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domingo, 11 de septiembre de 2016

"VENDIA PLAZAS a ZETAS",AHORA COMANDA POLICIA FEDERAL en el PAIS...lo malo de los "buenos" también cuenta y cuenta mucho.


El nuevo comisionado de la Policía Federal (PF), Manelich Castilla, ha tenido una carrera ascendente en las corporaciones policiacas, aunque su historial no es brillante. 
Aparte de su escasa experiencia operativa, sus actuaciones fueron dudosas en casos como la supuesta “venta” de la plaza de San Luis Potosí a dos cárteles (2011), un fallido operativo antidrogas en el aeropuerto capitalino (2013) y, sobre todo, el ataque armado a los profesores y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca (2016). Sin embargo, el presidente Peña Nieto le encomendó el mando de más de 35 mil efectivos.
El presidente Enrique Peña Nieto puso a la principal corporación de seguridad pública del país, la Policía Federal (PF), en manos de un mando cercano a él. A pesar de sus reiterados tropiezos en su corta carrera de mando, Manelich Castilla Craviotto es el nuevo comisionado general de la Policía Federal (PF).
La gracia presidencial se disfrazó de respeto a los derechos humanos el 29 de agosto pasado, cuando Peña Nieto designó a su amigo como jefe de la PF en reemplazo de Enrique Galindo Ceballos.
Ese nombramiento, que es facultad presidencial, ocurrió dos semanas después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación en la cual señala que las fuerzas a cargo de Galindo ejecutaron de manera arbitraria a 22 civiles en el municipio de Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015. El entonces jefe de la Policía Federal presentó la masacre como resultado de un enfrentamiento con narcotraficantes.
Al darle posesión a Castilla Craviotto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, responsable de la seguridad en el país, le dijo al amigo del presidente: “Le instruyo continuar y propiciar el esfuerzo de capacitación permanente en todos los elementos en materia de derechos humanos”.
El nombramiento pasó por el alto que el propio Castilla Craviotto estuvo directamente implicado en el enfrentamiento de la PF con civiles en el frustrado desalojo del bloqueo de la carretera a Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, que dejó ocho muertos y decenas de heridos.
Entonces comisario de la División de Gendarmería, Manelich Castilla mandó hombres armados para enfrentarse con los civiles que se sumaron al bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en sus protestas por la reforma educativa.
Las imágenes de los enfrentamientos mostraron a efectivos de la Gendarmería y de las Fuerzas Federales, dos de las divisiones operativas de la PF, en el enfrentamiento con los civiles. Efectivos que fueron desplegados sin armamento para dispersar a los manifestantes también señalaron a los integrantes de la Gendarmería como responsables de los disparos (Proceso 2069).
Desde que Peña Nieto asumió la Presidencia, Castilla Craviotto no dejó de ascender hasta convertirse en comisionado general de la PF, al mando de más de 35 mil efectivos: más que los de la Marina Armada de México.
El fortalecimiento de la corporación lo conoció el propio Castilla desde adentro, pues formó parte del grupo de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio, la corporación pasó de 5 mil a 36 mil hombres. Con la llegada de Peña al poder, desapareció la SSP y la PF fue absorbida por la Secretaría de Gobernación.
Hijo de un exjefe de escoltas del empresario Carlos Slim, Manelich Castilla pasó de ser empleado del magnate en la Fundación Telmex entre 1997 y 2009, a instructor académico en la PF. Y sin mayor experiencia en la operación policial, en marzo de 2010 García Luna le dio su primer mando. Bastaron seis años de carrera, marcados por serios cuestionamientos, para que lo convirtieran en el policía número uno de México.
Su llegada a la PF no se puede entender sin Carlos Slim, quien fue el principal proveedor de la SSP para la puesta en marcha de la Plataforma México, el ambicioso proyecto de García Luna y Calderón para concentrar toda la información delictiva del país.
Licenciado en derecho por la Universidad Latina, fue director del programa Telmex Reintegra, parte del Programa de Justicia de la Fundación de Slim para otorgar fianzas a personas de escasos recursos arrestadas por primera vez.
En septiembre de 2009, en pleno desarrollo de la Plataforma México, dio el salto a la PF. Se incorporó como director adjunto, con el grado de inspector, en el Instituto de Formación de la SSP federal.
