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El Tribunal Superior Militar (TSM) admitió las pruebas del general Ricardo Martínez Perea en el juicio de Reconocimiento de Inocencia en su favor, sin embargo una vez más desistió citar a los testigos más importantes del caso (al ex presidente Vicente Fox y al ex secretario de la Defensa Clemente Vega García) sin argumentar su negativa.
De acuerdo con los abogados defensores, la audiencia estuvo plagada de irregularidades, comenzando por el hecho de que ésta se llevó a cabo un año después de haber promovido los recursos procesales para que se desahogara el Reconocimiento de Inocencia y se citara a una larga lista de testigos solicitados por el general Martínez Perea.
Otra irregularidad consistió en que si se aceptaron las pruebas, se debió haber comenzado a citar a los testigos más relevantes solicitados para darle solidez plena al desahogo de pruebas en el Reconocimiento de Inocencia en favor del general Martínez Perea.
Esto no ocurrió. La lista con los nombres, grados y cargos de 43 testigos (que incluye a 30 militares de diversos grados) es encabezada por el ex presidente Vicente Fox Quezada y por el ex titular de la Sedena, el general Clemente Vega García.
En la lista aparecen también los generales José Domingo Ramírez Garrido Abreu (entonces comandante de la IV Región Militar), Urbano Pérez Bañuelos (era comandante de la Guarnición Militar de Matamoros, Tamaulipas), David Enrique Velarde Zigüenza (era jefe de agentes de la Policía Judicial Federal Militar cuando el general fue detenido; fue comandante del destacamento blindado que resguardaba el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, cuando se fugó el Chapo Guzmán y desde hace un año está al mando de una Guarnición Militar en Sonora), Jaime Antonio López Portillo Robles Gil (procurador de Justicia Militar cuando Martínez Perea fue detenido), Rolando Eugenio Hidalgo Eddy (era Director General de Caballería cuando autorizó y canceló varios movimientos de militares en la Guarnición de Nuevo Laredo de los cuales responsabilizaron al general Martínez Perea), Francisco de la O González (era comandante de la Octava Zona Militar en la que estaba encuadrado el 21 Regimiento de Caballería Motorizada que encabezaba el general Martínez Perea), Ramón Rubén Arrieta Hurtado (era comandante de la IV Región Militar que comprende a la Octava Zona Militar y al 21 Regimiento de Caballería Motorizada), Juan Manuel de la O González (era comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tenía a su cargo la supervisión de las Operaciones Militares del regimiento que encabezaba Martínez Perea), Jaime Juárez González (era Juez Instructor y Asesor Jurídico del Segundo Consejo de Guerra Ordinario Permanente en la Plaza de México, Distrito Federal, y conoció la causa penal militar contra el general Martínez Perea), así como al Agente del Ministerio Público Militar Gerardo Salazar Bolaños, quien fue el encargado de acusar y aportar pruebas contra el general Perea.
Además, la audiencia no fue encabezada por el Presidente del TSM, el general de Brigada Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, quien se excusó de conocer el procedimiento argumentando su amistad con el hijo del general Martínez Perea.
El general Hernández Mendoza pertenece al arma de Infantería. Ascendió a de Brigada en noviembre de 2008. Es general de arma, no de servicio. No es abogado.
Ha sido, entre otros cargos, Subjefe de Doctrina Militar (2010) y Comandante de la XXV Zona Militar, en Puebla (2014). También fue comandante de batallones de Infantería en Oaxaca, Chiapas, Durango y Coahuila.
Fue agregado militar y aéreo adjunto a la embajada de México en Brasil y Paraguay. Ha desempeñado cargos y actividades operativas y de Estado Mayor en los estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato y Oaxaca.
El Código de Justicia Militar en su Artículo 3° establece que el Presidente del Tribunal Superior Militar será un General de División Diplomado de Estado Mayor (DEM), y el general Ezequiel Hernández Mendoza no lo es.
En su lugar, la sesión fue encabezada por el Primer Magistrado del TSM, el general de Brigada de Justicia Militar Rafael Cazares Ayala, quien ascendió al grado apenas en noviembre de 2015.
En diciembre de 2014, siendo Juez Cuarto Militar en la Ciudad de México, el general Cazares llevó el caso del general Marco Antonio Barrón Ávila, a quien se le procesó por haber ordenado a 40 soldados de la XXV Zona Militar (de la que era comandante) realizar trabajos de albañilería en su casa de Querétaro.
Cuando el general Barrón fue removido de la XXV Zona Militar, el general Ezequiel Hernández Mendoza lo sustituyó en el cargo. De ahí pasó al TSM como su titular.
En la audiencia del martes 4 de enero de este año, efectuada en la Sala de Plenos Benito Juárez del Tribunal Superior Militar, al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Cazares admitió las pruebas pero no procedió a ordenar que se citara a los primeros testigos para desahogar el incidente de Reconocimiento de Inocencia.
El encargado de llevar la audiencia se limitó a informar a los abogados del general Martínez Perea que admitía las pruebas pero que ahora procedería a valorarlas para ver a quiénes sí se citaría en el incidente promovido.
No dio nueva fecha para otra audiencia y en cambio debió aceptar otro incidente promovido ahí mismo por los defensores del general, quienes se quejaron de las constantes dilaciones que la justicia militar le ha dado al caso.
La audiencia del 4 de enero fue la séptima en el proceso desde 2013, cuando se interpuso por primera vez el incidente de Reconocimiento de Inocencia en el que las declaraciones de los principales testigos son vitales para avanzar en la solución y en el fallo del caso.
Con dicho recurso jurídico el general Martínez Perea no solo conseguiría que la dependencia acepte que nunca hubo elementos para acusarlo de colaborar con el crimen organizado, sino también que la secretaría estaría obligada a restituirle el salario íntegro no recibido durante el tiempo que estuvo en prisión y durante los dos años que duró su proceso penal.
Además, de proceder el Reconocimiento de Inocencia (expedientes 03/2013 y 01/2015) promovido por los abogados del general, la Sedena tendría que restituirle su grado y permitirle acceder a él y a su familia a todos los beneficios de los que fueron privados por haber purgado una condena injusta.
Fuente.-Jorge Medellín
@JorgeMedellin95
