El viejo Comandante Creisi piensa que tú no sabes nada. Que nosotros no sabemos nada. Que cuando hablamos de cárteles, de plazas, de los líderes más conocidos y de sus acuerdos, puede que creamos que sabemos algo, pero en realidad no.
Que cuando mezclamos nuestro diccionario con el de los sicarios y decimos ‘levantón’, ‘la letra’, o ‘embolsado’ en realidad, lo podemos hacer porque ellos, los que están dentro del narcotráfico, permitieron que nos asomáramos a su mundo por una pequeña rendija.
Ellos no sólo controlan la droga, las armas, los bares, los tabledance, la tortillería de la esquina y parte de la policía y la política, sino que también controlan la información: “tú sólo sabes lo que nosotros queremos que conozcas”. El resto, lo que realmente ha pasado en México, especialmente durante la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, sólo lo saben ellos y sus cómplices. Gente, por ejemplo, como el viejo Comandante Creisi.
Este exmilitar que aterrorizó Monterrey la década pasada como socio del Cártel del Golfo dice esto con seguridad: “las cifras oficiales están ‘tijereadas’, porque esas también las controlábamos nosotros”.
“¿Qué cuántos de mis delitos llegaron a cifras oficiales? Pues… yo creo que… el 1 por ciento; no, yo creo que ni el 0.1 por ciento”, contesta este hombre que vendía droga y pasaba armas, que tuvo seis procesos abiertos, que todos los libró y que ahora habla desde su nuevo hogar: la Casa de Rescate Cristo Vive, ubicada al norte de México en Saltillo, Coahuila, un refugio cristiano para antiguos adictos y miembros del crimen organizado.
Ahí hay chapos, zetas, golfos, michoacanos, exguachos [exmilitares] y eses [pandilleros] que ahora rezan juntos y trabajan con ahínco “salvando almas”.
El hombre es bajito, cuadrado, de piel oscura y tiene un perfil de delincuente como sacado de libro de texto: nació pobre, creció en un hogar de padre alcohólico y golpeador, apenas acabó la primaria y cuando tuvo edad suficiente se refugió en el Ejército. Dio alta en el 45 Batallón de Infantería y pasó su primer año entre golpes y humillaciones. Su suerte cambió cuando lo mandaron a destruir plantíos de marihuana al norte del país. Ganó ascensos, dinero y poder. Y con ello, impunidad.
Su poder llegó a ser tan grande en la ciudad de Monterrey, mejor conocida como la Sultana del Norte, que alrededor de él orbitaba la famosa “narcoabogada” Raquenel Villanueva, defensora de capos pesados, quien en 2009 fue asesinada hasta el quinto atentado que sufrió. De ella aprendió que “al cártel se le respeta y a la autoridad se le corrompe”.
“¿Que cómo se mantienen bajas las cifras oficiales? Cuando uno abre una plaza, te aseguras de que la gente a tu alrededor te cuide. La gente recibe la ayuda que les damos. En fiestas, navidades, años nuevos… Tú paga y nadie va a denunciar. Y si eso no funciona, pues el cártel actúa”, dice el viejo Comandante Creisi.
La misma fórmula es para las autoridades: si no quieren recibir dinero de la mano derecha, la izquierda siempre está lista para tirar plomo.
No sólo controlan quién extorsiona, secuestra, mata o alinea policías, sino que también controlan los reportes de los ministerios públicos, “porque una plaza sin denuncias es un lugar que no se calienta y donde se puede ‘jalar’ sin problemas. Lo oficial no es la realidad”, sentencia.
“Al gobierno no le conviene decir la verdad. Muchos estados llevan tregua con el narcotráfico”; es decir, los estados ceden.
Dejan de reportar cifras. Pierden expedientes. Ordenan silencio a los reporteros y sus jefes. Capturan averiguaciones previas o carpetas de investigación sin folios y le dicen a la gente que están investigando aunque pasen años sin que aparezca una nueva pista sobre un homicidio, un desaparecido o un secuestro.
