El Diario Español EL PAIS,de manera puntillosas acaba de referir al escándalo del narco General Ex-Secretario de Defensa,Salvador Cienfuegos,que con una inusitada acción del gobierno complice de la republica,comprobó su probidad con inusitada premura.
El artículo denuncia una grave manipulación política del sistema jurídico mexicano para proteger al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, vinculado a narcotráfico y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Expone cómo las instituciones priorizaron intereses políticos sobre la justicia mediante tres mecanismos clave:
1. Archivo express de investigación por narcotráfico
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró en solo 72 días la carpeta contra Cienfuegos tras su detención en EUA en 2020, alegando “falta de pruebas”. Este procedimiento acelerado contrasta con la gravedad de los cargos por presuntos vínculos con cárteles.
2. Falsa justificación legal para no investigar
El fiscal Alejandro Gertz Manero quien ha sido un notorio fracaso al frente de la Fiscalía General de la Republica (FGR),argumentó que “solo actúa por denuncias presentadas”, afirmación que el artículo desmonta citando el Código Nacional de Procedimientos Penales que permite -y obliga- a investigar de oficio delitos graves como homicidios o desapariciones forzadas.
Contradicción clave:
| Situación | Acción requerida por ley | Acción real de FGR |
|---|---|---|
| Desaparición Ayotzinapa | Investigación de oficio | Archivo sin indagar a mandos superiores |
| Narcotráfico | Actuar con evidencias internacionales | Cierre rápido sin profundizar |
3. Encubrimiento documentado en caso Ayotzinapa
El informe 2023 del GIEI aportó:
- 100 páginas de indicios sobre participación militar
- Pruebas de ocultamiento de información por Sedena
- Base legal para considerar a Cienfuegos corresponsable como superior jerárquico según la Ley General de Desaparición Forzada
Pese a esto, solo se imputó a mandos medios mientras se protegía al exsecretario, quien en 2015 declaró falsamente que “el Ejército no tuvo nada que ver”. El artículo subraya cómo este patrón revela:
- Colusión entre fiscalía y fuerzas armadas
- Doble rasero en aplicación de leyes
- Uso de tecnicismos legales para lavar imagen institucional
La crudeza del texto radica en demostrar que la impunidad no fue fallo técnico, sino diseño político para blindar a las cúpulas de poder, usando herramientas legales como armas de distracción masiva.
Que dice de manera textual el diario español,EL PAIS:
“….Derecho es complejo, por eso en muchas ocasiones es usado políticamente para confundir. El más reciente ejemplo de ello sucedió el pasado martes 11 de febrero en “La mañanera del pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En 2020, el Gobierno de Estados Unidos detuvo al general Salvador Cienfuegos derivado de una investigación en la que lo acusaban de probables vínculos con el narcotráfico. Como consecuencia de esa acusación, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, abrió una carpeta de investigación en contra del general Cienfuegos y en un tiempo récord de 72 días concluyó “el no ejercicio de la acción penal” por falta de pruebas.
El debate social se ha centrado en si el Gobierno de México acordó o no con el de Estados Unidos que la investigación contra Cienfuegos se llevara a cabo en nuestro país. Sin embargo, pasó casi desapercibido una declaración que dio el fiscal en la Mañanera al ser cuestionado sobre por qué no investigó antes a Cienfuegos: “La Fiscalía de la República solamente actúa por denuncias presentadas”, dijo. Esta declaración la repitió después en diversos medios de comunicación y es completamente falsa.
Imagínense ustedes que ante cualquier homicidio o ante los hechos recientes de violencia detonados por el narco en Sinaloa, la Fiscalía no pudiera actuar si nadie denuncia.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que la Fiscalía puede actuar de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia. De hecho, el fiscal debió iniciar una investigación contra el general Cienfuegos, incluso siguiendo su lógica de que necesitaba denuncia, porque la hubo.
En julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa (GIEI) presentó públicamente su sexto y último informe de labores titulado Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. En dicho documento, solicitan al Estado mexicano que el informe sea considerado como base de denuncia y dedican más de 100 hojas a aportar indicios probatorios que vinculan al Ejército mexicano con la desaparición forzada de los normalistas. Así mismo, refieren las causas que les impidieron llevar su investigación a los más altos niveles de responsabilidad entre las que destacan la negativa de aportar información por parte de diversas autoridades, entre ellas, la Secretaría de la Defensa.
Si bien es cierto que la Fiscalía ha acusado a miembros del Ejército, no lo ha hecho con el general Cienfuegos pese a que él era en ese momento secretario de la Defensa Nacional.
En este sentido la Ley General de Desaparición Forzada establece claramente que este delito se persigue de oficio, que deben ser investigados los servidores públicos que oculten información y que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito.
La participación de miembros del Ejército en la desaparición de los normalistas ha sido reconocida por el Gobierno mexicano incluyendo a la propia Fiscalía. En este sentido cobra relevancia la declaración pública de el general Cienfuegos que en 2015 dijo que el “Ejército no tuvo nada que ver”; declaración, ahora, evidentemente falsa.
Con informacion de: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PAOLA ZAVALA