En medio año dejó la capacitación y recibió su primer cargo de campo: coordinador operativo de la Policía Federal en San Luis Potosí, en medio de la presencia del Cártel de Los Zetas. Aunque estuvo en el cargo sólo un año, de marzo de 2010 al mismo mes de 2011, fue tiempo suficiente para tejer importantes relaciones. Investido del grado de comisario, coincidió con Enrique Galindo Ceballos, quien era secretario de Seguridad Pública estatal.
Castilla estuvo bajo el mando directo de Carlos Alfonso Tornero Salinas, coordinador estatal de la PF en el estado. Es el policía que en 2008 tuvo que renunciar como director de la Policía Municipal de León, Guanajuato, cuando se conocieron videos de entrenamiento de torturas a los agentes bajo su mando. Ahora trabaja con Castilla Craviotto en la PF desde hace dos años.
Castilla salió de San Luis Potosí tras el ataque contra dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), perpetrado por Los Zetas el 15 de febrero de 2011.
Los agentes, registrados como personal de la embajada de ese país en México, se desplazaban en una camioneta por la carretera San Luis-Querétaro cuando fueron agredidos con armas de fuego por Los Zetas. En el ataque murió el agente Jaime Zapata, lo que provocó una fuerte presión del gobierno estadunidense sobre el de Calderón para detener a los responsables. En una semana, el 23 de febrero, el Ejército anunció la aprehensión del primer sospechoso.
Un exagente de inteligencia de la PF, que se presentaba con el pseudónimo de Tomás Borge, difundió dos años después la versión de que el ataque fue un equívoco porque el objetivo era Castilla Craviotto, en una supuesta venganza por haber “vendido la plaza” al Cártel de Sinaloa después de haberse arreglado con Los Zetas.
El académico
Castilla dejó el cargo en San Luis Potosí, pero no la nómina gubernamental. La Procuraduría General de la República (PGR) lo cobijó con contratos de asesoría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Lo mismo hizo el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien se encargó de cobijar a los principales funcionarios de García Luna.
Desde el Inacipe, Castilla Craviotto mantuvo el contacto con la PF. De acuerdo con contratos obtenidos por Proceso, dio capacitación a policías federales en “metodología de la investigación y combate al crimen organizado”.
En abril de 2011, el Inacipe lo contrató, por adjudicación directa, para impartir el “Seminario de inteligencia y estrategia en la lucha contra la delincuencia”. El curso se realizó en la SPP. Por cinco mañanas de clase recibió 26 mil 100 pesos. A partir de entonces amplió su oferta educativa en el mismo instituto, donde dio capacitación sobre desarrollo humano.
Castilla Craviotto fue uno de los capacitadores privilegiados por la PGR en materias enfocadas a combatir a los grupos de la delincuencia organizada. El 26 de mayo de ese año dio un curso sobre “entrevista e interrogatorio”.
Luego impartió talleres de profesionalización en “mejores prácticas del ­desempeño policial en el combate del crimen organizado” y “práctica de resolución de casos de alto impacto a través de análisis criminalístico en temas de narcomenudeo, homicidio, secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, trata de personas y delitos contra el libre desarrollo de la personalidad”.
Además, los instruyó en metodologías y técnicas para la “intervención de las comunicaciones privadas”. En total, durante esos dos años, 2011 y 2012, impartió 17 capacitaciones, por los que cobró un total de 204 mil 970 pesos.
Cobró al Inacipe 2 mil 320 pesos por un contrato de “adjudicación directa” para participar como jurado en el examen de Crispín Quiroz Valentín para obtener el grado de maestro en procuración de justicia federal.
En 2012 fue contratado por Moreno Valle como asesor en la Corporación Auxiliar de Protección Ciudadana. Ahí se encontró de nuevo con Carlos Alfonso Tornero Salinas, quien era asesor de esa entidad dependiente de la secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
Castilla Craviotto dejó la teoría policial y volvió a vestir el uniforme gracias a Peña Nieto. En cuanto empezó su gobierno, lo hizo titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Pero el cargo le duró sólo ocho meses: en agosto de 2013 fue cesado por Manuel Mondragón y Kalb, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el ente que absorbió las funciones de la SSP en la Secretaría de Gobernación.
El cese nunca fue aclarado. Se produjo tras un fallido operativo antidrogas que hizo la División Regional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La acción afectó a los pasajeros de un vuelo que llegó de Venezuela. Pero también es cierto que la medida se tomó después de que Los Ángeles Press difundiera la versión de que “vendió la plaza” de San Luis Potosí tanto a Los Zetas como al Cártel de Sinaloa.