El viejo Comandante Creisi quisiera decir más, pero sabe que si quiere seguir un retiro en paz, después de su huir de su cártel, no puede entrar en muchos detalles. Sólo masculla que “las cifras oficiales” están “abajo, muy abajo” y regresa a su oración.
Él piensa que nosotros no sabemos nada. Y también que probablemente nadie nunca conozca el real tamaño de la tragedia, consecuencia de la llamada ‘Guerra contra el narco’.
El 11 de diciembre de 2006, en cadena nacional y a diez días de haber asumido la Presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra frontal en contra de los cárteles de la droga.
Ese día, 5.000 efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal fueron desplegados en el estado de Michoacán para combatir al crimen organizado. A ese operativo militar siguieron otros similares en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.
El conflicto pronto se extendió a otras regiones del país, a la vez que se convirtió en una guerra no sólo del Estado mexicano contra las organizaciones criminales, sino de éstas entre sí por el control del mercado de estupefacientes, lo que generó una crisis de violencia sin precedentes.
En un esfuerzo por contribuir al entendimiento de esta ‘guerra’, VICE News cierra este 2016 con un trabajo periodístico de diez reportajes a través de los cuales ofrecemos a nuestra audiencia una lectura de lo que ha significado esta década para México. Un equipo de reporteros viajó a diversos estados de la República en busca de historias, que combinadas con un trabajo de diseño y de datos sobre el comportamiento de los delitos de alto impacto, ofrecemos a partir de hoy.
En este camino, nos dimos cuenta que si bien tenemos indicadores oficiales que nos arrojan una idea del comportamiento delincuencial, es indispensable decir que México se enfrenta a un espejismo, a un gran hoyo negro de información y de conocimiento de lo que realmente ha sucedido: los ciudadanos sólo nos hemos enterado de una décima parte del terror criminal que ha azotado al país en los últimos años.
El viejo Comandante Creisi, es una voz que encontramos en Saltillo y que nos ayuda a entender cómo las células y grupos del narcotráfico operan para mantener las cifras oficiales en una nebulosa; a esto se agrega el miedo y la desconfianza de las miles de víctimas hacia las autoridades encargadas de abrir las investigaciones, de darles seguimiento y de impartir justicia, a quienes en su mayoría se asocia con la corrupción.
Lamentablemente desde el año 2010 a la fecha en más del 90 por ciento de los casos, los mexicanos optan por no hacer denuncias. Los especialistas han bautizado a esta estadística oculta de la criminalidad como la “cifra negra” del delito. Son ilícitos que existen en la realidad, pero no en los registros del gobierno.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publica el INEGI, sólo durante el 2015 ocurrieron en México 29,3 millones de delitos, de esos sólo se denunciaron 3 millones, y únicamente 1,8 millones fueron investigados por la autoridad; es decir se abrió una averiguación previa. Cabe destacar que esta pequeña fracción de denuncias con averiguación es la que figura en los datos oficiales.
La cifra negra, de por sí muy alta, sigue creciendo año con año. En 2010, cuando el INEGI levantó la primera encuesta, 92 por ciento de los delitos cometidos no fueron del conocimiento de la autoridad. Para 2015, fecha del levantamiento más reciente, este porcentaje subió a 93,7 por ciento.
Antes de la ENVIPE, la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) medía el fenómeno delictivo en México. Aunque las diferentes metodologías no las hacen comparables, resulta indicativo que en 2005 –el año previo a la guerra– la ENSI arrojaba una cifra negra de 81 por ciento, misma que creció a 86 por ciento en 2008.
La brecha entre criminalidad real y oficial se amplía cuando se trata de delitos en los que el crimen organizado está involucrado. Por ejemplo, de 64.459 secuestros que el INEGI estima que ocurrieron durante 2015, sólo se denunciaron 1.054, esto es el 1,6 por ciento. Otro caso son las extorsiones: de 7,1 millones, 98 por ciento terminaron en la opacidad. De problemas como el tráfico de drogas, la trata de personas, el trasiego de armas o las desapariciones mejor ni hablar. Son fenómenos que la ENVIPE no captura, pero los expertos señalan que la cifra negra de estos delitos seguramente es aún peor.
