Cientos de policías municipales de la frontera sur, donde inicia la migración que busca llegar a Estados Unidos, han estado bajo las órdenes del crimen organizado y han arremetido contra estos, sin tocar al ex-gobernador Rutilo Escandon,recien premiado por Cláudia Sheinbaum.
Del 8 de diciembre de 2024 al 2 de febrero de este año, en la entidad han sido detenidos 224 policías locales, incluyendo a dos estatales de investigación, así como dos Alcaldes, y funcionarios municipales de Chiapas en las zonas Centro, Fraylesca, la Sierra y Los Altos.
Los funcionarios detenidos están vinculados con el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Chiapas y Guatemala, este último considerado un aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.
“Muchos de ellos (policías municipales) han sido infiltrados por la delincuencia”, ha dicho el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca,que en esta tarea es apoyado por ex-policia federal echado por el ejercito de Tamaulipas luego de que AMERICO VILLARREAL hizo publico su nombre en septiembre de 2022.
Las localidades donde se presenta este problema son Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Villa Flores, Villa Corzo, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa y Acapetahua.
En contraste, en estos casi dos meses, no han sido detenidos capos del narco o líderes criminales, de acuerdo con información brindada por la Fiscalía chiapaneca,e incluso uno de ellos, que fue presumida su detención por OMAR GARCIA HARFUCH,enseguida reculó.
A decir de Gerardo González, investigador del Colegio de la Frontera Sur, las detenciones hasta ahora son mediáticas y hace falta ver qué hace la autoridad para evitar esas ligas criminales.
“La violencia es estructural y los cárteles siguen en guerra, pero el tiempo nos dirá si todo esto (las detenciones), se hizo o no con ética”, opinó el investigador.
José Antonio Villatoro, Alcalde interino de Frontera Comalapa (PVEM), fue detenido el pasado 5 de enero por nexos con la delincuencia organizada en una zona serrana limítrofe con Guatemala.
En la localidad de Bella Vista, en la misma región, el Alcalde Rosember López, del partido local Chiapas Unido, fue imputado por extorsionar a pobladores con hasta 60 mil pesos si querían regresar a la ciudad de la que huyeron por amenazas.
En Bella Vista, una madre de cuatro hijos, identificada como Luisa y desplazada desde hace un año por esa narcoviolencia relató que, pese a las detenciones de funcionarios, no ve condiciones de regresar a la comunidad que abandonó de madrugada en enero, junto con 15 vecinos más.
Calidad versus cantidad
Las recientes detenciones masivas en Chiapas, que superan los 200 casos en operativos contra la corrupción y el crimen organizado, plantean interrogantes sobre su sustento legal y trascendencia judicial. Para evaluar su impacto real, deben analizarse múltiples dimensiones:
1. Legalidad de los procedimientos
- Fundamento constitucional: Las detenciones sin orden judicial requieren acreditar flagrancia o caso urgente, según el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En Chiapas, 63% de las detenciones prolongadas carecen de sustento legal según estándares internacionales
- Control judicial inmediato: Solo 15 de 89 policías detenidos en Chiapa de Corzo fueron vinculados a proceso lo que sugiere irregularidades en el 83% de los casos.
- Uso mediático vs. derechos humanos
- Montajes mediáticos: Se documentaron 14 casos en 2024 donde autoridades alteraron escenas del crimen para justificar detenciones.
4. Seguimiento procesal efectivo
- Tasas de judicialización: Solo 17% de los 239 policías detenidos en enero-febrero 2025 enfrentan cargos formales.
- Delitos recurrentes: 68% de los procesos abiertos son por extorsión y asociación delictuosa, con montos promedio de $150-$200 semanales por “derecho de piso”
Conclusión: Mientras las capturas mediáticas muestran una imagen de eficacia, su valor real dependerá de:
- Sanciones ejemplares a funcionarios corruptos (solo 2 condenas en 2024
- Reducción de la reincidencia delictiva en zonas intervenidas
- Transparencia en los 1,452 expedientes abiertos según el Poder Judicial local
La restauración de la confianza ciudadana requiere superar el 81% de impunidad histórica en delitos de alto impacto.
Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS /REDES
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