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Manelich Castilla,el hombre que Traiciono a los ZETAS...Los Angeles press



Manelich Castilla fue protegido de nuevo. Salió del cargo, pero no de la corporación. En cambio, Mondragón y Kalb salió poco después de la CNS. Castilla Craviotto pasó el último trimestre de ese año como “comisario adscrito” a la oficina de Galindo Ceballos, con funciones de “supervisión operativa”.
El ascenso
Apenas empezó 2014, Castilla Craviotto fue enviado a Colombia como ministro agregado de la PF en la embajada de México. Dejó el encargo diplomático en agosto siguiente, cuando Peña Nieto lo puso al frente de la División de Gendarmería, el cuerpo en que acabó el ambicioso proyecto presidencial de crear una Gendarmería Nacional para reemplazar a la PF.
No fue casualidad que la Gendarmería comenzara sus funciones en el Estado de México, donde nació Peña Nieto. Hace dos años, el 27 de agosto de 2014, Castilla fue presentando como el titular de la nueva división en el primer operativo del cuerpo policial en Valle de Bravo, zona turística que entonces registraba un aumento alarmante de los secuestros.
En el acto oficial, Castilla Craviotto estuvo arropado por Galindo Ceballos; el jefe de la División de Fuerzas Federales de la PF, Salvador Camacho Aguirre, y el entonces coordinador de la corporación en el estado de México, Eduardo Valiente Hernández. También estuvo el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Damián Canales, ahora titular de la División de Inteligencia de la PF, quien fue reemplazado en la policía mexiquense por Valiente Hernández.
Una de las primeras decisiones de Castilla como jefe de la Gendarmería fue darle un contrato por 535 millones 54 mil 883.97 pesos a la empresa Desarrolladora M, S.A. de C.V., para la construcción de seis cuarteles móviles. El costo final de esta obra rebasó el doble de lo aprobado inicialmente por la Secretaría de Hacienda, que eran 250 millones de pesos, de acuerdo con información que la CNS entregó a la Cámara de Diputados (Proceso 2018). La empresa beneficiada se especializaba en la construcción de escuelas prefabricadas.
El contrato, que fue clasificado como un asunto de seguridad nacional, fue autorizado por Frida Martínez Zamora, secretaria general de la PF, el propio Castilla Craviotto y un viejo colaborador de Peña Nieto en el Estado de México: el inspector general Modesto Serrano Mendoza, titular de Enlace Administrativo de la División de Gendarmería.
Como jefe de la PF, Castilla Craviotto aún no anuncia quién será su sustituto en la División de Gendarmería. Hasta ahora mantiene a los mismos jefes de división que trabajaron para Galindo Ceballos: el general Salvador Camacho en Fuerzas Federales, Raúl Antonio Castillejos Solís en Seguridad Regional, Juan Carlos Silva Luján en Antidrogas, Damián Canales en Inteligencia, Ciro Humberto Ortiz Estrada en la Policía Científica y Omar Hamid García Harfuch como jefe de la División de Investigación.
García Harfuch, quien fue nombrado en esa división por García Luna, es nieto de Javier García Paniagua, quien fue director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el cuerpo de seguridad del régimen del PRI que en 1985 desapareció en medio de narcoescándalos. A su vez, García Paniagua fue hijo del secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán.
Castilla Craviotto tampoco ha decidido el futuro de la secretaria general, Frida Martínez Zamora, quien cumple las funciones de oficial mayor. Colaboradora del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desde que éste era gobernador de Hidalgo, durante la gestión de Galindo Ceballos ella decidía en última instancia la movilización de los recursos para la operación de la PF.
Como nuevo jefe de esta corporación federal, Castilla recibirá un salario bruto de 215 mil 969 pesos al mes más prestaciones, 24 mil pesos más de lo que recibía como titular de la División de Gendarmería.
TAMBIEN PUEDES VER:EPN PREFIERE LEALES QUE EFICIENTES, AMIGOS A PROFESIONALES, AUNQUE QUEDEN MAL, DICEN POLITÓLOGOS

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IMAGEN IMPACTANTE: la HEROINA MATA o CASI TE MATA ..aunque el camino de las drogas es peligroso,muchos insisten en viajar por el.