Las regiones donde la cifra negra es más alta son también las que han sido azotadas de forma más severa por los grupos criminales. Es el caso de los estados de Guerrero (con 97,5 por ciento de sus delitos sin denunciar), Estado de México (95,4 por ciento), Veracruz (94,8 por ciento) y Tamaulipas (94,6 por ciento).
Son varios los motivos por los que un delito no termina en los registros oficiales.
Dos terceras partes de las víctimas que no denunciaron durante 2015 lo hicieron por causas atribuibles a las autoridades, ya sea porque las consideran ineficientes, o peor aún, porque les tienen miedo y desconfían de ellas. El otro tercio no denunció por temor al agresor, por falta de pruebas o porque consideraron que era un delito de poca importancia, de acuerdo con la ENVIPE.
Un informe citado por la ONG Mexicanos contra la Corrupción —Colmex e INE— especifica que 63 por ciento de la población no denuncia porque cree que no servirá de nada, 52 por ciento por desconfianza a la autoridad, 40 por ciento por malas experiencias y 34 por ciento por miedo al delincuente.
Las cifras del INEGI indican que las autoridades cada vez mandan más denuncias a la congeladora. Mientras que en el año 2010 el 27,2 por ciento de las denuncias no prosperó, para 2015 este porcentaje creció a 32,8 por ciento. En números absolutos, el número de denuncias que no prosperaron pasó de 774.000 a poco más de un millón.
“Todo esto es parte de lo que llamamos el círculo de la impunidad en México. Pocos delitos son denunciados. De esos pocos, una proporción todavía menor son investigados. De los que son investigados pocos presentan un expediente robusto y si se llega a tener un expediente bien armado, el presunto responsable todavía tiene la posibilidad de corromper al juez. En caso de toparse con un juez competente e incorruptible queda el último recurso de seguir delinquiendo desde la prisión. Entonces los incentivos están alineados —en un análisis costo/beneficio— para delinquir. Todo el edificio de la administración, investigación, procuración e impartición de justicia es disfuncional” asegura María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La investigadora opina que efectivamente, de la lucha contra el narco “todavía sabemos pocas cosas. Por ejemplo el número de autoridades municipales que están coludidas con el narco o los diferentes giros delictivos en los que incurre cada organización criminal. Lo que sí sabemos —agrega— es que vamos perdiendo la ‘guerra’ contra los delitos de alto impacto y una buena proporción de ellos se vinculan con el crimen organizado. Sus índices no ceden después de tres sexenios”.
Para Casar lo que hace falta es una política de Estado que abarque al conjunto de instituciones, ramas y órdenes de gobierno, “las consecuencias de no hacerlo están a la vista: no se muestra mejora alguna en índices delictivos, en corrupción y en impunidad en los últimos años; y los costos sociales, políticos y económicos se agravan todos los días”.
“‘La Guerra contra el narco’ es un fracaso para América Latina porque nosotros estamos poniendo los muertos, los desaparecidos y los desplazados por violencia. Estamos poniendo un gran costo social, diría que el mayor, además de un gran presupuesto policiaco y militar; y al mismo tiempo, el gran consumo y el gran ‘business’ de las drogas ilegales se mantiene en Estados Unidos. Entonces está claro que mientras la guerra es un fracaso para nosotros; para las potencias —que a su vez son los grandes consumidores— es un ‘éxito’ debido a que ellas se llevan todas las ganancias, o la mayor parte, mientras que a los países productores y de tránsito nos toca asumir la mayor parte de los costos humanos”.
Quien hace esta reflexión en entrevista para VICE News es Froylán Enciso profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones académicas con mayor prestigio en el país.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder existían, según la Procuraduría General de la República (PGR), cinco principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas: el Cártel de los hermanos Arellano Félix que imponía su ley en la ciudad fronteriza de Tijuana, el Cártel del Golfo que dominaba estados como Tamaulipas y Veracruz, el Cártel de Sinaloa que operaba en las costas del Pacífico mexicano, el Cártel de Juárez que controlaba Ciudad Juárez, una ciudad contigua al Paso, Texas, y la organización de los hermanos Amezcua dedicada al tráfico de metanfetamina también en la zona del Pacífico.
