La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está canalizando decenas de miles de millones de pesos a uno de sus fideicomisos, que gasta en opacidad.
Así, aunque la 4T ha desaparecido 109 fideicomisos creados por Gobiernos pasados con el argumento de que permiten alta discrecionalidad en el uso del dinero público, recurre al mismo mecanismo para ejercer los recursos millonarios asignados a las fuerzas armadas que como lo dice la palabra,estan armados y tienen fuerza.Pero aun asi,en vez de ser ciudadanos de excepción,debieran ser excepcionales.
Pero esta conducta descrita en informacion publicada por El Norte,de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) en cuanto al manejo de fideicomisos y recursos públicos es severamente cuestionable desde la perspectiva de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública.
Opacidad y discrecionalidad en el manejo de recursos
La Sedena ha canalizado decenas de miles de millones de pesos a fideicomisos que operan con un alto grado de opacidad.
El Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo (FAPE) recibió 53,601 millones de pesos entre julio de 2024 y marzo de 2025, gastando 23,605 millones —un promedio de 93 millones diarios— sin que exista una fiscalización efectiva ni reportes detallados sobre el destino de estos fondos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado apenas dos revisiones en más de una década, lo que limita la posibilidad de detectar irregularidades o desvíos.
Doble discurso y contradicciones
Aunque la Cuarta Transformación (4T) ha eliminado 109 fideicomisos bajo el argumento de que promueven la discrecionalidad y la corrupción, mantiene y fortalece los fideicomisos militares, que ahora concentran uno de cada cinco pesos de los fideicomisos federales.
Esto representa una contradicción evidente entre el discurso oficial y la práctica institucional, ya que se critica la opacidad en otros sectores mientras se permite e incluso incrementa el control militar sobre fondos públicos sin estructura orgánica ni mecanismos de control robustos.
Crecimiento exponencial y falta de justificación
El presupuesto y los recursos canalizados a los fideicomisos militares han crecido de manera exponencial. Por ejemplo, la Sedena ejerció en 2024 más del doble de lo autorizado por la Cámara de Diputados (216,136 millones de pesos frente a 116,704 millones autorizados). El saldo disponible del FAPE al cierre de marzo de 2025 es de 70,827 millones, una cifra casi equivalente al presupuesto anual del Poder Judicial federal, lo que evidencia un poder económico desproporcionado y poco justificado.
Ausencia de proyectos y fiscalización limitada
En el caso de Semar, se han inyectado más de 30,000 millones de pesos a un fideicomiso para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, sin que existan proyectos específicos para utilizar esos recursos. El informe trimestral de Hacienda reconoce que “no existen proyectos a financiarse” con esos recursos, lo que aumenta el riesgo de desvío o uso discrecional.
Conclusión severa
Esta conducta refleja una falta de control democrático sobre las fuerzas armadas y una creciente autonomía económica y política de las instituciones militares, basada en mecanismos financieros opacos que les permiten mover grandes sumas de dinero sin la debida rendición de cuentas.
La situación es aún más grave porque, mientras se exige transparencia y austeridad en otras áreas del gobierno, los fideicomisos militares operan como cajas negras, lo que facilita la discrecionalidad, el despilfarro y potencialmente la corrupción.
“Históricamente, por medio de la utilización de los fideicomisos, las entidades y organismos gubernamentales han podido disponer de recursos públicos sin vigilancia y supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado. Ello, como es lógico, ha provocado múltiples irregularidades en la gestión pública y ha llegado a generar importantes daños patrimoniales a través de gastos discrecionales, de desvío de recursos, y de conspicuos casos de corrupción.”.
En resumen, la conducta del Ejército y la Marina en este contexto es inaceptable para un Estado democrático que se precie de respetar la transparencia y la rendición de cuentas. Urge una revisión profunda y una regulación estricta de estos mecanismos financieros, así como una fiscalización independiente y constante.
Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS
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