Nuestro encabezado refleja fielmente el tono y contenido del informe de la OEA: la elección judicial mexicana fue duramente criticada, se considera un experimento fallido y recomienda explícitamente en su informe que ningún país del mundo lo imite. Los argumentos técnicos, políticos y sociales expuestos en el informe son demoledores y justifican plenamente la contundencia de nuestro encabezado.
Observaciones negativas de la OEA sobre la elección judicial en México
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) presentó un informe preliminar con numerosas observaciones críticas sobre la primera elección popular de cargos judiciales en México, celebrada el 1 de junio de 2025. A continuación se resumen los principales señalamientos negativos realizados por la OEA, respaldados por el documento oficial de la misión.
1. Baja participación ciudadana y desinterés
- La OEA manifestó “preocupación” por el bajo nivel de participación ciudadana, que fue de apenas 13%, uno de los más bajos en la región para un proceso electoral de este tipo. También se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados, lo que evidencia desinformación y desinterés de la población.
2. Proceso apresurado y falta de debate plural
- La reforma que permitió la elección judicial fue impulsada y aprobada en un plazo muy breve, sin dar espacio a un debate honesto, plural y comprensivo sobre cómo fortalecer la judicatura. Diversos actores entrevistados por la misión consideraron que los cambios debieron ser graduales y progresivos.
3. Riesgo de politización y debilitamiento de la independencia judicial
- La OEA recogió preocupaciones de que someter la selección de jueces al voto popular puede afectar la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso del poder político y proteger los derechos de las minorías. Se advierte que la elección popular puede politizar la judicatura y subordinar decisiones técnicas a intereses electorales.
4. Falta de garantías técnicas y de idoneidad
- Se eliminó el concurso de oposición y la evaluación técnica rigurosa, lo que, según la OEA, pone en duda la solvencia técnica y la idoneidad de quienes resultaron electos. Los comités de evaluación aplicaron criterios dispares y, en muchos casos, no exigieron exámenes técnicos, por lo que no hay garantía de que los nuevos jueces y magistrados tengan las capacidades requeridas.
5. Vacíos normativos y reglas poco claras
- La elección se realizó sin una legislación específica y clara, lo que obligó al INE a emitir numerosos acuerdos para cubrir vacíos sobre la marcha. Esto generó incertidumbre jurídica tanto para los candidatos como para la ciudadanía.
6. Intervención política en la selección de candidaturas
- Los comités de evaluación, encargados de revisar las candidaturas, fueron integrados por personas designadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que según la OEA puede abrir la puerta a la injerencia política en una etapa clave del proceso.
7. Falta de mecanismos efectivos de impugnación y control ciudadano
- No se establecieron etapas claras para que la ciudadanía pudiera impugnar candidaturas, y la legitimación para presentar recursos fue limitada. Tampoco se previeron espacios de audiencia pública para expresar inquietudes sobre los candidatos.
8. Duración limitada de los cargos y posibilidad de reelección
- La reforma acortó la duración de los mandatos y permitió la reelección, lo que, según la OEA y estándares internacionales, puede afectar la independencia judicial, ya que los jueces podrían verse tentados a fallar conforme a la opinión pública para asegurar su continuidad.
9. Campañas restrictivas y falta de difusión
- El modelo de comunicación fue excesivamente restrictivo: se prohibió a los candidatos comprar espacios en radio, televisión y redes sociales, y no hubo financiamiento público. Esto dificultó que la ciudadanía conociera a los candidatos y cargos en disputa, limitando el derecho a un voto informado.
10. Complejidad operativa y falta de accesibilidad
- La cantidad de cargos, boletas y la modalidad de votación impusieron una carga considerable al elector, generando demoras y dificultades, especialmente para personas con discapacidad o bajo nivel de alfabetización. Además, no se implementaron mecanismos de voto en el extranjero.
11. Dudas sobre la autonomía del máximo tribunal
- Se observó que la mayoría de los ministros electos para la Suprema Corte fueron promovidos por el comité del Poder Ejecutivo, lo que genera dudas sobre la autonomía e independencia del tribunal respecto al Ejecutivo.
12. Recomendación final
- La OEA concluye que este modelo de elección judicial, sin precedentes en el mundo, presenta riesgos significativos para la independencia, imparcialidad y eficacia del Poder Judicial, y no recomienda su adopción en otros países de la región.
“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial.”
En resumen, la OEA advierte que la elección judicial en México estuvo marcada por falta de participación, deficiencias técnicas y normativas, riesgos de politización, y ausencia de garantías para la independencia judicial, lo que podría debilitar la administración de justicia en el país.
Con informacion: Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las Elecciones del Poder Judicial en México, 6 de junio de 2025.

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