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lunes, 11 de mayo de 2015

Las CAMPAÑAS se "PONEN RUDAS"....ya cobro al menos 2 "Victimas Mortales".

Las campañas electorales de este 2015 son cada vez más intensas. Los ataques verbales entre los candidatos escalaron ya al siguiente nivel y las agresiones se están volviendo comunes. Incluso esa guerra ya cobró al menos dos víctimas mortales.

  • Conforme se acerca la fecha de la elección, las campañas políticas van subiendo de tono en varias partes del país y en algunos lugares han llegado a expresiones de violencia contra los candidatos o sus equipos.

Hechos tan graves como el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, o el de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo en el mismo estado son prueba de la intensidad de las campañas.
Además están otros polémicos encuentros, como el enfrentamiento entre priistas y perredistas en la delegación Cuajimalpa, del Distrito Federal, que dan muestra de que la violencia está entrando también a la contienda electoral.
A los ataques causados por la diferencia de ideas o posturas, se suman los ocasionados por el crimen organizado y que han provocado la interrupción temporal de algunas campañas.
Expertos en temas electorales difieren sobre el incremento en los índices de violencia electoral.
Para Luis Carlos Ugalde, la violencia que azota al país no está relacionada con los temas electorales. Francisco Guerrero, en cambio, consideró que en los últimos días han aumentado los focos rojos en varias partes del país.
En la cúspide de la violencia
El pico de la violencia en este proceso electoral ocurrió en Guerrero, el estado que es considerado como el principal foco rojo de esta elección. 
En marzo, Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo fue encontrada decapitada en una comunicad de Tecoanapa, Guerrero. 
Al lado de la mujer fue encontrada una manta que decía:
“Esto le va pasar a todos los  putos políticos que no se quieran alinear y putos chaqueteros. Atte: Puro Rojo ZNS”.
Dos meses después, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, también en Guerrero, fue asesinado de varios balazos.
El candidato regresaba de un evento de campaña cuando fue interceptado por un comando armado en una de las carreteras del municipio.
Los hombres armados advirtieron al equipo y a los acompañantes de la comitiva del candidato que se retiraran del lugar o correrían la misma suerte. Subieron a una camioneta y se fueron.
Este hecho no solo enluteció al PRI de Guerrero, sino que fue una muestra de que los colores partidarios importan poco cuando se trata de una zona por cuyo control se enfrentan dos bandas del crimen organizado: los Rojos y los Ardillos.
Aunque es el más significativo, este no ha sido el único caso donde se han utilizado armas contra los candidatos.
Desde el inicio de la campaña electoral, las amenazas contra algunos políticos, fueron noticia.
Llamadas a sus oficinas, irrupción de hombres armados en sus domicilios o pintas en las paredes. Cualquier medio fue utilizado para hacer llegar el mensaje. Debían “bajarse” de la candidatura o sufrirían las consecuencias.
Ocurrió así con Gabriela Pérez Cano, candidata a una diputación federal por el distrito 5 del estado de Morelos, bajo las siglas del PAN.
Irrumpieron en su casa un par de veces. La primera, amarraron a su hijo y le dejaron un recado con él: debía abandonar sus aspiraciones políticas.
La segunda vez entraron en la noche y llegaron hasta la recámara de Pérez Cano, a quien amagaron con armas y le volvieron a advertir que debía retirarse. No lo hizo.
A Alberto Merlo, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 6 del estado de Puebla, lo estuvieron siguiendo desde el inicio de la campaña, le intervinieron su teléfono y un día entraron a su domicilio, lo amarraron y le dejaron un mensaje en su puerta: “Hola Beto vas a valer madres”.
En Veracruz, otros aspirantes que aún eran precandidatos, tuvieron que abandonar la contienda porque se les amenazó con lastimar su integridad física.
En esa entidad, a Liliana Castro, candidata a diputada federal por el distrito 20, le quemaron su casa una madrugada, en un ejercicio de violencia abierta en su contra.
Y aunque no fue de manera directa, los candidatos de estados como Jalisco y Tamaulipas han debido suspender temporalmente sus campañas por los hechos de violencia registrados en esas entidades.
En el caso de Tamaulipas, los candidatos tuvieron que poner en espera sus campañas a mediados de abril, cuando se registraron varios enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y fuerzas federales en la ciudad de Reynosa.
En Jalisco, la suspensión también fue por un día, luego de los bloqueos y ataques contra algunos establecimientos realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 1 de mayo pasado donde, incluso, se derribó a un helicóptero del Ejército Mexicano.
Política, otra violencia
La violencia partidista o política también ha pegado fuerte a algunos candidatos en estas elecciones.
La muestra más palpable de este tipo de ataques se vivió en la Ciudad de México, en la delegación Cuajimalpa, donde grupos de priistas y perredistas se enfrentaron.
Cada uno de los grupos participantes en la gresca da una versión distinta de lo ocurrido.
Los perredistas sostienen que una brigada del equipo de Luis Espinosa Cházaro, candidato del PRD a la delegación, colocaba propaganda de su candidato cuando fueron atacados por un grupo de priistas.
Según el presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, el grupo de priistas que los atacó pertenece a una banda conocida como “Los Claudios”, en los que supuestamente participan miembros del PRI y el PVEM.