Pero poco después la PGR tuvo que agregar a su listado oficial a la Familia Michoacana que sólo tres meses antes de que Calderón ocupara la presidencia, se estrenaba mediante una sangrienta aparición. El 6 de septiembre de 2006 después de una fiesta en un centro nocturno en Uruapan, Michoacán, cinco cabezas humanas fueron arrojadas en el centro de la pista. “Esto es justicia divina”, decía un cartel colocado al lado de los cráneos decapitados. Una imagen dantesca que se repetiría con el paso de los meses en casi todos los estados del país.
Después de 21 meses de enfrentamientos entre miembros de la Familia Michoacana y las fuerzas de seguridad se registró uno de los hechos más violentos de la guerra. Durante la celebración de las fiestas patrias en el centro de Morelia —capital de Michoacán— el 15 de septiembre de 2008 explotaron varias granadas entre la multitud que festejaba al aire libre, lo que dejó un saldo de ocho personas muertas y más de 100 heridas.
El hecho indignó a la sociedad, debido a que un ataque de esa magnitud contra civiles no tenía precedentes en el país. La Familia culpó a sus rivales Los Zetas por el atentado, que ya también figuraban en el mapa del narcotráfico mexicano.
De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, es decir durante los primeros cuatro años de la guerra de Calderón, el gobierno tenía un registro de 34.612 muertes en ese periodo, como resultado de la lucha contra y entre los cárteles de la droga. Entre las víctimas se contaban miembros de organizaciones criminales, fuerzas de seguridad y personas inocentes que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y momento equivocado; el gobierno los llamaría “daños colaterales”.
Hasta ese momento, la base de datos oficial registraba muertes por agresiones, ejecuciones o enfrentamientos en casi la mitad de los municipios de México. Ningún estado estaba exento de formar parte de tan macabra estadística.
El resultado estaba claro: a 1.460 días del inicio de la guerra, la violencia, lejos de ceder, crecía y se extendía. Las cifras oficiales apuntaban a que la estrategia bélica del gobierno se encaminaba a convertirse en un rotundo fracaso.
Meses después, el gobierno calderonista interrumpió este conteo, o por lo menos dejó de divulgarlo públicamente, debido a algunas críticas hechas a la metodología con que se recababa la información. Hasta la fecha no se ha dado continuidad a esta estadística.
Con todo, existen cifras que nos permiten tener cierta idea de lo que ha sucedido a una década de iniciada la guerra . ¿Los mexicanos vivimos ahora más seguros que antes, como lo prometió el gobierno?; es decir, ¿estamos menos expuestos a delitos como el secuestro, la extorsión, la desaparición o la trata? ¿Terminamos o siquiera menguamos el poderío de los grupos criminales? ¿Hay menos impunidad en el sistema de justicia de nuestro país? Esas son algunas de las preguntas que nos planteamos en VICE News durante la planeación de este especial.
Por eso en cada reportaje exploramos un fenómeno diferente: comenzamos con este texto introductorio sobre la cifra negra de los delitos, y continuaremos abordando los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, desapariciones, lavado de dinero, tráfico de armas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Aunque los datos se expondrán a detalle en las próximas entregas, podemos adelantar algo: en casi todos los delitos registramos cifras más altas que cuando comenzó la guerra.
Tomamos como punto de referencia el año 2006. Este año presenta la fotografía más inmediata al inicio de la guerra contra el narco: así encontró Felipe Calderón el país cuando tomó posesión aquél primero de diciembre.
El diagnóstico actual es mucho más grave a partir de las cifras analizadas, cuyas fuentes son oficinas de gobierno como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Estos datos tienen sus limitaciones para medir el fenómeno delictivo. Basta mencionar aquí que muchos se basan en denuncias presentadas ante las procuradurías locales.
La ‘Guerra contra las drogas’ ha creado un cambio estructural en la sociedad mexicana “que duplicó quizá permanentemente los niveles de violencia en México” dice Froylán Enciso, experto en el tema y autor de Nuestra historia narcótica [Debate, 2015]. Es necesario empezar a diseccionar todo los datos para combatir las perversidades que ha dejado este periodo, dice.