"En los intentos para dar a conocer los efectos de la epidemia de heroína  en Ohio, el departamento de policía de East Liverpool, Ohio ha lanzado estas impresionantes fotos.




Más de 3.000 residentes de Ohio murieron por sobredosis accidental de fármacos en el año 2015, la heroína está matando a los residentes de Ohio 8 al día ... "

Un oficial de policía que conducía cuando vio un Ford Explorer SUV se movia de forma errática. El SUV cruzaba la línea divisoria amarilla y a continuación tiro el borde derecho de la calzada,El conductor pisó los frenos, derrapando hacia un autobús escolar se detuvo mientras los estudiantes salían, el autobús se apartó,y luego el SUV se desvió hacia el lado de la carretera y se detuvo.

El oficial entonces se puso en contacto con el conductor, identificado como James Acord.El oficial le preguntó Acord lo que estaba pasando. Observó la cabeza de Acuerdo balanceándose, sus pupilas y casi ininteligible. Acord señaló a una mujer inconsciente, identificada como Rhonda Pasek, que estaba sentada en el asiento del pasajero, lo que explica la estaba llevando "al hospital".

El oficial notó un niño en la parte trasera de la camioneta, un varón de cuatro años de edad, sentado en su asiento del coche, que parece confundido y enseguida Acord quedo inconsciente.   Por un  tiempo Pasek se torno era azul y no respiraba.   Un equipo de rescate de emergencias  EMS fue llamado por el oficial quien mantuvo la boca abierta de Pasek,cuando fue atendida se le administro inyecciones de  marcan para salvar su vida. Narcan es un antídoto usado en sobredosis de opiáceos.
Guerrero: Mexico remplazo a Asia como el proveedor de Heroina en E.U cuando el producto se torno blanco y con alto grado de pureza,dejo fuera a Asia del mercado.



Cuando ellos se retiraron del coche, la policía informó que encontró un pedazo de papel doblado entre las piernas de Pasek que contenían "una pequeña cantidad de sustancia en polvo de color rosa", que luego fue llevada a un laboratorio para su análisis.

El niño fue puesto bajo custodia protectora y posteriormente puesto en libertad al cuidado de un vecino.

Pasek y Acord han tenido anteriores encontronazos con la ley, en Ohio y la vecina Virginia Occidental.

Pasen fue incriminado por poner a niños en peligro, no llevar puesto el cinturón de seguridad y la intoxicación pública. 


Acord fue acusado de poner en peligro a un niño y de desacelerar en una carretera.

Acord fue condenado a 360 días de cárcel. Su licencia también fue suspendida por tres años y tiene que pagar una multa de $ 475.

Pasek se declaró inocente.

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LADRONDE ?...ALCALDESA PANISTA VISTE AJUAR de a MILLON de PESOS !!!...un pequeño lujo que ella cree que lo vale y le vale.



La Alcaldesa de Atizapán, la panista Ana Balderas, puede llegar a portar un ajuar cercano al millón de pesos.

Lo anterior si en un día utilizara su reloj Hublot con caja de oro rosado de 18 quilates e incrustaciones de diamantes de la colección Big Bang Tutti Frutti con valor de 862 mil 200 pesos, el cual tiene que ser adquirido sobre pedido a Suiza, así como uno de sus vestidos de Carolina Herrera con valor de 28 mil pesos, su cinturón Louis Vuitton de 8 mil 850 pesos, su bufanda Burberry de 7 mil 590 pesos y sus zapatos Coach de 5 mil 500 pesos, su vestimenta alcanzaría un monto de 912 mil 140 pesos.

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La Edil tiene un sueldo bruto mensual de 105 mil pesos que, tras deducciones, queda en 72 mil 83 pesos, según el portal de Transparencia municipal.


De acuerdo con su biografía política, la Alcaldesa ha ocupado diversos cargos públicos.

Inició como quinta regidora durante la Administración 2000-2002, que encabezó el ex Edil Antonio Domínguez, quien estuvo preso por homicidio de la ex regidora María de los Ángeles Tamés.

Balderas fue una de las pocas políticas que acompañaron al ex Alcalde cuando salió del penal de Barrientos en diciembre de 2005.

Durante la Administración 2006-2009 fungió como titular del Instituto de la Mujer Atizapense; de 2010 a 2012 fue presidenta del PAN Atizapán, y de 2012 a 2015 fue diputada local, cargo al que renunció para buscar la candidatura del blanquiazul a la Alcaldía de Atizapán, que actualmente encabeza.

