Con 3 mil 422 homicidios en los últimos dos años y lo que va de 2016, por desbordamiento del clima de violencia; dos exgobernadores vinculados al narcotráfico; estigmatizado por la corrupción e impunidad, y en el abandono por un Gobierno omiso e incapaz, Tamaulipas se ha convertido en una propuesta de Gobierno fallido y de alto riesgo político para el partido político que representa y los programas federales de combate a la criminalidad y opacidad.
Luego de más de cinco años de gestión de Egidio Torre Cantú, acusado de ser un “gobernador ausente”, legisladores, analistas, organismos no gubernamentales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), exhiben a Tamaulipas como una de las entidades con mayor violencia en el país y casi 3.5 millones de habitantes atrapados en la zozobra por ser rehenes de la inseguridad, corrupción e impunidad.
Secuestros masivos, homicidios, desapariciones, fosas comunes extorsiones, decapitaciones, balaceras, fosas clandestinas y estancamiento económico, opacidad gubernamental y violencia contra quienes denuncian públicamente este universo de irregularidades, son algunas de las consecuencias del desbordamiento de la criminalidad y corrupción que hoy estigmatizan a Tamaulipas como un “campo de batalla” de la delincuencia organizada.
Pese a ser considerado permanentemente en los primeros lugares de violencia, entre las 32 entidades federativas del país, el gobernador “virtual”, Torre Cantú, privilegia constantemente sus ausencias del cargo, en lugar de hacer frente a los problemas y cumplir con su responsabilidad de garantizar el bienestar y seguridad de sus conciudadanos.
La actitud omisa y negligente de Egidio Torre Cantú -quien en 2011 llegó de rebote al poder tras el asesinato de su hermano, Rodolfo Torre Cantú, presuntamente asesinado por el narcotráfico-, ha sido aprovechada por la delincuencia organizada, con la finalidad de apoderarse del territorio fronterizo y acaparar el mercado de la ilegalidad.
Egidio Torre llegó al Gobierno estatal con la alianza “Todos por Tamaulipas”, apoyada por PRI, PVEM y Nueva Alianza (Panal), pero su actitud de abandono ha hecho insuficientes todos los esfuerzos y apoyos de las autoridades federales, para extirpar el cáncer de la corrupción, narcotráfico e inseguridad en la entidad.
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| Eduardo Vela.-Twitter. |
Investigaciones periodísticas en el estado, han señalado en distintas ocasiones al gobernador saliente como propietario de una empresa constructora que ha recibido la asignación de millonarios contratos por obras de Gobierno, de las cuales habría resultado beneficiado a través de un empresario de nombre Eduardo Vela Ruiz.
Frente a este panorama, el Congreso de la Unión ha demandado una explicación a fondo sobre la prevalencia de la violencia e impunidad en el estado, y senadores del PAN y PRD acusan a Egidio, de proteger a los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, investigados por la justicia estadunidense.
La falta de respuestas efectivas a este tipo de demandas y la virtual inacción en la entidad, ha dejado miles de pérdidas de vidas, heridos, desplazados, y una población alarmada por la inseguridad que ante la desesperación, se ha visto en la necesidad de crear una página ciudadana en redes sociales, para difundir situaciones de riesgo en la entidad en tiempo real.
La narcoviolencia
De acuerdo con los reportes del propio Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad, en los dos últimos años y a enero de este año, solo el estado de Tamaulipas registró un total de 3 mil 422 víctimas por homicidio doloso, culposo, secuestro y extorsión.
En 2014, de enero a diciembre se reportaron mil 785 víctimas; en 2015, mil 550, y únicamente hasta el pasado mes de enero, la entidad ya llevaba 87 víctimas por estos delitos. Organizaciones Civiles, en sus informes sobre los Delitos de Alto Impacto han dado a conocer que las denuncias por secuestro en la entidad han llegado a ser de 693.98 por ciento mayores al promedio nacional.
Se tiene el registro como en febrero de 2010 se registró un conflicto armado entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, dando como resultado que varias ciudades fronterizas se convirtieron en “pueblos fantasma”, al huir sus pobladores del clima de violencia, como fue el caso de la franja fronteriza, conformada por las ciudades de Miguel Alemán, Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero.
A finales de ese mismo año, el Ejército mexicano, junto con la Policía Federal y Marina, pusieron en marcha un operativo en torno al norte del estado de Tamaulipas, permitiendo que cientos de familias regresaran a sus hogares después de meses de exilio, principalmente en municipios como Mier, donde se dio el regreso de alrededor de 4 mil personas.
Según el INEGI, en 2012 Tamaulipas contenía 9 municipios con una tasa de homicidios superior a los 100 por cada 100 mil habitantes, mientras los municipios con más homicidios dolosos fueron Nuevo Laredo, con 536; Victoria, con 165, y San Fernando, con 102 muertes.
Un año más tarde, de acuerdo al Instituto, se contabilizaron 880 homicidios en el estado, dando una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, lo que nuevamente colocó al estado entre las principales entidades federativa con más homicidios en el país.
Paralelamente, en 2013, Tamaulipas alcanzó el primer lugar nacional en secuestros con 275 casos conocidos y el noveno lugar en robo violento en carreteras (68 casos). Aparentemente este año los homicidios y robos fueron a la baja, pero los secuestros siguieron al alza.
