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lunes, 7 de marzo de 2016

EL "CHAPO también BUSCA NEGOCIAR con el "GOBIERNO MEXICANO"...es un "negociante nato",neta.


Joaquín El Chapo Guzmán podría renunciar a los juicios de amparo promovidos para agilizar su extradición, aunque eso aún depende de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y no descarta que también con el de México, afirmó el abogado Juan Pablo Badillo.

Entrevistado por El Economista, reconoció que la familia de Guzmán Loera está siendo asesorada por expertos legales y de comunicación para hacer una defensa mediática del Chapo.

Cabe destacar que Emma Coronel Aispuro, esposa de Guzmán, ha ofrecido diversas entrevistas en las que destacó que el gobierno federal pretende desquitarse con su esposo por su segunda fuga del penal de máxima seguridad el año pasado; por ello no se le permite dormir plenamente en el penal del Altiplano, a causa del excesivo pase de lista.

Una persona de nombre Rosa Isela Guzmán, que se dijo hija del narcotraficante, afirmó el viernes a The Guardian que el Chapo financió campañas electorales en México y que fue traicionado por funcionarios mexicanos. Sin embargo, Emma Coronel desconoció a dicha persona como familiar de su esposo.

“La familia tiene derechos absolutos, derechos constitucionales, precisamente de prodigar defensa en favor de su familia, de su padre. En este caso, si son hijos, si son esposas en favor de su cónyuge, por su puesto que tienen derechos amplísimos para hacer eso”, aseveró.

Se le preguntó al abogado si son asesorados para salir a los medios, a lo que respondió: “Es necesario, porque como familia no son ellos abogados. Pero tienen el derecho pleno de hacerse valer de profesionistas de abogados y expertos en medios, su derecho es amplísimo, ilimitado”.

Badillo explicó que actualmente tienen unos 11 juicios de amparo promovidos por la defensa, además de seis suspensiones de oficio y, de plano, de no ser sujeto (en su momento) de aprehensión, no ser ultimado, torturado y extraditado. “Se han promovido 9 juicios de amparo. Por ahí, hay la promisión de otros dos juicios que se han promovido por parte de (otros) abogados”, precisó.

Abundó en que tres de eso juicios son contra lo que denominó actos de tortura en contra del Chapo dentro del penal del Altiplano, en los que acusa que no se le permite dormir a causa del pase de lista cada hora y los efectos de alta presión a causa de ello.

“Es contra de la tortura, en contra de la incomunicación (...) de abuso de autoridad y de ejercicio indebido de funciones, así como por desacato a un ordenamiento judicial federal de amparo”.

Cuestionado sobre por qué el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social sólo reconoce como defensa de Guzmán a José Refugio Rodríguez Núñez, Cynthia Castillo Castillo, Carlos Castillo Castillo y Alejandro Granados, el abogado Juan Pablo Badillo explicó que la defensa se divide dentro y fuera del penal.

“En cuanto a la defensa de las causas penales, existen cinco o seis abogados abocados a ello; en cuanto a los juicios de amparo, yo soy el responsable de promover en contra de los casos que comenté. (Mi área específica) es la defensa constitucional”.

Destacó que para la defensa de Guzmán sí hay posibilidad del desistimiento de esos juicios, a fin de agilizar la extradición: “si la situación lo requiere; si mi defendido así lo desea... ”.

Cuestionado sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acerca de que el gobierno de México no hará una entrega pactada con EU ni con Guzmán para su extradición, Badillo comentó que todas las posibilidades están abiertas para la defensa, por lo que están abiertos a un acuerdo con el gobierno de nuestro país.

Cuando preguntamos si lo es interesaba entrar a una negociación con el gobierno de México, el abogado comentó que: “La defensa debe entenderse en su exacta dimensión. Incluir todos los tópicos, todos los temas, es una defensa también general, amplísima, no puede descartarse ningún elemento, ningún requisito. Todo eso está en la mesa constitucional en la mesa jurídica...”.

Sobre si ha habido comunicación del gobierno con la defensa, Badillo evadió la pregunta: “En este caso es un asunto que no puedo andar revelando nada... ”.

Destacó que no es posible adelantar cuánto tiempo tomaría la extradición: “sería arriesgado señalar fechas. No se puede hacer un asunto de inmediato, exprés; tiene que cumplirse con todos los lineamiento legales que la ley exige”.


