México ha vivido episodios de represión a través de su larga historia. Uno de los más tristes, a pesar de que inició hace 50 años, es el que se vivió durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien gobernó de 1970 a 1976. Aquí te contamos algunos momentos oscuros de ese periodo...
Todo comenzó, incluso, antes de que fuera presidente. Luis Echeverría era el secretario de Gobernación durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). De hecho, según dictaminó en 2006 el magistrado federal José Mattar Oliva, Echeverría fue el autor intelectual de la masacre de Tlatelolco en 1968.
Pero eso no se sabía cuando, en 1970, ganó las elecciones para la presidencia de la República con el 84.63% de los votos, apoyado por el PRI, el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Su única oposición fue la de Efraín González Morfín, candidato ese año del Partido Acción Nacional (PAN).
Era la época en la que el presidente designaba a su sucesor prácticamente sin resistencia. El historiador Daniel Cosío Villegas en su ensayo “El estilo personal de gobernar”, explica que la designación de Echeverría “lejos de haberse hecho a la luz del día y en la plaza pública, se produjo dentro de la oscuridad y en el silencio del pasillo o de la cámara real”.
Por otro lado, la politóloga Angélica Cuellar Vázquez explica que la designación de Echeverría fue una reacción que necesitaba el PRI, ya que “representó el último intento desde el poder, de llevar a cabo un ajuste de cuentas con el pasado inmediato y recuperar el nacionalismo revolucionario como el eje político”.
El halconazo: el inicio de la represión
Pues bien, eso nos llevó al 10 de junio de 1971, cuando el país vivió una nueva brutal represión en contra de una manifestación de estudiantes. Esa tarde una multitud de jóvenes marchó, en el centro de la Ciudad de México, exigiendo condiciones más democráticas en sus universidades.
De acuerdo con la crónica de Emiliano Pérez Cruz, los Halcones -un grupo de paramilitares al servicio de o que entonces era el Departamento del Distrito Federal- disolvió la marcha a pedradas para después emboscarlos y “soltarles ráfagas de metralla”.
De hecho, en la recopilación que hizo el periodista Carlos Marín para el semanario Proceso, en 1981, cuenta que, según la revista estadounidense Time, mil halcones llevaron a cabo movimientos con táctica militar, entrenados en el arte japonés de luchar con varas de bambú y “durante todo el incidente la policía no dio un paso para intervenir”.
Aunque las cifras oficiales hablan de 120 muertos, según Pérez Cruz, los Halcones también secuestraron a los manifestantes heridos que ya eran atendidos en el hospital Rubén Leñero.
A partir de entonces, la batalla se pasó a los discursos, radicalizando cada vez más a los opositores. Según el historiador Camilo Vicente Ovalle, desde 1970, la creación del enemigo político se dio por un proceso de sustitución de términos.
Por ejemplo, al joven rebelde se le llamó ladronzuelo; a los subversivos, frustrados e inconformes con Echeverría; a los grupos guerrilleros y a los movimientos sociales radicalizados se les llamó organizaciones gangsteriles, ramificaciones no ya del comunismo internacional, sino miembros del hampa internacional.
De nuevo, de acuerdo con Vicente Ovalle, la lógica echeverrista que justificó la represión en su sexenio fue la siguiente: “si esos grupos fueran verdaderamente guerrilleros serían revolucionarios, y si fueran verdaderamente revolucionarios estarían con el gobierno de la revolución [PRI], pero como no lo están, ni son revolucionarios, ni son guerrilleros: son pandilleros, gavilleros, desviados, bandoleros”.
La guerra sucia
Es así como entramos a la represión sistemática del gobierno contra los movimientos sociales inconformes.
Según publicó en 1982, el exguerrillero Gustavo Hirales, esta “guerra secreta” que arrojó más de 1,500 muertes se debió a que se habían “cerrado las vías pacíficas al cambio revolucionario y no quedaba más opción que la lucha armada”.
Varios integrantes de movimientos sociales y de partidos políticos clandestinos dejaron sus ciudades para unirse a ejércitos guerrilleros en el interior del país, como la Asociación Cívica Guerrerense de Genaro Vázquez, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero o la Liga Comunista 23 de Septiembre, en Sonora y Chihuahua.
Estos movimientos se enfrentaron a una sistemática persecución y a encarcelamientos políticos, tortura, asesinatos… hubo pueblos ocupados por el Ejército e ilegalización de agrupaciones políticas y sociales.
Además, según escribe Camilo Vicente Ovalle, también se enfrentaron a “la expresión máxima de esta violencia, que la caracteriza de manera definitoria: la desaparición forzada de personas.