Los perredistas reportaron que terminaron con un saldo de 11 personas hospitalizadas y 12 vehículos dañados.
Los priistas señalaron que un grupo de jóvenes perredistas llegaron a una comunidad de Cuajimalpa a retirar pendones de los candidatos del tricolor, dejando solamente las del PRD.
En la zona, los candidatos priistas acababan de realizar un evento proselitista, por lo que iban pasando por el lugar. Los perredistas le cerraron el paso a las camionetas en que viajaban los priistas; ahí iba Miguel Ángel Salazar, candidato a jefe delegacional de Cuajimalpa, y en otra camioneta viajaba Adrián Rubalcava, candidato a una diputación.
Rubalcava recibió varios golpes e incluso fue internado en el hospital. Los priistas reportaron un total de 11 personas lesionadas.
El viernes, los partidos firmaron un Pacto de Civilidad ante la autoridad electoral del Distrito Federal.
La violencia política ya alcanzó también a un candidato en Nuevo León.
La semana pasada, Daniel Cruz Sánchez, asesor del candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, fue “levantado” por un comando armado.
El equipo del panista se enteró después que aquello no era un secuestro, sino una detención ordenada por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León porque al joven se le acusó de ser narcomenudista.
Al día siguiente, Cruz Sánchez fue liberado con el argumento de que era mínima la cantidad de mariguana que supuestamente se le encontró.
Según Iván Garza, el joven más bien fue liberado porque se encontraba en un estado delicado de salud debido a los golpes y la tortura a la que fue sometido.
“Esto no tiene precedente en Nuevo León, un hecho de intimidación, de violencia, de tortura para una campaña de una candidatura a alcalde”, lamentó Garza, en entrevista.
Garza afirmó que ha intentado varias veces hablar con el gobernador, el priista Rodrigo Medina, para que aclare la situación y que se transparente el protocolo y la denuncia que acusaba a Cruz como narcomenudista, además del castigo contra los responsables y garantías para él y su equipo de campaña.
Todo esto además de exigir una disculpa pública de las autoridades, pues ya se hizo el antidoping a Cruz y se demuestra que no es consumidor de ninguna sustancia.
El candidato indicó que el ataque contra su colaborador ocurrió pocas horas después del debate entre los candidatos a la alcaldía de Monterrey, donde el panista acusó a Adrián de la Garza, aspirante por el PRI-PVEM, de que varios de sus colaboradores tenían señalamientos de corrupción y petición de “moches”.
“Es un montaje que quisieron hacer, de violencia política, hacia un colaborador de la campaña (…) Aunque no tengo los elementos para comentarlo, tampoco quiero ser ingenuo (…) Yo lo que puedo visualizar es que tratan de ensuciar al equipo de campaña mío”, comentó Iván Garza.
No son los únicos casos. En otras entidades, el proceso electoral también ha tenido enfrentamientos políticos entre candidatos o sus seguidores.
También en el Distrito Federal, Jorge Triana, candidato del PAN a una diputación federal por la delegación Miguel Hidalgo, sufrió un ataque de sus opositores del PRD mientras visitaba un mercado público.
En Puebla, el candidato a una diputación federal del PAN Ángel Trauwitz Echeguren y su suplente, José Cabalán, y su equipo,  tuvieron un zafarrancho con alfareros del Barrio de la Luz, en la capital del estado.
Los panistas acusaron a sus opositores de haber orquestado el ataque en su contra, en el que hubo varios heridos.
En días pasados, el candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Alexandro Brown Gantús, denunció en la Fiscalía General de Campeche una agresión en la que varios sujetos apedrearon su camioneta y a varios miembros de su equipo de campaña.
El 5 de mayo pasado, el candidato priista a la alcaldía del municipio de Tinum, Yucatán, Felipe Chan Yam, fue retenido por más de tres horas por policías municipales, luego de que lo habían seguido durante varias horas.
De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos eran seguidos a la distancia por Evelio Mis Tun, candidato del PAN a la presidencia municipal, quien negó estar involucrado en los hechos.
También en Yucatán, fue agredido el periodista Hernán Casares Cámara, luego de descubrir una bodega de la que salían bolsas negras.
El hallazgo fue realizado luego de que en El Diario de Yucatán, donde labora Casares, se recibieran varias denuncias ciudadanas de que en algunos puntos del estado se realizaban operaciones para dar despensas a cambio de votos.
La violencia ha alcanzado no solo a los candidatos, sino a las autoridades electorales.
Al inicio de la campaña, en el municipio de Tlapa, Guerrero, un grupo de integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) retuvieron durante algunos días a Alberto Lidio González, asesor de Salvador Basurto, consejero presidente del INE en ese municipio.
La retención ocurrió luego de una protesta en que los integrantes del MPG aseguraron que no permitirían la organización de las elecciones hasta que aparezcan los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
¿Violencia creciente?
Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y director general de la consultora Integralia, consideró que no se han aumentado los niveles de violencia vinculados al tema electoral.
“Hubo un candidato asesinado en Guerrero. Sí, sí es cierto. Pero eso no quiere decir que la violencia esté creciendo en temas vinculados a las elecciones. Yo no veo que todos los días haya candidatos asesinados. No lo veo.