Los dos juicios de amparo en contra de la extradición están radicados en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales y en el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

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"LIBERARAN a MANDO de SEGURIDAD PRESO" y ORDENAN "INVESTIGAR a la SIEDO" que lo ENCARCELO"...la "guerra" al Narco también se pierde en "tribunales".


Un tribunal federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a ex funcionarios de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez, debido a que presuntamente torturaron a personas, entre ellas a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para involucrar a un mando policiaco con el narcotráfico.
El fallo derivó de un amparo otorgado al ex secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, quien hoy recobrará su libertad, una vez que el primer tribunal unitario con sede en Tepic, Nayarit, lo absuelva del delito delincuencia organizada, en acato al fallo del segundo tribunal colegiado con residencia en la misma ciudad.
Luis Ángel es sobrino del ex consejero jurídico de la Presidencia y ex consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca; el ex jefe de la policía ha pasado casi seis años en el penal federal de El Rincón, en Tepic, luego de que la PGR lo vinculó con el cártel de los Beltrán Leyva. Anteriormente fue absuelto por delitos contra la salud.
El tribunal colegiado determinó que no hay pruebas que sustenten que el ex mando policiaco esté ligado con el crimen organizado, además de que a los testigos protegidos no les consta ni un hecho; también hay indicios de que otros testigos fueron torturados, como La Barbie y Jesús Ulises Abundes Valenzuela, ex integrante del Grupo de Reacción y Operaciones Táctica de la Policía Metropolitana de Cuernavaca, situación que debe investigar la PGR.
Señalan a ex fiscal
Al inició de este proceso penal La Barbie declaró que Marisela Morales, como titular de la Siedo, le “pidió ayuda” para “chingarse” al ex secretario, pero les respondió que no, porque no lo conocía.
“En noviembre (de 2010), no recuerdo la fecha, del Centro de Mando (de la Policía Federal) nos trasladaron a mí (Édgar) y a Sergio Villarreal (El Grande) a la Siedo por helicóptero y ahí me explicaron que ya se iba acabar el término de mi arraigo, y que si yo quería hacerme testigo protegido; yo le dije que no, que no me interesaba, que yo iba a ser extraditado y que no me interesaba, porque mis casos iban a ser en Estados Unidos.
“Como a la media hora llegó Marisela Morales diciéndome que por qué no la quería ayudar, que ya estaba hasta la madre, que les ayudara para que me ayudaran a mí… traía una lista con (los nombres de) 20 o 30 personas, no recuerdo exactamente el número de personas y entre ellas iba esta persona; miré ahí el nombre de Cabeza de Vaca…”, indica la causa penal que en su momento publicó MILENIO.
“Decía (Marisela) que les interesaba esa persona, porque había salido del penal y lo habían arraigado otra vez, y que tenían pocos días para chingarlo, porque un juez les había dado pocos días (de arraigo)”, señaló La Barbie el 2 de octubre de 2012 en su ampliación de declaración.
Amparo
En el expediente de amparo directo 199/2015, que promovió Cabeza de Vaca y al que tuvo acceso MILENIO, el segundo tribunal colegiado señaló que las pruebas testimoniales que presentó la PGR de El Grande y de Roberto López Nájera, testigo protegido con nombre clave Jennifer, y de La Barbie, son suficientes para generar duda razonable.
El tribunal también ordenó a la PGR investigar a los ex funcionarios de la Siedo: “La decisión anterior surge en razón de que los testigos de cargo Édgar Valdez y Jesús Ulises, el primero, en la diligencia de ampliación de declaración y, el segundo, en la diligencia de interrogatorio, expusieron haber sido objeto de torturas, es decir, coaccionados tanto física como moralmente por parte de la autoridad investigadora (PGR), así como por parte de los agentes aprehensores”.
En el expediente del amparo se puede apreciar que La Barbiemanifestó ante el juez de la causa que no conocía al mando policiaco; “que junto a Sergio Villarreal tenía que decir que Cabeza de Vaca los levantó en un helicóptero de trabajo de la policía donde él trabaja porque supuestamente estaban rodeados” por militares, para así dejar de manifiesto cómo ayudaron a escapar en su momento al capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
Sin embargo, La Barbie negó esos hechos, porque aseveró que tanto El Grande como El Barbas lo querían matar desde hace tiempo.
En mayo de 2009 Luis Ángel Cabeza de Vaca presentó su renuncia tras diversos sucesos de violencia en la entidad. Lo mismo hizo el ex procurador general de Justicia del estado, Francisco Coronado Rodríguez.
En abril de 2014 la PGR inició dos averiguaciones previas para determinar si tienen alguna responsabilidad los funcionarios de la pasada administración que utilizaron a testigos para sus investigaciones, esto derivo en las denuncias que presentaron a la Policía Federal previamente los hermanos Arturo y Javier Herrera Valle, quienes acusaron a Marisela Morales por la utilización de testigos que fueron inducidos no solamente para declarar en contra de ellos, sino de otras personas.
Otro caso en donde se ha denunciado tortura es el relacionado con el abogado José Gerardo Ortega Maya, ex asesor del ex secretario de Marina Francisco Saynez Mendoza, y yerno del ex titular de esta dependencia naval Luis Carlos Ruano Angulo, que también fue vinculado con el cártel de Sinaloa.
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domingo, 6 de marzo de 2016

