A pesar de ser el gobierno con mayor variación del gasto entre lo aprobado y lo ejercido para esta partida, no fue el único que usó dinero de más. Otras 18 entidades destinaron más recursos de los que les aprobaron sus congresos locales a estos rubros, de acuerdo a un análisis realizado por Cuestione a las cuentas públicas estatales.
LIDER DE LAS DESHONROSAS DISTINCIONES
Y hay de todos los partidos: ocho estados tienen gobiernos panistas (Durango, Yucatán, Baja California Sur, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Aguascalientes, y Querétaro), seis son priístas (Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Zacatecas, Campeche y Oaxaca), dos de Morena (Veracruz y Chiapas), uno del PES (Morelos) y el gobierno de Jaime Rodriguez “El Bronco” en Nuevo León.
En conjunto, el sobregasto en publicidad oficial de estas 19 entidades ascendió a dos mil 164 millones de pesos, monto 22% mayor a lo gastado en la misma partida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el mismo periodo (mil 769 millones de pesos).
¿Y los demás?
En el otro extremo se encuentran trece entidades cuyo gasto en publicidad oficial fue menor a lo aprobado por sus Congresos locales, es decir tuvieron subejercicio en la partida de Comunicación Social y Publicidad.
De ellas seis tienen gobierno priísta (Estado de México, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Tlaxcala y Guerrero), tres son morenistas (CDMX, Puebla y Tabasco), dos son panistas (Baja California -el gobernador actual, Jaime Bonilla, es de Morena pero asumió el gobierno hasta noviembre de 2019- y Chihuahua), así como Michoacán (PRD) y Jalisco (Movimiento Ciudadano).
En conjunto, estas entidades no ejercieron casi 800 millones de pesos que sus Congresos locales les aprobaron para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet y otros servicios de información.
La importancia de la publicidad oficial
En entrevista con Cuestione, Paulina Castaño Acosta, investigadora del programa Justicia Fiscal en Fundar, explica que “en un sistema democrático, la publicidad oficial es el mecanismo idóneo entre el gobierno y la población para comunicar cuestiones relevantes que van a beneficiar a la ciudadanía”.
“Se fundamenta en el derecho a saber de la ciudadanía y en la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades”, añade Castaño y pone de ejemplo que a través de ella, las personas obtienen información sobre los planes de educación, las campañas de vacunación, cuestiones fiscales o de pago de impuestos.
Sin embargo, advierte que para fortalecer la democracia la asignación de la publicidad oficial a los medios “debe respetar criterios de transparencia, objetividad, equidad, idoneidad y no discriminación”, pues solo de esta manera se “puede tener una buena distribución de estos recursos públicos que permita conocer por qué se destinó cierto recurso a tal medio y a qué población va dirigida”.
Estos mecanismo fundamentales en las democracias, “en la actualidad no se tienen” en México, puntualiza la especialista.
La falta de transparencia estatal
“A nivel federal es mucho más fácil conocer el gasto en publicidad oficial”, asegura Paulina Castaño, y nos explica que en la Secretaría de la Función Pública tiene el sistema de comunicación social en el cual las dependencias van reportando su gasto en este rubro mes por mes.
Sin embargo, argumenta que a “nivel estatal es mucho más complicado, pues no tienen mecanismos de transparencia efectivos que permitan conocer cuál ha sido el gasto”. Además asegura que existe “muchísima opacidad y discrecionalidad sobre cómo se reparten estos recursos públicos”.
Respecto a esto, la experta recuerda que “por muchos años, la publicidad oficial fue la caja chica de los gobernadores. Se veía que se utilizaba como una herramienta para promocionar a funcionarios y gobernadores”.
Para Castaño, esto responde a la falta de regulación pues actualmente “los gobiernos toman las decisiones, planean, programan y ejecutan su presupuesto como ellos quieren”, lo que da pie a sobrejercicios que reflejan “que no están planeando y programando sus presupuestos, entonces se ven obligados a sacar más recursos para cumplir metas y objetivos”.
Sin embargo, la investigadora resalta que, a pesar de no ser deseable, estas modificaciones no son ilegales, pues “la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo permite, a través de las adecuaciones presupuestarias”. Con ellas, las entidades le piden más recursos a Hacienda para cumplir sus metas de publicidad y, usualmente, Hacienda es la que autoriza todas estas adecuaciones, asegura Castaño.
El largo camino a la transparencia en las entidades
Falta mucho para lograr la transparencia en el gasto en publicidad oficial, pero el primer paso que se requiere es que “las autoridades realmente deben asumir la obligación de transparentar esta información. Al ser recursos públicos que provienen de nuestros impuestos, la población tiene derecho a saber cómo se están ejerciendo”, comenta Paulina Castaño.
Además afirma que “los principales esfuerzos de transparentar esta información han surgido desde la sociedad civil”, pero recuerda que sin la voluntad de los gobiernos, muy poco se ha logrado avanzar en el camino de transparentar no sólo el gasto en publicidad, sino el gasto en general de los gobiernos estatales.
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Fuente.-Omar Gonzalez/