“Eso no es violencia creciendo. Eso es un hecho lamentable, no sé la razón. Probablemente a esta persona, aunque no hubiera sido candidato, lo hubieran asesinado. No lo sé, no tengo idea. Pero yo no veo que haya un tema de violencia generalizado, no lo ha habido en las elecciones en México nunca”, expuso Ugalde.
La violencia, comentó, no ha venido de integrantes del crimen organizado, sino de otros grupos.
“Podría ocurrir que el día de la jornada hubiera violencia en Guerrero. La violencia en Guerrero no tiene nada que ver con el crimen organizado, tiene que ver con maestros que quieren bloquear la reforma educativa y están actuando de forma oportunista para hacerlo”, sentenció.
En contraste, Francisco Guerrero, catedrático de la Universidad Anáhuac y exconsejero del IFE, lamentó que los focos rojos en el país por cuestiones de violencia vayan en aumento conforme se acerque el 7 de junio, día de las elecciones.
“Yo creo que el caso de Guerrero es un caso que debe verse con cuidado. El asesinato del candidato a la alcaldía, los ataques a otros candidatos, la imposibilidad de muchos candidatos de hacer recorridos, ya ha puesto un foco rojo en esta elección. Habrá que ver con cuidado cómo impacta la violencia en Jalisco después de los acontecimientos de hace unos días.
“Pero en términos generales puedo decir que hay zonas del país donde hacer campaña es complicado, es un gran reto para el INE y los órganos locales, porque el INE no puede solo, el INE necesita el apoyo de las autoridades a nivel federal, estatal y local”, expuso.
Guerrero insistió en que la labor del INE no es pacificar los territorios ni dar condiciones para que se desarrollen las campañas, sino que esa es labor de las autoridades.
“En ese sentido (de la violencia), éstas sí son las elecciones más complejas de la historia”, remató.
Los hechos
29 enero
Gabriela Pérez Cano, candidata a una diputación federal por el distrito 5 del estado de Morelos,  por el PAN, fue increpada en su casa dos veces. La primera, amarraron a su hijo, la segunda entraron hasta su recámara la amagaron con armas y le volvieron a advertir que debía retirarse
11 de marzo
Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo fue encontrada decapitada en una comunicad de Tecoanapa, Guerrero.
12 de marzo
A Alberto Merlo, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 6 del estado de Puebla, lo estuvieron siguiendo desde el inicio de la campaña, le intervinieron su teléfono y un día entraron a su domicilio, lo amarraron y le dejaron un mensaje en su puerta: “Hola Beto vas a valer madres”.
2 de abril
Fue confirmada por el vocero del Partido Acción Nacional, Enrique Flores Flores, la muerte de Alfonso Ordaz Mendioza, operador político de Matlapa.
De acuerdo al portavoz, Ordaz Mendioza fue decapitado y encontrado en el Río Moctezuma, sitio cercano a donde fue visto por última vez.
4 de abril
Una de las camionetas de la avanzada del candidato del PRI a la alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala Procell, fue cristaleada una de las ventanas.
También los vehículos del candidato del PAN sufrió del mismo vandalismo, cuando se encontraba frente a la casa de campaña.
13 abril
A Liliana Castro, candidata a diputada federal por el distrito 20 en Veracruz, le quemaron su casa una madrugada, en un ejercicio de violencia abierta en su contra.
16 de abril
Sujetos desconocidos balearon la casa de la candidata suplente del PRI-PVEM a la diputación federal del Distrito XVI de Ajalpan, Yolanda Pacheco Olivares, y también dispararon e incendiaron la camioneta del líder antorchista, Alfonso Flores, misma que incendiaron.
18 de abril
Jorge Triana, candidato del PAN a una diputación federal por la delegación Miguel Hidalgo, sufrió un ataque de sus opositores del PRD mientras visitaba un mercado público.
23 de abril
En Puebla, el candidato a una diputación federal del PAN Ángel Trauwitz Echeguren y su suplente, José Cabalán, y su equipo, tuvieron un zafarrancho con alfareros del Barrio de la Luz, en la capital del estado. Los panistas acusaron a sus opositores de haber orquestado el ataque en su contra, en el que hubo varios heridos.
25 de abril
El candidato a gobernador por el Partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, denunció que al menos una veintena de hombres armados lo “encañonaron” en una de las avenidas principales de Chilapa.
27 de abril
Leticia Vélez, de Atenango del Río, reveló que le hacían llamadas intimidatorias, “solicitándole” dejar la campaña, o se atuviera a las consecuencias.
1 de mayo
Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado de varios balazos.
3 de mayo
Dos sujetos armados que se presentaron como policías federales, asaltaron y amarraron a la candidata de Morena a Diputada Federal del Distrito 4 de Saltillo, Alma Rosa Garza del Toro, y a su esposo, en su domicilio.
5 de mayo
El candidato priista a la alcaldía del municipio de Tinum, Yucatán, Felipe Chan Yam, fue retenido por más de tres horas por policías municipales, luego de que lo habían seguido durante varias horas.
6 de mayo
En un enfrentamiento entre perredistas y candidatos de la coalición PRI-PVEM a diputados y jefe delegacional en Cuajimalpa, el exdelegado, Adrián Rubalcava, resultó herido.
> El candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Alexandro Brown, denunció en la Fiscalía General de Campeche una agresión en la que varios sujetos apedrearon su camioneta y a varios miembros de su equipo de campaña.
> Daniel Cruz Sánchez, asesor del candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, fue “levantado” por un comando armado. Después se enteraron que era detención ordenada por la PJNL porque al joven se le acusó de ser narcomenudista. Finalmente lo dejaron libre.
Fuente.-ReporteIndigo.