FOTO: "CAPTAN a SICARIOS y su JEFE,VESTIDOS de MILITARES INSTALAN RETEN en GUERRERO"...de ese nivel es el "respeto" a la Ley.


Esta mañana en la edición del periódico local El Sur se difunde una fotografía, captada por un ciudadano, de un retén instalado sobre un tramo de terracería del municipio de Apaxtla de Castrejón donde se observa a un grupo de sujetos armados con fusiles AK-47 y AR-15 que portan uniformes similares a los que utiliza el Ejército y la Marina.

Algunos de los hombres usan gorras deportivas y cascos militares, y se encuentran a bordo de unidades particulares.
La imagen confirma la presencia de grupos criminales que operan impunemente en la zona norte de la entidad donde el vacío de autoridad es evidente y la sociedad vive secuestrada ante la disputa que mantiene La Familia y Guerreros Unidos por el control de la producción y trasiego de droga que se produce en la Sierra y sigue la ruta del Estado de México para llegar a los Estados Unidos.
El hecho también refleja la postura de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores en el Plan Estatal de Desarrollo sobre la estrategia federal que dirige el Ejército contra el narco, al afirmar que ha sido “desorganizada y no muy efectiva”. 
La impactante imagen es acompañada por una nota del periodista Alejandro Guerrero titulada “Sicarios disfrazados de militares instalaron un retén en Apaxtla”, donde se indica que ayer en las inmediaciones del poblado de San Felipe del Ocote se encontraban al menos 20 integrantes de una célula de La Familia encabezados por un operador del grupo criminal identificado como Ramiro Bahena Urieta El Güero Pelayo.

La nota periodística señala que miembros del grupo de autodefensa denominado Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón responsabiliza a la gavilla que encabeza El Güero Pelayo de la reciente ola de secuestros, asesinatos, extorsiones y ataques contra comunidades de los municipios de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón.

Incluso, refieren que esta célula de La Familia ha desatado una cacería contra integrantes de la guardia comunitaria de Apaxtla, ya que el objetivo de los retenes es detener a sus integrantes.
En febrero de 2014, el diputado federal por Movimiento Ciudadano en ese entonces y exalcalde perredista de Teloloapan, Marino Miranda Salgado, denunció públicamente que el movimiento de autodefensa de Apaxtla tiene nexos con Guerreros Unidos, grupo delincuencial antagónico a La Familia, con el que mantiene una disputa por el control de la zona norte de la entidad.
En esta franja de la entidad que conecta la Sierra de Guerrero con el sur del Estado de México, el grupo de La Familia que tiene su bastión en Arcelia y dirige Johny El Mojarro Hurtado Olascoaga mantiene una brutal confrontación con operadores de Guerreros Unidos por el control de las zonas de producción y trasiego de droga.

