La Fiscalía General de la República (FGR) inició un juicio de extinción de dominio sobre una residencia de Jardines del Pedregal, presuntamente entregada por una facturera como soborno a un ex alto funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se trata de la casa ubicada en la calle Iglesia 143, que en julio de 2018 fue cedida a Héctor Taurino Landa Cabrera por parte de Arrendadora Franlutti, a cambio de una supuesta "prestación de servicios" realizada en 2015.
En 2020, la casa estaba valuada en 25 millones de pesos. Franlutti resultó ser parte de una red de 324 factureras.
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Landa, quien fue Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT en el sexenio pasado del ex Presidente Enrique Peña, fue acusado en noviembre de 2020 por enriquecimiento ilícito de 50.5 millones de pesos.
Mientras estuvo en el SAT operaba bajo el mando de su titular Osvaldo Santín, y de José Antonio González Anaya, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Hacienda.
La FGR también quiere quedarse con un departamento que Landa Cabrera adquirió en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La propiedad se ubica en el desarrollo Puerta Alameda Fase 3, frente a las oficinas centrales del SAT, que Landa compró en abril de 2016 por 2.7 millones de pesos. Actualmente, esos departamentos se cotizan en alrededor de los 5 millones de pesos.
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Jorge Rojas López, juez Tercero en Materia de Extinción de Dominio, admitió a trámite la demanda de la FGR el pasado 9 de mayo y dictó el aseguramiento de ambos inmuebles. Abogados de Landa contestaron la demanda el 16 de junio.
Sin embargo, un acuerdo judicial, publicado el 19 de junio, indica que uno de los inmuebles fue vendido a un tercero el 27 de agosto de 2020, tres meses antes de la acusación penal contra Landa y cuando aún no había sido asegurado por la FGR.
El juzgado suprimió en la versión pública de su acuerdo cuál es el inmueble en cuestión, pero advirtió que el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México se negó a inscribir el aseguramiento que dictó en mayo, porque Landa ya no es el dueño.
La FGR tendrá que ofrecer argumentos o pruebas para mantener el litigio en relación con esta propiedad.
De proceder la extinción, lo que requerirá un juicio que puede prolongarse de uno a dos años, Landa perderá las propiedades en favor del Estado, sin importar lo que suceda en su proceso penal por enriquecimiento.
Los bienes extinguidos son administrados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pero el destino final de los recursos que se obtienen es determinado por el Gabinete Social de la Presidencia, que encabeza el titular del Ejecutivo, en este caso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuente.-
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