Los "APATRIDAS" ,encargados de la "SEGURIDAD del MENCHO del CJNG".


Su rostro es aún difuso, pero comienza a quedar delineado por las huellas que van dejando. El grupo criminal encargado de la seguridad de Nemesio Oceguera Cervantes, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, es una mezcla de mercenarios de distinto origen. Son los “apátridas”, como los llamó el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional. A ellos se les resposabiliza de la muerte de ocho militares de élite y un agente de la Policía Federal que murieron tras el derribo con un lanzagranadas RPG-7 de un helicóptero de transporte de tropas. 

Mexico,D.F 11/May/2015 Este grupo demostró un nivel de adiestramiento pocas veces visto en el país, inédito en escala geográfica que abarcó cuatro entidades. ¿Cómo fue posible que más de un centenar de acciones ofensivas simultáneas no fueran previstas con antelación? ¿Por qué falló la inteligencia militar y el narco tendió una emboscada mortal solo posible con información privilegiada?
En las primeras horas del viernes 1 de mayo el general de división Miguel Gustavo González Cruz no daba crédito a los reportes que en tiempo real recibía. El comandante de la quinta región militar, que abarca las zonas militares de cinco estados del occidente del país, estaba en comunicación permanente con su colega el también divisionario Roble Arturo Granados Gallardo, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Un comando que actuaba como primer “anillo” de protección de Nemesio Oceguera Cervantes, líder de la organización criminal autodenominada Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), había hecho contacto con la aeronave que iba a la vanguardia de la operación lanzada esa madrugada para detenerlo.
La avanzada encargada de capturtar al michoacano, no era cualquier unidad del ejército. Se trataba de una sección, alrededor de 40 efectivos, de integrantes del GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) del Alto Mando, perteneciente al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, unidad comandada por el general brigadier Miguel Ángel Aguirre Lara. Los soldados de élite habían sido atacados desde tierra por lanzacohetes RPG-7 y habían sido blanco de fusiles de asalto desde diferentes puntos. Las aeronaves de apoyo lograron hacer blanco en varios de los atacantes, pero al transcurrir de los minutos el “anillo” de protección del líder criminal había logrado cubrir su huida tras derribar el helicóptero que iba a la vanguardia y que llevaba a las tropas que concretarían la detención. Este golpe daría al traste con la operación.
Esa era una de las razones que tenía a los generales González Cruz, Granados Gallardo y al brigadier Aguirre Lara sumamente preocupados. Las tropas habían hecho contacto con un cuerpo especial que custodiaba a Oceguera Cervantes, el grupo estaba identificado de tiempo atrás, se sabía que lo conformaban desertores del ejército mexicano, quienes actuaban apoyados por ex soldados guatemaltecos y algunos ex marines estadounidenses quienes ofrecían sus servicios a los carteles de la droga vía sus contactos en Centroamérica. Integrantes de este grupo fueron quienes presuntamente habrían entrenado a los llamados “matazetas”, el cuerpo paramilitar que apareció en Veracruz hace tres años y quienes se sabe actúan en zonas del Golfo, Estado de México y Michoacán donde sus enemigos tienen presencia.
Fuentes militares consultadas en Jalisco y en la ciudad de México coincidieron en señalar que la idea de maniobra, la capacidad de reacción, las técnicas de planeación y el uso de armamento más sofisticado era algo que se sabían estaban preparados algunos de los integrantes del grupo que custodia al “Mencho”. Las detenciones en los últimos meses de gente de su primer círculo así lo habían corroborado. Quienes lo conforman serían mercenarios de “última generación”, “soldados de la fortuna”, algunos con experiencia en Afganistán e Irak, retirados y otros dados de baja, que ofrecen sus servicios como guardia pretoriana del líder del CJGN, señaló una fuente castrense en la capital del país.
Este grupo quedó identificado en días pasados por los periodistas Raymundo Riva Palacio y Salvador García Soto, quienes por separado, registraron en sus columnas la posible participación de ex marines estadounidenses en la operación de reacción que derribó el helicóptero y que costó la vida a ocho miembros del GAFE del Alto Mando y un policía federal, y tiene entre la vida y la muerte a otros tantos.
Lo que las fuerzas federales no contaban era que el grupo que custodiaba al “Mencho” también recibía información de inteligencia en tiempo real, lo que les permitió actuar con antelación, preparar el contraataque y blindar la fuga del área de Villa Purificación, el municipio jalisciense donde fue derribado el helicóptero que dejó siete muertos en el lugar, y varios heridos uno de los cuales murió posteriormente en la ciudad de México.
¿Dónde se rompió “el secreto de la operación”, en la planeación, en las órdenes iniciales, o en la compartimentación?, se preguntaban varios mandos militares horas después de conocerse el derribo de la aeronave. La duda recibió respuesta concreta en las horas siguientes a los bloqueos en más de 25 municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato con los que respondió la “infantería” del CJNG.
En primera instancia se sospechó de la Policía Federal, cuyos mandos en territorio jalisciense fueron relevados durante las primeras horas tras la tragedia del helicóptero. A las policías municipales y a la estatal, se les marginó y se le pidió al gobernador Aristóteles Sandoval, ser interlocutor directo con el mando de la “Operación Jalisco”, pues el ejército y la marina no tenían confianza en Luis Carlos Nájera, fiscal general del estado y ex secretario de seguridad en la administración pasada que encabezó el panista Emilio González Márquez. De Nájera y otros mandos policiales se sospecha de tiempo atrás que sirven a los intereses del CJNG, señaló una fuente de la 15 zona militar en Zapopan, Jalisco, quien pidió no ser citado por su nombre ni rango castrense.
Los errores que brotaron con la operación fueron la debilidad en el blindaje de la información de inteligencia, una “fuga” permitió al grupo del “Mencho” no solo reaccionar con antelaciòn a la llegada vía aérea de una avanzada del GAFE, sino preparar una acción coordinada y “limpiar” las vías para la huida. Otra fuente militar de alto nivel, ésta consultada en la ciudad de México, señaló que el mando de la operación era “difuso”, no se sabía por qué iban policías federales, cuando sus exámenes de confianza no son garantía para confiarles participar en operaciones conjuntas, esto quedó demostrado en varias acciones el sexenio pasado. Otra cuestión fue con base en qué información se planeó la operación, cuáles era las variantes y qué medidas de reacción se aplicar castrenseó estejefedoiperaciciódad de fuego que tens, se demostreses del CJNG, señalisco y en la ciudad de MÑ tiempo atrlos ataían en caso de contingencia. “¿Cómo se ideó la maniobra en campo, con qué información contaban, se supo de la capacidad de fuego que tenían, y con base en ello, así se permitió el desplazamiento vía aérea de la avanzada?”, cuestionó este jefe castrense.
La inteligencia militar falló, y como reza la enseñanza de los viejos generales: los errores en la conducción de una empresa donde el mando es horizontal, pueden producir pérdidas económicas; los errores en el ejercicio del mando en el ejército, donde el mando es vertical, pueden producir pérdidas de vidas.
Alerta militar
Horas antes de que el miércoles 6 de mayo se anunciara que el mando de la “Operación Jalisco” quedaría centralizado y recaería , comandante de la 41 zona en Puerto Vallarta; el nden de la cappital en una empresa donde el mando es horizontal, pueden produen el general de división Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la quinta región militar con cuartel en Guadalajara, las alertas en las comandancias de zona bajo su jurisdicción estaban activadas. Uno de los primeros en movilizar a sus gtropas fue el general Raúl David Guillén Altuzar, comandante de la 41 zona en Puerto Vallarta; otro fue el general de brigada ingeniero constructor Francisco Ortíz Valadez, jefe de la 20 zona en Colima. El general Javier Cruz Rivas, al mando de la 15 zona en Zapopan, el más cercano geográficamente a González Cruz, activó la alerta en sus tropas desde el viernes 1 de mayo. Otro fue al general Miguel Andrade Cisneros, de la 13 zona en Tepic, Nayarit, una entidad donde se sabe que su serranía sirve al “Mencho”, para refugiarse. Otros de los que giraron instrucciones especiales a sus tropas ante la eventualidad de que los testaferros de Oceguera Cervantes comenzaran a desplazarse a su zona geográfica, fueron el general de brigada Antelmo Rojas Yañéz, comandante de la 11 zona en Zacatecas, versado además en las lides del narcotráfico al haber comandado otras zonas militares de alta complejidad, y el comandante de la 14 zona en Aguascalientes, el general de brigada Juan Manuel Espinosa Valencia.
A los generales Rojas Yáñez, de Zacatecas, y Cruz Rivas de Zapopan, se les alertó sobre reforzar la vigilancia en las zonas de alta densidad de narcolaboratorios donde procesan precusores químicos las huestes del “Mencho”, las cuales van de Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara, a Yahualica, Cuquío, el Cerro del Colorado en la región zacatecana de Guadalupe.
Se pidió también mayor coordinación con las zonas militares 43 de Apatzingán, y 21 de Morelia, que dependen de la décimo segunda región militar al mando del genera de división Pedro Felipe Gurrola Ramírez, donde se sabe que “Mencho” tiene áreas para esconderse. Con la marina se activó un protocolo especial para los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Puerto Vallarta, áreas las dos primeras, estratégicas para la entrada de droga y precursores químicos vía marítima con la que sostiene parte de su emporio criminal.
Estar preparado para reaccionar ante “acciones ofensivas simultáneas”, sobre todo en áreas de alta densidad poblacional, fue una de las directrices ordenadas, señaló un oficial que participa en Jalisco en las operaciones. Tambien se reorganizó el desplazamiento en tierra de las unidades de infantería, arma blindada y caballería, ante el arribo de unidades artilladas de otras regiones miliatres del país, señaló.
La prensa en Jalisco registró el pasado viernes 8 de mayo el arribo de alrededor de ocho mil militares, algunos equipados con armas antiblindaje y lanzacohetes, aproximadamente 300 vehículos blindados y artillados, quienes se desplazaron a la región de Autlán de la Grana, los municipios de Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cuatitlán y otras comunidades serranas en dirección a la costa, como San Sebastián del Oeste, donde se sabe están escondidos algunos testaferros del “Mencho”, pues esa es la zona donde tendieron una emboscada a un convoy de la policía estatal el mes pasado donde murieron 15 agentes.
Reaparece la “quinta columna”