El 10 de agostó, la Alcaldesa fue captada con su reloj Hublot Big Bang Tutti Frutti en una reunión con medios de comunicación.

También se ha observado a la Edil portando un reloj Rolex Datejust de acero y oro amarillo de 18 quilates con un valor de 221 mil 586 pesos, según arrojó una cotización realizada en las instalaciones de la firma ubicadas en Avenida Presidente Mazaryk, en Polanco.

Dicho accesorio fue utilizado en la sesión de Cabildo del primero de septiembre.

Sólo estos dos accesorios suman 1.08 millones de pesos, cantidad que la panista no alcanzaría a pagar ni aportando la totalidad de su sueldo de los ocho meses transcurridos en su Administración.

Según el portal de Transparencia municipal, la Alcaldesa tiene un sueldo bruto de 105 mil pesos, que tras deducciones queda en 72 mil 83 pesos. Así, de enero a agosto ha ganado 576 mil 664 pesos.

Además, en la declaración 3de3 que presentó ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la funcionaria reportó que sólo percibe remuneraciones por su cargo público y que tiene joyas por un valor total de 400 mil pesos. Indicó que éstas fueron regaladas por su esposo.

La funcionaria también suele portar un anillo de plata y diamantes, y un collar de perlas.

En cuanto a su vestimenta, la panista ha acudido a eventos con conjuntos de la marca CH de Carolina Herrera y Kate Spade, cuyos precios oscilan entre los 10 mil y 27 mil pesos, según tiendas consultadas. Todos son modelos de este año.

El pasado 5 de julio, la Munícipe subió una foto tomada durante un recorrido con vecinos, donde se observa portando un cinturón de la marca Louis Vuitton.

La imagen fue elegida como foto de perfil en su cuenta de Facebook.

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SEDENA: el "PELOTON de la MUERTE y la IMPUNIDAD por DECRETO "...no es lo mismo vestir el uniforme militar,que serlo.



