Una prebenda inconstitucional llegó a su fin: pagar las onerosas pensiones de los expresidentes de México será, de ahora en adelante, un delito, tal como lo establece la reforma al artículo 127 de la Constitución, promovida por el diputado Pablo Gómez. Si Peña Nieto les quiere pagar este mes a los exmandatarios (o a sus viudas), “va a correr un riesgo”, advierte el morenista.
Para Ernesto Villanueva, autor con Hilda Nucci del libro Los parásitos del poder, de Ediciones Proceso, lo que urge ahora es legislar sobre los conflictos de interés en que incurren los exmandatarios.
Se acabó: los privilegios inconstitucionales e ilegales de los expresidentes de México, emblemáticos del patrimonialismo y el abuso del dinero público de la alta burocracia, han sido jurídicamente eliminados en vísperas de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado.
Pero más que el ahorro económico por estos privilegios, estimado en 5 millones de pesos al mes, esta decisión marca el inicio del desmantelamiento del “Estado corrupto”, advierte el diputado federal Pablo Gómez Álvarez, autor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en vigor desde el martes 6, que ha cimbrado a la alta burocracia.
“Para luchar contra el Estado corrupto (…) se debe empezar pegándole a los mecanismos emblemáticos del Estado corrupto”, subraya el legislador de Morena, quien afirma que los desproporcionados ingresos de los expresidentes eran ofensivos ante la miseria del sistema pensionario de México.
“En la cúspide de la burocracia dorada estaban ellos y el simbolismo de quitarles la pensión es acabar con esa concepción de que la burocracia dorada tiene derecho a todo”, subraya el también autor de la reforma constitucional que, desde 2009, prohibía estos abusos y que, con la nueva ley, establece que pagar las pensiones implica delito, inclusive para Enrique Peña Nieto.
“Las pensiones siempre han sido ilegales, pero hace nueve años, cuando entró en vigor la reforma al artículo 127 de la Constitución, quedaron en condición de inconstitucionalidad y ahora pagarlas es delito. Entonces si Peña les quiere pagar noviembre, va a correr un riesgo.”
–¿Incurriría en responsabilidad?
–Puede… podría.
La ley define –en sus artículos 127 bis y 127 ter– los delitos que se cometen por el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, que se castigan inclusive con cárcel.
El 127 bis establece que “además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita (…) el servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley”.
Como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional, dispone en su artículo 10 que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, las pensiones presidenciales quedaron proscritas.
Ahora, conflictos de interés
Y es que los privilegios de los expresidentes se fundaron, desde su origen, en simples acuerdos que ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por lo que nunca tuvieron validez legal.
A partir de 1976, al concluir el sexenio de Luis Echeverría, los expresidentes disfrutan, además de una pensión equivalente a la de un secretario de Estado –205 mil pesos actuales–, de aviones, vehículos blindados, funcionarios con sueldos de hasta subsecretario, cientos de guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial (EMP), servicio médico militar, pago de predial, telefonía, choferes y hasta jardineros (Proceso 2163).
En ningún país, ni en Estados Unidos, existen los privilegios de los que han gozado José López Portillo y Miguel de la Madrid, ya fallecidos, así como Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes ahora deberán vivir sólo con sus propios recursos.
A excepción de Echeverría y Salinas, Zedillo, Fox y Calderón siguen trabajando y perciben ingresos.
Calderón cobró 8 millones 267 mil 515 pesos por honorarios sólo en 2016, como declaró su esposa, Margarita Zavala. Es miembro del consejo de administración de Avangrid, empresa ligada a la española Iberdrola.
Fox, además de controlar los donativos y negocios del Centro Fox, tiene ingresos como conferencista e inversionista en el sector energético, en la empresa EIM Capital, y él mismo ha anunciado que, una vez que se legalice, incursionará en el negocio de la mariguana.
Zedillo, a su vez, ha sido miembro de la Junta Directiva de Citigroup, del consejo ejecutivo de Procter & Gamble, de la fundidora de aluminio Alcoa y de Union Pacific, concesionaria de Ferrocarriles Nacionales de México; mantiene en secreto el monto de sus honorarios.