La mañana del viernes 8 de mayo en el monumento a los Niños Héroes en la plaza cívica del municipio de Autlán, apareció un manta con un mensaje en letras negras y rojas, signado por quienes aseguraron ser parte del CJNG. El mensaje, retirado momentos después por autoridades locales, tenía un tono de advertencia a los soldados que desde días atrás comenzaron a llegar al municipio para tender un cerco en la región serrana en dirección a la costa. El texto decía:
“Esta manta es para los guachos queremos que se retiren de Autlán tienen este mes para largarse de lo contrario actuaremos en contra de ustedes mataremos a cada militar que veamos en la calle Atte: Cartel de Jalisco Nueva Generación”.
El mensaje fue visto como parte de la estrategia de propaganda de seguidores del grupo criminal, quienes tendrían la instrucción de explotar la información sobre la supuesta “baja moral” de los soldados enviados a la zona, y aprovechar para hacer circular rumores sobre el uso de armamento antitanque, miiles y lanzagrandas en poder de los del CJNG.
También vía Internet circuló en días pasados un supuesto mensaje de Oceguera Cervantes, quien rechazó que en su grupo existieran mercenarios rusos o talibanes. En el texto decía que los miembros de la guardia de “Mencho”, eran todos mexicanos de entidades como Nayarit, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Su reacción el 1 de mayo, aseguró, fue a la defensiva, para repeler “un ataque planeado para exterminarnos”. El mensaje no pudo ser corroborado por ninguna autoridad en su autenticidad, y al igual que en otras ocasiones, fue visto como parte de la estrategia de propaganda criminal para “confundir” a la opinión pública.
Fuente.-Juan Veledíaz/@velediaz424

El "VOTO DURO del PRI",el FIN del PRI ?...la "maquinaria engra$ada" y sigue arriba en ENCUESTAS.