El caso de los 31 militares del llamado “Pelotón de la Muerte”, implicado en el homicidio del civil José Heriberto Rojas Lemus el 25 de julio de 2008, sigue complicándose. 
Hasta ahora 21 de ellos ya recibieron sentencia, pero otros, como el cabo Gabriel Roque Bernardino –a quien el mes pasado se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide” por la tortura a la que fue sometido para que se declarara culpable por la muerte de Rojas Lemus–, muestran la parcialidad con la que se conducen las autoridades castrenses y la impunidad de la que gozan los altos mandos.
La primera ocasión que el cabo Gabriel Roque Bernardino tuvo un ataque de psicosis paranoica fue la mañana del pasado 26 de julio en la cancha de basquetbol que se utiliza para el pase de lista de los internos del penal militar de Mazatlán, Sinaloa.
Ese día, delante de 170 personas que esperaban formados, Roque empezó a delirar. Decía que un grupo de la Policía Ministerial Militar (PMM) iba por él. Pedía que llamaran al director de la prisión y rogaba al oficial que pasaba lista para que impidiera que los policías se lo llevaran, pues lo iban a torturar.
Al principio algunos creyeron que se trataba de una broma, pues no había nadie de la PMM. El cabo Roque fue llevado por dos compañeros a las instalaciones de sanidad para ser examinado. Le practicaron un examen toxicológico que resultó negativo en consumo de drogas. A partir de ese momento quedó en observación y las autoridades penitenciarias castrenses solicitaron a la dirección del hospital regional militar de Mazatlán que enviaran un especialista en psiquiatría para valorarlo.
Días después, la madrugada del 1 de agosto, Roque tuvo un segundo ataque psicótico. En uno de los dormitorios del penal, sus compañeros tuvieron que activar el botón de alerta mientras trataban de calmarlo después de que se despertó gritando. Se sujetaba de la litera, temblaba y lloraba, gritaba pidiendo auxilio a sus compañeros.
“Decía que el general Cienfuegos había mandado a elementos de la PMM por él para llevárselos. Como a los cinco minutos entraron los celadores y lo condujeron de vuelta al área de sanidad”, comenta en entrevista telefónica uno de los internos. Medio centenar de personas presenciaron los hechos en el dormitorio.
Esa ocasión el psiquiatra iba a trasladar a Roque al hospital regional para seguir examinándolo. El interno fue por sus objetos de aseo personal y se presentó al pase de lista. Cuando lo llamaron, otra vez delante de sus compañeros empezó a gritar. “¡Allí vienen los judiciales por mí. ¡No deje que me lleven. Me van a torturar!”, le decía al oficial que pasaba lista. No dejaba de llorar y temblar.
Desde esa fecha, la salud mental de Roque se deterioró. Estuvo internado del 1 al 8 de agosto en el área de psiquiatría del hospital regional militar de Mazatlán, donde se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide”. Luego lo regresaron a la prisión.
Días después, Roque empezó a decir que desconfiaba de todos, que sentía que era vigilado todo el tiempo; hablaba también de una cámara que lo grababa en su celda. Sus compañeros relatan que a su regreso al penal, los médicos lo han mantenido medicado.
Cuentan que ha dicho que está deprimido, que habla de no querer vivir si lo llegaran a sentenciar en el juicio donde se le acusa de tortura y homicidio calificado en el caso Ojinaga, un episodio de la Operación Conjunta Chihuahua ordenada en 2008 por Felipe Calderón, y bautizado por la Procuraduría de Justicia Militar como “El Pelotón de la Muerte”, en el que estuvieron implicados 31 militares (Proceso 1993).
Secuelas de una “investigación”
El antecedente del estado de salud del cabo Roque quedó documentado en 2011, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) practicó a los 31 militares detenidos por el Caso Ojinaga en el verano de 2009 en la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, el protocolo de Estambul, un procedimiento médico que analiza las secuelas psíquicas de personas que han sido víctimas de tortura.
El diagnóstico fue que Roque tenía “secuelas físicas” que concordaban con su denuncia. Uno de sus compañeros, Miguel Ángel Benítez Ramírez, presentó “secuelas sicológicas” propias de quien ha sufrido “tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, según copia del documento de la CNDH consultado por el reportero.
Ambos eran parte de los 22 soldados que junto a ocho oficiales de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada (CINE), y el entonces comandante de la guarnición, el general José de Jesús Moreno Aviña, fueron acusados de asesinato y tortura de tres presuntos integrantes del crimen organizado.
Este es el primer caso que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2012, al aplicarse la nueva reforma judicial, pasó del fuero militar a un juzgado federal debido a que había civiles implicados.
Pese al diagnóstico, Roque nunca recibió terapia o tratamiento psicológico en el interior de la prisión. La CNDH no emitió ninguna recomendación a la Sedena y tampoco hubo denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por estos hechos, dice el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi, compañero de Roque.
Cuando un juez militar le dictó auto de formal prisión en enero de 2010, Roque declaró que no tuvo nada que ver en el homicidio del que se le acusaba. Al contrario, aseguró que las declaraciones que hizo ante el agente del Ministerio Público Militar fueron arrancadas por medio de golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas y amenazas de muerte.
Lo obligaron a firmar una declaración en la que, según su expediente judicial, participó en la tortura y homicidio calificado en agravio del civil José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano, presuntamente ocurrido en Ojinaga en 2008, caso que se ventila en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua.
El caso Ojinaga surgió tras el cúmulo de denuncias contra militares por abusos y violaciones a los derechos humanos de varios habitantes de este municipio fronterizo.
Algunos de los 31 detenidos denunciaron que el caso es un montaje (Proceso 2018). Desde su primera comparecencia Roque señaló al mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, quien entonces era el jefe de aprehensiones, y los capitanes Héctor Raúl Salgado Urióstegui y Ernesto Román Rodríguez Morales, agentes de la corporación llamada hoy PMM, como los autores de la tortura.

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La acusación contra Roque se basó en el testimonio del sargento Andrés Becerra Vargas, que dijo haberlo visto el 25 de julio de 2008 en las instalaciones castrenses de Ojinaga, donde el mayor Alejandro Rodas Cobón, como segundo al mando de la Compañía, supuestamente le ordenó junto a dos de sus compañeros someter a descargas eléctricas al civil Rojas Lemus.
Becerra, uno de los coacusados en el Caso Ojinaga, aseguró que Rojas Lemus, presunto integrante de una banda local de narcotráfico, comenzó a convulsionarse en dos minutos y luego dejó de moverse.
Ocho testigos militares que estuvieron ese día a cargo del puesto de control del poblado de Manuel Benavides, Chihuahua, señalaron que Roque estuvo con ellos a la hora y fecha que aludió Becerra. La localidad se ubica a más de 90 kilómetros de distancia de donde supuestamente sucedieron los hechos.
La causa penal contra el cabo Roque se cerró hace unas semanas y entró en espera de sentencia por cargos que alcanzan penalidad de hasta 45 años de prisión.
De los 31 implicados en el juicio, 21 han sido sentenciados, empezando por el general Moreno Aviña, condenando en abril pasado a 52 años por la muerte de Rojas Lemus.