Justamente por eso Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor, con Hilda Nucci, de Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, anticipa que, una vez que se acabaron los abusos de los que han ocupado la Presidencia de México, es urgente legislar sobre sus conflictos de interés.
“Un tema muy importante que se ha dejado de lado ante la avalancha y lo oprobioso de los privilegios de los expresidentes, pero que está en la lógica del cumplimiento del estado de derecho y de las mejores prácticas internacionales, es el tema del conflicto de interés”, subraya y pone el caso de Zedillo, quien trabaja para empresa de ferrocarriles que él privatizó.
“Resulta que es una empresa trasnacional que invirtió en México y de pronto el señor Zedillo se va de miembro del consejo de administración y gana una cantidad impresionante”, reprueba el académico, y afirma que, por la información privilegiada que tiene un expresidente, es necesario que sea regulada su actividad, así como la de los miembros de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“Es una segunda batalla. Hay también que regular esto. Eso todavía nadie lo ha identificado, pero va a ser el segundo paso. Ellos creen que ya terminó todo, al fin que nadie se ha dado cuenta, pero vamos sobre eso”, subraya Villanueva, y puntualiza que los expresidentes, como Peña, que ya no recibirá ni un mes de pensión, tienen que trabajar para vivir.
“Que trabajen como lo hace Bill Clinton, con conferencias, y el propio Barack Obama”, aconseja el académico; señala que, aunque la ley es sólida, podría haber jueces que presenten impugnaciones que, “en una lógica absurda”, ellos mismos se resuelvan mutuamente.
Y más: “La estrategia del Poder Judicial, hasta donde sé, es buscar que sean organismos internacionales los que hagan presión al gobierno de Andrés Manuel para que desista en el caso del Poder Judicial, argumentando o tratando de identificar independencia judicial con altos sueldos, que nada tiene que ver”.
“Estado corrupto”
Gómez Álvarez y Villanueva coinciden, en entrevistas por separado, que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde el martes 6 –a menos de un mes de la toma de posesión de López Obrador–, tiene solidez jurídica y pone punto final a los abusos presidenciales.
En el caso de las pensiones, Salinas y Zedillo renunciaron a ellas; Calderón donó el monto total, a partir de febrero de 2017, a la fundación Aquí Nadie se Rinde, que atiende a niños con cáncer, mientras que las viudas de López Portillo y de De la Madrid, Alejandra Acimovic Popovic (Sasha Montenegro) y Paloma Cordero Tapia, reciben 80% neto del sueldo total.
Las pensiones pudieron haberse proscrito desde que, en 2009, se aprobó la iniciativa de Gómez, cuya fracción IV del artículo 127 dispone que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.
Esta última parte, la referida a la seguridad, la propuso el PRI en las negociaciones, pero pasó el tiempo y nada se hizo, pese a que la propia disposición ordenaba al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados expedir leyes para hacer efectivo el contenido de ese artículo y para sancionar su incumplimiento.
“¿Quién cumplió? Nadie, ni un estado ni el Congreso de la Unión. ¡Nueve años de omisión, de desobedecer este precepto! Además, el transitorio del decreto de aprobación del artículo 127 les daba un plazo de 180 días al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. ¡Pasaron nueve años! Y todavía están de chillones, no querían que se aprobara”, cuenta Gómez.
–¿Quiénes se opusieron?
–El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, todos.
Aunque está contento con la eliminación de las pensiones a los expresidentes, “ya se acabó”, Gómez advierte que lo complejo será aplicar la ley a los funcionarios del sistema financiero del Estado que reciben, también “ilegalmente”, pensiones millonarias, como a José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y ahora secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
“Están fuera de la ley”, dice, “porque se liquidaron y se pensionaron sólo mediante disposiciones internas aprobadas por sus órganos de gobierno”.
“Pasaban por los bancos, porque los presidentes los mandaban ahí a terminar su carrera de financieros del Estado, y les contaban la antigüedad de todos los puestos que habían tenido en Hacienda y en las secretarías. A Gurría le contaron desde que iba por las tortas, siendo estudiante, en la Secretaría de Hacienda, ahí empezó a trabajar.”