En 2014, arrancó con noticias de bloqueos y balaceras y los números empezaron nuevamente a subir, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Miles de víctimas
El alza más significativa del secuestro fue de 2010 al 2011, cuando pasó de 47 a 129 denuncias, aunque ya con Egidio Torre al frente del Gobierno, en 2014, el secuestro volvió a ser el delito que más ha crecido en el estado, de acuerdo con informes del Sistema Nacional de Seguridad.
Los homicidios pasaron de 885 en el 2009 a mil 509 en 2012, mientras que sólo en el primer trimestre de 2014 se registraron 281 casos. 2012 fue el año con más homicidios en la entidad, con un promedio de cuatro personas muertas al día.
El SNSP reporta que los delitos de secuestro, extorsión y homicidio son los que han dejado más víctimas en el estado de Tamaulipas, a pesar de la puesta en marcha de los operativos para contrarrestar ese delito.
Cifras de esta dependencia federal concuerdan con datos revelados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en el sentido de que Guerrero, Morelos y Tamaulipas han llegado a enfrentar “situaciones críticas” en delitos de homicidio, extorsión y secuestro.
En 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el inicio de una gran operación federal para restituir el orden en Tamaulipas, que contemplaba la llegada de nuevos mandos militares en cuatro regiones del estado, el fortalecimiento de operativos de seguridad y un ataque frontal a los principales cárteles de la droga.
En respuesta, el vocero del Gobierno tamaulipeco, Guillermo Martínez García, llegó a afirmar: “Esperamos mayor apoyo de parte del gobierno federal, porque no hay gobierno estatal que pueda con una problemática de estas dimensiones”, y admitió que la mitad de sus policías habían reprobado los exámenes de confianza.
Luego de que en 2010 se descubriera en el estado una fosa clandestina con más de 70 víctimas migrantes centroamericanas, un año después se dio otro hallazgo similar con 193 cuerpos en varias fosas comunes.
Se trataba de personas secuestradas por el crimen organizado, presuntamente por la organización delictiva de “Los Zetas”. Organizaciones no Gubernamentales y una Orden de hermanas misioneras señalaron que el asesinato y entierro de migrantes centroamericanos en fosas comunes no son hechos aislados en Tamaulipas.
La impunidad
Frente al clima de impunidad prevaleciente en el estado, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) denuncian una presunta protección de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
Ambos son señalados por presuntamente recibir dinero del Cártel del Golfo, según aparece en los testimonios de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 iniciada en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.
La senadora Mariana Gómez del Campo, sostiene que la impunidad de que han gozado hasta el momento los exmandatarios estatales “es parte de la protección” oficial o gubernamental que “están dando a sus amigos”.
Seguramente en algún momento, pues se vieron beneficiados por estos tantos millones de pesos que la gente de Tamaulipas dejó de recibir”, dijo la legisladora. Ambos exmandatarios son investigados en Estados Unidos por presuntas operaciones ilícitas y posibles vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero.
Los panistas exigen información sobre el estatus legal de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, que en principio, deberían estar siendo investigadas por el mismo Gobierno de Torre Cantú.
En su momento, autoridades estadunidenses presentaron dos solicitudes de confiscación de propiedades a Yarrington en Corpus Cristi y San Antonio, mientras que, en el caso de Hernández, pesa la confiscación de tres propiedades en McAllen, y una en Austin, Texas, con valor total de 5.3 millones de dólares.
Sin embargo, a este último se le llegó a ver en un restaurante de la Ciudad de México con su familia. Incluso, fue invitado al Quinto Informe de Gobierno de Egidio Torre Cantú.
La senadora del PRD, Dolores Padierna advierte de la gravedad de no aprender de las lecciones del pasado en Tamaulipas y volver a caer en el error de impulsar a candidatos ligados al crimen organizado, dadas las acusaciones mutuas que se han lanzado los candidatos del PRI y PAN a la gubernatura del Estado.
En mayo de 2014, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) un informe trimestral sobre los avances en el combate y prevención del delito en la entidad.
Senadores y diputados demandaron una eficaz estrategia integral de seguridad pública que proteja a los habitantes de la entidad y garantice seguridad y paz.
Las ausencias del gobernador
Tamaulipas, gobernado por Torre Cantú desde el 1 de enero de 2011, no sólo ha sido afectada por ser campo de guerra: incendios, bloqueos, balaceras, heridos y muertos, sino también por la inclemencia de los fenómenos naturales, con fuertes lluvias.
Sin embargo, Egidio no suele aparecer públicamente en los momentos de emergencia. Analistas y periodistas, locales y nacionales, lo acusan de padecer del “síndrome de la avestruz”, con capacidad sorprendente para “ignorar tareas, fechas límites, problemas o cualquier otra actividad que requiere la toma de decisiones y acciones”.
En noviembre de 2015, en medio de las severas inundaciones que se abatieron sobre varios Municipios, y que dejaron cuatro Ayuntamiento afectados, con cerca de 200 mil damnificados, Torre Cantú viajó a la Ciudad de México para asistir al Gran Premio de México de Fórmula Uno, en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”.
Por estas afectaciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una Declaratoria de Emergencia para los cuatro municipios, activando los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Ante la emergencia se realizaron diversas reuniones con los alcaldes de los municipios afectados, pero todas éstas sin la presencia del Gobernado, quien no quiso perderse el Gran Premio de México, y sacarse la foto con alegres turistas el Palacio de los Deportes como fondo.
Los muertos
Apenas ayer, se reportó el hallazgo de tres cabezas humanas en el interior de una camioneta Ford F-150 que se encontraba abandonada en el estacionamiento de un centro comercial en la capitalina Ciudad Victoria. (Continuará)...
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