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Dos coacusados tuvieron penas cada uno de tres meses de cárcel, a cambio de que se “sostuvieran en las acusaciones en contra del general y otros 10 militares que siguen en prisión”, explica el teniente Huesca Isasi, uno de los involucrados que, junto al mayor Alejandro Rodas Cobón y el cabo Roque Bernardino, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio entrada a finales del 2015 y empezó su análisis en marzo pasado.
“El problema es que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite que Roque tiene una afectación mental debido a la tortura de que fue objeto por parte de la PMM. Si lo hiciera, caerían sus declaraciones y el caso sumaría otra irregularidad”, dice el mayor Alejandro Rodas Cobón.
El documento de Echeverría
En el verano de 2015, cuando la juez décima de distrito Claudia Guerrero Centeno, entonces al frente del caso, citó a comparecer al general Guillermo Galván Galván –quien era titular de la Sedena cuando ocurrieron las muertes en Ojinaga–, éste se excusó por estar fuera del país.
Meses después, la Procuraduría de Justicia Militar aludió a un decreto de enero de 1976, emitido por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según el cual quienes hayan desempeñado el cargo de secretario de la Defensa Nacional continuarán en servicio activo “no obstante que opere alguna causal de retiro”.
Ellos, según la dependencia, “adquieren durante el ejercicio de sus elevadas funciones un contacto mayor con los problemas relacionados con la conservación del orden interno del país, capacidad ésta que debe ser aprovechada constantemente cooperando como órganos de consulta de los que en lo sucesivo desempeñen ese cargo”, según oficio que envió al juzgado en octubre de 2015.
Echeverría emitió el decreto que sirvió para dar impunidad al general Hermenegildo Cuenca Díaz, su secretario de Defensa, después de haber implementado las operaciones contrainsurgentes dentro de la llamada “guerra sucia” en Guerrero, comenta el mayor Rodas Cobón.
Era una manera de “cubrirle la espalda”, bajo la excusa de que era “alto funcionario”, ante la posibilidad de que fuera juzgado por esos hechos. “Sirve ahora al general Guillermo Galván para no comparecer en el caso espinoso de Ojinaga, ocurrido durante su administración, y seguramente será utilizado en su momento para evitar que se aclaren los casos Tlatlaya y Ayotzinapa”, asevera.
Rodas Cobón es un oficial de infantería que el año pasado solicitó al juzgado llamar a declarar a Galván. Quería que explicara por qué lo arrestó para que pudieran torturarlo y que firmara confesiones “a modo” en las dos causas penales en las que se le procesa, una por robo y otra por la supuesta tortura y muerte de Rojas Lemus.
El citatorio judicial no cayó tan bien en el ánimo de la Sedena. En agosto de 2015 la juez Guerrero Centeno fue removida de su cargo; en su lugar llegó el teniente de justicia militar y licenciado René Ramos Pérez, un “juez a modo” que, según los entrevistados, emite resoluciones que están lejos de ser imparciales y sirve a los intereses del Ejército porque por jerarquía “responde a la superioridad”.
El nuevo juez del caso Ojinaga rechazó la comparecencia del general Galván atendiendo la petición que le hizo el procurador de justicia militar, el general Jesús Gabriel López Benítez, quien citó el decreto de Echeverría para eximir al extitular de la Sedena de presentarse ante la autoridad judicial debido a que, como asesor del general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la Defensa Nacional, está considerado como “alto funcionario”.
La petición fue respaldada también por el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado. El fallo fue impugnado hace unos meses por la defensa del mayor Rodas.
La historia en los últimos meses del juicio ha sido de “dilación sistemática en la comparecencia de los testigos militares, lo que ha retrasado que se dicten las sentencias”, añade por su parte el teniente Huesca Isasi. Si testificaran se podrían demostrar las irregularidades de la investigación, como la retención ilegal durante la averiguación previa, así como los actos de tortura y extorsión perpetrados por los agentes de la PMM.
La retención ilegal ya fue reconocida hace unos días por un tribunal colegiado, que falló a favor del mayor Rodas en la causa penal que enfrenta por robo. En el veredicto de una revisión de amparo que salió a su favor se dice que debido a que las primeras declaraciones fueron hechas sin abogado defensor, se ordena anularlas y quedan sin efecto.
“A mí me presentaron como un gran villano que lo mismo robaba que asesinaba y desaparecía gente; no sucedió ni una ni otra cosa”, manifiesta. Es una “historia ficticia” armada por la procuraduría militar, que con “el afán de cuadrar la historia del ‘Pelotón de la Muerte’ involucró a elementos que ni siquiera estaban en esa fecha en el cuartel.”
Para el mayor Rodas, para el teniente Huesca y otro de los entrevistados que pidió reserva sobre su identidad, la Sedena cuenta con un “gran capital político” proporcionado por los militares encarcelados. Sus juicios son “administrados en coordinación con el poder judicial que diligentemente ha emitido sentencia a militares en cuanto el gobierno federal o el propio Ejército es cuestionado por la actuación de sus elementos”.
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sábado, 10 de septiembre de 2016