De acuerdo con información proporcionada por los miembros de la guardia comunitaria, la célula de La Familia se esconde en los cerros de los poblados de San Felipe y Liberaltepec donde tienen sometidos a los campesinos, quienes son obligados a alimentar a los 40 sujetos que conforman esta célula delincuencial.
También reprocharon la ausencia de autoridad argumentando que esta banda opera impunemente en la zona rural de Apaxtla y Teloloapan, lugares donde soldados y policías federales que integran el operativo Tierra Caliente no llegan porque su presencia se enfoca en la carretera que conecta Iguala con Ciudad
Altamirano, donde se ubican “sus bases, hoteles y restaurantes”.
Esta semana, el titular de la Fiscalía General del estado  (FGE), Xavier Olea Peláez, criticó públicamente la actuación del Ejercito en la estrategia federal contra el narco, al señalar que soldados y marinos recorren zonas urbanas como la avenida Costera de Acapulco donde la incidencia delictiva es baja dejando a su suerte
los puntos de mayor violencia en el puerto.
Las declaraciones del funcionario estatal que coinciden con la postura del gobierno de Astudillo plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo, provocaron que la Sedena emitiera un comunicado oficial donde calificó al fiscal de falta de conocimiento de los operativos de seguridad que se implementen en la entidad.
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"CAMPO MILITAR No. 1": el "TRASFONDO del SOLDADO ASESINADO"...tampoco hay "Seguridad" en carceles Militares.


