Luego que la Administración de Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en California para el control de manifestantes por las redadas antimigrantes, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera hipocrita esas medidas en las que, dijo, fueron detenidos 35 migrantes mexicanos.
“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición, y siempre un llamado a la paz. a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación”.
Sheinbaum critica el uso de la Guardia Nacional y señala que asi no se combate la migracion,pero ella misma usa al ejercito y la Guardia Nacional para combatirlos e incluso a plomazos.
En las declaraciones de la Presidenta,como ya se le hizo costumbre,existe una aparente contradicción o doble rasero con respecto al uso de fuerzas militares en tareas de control migratorio en Estados Unidos y la política interna de México, donde el Ejército y la Guardia Nacional han sido ampliamente utilizados en tareas que originalmente correspondían a instituciones civiles.
La militarización de la seguridad pública y la asignación de tareas civiles a las fuerzas armadas es una práctica que ha sido profundamente criticada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones a derechos humanos, el debilitamiento de instituciones civiles y la falta de rendición de cuentas.
Sheinbaum ha negado que la reforma que integró la Guardia Nacional al Ejército implicara una “militarización” del país, argumentando que la seguridad dependia del mando civil (ella misma), y que se respetarán los derechos humanos.
Sin embargo, analistas y opositores señalan que la realidad es otra: la militarización de tareas civiles —desde seguridad pública hasta construcción de infraestructura y administración de empresas estatales— es un hecho y ha sido una política sostenida tanto por López Obrador como por Sheinbaum. Además, se han registrado abusos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares y elementos de la Guardia Nacional, lo que ha sido documentado por organismos nacionales e internacionales.
La crítica a la actitud de Sheinbaum —de recriminar la militarización y la violencia cuando ocurre en otros países, pero defender o minimizar su uso en México— es recurrente en la oposición y en el análisis político.
Se señala que, más allá de su papel legítimo de defensa de los connacionales, la presidenta tiende a reaccionar con molestia ante las críticas hacia su gobierno, especialmente en temas de seguridad y derechos humanos. Esto ha generado la percepción de una doble moral, donde se condena la violencia y la militarización cuando se ejerce en el extranjero, pero se justifica o se niega cuando ocurre en territorio nacional.
En síntesis, la postura de Sheinbaum sobre la migración y el uso de la fuerza es clara: rechaza la violencia y la militarización como solución, especialmente cuando afecta a mexicanos en el extranjero. Sin embargo, su gobierno continúa con una política de militarización de tareas civiles en México, lo que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de la sociedad civil, la oposición y organismos internacionales. La discrepancia entre el discurso y la práctica interna alimenta la percepción de una postura contradictoria o defensiva cuando se enfrenta a críticas.
Con información: ELNORTE/
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