo otra cifra de delincuencia: es el indicador perfecto de un país donde el Estado de derecho se suspendió en la práctica. Y mientras se discuten anexos del T-MEC y planes sexenales, los operadores siguen saliendo de base sin garantía de regreso. Esa es la verdadera letra chiquita del comercio exterior mexicano.
Con informacion: ELNORTE/