SIGUE la PESQUISA...QUIEN MATO al CANICON ZETA ?...la misma impunidad de la que viviio ?



La pesquisa del deceso de Sigifredo Nájera “El Canicón” en el penal del Altiplano está abierta 

A un año de la muerte del ex jefe de una célula de Los Zetas, Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, las investigaciones se mantienen abiertas, ante la sospecha de omisiones en el cuidado de su salud y alimentación por parte de las autoridades carcelarias. 

El hombre que falleció la madrugada del 8 de septiembre de 2015 presuntamente por un paro cardiorespiratorio era uno de los principales promotores de protestas y amparos en la prisión federal, desde su ingreso en marzo de 2009. 

El día que el sicario tamaulipeco murió se hallaba internado en el área de Tratamientos Especiales, donde fue vecino del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se fugó poco menos de dos meses antes del presidio, y con el que tenía manifiesta enemistad. 

NOTA RELACIONADA:

Nájera Talamantes era un interno contestatario que en diversas ocasiones tuvo incidentes con el personal de seguridad penitenciaria y con otros reclusos, lo que le llevó a ser sancionado por el Consejo Técnico Interdisciplinario y segregado en el área de Tratamientos Especiales. 

Después de la fuga del “Chapo” Guzmán, Sigifredo y capos como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales; los hermanos Teodoro “El Teo” y Marco Antonio García Simental “El Cris”; y Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”, se quejaron de la falta de higiene en la elaboración y entrega de sus alimentos, por lo que realizaron una protesta que denominaron “Charolas sucias” y que incluso motivó la presentación de juicios de amparo. 

Tras la muerte del “Canicón” se corrieron múltiples rumores, entre ellos que se trató de un envenenamiento, pues al parecer tenía información sobre la fuga de Guzmán Loera que comprometía a funcionarios que aún no eran investigados. 

El abogado de Nájera, Carlos Enrique García Limón, tampoco cree en la “muerte natural”, sino más bien en un crimen por negligencia y falta de cuidados de las autoridades del penal. 

En su momento, cuando el reo aún vivía, el litigante promovió un juicio de amparo a favor de su cliente, reclamando la calidad y cantidad de la dieta suministrada a Nájera Talamantes, así como el manejo antihigiénico de los alimentos con las charolas sucias. 

El juez de garantías le concedió la suspensión de plano del acto reclamado para que las autoridades cesaran en dicha práctica. Tras la muerte de “El Canicón”, García Limón no ha dejado la batalla jurídica para probar las pifias de funcionarios penitenciarios. 

Se sabe que la carpeta de investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fue atraída por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República. 

El abogado ha ofrecido como pruebas el expediente clínico médico de Sigifredo y que el Cefereso 1 Altiplano facilite las videograbaciones tomadas dentro de la estancia del hoy fallecido y del recorrido desde su celda hasta el área de hospitalización del penal. 

También pidió los audios recabados el día de los hechos y los previos. A un año de distancia, el expediente médico ya obra en poder del juez de amparo que analiza el “incidente de violación de suspensión de plano” promovido por el licenciado García; en tanto, la Coordinación General de Centros Federales ya autorizó la entrega de los materiales audiovisuales requeridos. 

Sólo falta que se materialice su entrega física.

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