El PRI no crece en el número de sus simpatizantes y todo su trabajo se reduce a mantener y alimentar su voto duro, que ronda en 30 por ciento, mismo que se distribuye en porcentajes semejantes en las distintas regiones del país. En un primer nivel de análisis, esos números le garantizan ganar la próxima elección federal, por debilidad de la oposición, pero esconden la realidad del partido en el poder.

En el 2012, el regreso del PRI a la Presidencia no le ha implicado el crecimiento de sus seguidores. Cuando un partido, para el caso el PRI, asume que ya no tiene capacidad de convencer a más electores que su voto duro, acepta que ahora sólo le toca usufructuar, es su única posibilidad, lo que construyó en el pasado y vivir de sus rentas hasta que éstas se agoten.

En los dos y medio años que van del sexenio, el presidente y su partido han tenido una baja valoración, en torno a 40% para el caso del presidente, hay encuestas que lo sitúan todavía más abajo, y en la sociedad se ha consolidado la imagen, misma que tiende a crecer, de que este gobierno y los priístas en general son corruptos, frívolos y dispendiosos.

La estrategia electoral del PRI ante este escenario ha sido la de concentrar todos sus esfuerzos en mantener amarrado a su voto duro a través de distintos tipos de dádivas, pero sin hacer ningún esfuerzo, lo consideran inútil, para ampliar el número de sus simpatizantes. Confía en que su estructura, de su yo más fuerte que la de los otros partidos, sea capaz de sacar a sufragar a sus “bases” el día de la elección.

Si el PRI ya no puede crecer, todos los datos indican eso, hace evidente que en el futuro próximo ya no tendrá posibilidades de hacerse del poder. Ahora lo previsible es que el voto duro se va a seguir reduciendo, tal como ha ocurrido en los últimos 25 años. Los porcentajes acumulados históricamente le han permitido mantenerse y ganar, pero un día, que está próximo, los porcentajes del voto de sus simpatizantes ya no se lo van a permitir.

Hoy si la oposición se une, cosa que no se ve fácil, pero tampoco imposible, el PRI perdería las elecciones federales del 2018 y buena parte de los estados que ahora gobierna. Si el PRI no cambia su manera de hacer política, de gestionar el poder y su forma de acercarse a la sociedad, no podrá crecer y de esta manera sólo obtendrá el poder mientras le den los números de su voto duro.

Si el PRI no se transforma, ahora no se ve cómo, está en camino a su fin como instancia hegemónica. El volver a la Presidencia, que implica el regreso de viejas prácticas, marca el inicio de esta etapa y no la de su expansión. La posibilidad de triunfar en las elecciones ya no depende del PRI, sino de la debilidad de la oposición. Ella tiene la palabra.

(Fuente.-Ruben Aguilar/El Economista)

...y que dice EXCELSIOR hoy.

Tras un mes de campaña para la elección de diputados federales, el PRI sigue al frente a nivel nacional con 33% de las preferencias electorales efectivas, 3 puntos menos que a fines de marzo, según el modelo de votantes probables y solidez de las intenciones de voto, con datos de la encuesta BGC-Excélsior en viviendas.
 En este estudio, levantado entre el 30 de abril y el 5 de mayo, el PAN se mantiene en segundo lugar con 25%, 3 puntos más que en la encuesta anterior. El PRD se estanca con 14%, en tanto que el Partido Verde y Morena continúan en la pelea por el cuarto lugar con 9% y 8%, respectivamente .

De los demás partidos contendientes, sólo Movimiento Ciudadano supera 3%, mientras que Nueva Alianza ronda esa cifra. El PT, el Partido Humanista y Encuentro Social se ubican por debajo de ese umbral que les garantiza conservar el registro. Al paso de las semanas se ha consolidado la preferencia que manifiestan los electores. En estos momentos, 67% de quienes señalaron una preferencia dice estar completamente seguro de votar por esa opción, 9 puntos más que en marzo.
En términos de identidad partidista, 34% se dice independiente, 27% se considera priista, 18% panista y 10% perredista y 8% se identifica con otros partidos.
Conforme transcurre la campaña, estas elecciones han ido despertando más interés. 49% está totalmente o bastante interesado en ir a votar por diputados federales, 9 puntos más que en marzo . La seguridad de ir a votar ha aumentado ligeramente, ya que 57% de los electores dice estar totalmente o bastante seguro de acudir a las urnas, 4 puntos más que en vísperas del inicio de la etapa proselitista .
Fuente.-Excelsior

AUTORIDADES MEXICANAS "IMPLICADAS en la VIOLENCIA"...dice"THE INTERCEPT",diario de E.U.


A partir de la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Estados Unidos realizó algunos informes en los que manifiesta su sospecha sobre la complicidad del gobierno mexicano con los cárteles de la droga y el involucramiento del Ejército en actividades ilícitas. 