–¿Implica mucho dinero?
–Es bastante. Tienen su propio sistema pensionario, pero como no hay decreto legislativo ni ley, son resoluciones tomadas por los órganos de gobierno del sector financiero, de la banca y de las demás dependencias financieras del Estado, no sabemos ni siquiera cuántos son ni quiénes son.
Advierte: “Eso se va a acabar, porque están fuera de la ley, aunque ya estaban fuera de la Constitución. Cuando yo decía esto, me respondían: ‘Bueno, pero como no hay ley reglamentaria y tampoco hay sanciones, nos vale’. Ahora ya las hay. Las sanciones administrativas ya las puedes ver en la ley y penales también ahí”.
Y concluye: “No se trata de dejar de gastar solamente por la cuantía, sino por la indecencia del gasto. No son prestaciones decentes cuando la inmensa mayoría de los servidores públicos tienen pensiones muy bajas, ni se vale que tengan pensiones que no hay en ninguna parte del mundo para servidores públicos”.
Gómez afirma que la eliminación de las pensiones presidenciales es sólo una parte del proceso de desmantelamiento del “Estado corrupto”, que incluye la eliminación en la Constitución de la partida secreta presidencial y del Ramo 23.
“Queremos eliminar el Ramo 23 también como un símbolo”, dice, y se emitirán leyes como la de austeridad y de la administración pública, que en el caso de los delegados en los estados sean enlaces de los gobiernos estatales ante la Federación.
“Lo que queremos evitar son las mordidas, el tráfico de influencias, el influyentismo, la tracalería. Porque el Estado corrupto es un fenómeno que, en buena medida, consiste en que la corrupción se convierte en forma de gobierno. Ese es el punto. En todos los Estados hay corrupción, pero no todos los Estados son corruptos. El mexicano sí es un Estado corrupto y, como tal, articula la gobernanza mediante la corrupción.
Calderón, el exceso
En Los parásitos del poder (Ediciones Proceso, 2015), Villanueva y Nucci acreditaron que los privilegios de los expresidentes de México no se tienen ni en los países más ricos. El volumen señala que los privilegios de los expresidentes nunca tuvieron sustento jurídico y por eso es fácil eliminarlos con la ley, pero lo que ayudó también fue el cambio en el reglamento del EMP que hizo Calderón el último día de su sexenio, cuando se aumentó a 425 los efectivos para el resguardo y seguridad de él y de sus familiares.
Michoacano como Calderón, a Villanueva le consta el despliegue del EMP para cuidar a la madre del titular del Ejecutivo: “Era un pelotón completo afuera de la casa de la señora, en el centro de Morelia. Y estas personas tenían que comer, se hospedaban en un hotel cercano, si bien de tres estrellas, pero había que pagar lavado de ropa y otros gastos”.
Era ostensible también el despliegue del EMP que cuidaba a Luisa María Calderón, sobre todo cuando fue candidata a gobernadora de Michoacán, en 2011 También Margarita Zavala era resguardada por muchos elementos, como a Villanueva le tocó verla en Veracruz este mismo año.
“Me tocó causalmente. Yo estaba en el mismo hotel y la gente que trabaja conmigo en seguridad identificó a toda la gente de seguridad disfrazados de paisanos. Contamos, nada más adentro, unos 25, además de los que estaban afuera, otros 10 por lo menos.”
Villanueva minimiza los señalamientos de personeros de Calderón en el sentido de que quitarle la custodia del EMP a los expresidentes pone en riesgo su vida y que el responsable será López Obrador.
“El presidente de la República no puede garantizar la seguridad de los expresidentes. Eso no está establecido en la Constitución ni en la ley, y en ningún lugar del mundo. Ese es simplemente un argumento psicológico, efectista para tratar de justificar lo injustificable y más en el caso Calderón.”
Además, dice, él debe hacerse cargo de las decisiones que tomó al margen de la ley, como el “michoacanazo” y la muerte que jamás se comprobó del narcotraficante Nazario Moreno. “Una persona debe ser responsable de lo que hace y más si lo hace al margen de la legalidad”.
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