De acuerdo con el informe de 2006, de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), entre 1970 y 1982, el Ejército Mexicano y las fuerzas de seguridad realizaron más de 15 mil detenciones ilegales de activistas políticos.
Además, se documentaron 1,421 casos de tortura, el encierro de 1,650 personas en cárceles clandestinas, 100 ejecuciones y 797 denuncias por desaparición forzada.
Entre los métodos utilizados para interrogar a los detenidos se documentaron los toques eléctricos, el “pocito” (inmersiones en agua hasta el punto de la asfixia) y “tehuacanazos” (agua mineral con chile piquín en la nariz).
Otros métodos utilizados, según el informe de la Femospp, eran “las agujas clavadas en las uñas, laceraciones en el cuerpo, objetos introducidos en ano y vagina, violaciones frente a los hijos y cónyuge, tormentos a menores de edad, simulacros de fusilamiento y ‘el pollo rostizado’ que provocaba la castración”.
La Femospp desapareció en 2007 con solo una condena procesada.
De acuerdo con Ricardo Ravelo, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) tuvo un papel activo en estas desapariciones y torturas.
Esta oficina fue creada en 1947, durante el sexenio de Miguel Alemán, como un cuerpo armado al servicio directo del presidente. Era una policía política. Según Ravelo, la instrucción que recibió el coronel Marcelino Inurrieta fue: “Quiero a los mejores. Algo así como un FBI de huaraches”.
Este organismo se convirtió en una policía secreta experta en persecución y aniquilamiento de quienes eran considerados enemigos del Estado. También se volvió experta en realizar espionaje a los sospechosos del régimen, según los Archivos de Bucareli publicados por la revista Nexos en 1998.
La DFS desapareció en 1985, de acuerdo con Ravelo, después “de comprobarse la corrupción y las arbitrariedades cometidas por sus directores, jefes y agentes”, al grado de que “narcotraficantes, como Rafael Caro Quintero y sus guardaespaldas, portaban credenciales de la DFS”.
El golpe a Excélsior
En el sexenio de Luis Echeverría no solamente se persiguió a opositores políticos, también se hostigó a periodistas, atentando contra la libertad de expresión. Esto lo ejemplifica el emblemático caso del golpe al periódico Excélsior.
En el ensayo “La crisis y la tregua”, el sociólogo Julián Labastida menciona que Luis Echeverría, siendo presidente de la República, intervino en la cooperativa de dicho periódico “a través de asambleas manipuladas y la intimidación al cuerpo directivo mediante grupos armados”.
Hasta que el 8 de junio de 1976, con la manipulación de cooperativistas y el uso de sicarios, un segmento del periódico alineado con el gobierno tomó el periódico y obligó la salida de su director Julio Scherer.
Esto resulta relevante porque durante ese sexenio, según Labastida, Excélsior era el único medio que cuestionaba las acciones del presidente, “fue un fenómeno político importante porque permitió el ejercicio de la crítica de la información y el análisis político”, en una época en que esto no sucedía.
En entrevista con Cuestione, Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, comenta que este acto “fue un parteaguas en el México moderno, a partir de ahí comenzó a resquebrajarse el control casi absoluto del gobierno sobre los medios de comunicación”.
¿Por qué es importante recordar este episodio?
En septiembre del año pasado, Olga Sánchez Cordero declaró que “el actual gobierno habrá de garantizar en todo momento la vida, la libertad y la integridad personal de todas y todos, pues aspiramos a ser un país donde nunca más se vuelva a torturar”.
Por lo tanto, para Leopoldo Maldonado, se debe actuar en consecuencia, “no basta el reconocimiento público, se tienen que tomar medidas para esclarecer la verdad histórica, reivindicar la memoria de las víctimas y garantizarles verdad, justicia y reparación a los y las sobrevivientes”.
En cuanto al tema de la libertad de expresión, Maldonado opina que es importante recordar el sexenio echeverrista para no repetir “la relación perversa entre prensa y poder político y comenzar a caminar en una relación más democrática, plural, incluyente, que garantice la independencia editorial”.
En el panorama general, es necesario voltear al pasado, explica Maldonado, no solamente para evitar que ocurran las mismas atrocidades, sino también para desmontar lo que quede del sistema autoritario, “ampliar las vías de comunicación y de acceso a la información para la población, pues solamente así estaremos en posibilidad de una verdadera transformación democrática”.
Un episodio oscuro que nos muestra que México no está exento del ascenso de un régimen represor, y hay que tenerlo presente, para que no se vuelva a repetir.
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