  • Como castigo, en el primero de los casos suspendió la ayuda militar al Batallón 102 del Ejército; en el segundo evitó definir su postura.

Los documentos que fueron desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información mediante solicitudes realizadas por investigadores de la organización Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive), y publicados por The Intercept, una revista electrónica que sirve, entre otros objetivos, como una plataforma para informar sobre los documentos publicados por Edward Snowden, revelan que por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón 102 en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército.
En el artículo titulado “Autoridades mexicanas implicadas en la violencia, mientras siguen fluyendo los apoyos”, el investigador Jesse Franzblau y la reportera Cora Currier mostraron un informe interno del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, fechado en octubre de 2014, que menciona que algunas de las 22 víctimas no murieron a causa del supuesto enfrentamiento con el Ejército sino que fueron ejecutadas de manera sumaria y que un oficial del Ejército mexicano y siete soldados habían sido detenidos por los asesinatos y su encubrimiento.
A continuación, en el documento de Comando Norte se menciona: “A medida que más datos salen a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estuvo involucrado en actos ilícitos”.
Menciona también que si la Secretaría de la Defensa Nacional que investigaba el caso encontraba que el comandante de la zona militar que supervisaba al Batallón 102 era encontrado responsable de los asesinatos de Tlatlaya y estuviera implicado en ‘una grave violación a los derechos humanos’, entonces ‘toda la zona militar, más 10.000 miembros del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos’.
En enero otro cable del Comando Norte informa que el Departamento de Estado había suspendido el financiamiento de Estados Unidos a esta unidad en espera de los resultados de la investigación.
Esta afirmación fue confirmada por una funcionaria del Departamento de Estado quien, al ser consultada por The Intercept, señaló que cinco individuos pertenecientes al Batallón 102 acusado de los asesinatos extrajudiciales habían recibido entrenamiento del Comando Norte, pero que ninguno de los capacitados había sido acusado por los asesinatos.
La funcionaria agregó: “El Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado ninguna ayuda o entrenamiento a miembros del batallón 102, y no lo hará hasta que haya evaluado los resultados de las investigaciones relacionadas con este incidente”.
“El caso de Tlatlaya es un inusual ejemplo confirmatorio de que el Gobierno de Estados Unidos, en efecto, está cesando los fondos dirigidos a fuerzas de seguridad”, indica el reportaje dedicado a mostrar cómo en la mayoría de los casos el gobierno estadunidense ignora las violaciones a los derechos humanos cometidas en México.
El artículo menciona la legislación introducida por el senador demócrata Patrick Leahy en 1997, conocida como la “Ley Leahy”, que prohíbe que los Estados Unidos brinde asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras que se sospecha hubieran cometido alguna grave violación a los derechos humanos.
El mismo reporte fechado en octubre de 2014 aborda también la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala en la que participaron distintos funcionarios públicos, especialmente el hallazgo de los cuerpos encontrados en las fosas sobre las que el Comando Norte señala: “(este caso plantea) alarmantes preguntas sobre el carácter generalizado de la violencia de cárteles en la región y su nivel de complicidad con el Gobierno”.
The Intercept preguntó a la funcionaria estadunidense sobre si el Departamento de Estado o el de Defensa habían suspendido algún tipo de formación o asistencia a las fuerzas de seguridad o a los órganos de investigación en el estado de Guerrero en castigo por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a lo que se le respondió que desde el otoño pasado no habían recibido ninguna solicitud de capacitaciones en esa entidad.
La funcionaria cuestionada no confirmó si se dejó de brindar apoyo como resultado de las investigaciones derivadas de la desaparición forzada. En el artículo se señala que es “irregular” el criterio que usa el Departamento de Estado para cada caso.
El texto menciona que el caso Ayotzinapa fue “sólo una de las numerosas y recientes atrocidades en México”, pues en junio militares mexicanos mataron a 22 personas en Tlatlaya y el pasado mes de abril una investigación periodística (realizada por Laura Castellanos) reveló que la policía federal había masacrado a 16 personas en Apatzingán, Michoacán. En los tres casos las autoridades presuntamente trataron de encubrir los asesinatos.
“En un periodo menor a un año, autoridades locales, federales y militares se han visto involucradas en estos tres incidentes, lo que proporciona ejemplos gráficos de la violencia patrocinada por el Estado, convertida en algo tan común en México”, escribieron los investigadores.
Los autores mencionaron que la cooperación de Estados Unidos para con el gobierno mexicano –“que supone miles de millones en apoyo financiero estadunidense para su guerra contra las drogas”– está bajo un constante escrutinio y que los documentos obtenidos demuestran que Estados Unidos “es muy consciente de que su apoyo se dirige hacia autoridades mexicanas conectadas con esas violaciones”. Y pese a ello (excepto en ocasiones muy puntuales como el de Tlatlaya) la ayuda a México sigue fluyendo.
En el texto se menciona que desde 2008, el gobierno de Estados Unidos ha gastado casi 3 mil millones de dólares en asistencia en seguridad para México, y gran parte de esto es a través de la Iniciativa Mérida, una estrategia antidrogas inspirada en el Plan Colombia, mediante la cual los Estados Unidos canalizan miles de millones de dólares hacia la, “a menudo brutal”, guerra antidrogas librada por México. A este apoyo se le suma la venta directa de armas y otros equipos (México es el principal cliente latinoamericano), que ascendieron a más de 1.15 mil millones de dólares el año pasado.
Señala también que una gran cantidad de agencias de Estados Unidos apoyaron al gobierno mexicano para utilizar el espionaje telefónico y el uso de tecnología biométrica, de acuerdo con cables de la embajada. El FBI también ha prestado asistencia para recolección en bases de datos de huellas digitales, según archivos del gobierno mexicano.
“EE.UU. ofrece capacitación a los oficiales en veintiún estados diferentes, incluidos suministros que van desde ‘equipos de gimnasio hasta esposas para los entrenamientos’; y entrenamiento para ‘análisis de inteligencia especializada’. A nivel federal, el cable apunta que EE.UU. ha brindado formación en áreas de especialidad, que incluyen ‘artefactos explosivos, terrorismo y tráfico de drogas’”.
Desde diciembre de 2012, el Departamento de Estado –según uno de los documentos declasificados– había financiado casi 4 millones de dólares en “equipo básico de vigilancia encubierta”, junto con la capacitación de las agencias de investigación federales mexicanas.
“El Departamento de Estado ha desplegado proveedores para brindar software, equipos y otros tipos de asistencia para el Centro de Control y Comando Nacional de México, conocido como el “Bunker”, que es utilizado por la Policía Federal como un centro de recopilación de información y de intercambio de inteligencia.
Las agencias de seguridad de México también están conectadas a través de una red llamada Plataforma México —otro proyecto financiado por Estados Unidos que une al Bunker con otras agencias federales, estatales y locales, incluyendo los Comandos regionales y centros de control, conocidos como C-4”. Dicho C-4 –mencionan– no funcionó para prevenir los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

