Suman 509 muertos que no tienen nombre. Sus cajas y tumbas son reconocidas con un número de serie y año que permite identificar el cadáver y el panteón forense donde fueron enterrados perpetuamente; además, las morgues del estado resguardan otros 382 cadáveres y restos óseos que próximamente pueden ser inhumados, una vez que concluyan los estudios científicos que permitan su futura identificación.
Estos son los muertos no identificados o no reclamados en los últimos ocho años que ha dejado la violencia del crimen organizado en Zacatecas, registrados por la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues fue hasta 2015 que se crearon dos panteones forenses en los municipios de Fresnillo y Guadalupe, los cuales tienen una superficie de 2.1 y 2.7 hectáreas, respectivamente.
Pese a que el fenómeno de la violencia tiene más de 15 años en la entidad, las autoridades de la FGJ de Zacatecas admiten que “antes de esa fecha no se cuenta con registros confiables de las cifras ni del destino final de los cadáveres, esto debido a que las inhumaciones eran en los panteones municipales, mezclados con las demás tumbas, donde estaban de manera temporal. Luego, los restos eran sacados y enviados a una fosa común, pero no se encuentran los registros”.
En los últimos años, el número de cadáveres sin identificar ha ido en aumento. Al menos el registro histórico de inhumaciones que proporcionó la fiscalía a EL UNIVERSAL revela que en 2015 fueron inhumados 18 cuerpos; en 2016 aumentó a 68; en 2019 se mantuvo en 65, pero en 2020 se duplicó a 134 cadáveres y en 2022 bajó a 67.
Sin embargo, en este 2023 el aumento fue notorio, ya que solamente el 29 y 30 de septiembre se inhumaron 88 cadáveres (81 hombres y siete mujeres), en donde un equipo multidisciplinario tardó 10 horas; desde que salieron del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses hasta que fueron depositadas las cajas en las 17 fosas del panteón forense de Fresnillo.
Tanto el fiscal Francisco Murillo Ruiseco como el antropólogo Saúl Escobedo Ochoa, jefe del Departamento de Identificación Humana, reconocen que toda esta problemática jurídica en materia de identificación humana forma parte de la gran crisis forense que ha impactado a todo el país.
Admiten que, en medio de las adversidades, por la carga de trabajo inusitada en los servicios forenses y los “presupuestos ajustados” desde 2017, las fiscalías enfrentan grandes retos con los nuevos lineamientos de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometidas por Particulares, que generó la creación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, así como el Banco Nacional de Datos Forenses.
Bajo este escenario destacan que recientemente se pactaron convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas que permitió a Zacatecas convertirse en el segundo estado en inscribirse al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
Saúl Escobedo subraya que con esas dos herramientas, en un mes, la FGJE digitalizó y envió al INE mil 984 registros de huellas dactilares de los cadáveres no identificados que datan de 2018 a la fecha.
De ese total, el INE ya realizó 40 cotejos con la posibilidad de que correspondan con alguno de los cuerpos. Al menos, 26 cadáveres del año 2020 que estaban en los panteones forenses ya fueron identificados y entregados a sus familiares, quienes en su mayoría son originarios de Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Los otros 14 cadáveres, dice, están en proceso de entrega o en la etapa de búsqueda de sus familiares, aunque admite que también se han encontrado con casos en que tras ser identificados, sus familias deciden no reclamarlos y prefieren que ahí se queden sin nombre en los panteones forenses.
Crisis forenses y presupuestales
Ante la crisis de identificación y análisis forenses, la fiscalía admite que urge aprovechar y cruzar bases de datos antemortem y postmortem para reducir el número de fallecidos no identificados. Murillo Ruiseco también advierte la importancia de “tener presupuestos sólidos” para lograr la identificación masiva.
“Todo implica gasto: la búsqueda, la investigación y la identificación”, por ende la necesidad de fortalecer a los servicios forenses, las unidades especializadas de investigación y de atención a la desaparición forzada.
“Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a través del programa forense, recibimos 20 millones de pesos cada año sólo para comprar los puros reactivos para el área de periciales, laboratorio de química y genética forense, pero si el próximo año desapareciera este fondo federal no tendríamos para comprar los reactivos que son muy caros”, dice el fiscal.
José Luis Jiménez, director general de Servicios Periciales, explica que en los equipos de periciales el costo por el mantenimiento anual es de 7 millones de pesos, pero con los demás equipos se eleva hasta 15 millones. Para dimensionar los costos, refiere que si a un cadáver se le toman muestras para confirmar si tienen residuos de disparos de arma de fuego se usa un equipo que cuesta 7 millones de pesos, mientras que los reactivos del área de genética forense cada prueba cuesta 22 mil.
“Y todos los estudios forenses se deben realizar porque mientras no se apliquen no se pueden enviar a los panteones forenses”, subraya.
Cada que se obtiene un perfil genético también se ingresa a la base de datos estatal, donde a la fecha suman mil 534 perfiles de cadáveres no identificados y de familiares que piden la colaboración a través de Rodrigo Rosas, fiscal especializado para la Atención de Desaparición Forzada, además de remitirse a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ingresen al Sistema de Índices Combinados de ADN.
Presuntos responsables
Juan Carlos Valdivia, vicefiscal de Investigación, confirma que prácticamente todos los cadáveres sin identificar fueron localizados en lugares de enfrentamientos o en hechos relacionados con el crimen organizado y las carpetas de investigación avanzan cuando logran ser identificados, pero no se cierran porque su área investiga a los presuntos responsables.
Francisco Murillo precisa que mientras no se concluyan todos los estudios, los cadáveres se resguardan en las cámaras frías. Actualmente, se contabilizan 189 cuerpos en la sede de Zacatecas y 31 en Fresnillo, mientras que en la osteoteca se depositaron 162 restos óseos secos, que no tienen tejido, o calcinados. En suma, son 382 que próximamente pudieran ser inhumados.
Detalla que “las inhumaciones se realizan de noche para no causar alarma entre la población” y se hacen bajo una serie de protocolos, en los que llegan a participar más de 50 personas.
Con equipos y medidas sanitarias, los forenses sacan los cadáveres de las cámaras frías y los depositan en cada una de las cajas a las que se les identifica con un número de serie; después son colocadas en un camión de carga y bajo un dispositivo de seguridad se llevan a los panteones forenses. Las inhumaciones terminan en las madrugadas.
El fiscal precisa que el mayor número de cadáveres se envían a Fresnillo, pues aunque el Panteón de Guadalupe está más cerca de la capital, el ayuntamiento fresnillense es el que ha proporcionado costos humanitarios en los servicios del panteón y la expedición de las actas de asentamiento de defunción emitidas por el Registro Civil.
En Fresnillo, el Panteón Forense está dentro del perímetro del camposanto de La Resurrección, el cual está cercado con malla ciclónica. Son cerca de 40 tumbas y en cada una pueden ser enterrados hasta nueve cadáveres, así se observa en las placas de cemento colocadas.
Este cementerio es un lugar gris, sin coronas, sin ninguna cruz, sin visitas. Cerca se ven nuevas fosas excavadas que a futuro serán ocupadas por los muertos sin nombre.