Esta no ha sido una guerra contra las drogas, agrega Enciso originario de Mazatlán Sinaloa, “ha sido una guerra contra las personas que vimos cómo los despliegues militares y policiacos empezaron a crear espirales de violencia allá donde iban; y si bien es cierto que había un problema previo, cuando llegaba el Ejército ese problema se volvía exponencial y junto con ello aumentaban los homicidios y otros delitos de alto impacto, junto con una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Y del otro lado, sin embargo, no hay evidencia alguna de que el tráfico, la demanda y consumo de drogas haya disminuido”.
Es decir, tenemos un panorama muy claro: hay un aumento de índices de violencia y un fracaso de políticas públicas, versus un gran mercado de drogas con ganancias millonarias y lavado de dinero.
Por otra parte, en México asistimos ya a una molestia y cansancio muy evidente de las fuerzas armadas. Apenas el 20 de octubre pasado, el propio ministro de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos admitió en una declaración pública —muy poco usual— que sus tropas enfrentaban un desgaste: “hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento; en la sierra y en las ciudades”.
Esto puede ser interpretado de distintas maneras. Primero, explica Froylán Enciso, como un rompimiento político con el actual presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó prometiendo que iba a haber un cambo de paradigma: de la militarización y el enfrentamiento policiaco hacia la prevención. Ya estamos en el cuarto año de gobierno y evidentemente los militares siguieron en tareas de seguridad pública. No ha habido una salida formal del Ejército de la llamada ‘Guerra contra el narco´ y esto es un “síntoma de la hipocresía y la incompetencia de Peña Nieto”.
La otra manera de analizar esa declaración de Cienfuegos “es que realmente hay un verdadero desaliento entre las tropas. Ellos no tienen que estar ahí y lo saben. No hay un marco legal que respalde su ejercicio en esta lucha. Están cansados de estar en los operativos y en la sierra sin recursos. De alguna manera los soldados también están sufriendo la guerra, no sólo como victimarios, sino como víctimas”.}
Hoy en día, tras una década de guerra, tampoco vemos una disminución de organizaciones criminales. La PGR tiene ubicados a nueve cárteles del narcotráfico: Sinaloa, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Cártel de Juárez, hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. De estos nueve grandes cárteles se desprenden 36 células o pandillas que trabajan para ellos, y que hacen que la violencia sea mayor.
De lado de la soluciones y propuestas a futuro, Froylán Enciso tiene una postura muy clara: regular el mercado de drogas es un paso necesario, pero insuficiente para frenar la violencia. “Tenemos que empezar por legalizar la marihuana”.
De hecho es otra de las promesas no cumplidas de Peña Nieto: “él prometió que iba a estar del lado de la razón en la legalización de la marihuana y después no hizo nada, fue al parecer una estrategia publicitaria para tener a las mentes críticas de México de su lado y quedó mal con todo mundo”, opina Enciso.
Por otro lado, “tenemos que acompañar al movimiento de víctimas. Hay que tratar de bajarle al desgaste del tejido social, al resentimiento, y a los daños que en las familias ha provocado esto. Hay que salir a explicar a organismos como la ONU cuánto nos ha costado el régimen global de prohibición y la guerra, y así intentar pedir una reparación del daño que vaya a víctimas”.
Desde VICE News creemos que la información es fundamental para tomar decisiones correctas. Conocemos tan poco de esta guerra y se ha dedicado tan poco tiempo y recursos para analizar los datos, que las soluciones, igualmente, se han quedado cortas, muy cortas. Por ello decidimos realizar este trabajo periodístico que aporte al debate y al intercambio de ideas que ayuden a repensar las políticas públicas que atiendan el problema desde una perspectiva integral, de salud pública, cuidando los derechos de los consumidores y sobre todo, reconstruyendo el tejido social.
Fuente.-
Jefa de Contenido: Laura Woldenberg. Editora: Karla Casillas Bermúdez. Data: Saúl Hernández. Diseño: Francisco Gómez y Clementina León.