El asesinato de un soldado procesado por tortura sexual en la prisión del Campo Militar Número Uno el pasado 17 de enero truncó la posibilidad de que un juez civil emitiera una sentencia condenatoria contra un efectivo castrense por violaciones a los derechos humanos, en apego a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cinco días después, el 22, durante una revisión habitual de la causa penal 56/2013 en el Juzgado Segundo de Distrito en Acapulco, relacionado con la tortura sexual en agravio de Inés Fernández Ortega, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtieron que al expediente se le agregó un telegrama firmado por el director de la prisión militar, general de brigada Cruz Heracleo Medina Ávila.
Proceso consultó el documento emitido por el general Medina Ávila el 19 de enero en el cual notifica al juez de la causa, José Artemio Navarrete Sánchez, que “con motivo de una riña suscitada entre Salvador Aguilar Otañez y otro interno de nombre José Javier Acosta Piñones, el primero de los dos nombrados perdió la vida como consecuencia de heridas penetrantes en tórax por objeto punzocortante”.
Según el director del penal militar, la legista mayor Ayari Natielly Onofre López, adscrita al Laboratorio Científico de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, fue quien determinó la causa de la muerte de Aguilar. Y aunque Medina debió adjuntar copia del certificado de defunción en su documento para integrarlo al expediente, no lo hizo.
El día 20, el juez Navarrete Sánchez determinó que “por no haber sido transmitido (el informe del fallecimiento) por un órgano del Poder Judicial de la federación considero que no es confiable”, por lo que una vez que sea recibido vía postal “se acordará lo que a derecho corresponda”.
El fallecido –un cabo de transmisiones– y el soldado Hugo Humberto García de León, preso también en el Campo Militar Número Uno, fueron identificados por la indígena mep’haa Inés Fernández Ortega como quienes la agredieron sexualmente en 2002. Aquel día, los soldados irrumpieron en la vivienda de Inés, en la Montaña de Guerrero, y frente a sus hijos abusaron de ella, además de someterla a un interrogatorio sobre el paradero de su esposo.
Ambos soldados estaban siendo procesados por un juez civil, después de que tras un litigio de ocho años, abogados de Tlachinollan y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional lograron que la Corte Interamericana determinara la responsabilidad del Estado mexicano en los abusos cometidos por los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la indígena mep’haa.
En el caso de Inés, como en el de Valentina Rosendo Cantú, otra indígena mep’haa que fue también ultrajada por militares en Guerrero el mismo 2002, la Corte Interamericana determinó que “(ambas) sufrieron una agresión como parte de una estrategia del Ejército que emprendió en la región de la Montaña, bajo el pretexto de la destrucción de siembra de enervantes”, según comenta a Proceso Isidoro Vicario Aguilar, abogado de Tlachinollan.
La pelea legal de Inés y Valentina se inició en la justicia ordinaria, pues ambas denunciaron los agravios en agencias del Ministerio Público del fuero común, pero sus casos fueron llevados al fuero militar, donde se les dio carpetazo.
“Es en cumplimiento de ambas sentencias de la Comisión Interamericana en 2010, que al inicio de 2013 se libraron órdenes de aprehensión contra dos personas en agravio de Inés y dos en agravio de Valentina. En el caso del soldado asesinado, su proceso se va a cerrar una vez que el juez reciba el certificado de defunción y notifique formalmente de esta situación a doña Inés”, apunta Vicario Aguilar.
La versión no oficial
Al señalar que Tlachinollan notificó a la Corte sobre el fallecimiento del inculpado, el abogado explica que esta situación le restó oportunidad al juez civil para “dictar una sentencia condenatoria contra un elemento de la Sedena por violaciones graves a derechos humanos”.
Agrega que la expectativa es que los tribunales mexicanos “dejen precedente” y condenen a los responsables de la tortura sexual –uno en el caso de Inés y dos en el de Valentina–, uno de ellos internado en el penal de Chilpancingo, pues se había dado de baja en el Ejército.
“No tenemos hasta ahora noticia de que algún elemento castrense haya sido condenado por violaciones graves a los derechos humanos y menos en agravio de poblaciones indígenas”, dice Vicario Aguilar.
Si el juez civil resuelve dar sentencias condenatorias por los abusos sufridos por Valentina e Inés, “serían las primeras contra la Sedena emitidas por tribunales mexicanos”.
Isidoro Vicario advierte que la muerte de Aguilar Otañez reaviva una discusión que fue cerrada por la Sedena durante los debates de la reforma al Código de Justicia Militar, decretada en agosto de 2014, que admite que militares que hayan violado derechos humanos de civiles, sean procesados en juzgados ordinarios.
“La reforma dejó fuera de la discusión que si hay un proceso contra los militares por la vía civil lógicamente tendrían que ser recluidos en una cárcel civil. El argumento de las autoridades federales es que por cuestiones de seguridad los elementos castrenses iban a estar recluidos en las cárceles militares”, recuerda Vicario Aguilar.
Sin embargo, la muerte del soldado en el penal del Campo Militar, en un día de visita familiar –el 17 de enero era domingo–, derrumba el argumento de la Sedena, pues “por lo que se ve no hay garantías de seguridad en ningún penal”, apunta el abogado de Tlachinollan.
De acuerdo con la información recabada por la reportera entre familiares de militares recluidos en el Campo Militar, Aguilar Otañez no murió en una riña, como afirma el director de la prisión militar en el telegrama enviado al juez Navarrete Sánchez.
Algunos de ellos comentan, a condición de que se omitan sus nombres, que Aguilar Otañez “fue degollado con una punta” por Acosta Piñones, quien se acercó a la mesa del comedor donde el primero departía con otros reos y lo atacó.
La noche del 17 de enero las celdas y los militares procesados fueron revisados de manera escrupulosa y las autoridades militares prohibieron a los reos hablar de lo ocurrido o comentar que se trató de una riña.
El 25 de enero, en el portal Estado Mayor, especializado en información militar y de seguridad nacional, el periodista Juan Veledíaz escribió: “José Javier Acosta Piñones realizaba hace unos meses un curso básico de fuerzas especiales, cuando con un arma punzocortante privó de la vida al sargento que estaba al mando de su pelotón. El cabo de infantería Acosta Piñones quedó detenido y fue consignado a la prisión militar de la Mojonera, en las instalaciones de la 15 Zona Militar en Guadalajara, Jalisco”.
Según el sitio de internet, Acosta Piñones fue transferido a la prisión del Campo Militar Número Uno, donde semanas después atacó a Aguilar Otañez. El caso presuntamente está siendo procesado por el Juzgado Segundo Militar.
Para el abogado de Tlachinollan, la muerte de Aguilar Otañez debería motivar una revisión a la reforma al Código de Justicia Militar, misma que se derivó de cuatro sentencias de la Corte Interamericana contra México por abusos cometidos por elementos castrenses en Guerrero, las dos sentencias por tortura sexual de Valentina e Inés; la referente a la desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la llamada Guerra Sucia de los setenta, y los tratos crueles y degradantes contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Si bien el argumento de la Sedena para impedir que personal implicado en abusos contra civiles fuera recluido en cárceles ordinarias era para proteger a sus tropas, en este litigio quienes están perdiendo son precisamente los militares, resalta Vicario Aguilar.
Y agrega: “Lo que hemos visto en los procesos penales de Valentina e Inés es que mientras que los agraviados no tienen complicaciones para seguir su juicio, quienes tienen obstáculos son los defensores castrenses, precisamente porque sus defendidos se encuentran en una cárcel militar y el litigio se lleva en instancias civiles”.
Vicario Aguilar concluye que la muerte de Aguilar Otañez pone en evidencia que “tampoco hay seguridad en las cárceles militares, de ahí la necesidad de una reforma integral para que los elementos de la Sedena que sean juzgados en tribunales del fuero civil sean recluidos en cárceles civiles”. 
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