EL "CELULAR: el "OBJETO mas ROBADO" en el PAIS...y el menos recuperado también.


La escena sucede a las once de la noche en la calle de Amsterdam, en la colonia Condesa. José y una amiga con la que acaba de cenar en alguno de los restaurantes de la colonia, caminan por el camellón arbolado. Todavía hay gente, poca, que corre o pasea a sus perros. Un hombre les llega de pronto por la espalda. Resulta muy específico:
Entréguenme todo, bolsa, cartera, celulares. 

José siente en las costillas la punta de un arma. La amiga intenta resistirse. El hombre le dice: 
—Tranquilízate. 
Cuando le entregan las cosas, les ordena que se echen a correr, “y no volteen”. El asalto dura unos segundos. José y su acompañante han pasado a formar parte de una estadística que indica que en 9 millones 780 mil denuncias de robo a transeúnte, en el 57% de los casos esos transeúntes perdieron un teléfono celular. 
Datos de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, indican que alrededor de 5 millones 600 mil teléfonos celulares cambiaron de mano el año pasado a través de asaltos. 
La escena sucede a las tres de la tarde frente a la Plaza de la Tecnología. César camina por la calle, una de las más ruidosas y atestadas del Centro Histórico. Un sujeto le entrega un folleto promocional y le dice que por inauguración de una nueva tienda “estamos regalando micas protectoras de celular”. 
—¿Qué modelo es el tuyo? —le pregunta. 
César saca el teléfono del bolsillo, y se lo muestra. El sujeto lo toma entre las manos, le dice que en un segundo le pondrán la mica, entra en la plaza llena de gente… y se echa a correr. César lo pierde de vista entre la multitud. 
De acuerdo con un estudio realizado por el Consejo Ciudadano del Distrito Federal y la Anatel, los teléfonos celulares se han convertido en “el primer artículo más robado en el país”. 
Los aditamentos que la tecnología nos puso en el bolsillo se volvieron, para los asaltantes, mucho más atractivos que las carteras, los relojes o las tarjetas de crédito. En los últimos años, ¡a la mitad del país le han robado uno! 
Los asaltantes entendieron que en estos tiempos de crisis y abatimiento las carteras suelen ir vacías, y que los ciudadanos, en cambio, llevan encima dispositivos cuyo valor es de varios miles de pesos —los cuales pueden ser revendidos con relativa facilidad. 
El Consejo Ciudadano afirma que no cuenta aún con series estadísticas que permitan conocer a lo largo del tiempo cuántos teléfonos celulares han sido robados, año con año, en México. Señala, sin embargo, que en 2013 se registró un aumento significativo en el número de celulares reportados como robados o extraviados. Ese aumento fue de 118% en relación con el año anterior. Así, de un año a otro, la cifra creció en 341 mil 740 casos. 
El estudio Consejo Ciudadano-Anatel señala que es probable que la cifra continúe ascendiendo en los próximos años, antes de que inicie una tendencia de largo plazo a la baja, la cual será provocada a medida que la gente tenga mayor información sobre las opciones para reportar y denunciar aparatos robados, y la mayor parte de esos aparatos queden, por tanto, inhabilitados. 
Ahora, una historia extraña: Jared, un estudiante de secundaria, extravió en la escuela su celular. Por si se diera el caso de que aún existiera gente honrada en el planeta, su hermana envió un mensaje de texto que decía que si alguien hallaba el teléfono se comunicara a tal número. Como nadie llamó, decidió bloquearlo. 
Al día siguiente llamó “un señor”. Dijo que tenía el teléfono, que lo había comprado en Coyoacán, y que ahora veía que el teléfono estaba bloqueado. Dijo también que si lo querían de regreso, tendrían que pagarle 2,500 pesos. 
—No lo queremos. Quédeselo —contestó la hermana de Jared. 
El hombre replicó: 
—No me lo quiero quedar, a mí así no me sirve. Mejor quédenselo ustedes y denme el dinero. 
La muchacha colgó. 
No había gente honrada en el planeta y ella era también una estadística.
Fuente.- El Universal/@hdemauleon

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