El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por su presidenta Norma Piña, alista un paro de labores para el 15 de agosto, de no respetarse “ciertas garantías” de los trabajadores en la reforma judicial que se votará en septiembre en el Congreso de la Unión.
Esta semana, funcionarios del CJF acudieron a las instalaciones del edificio Prisma, en Insurgentes Sur, propiedad del Poder Judicial de la Federación, para hablar con los titulares de los órganos jurisdiccionales que se encuentran en esa sede.
El mensaje de los enviados de la presidencia del CJF fue que se está trabajando en una propuesta (o contrapropuesta) de reforma judicial, y la consigna es que si el Gobierno Federal y los legisladores no respetan ciertas garantías, todo el Poder Judicial se irá a paro.
La instrucción es “apagar” el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#guadalajara,#verfollow,#tijuana,#cdjuarez "NO SOLO la DEA lo ADVIERTE": "CATEDRATICO de UNIVERSIDAD de STANFORD ALERTA ELEGIR JUECES VIA el VOTO ABRE la PUERTA (...Mas) a CRIMEN ORGANIZADO...que ya se metió hasta la cocina.https://t.co/KdIRX7AigL pic.twitter.com/r0kxOPfloQ
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) July 4, 2024
El objetivo de dar de baja dicho sistema es que nadie pueda trabajar, incluso los asuntos urgentes del Poder Judicial. También se planea el cierre de todos los edificios, sedes y juzgados del PJF.
Las garantías a las que se refieren los funcionarios del CJF, según fuentes que presenciaron las reuniones, son sueldos y prestaciones para todos los trabajadores, pues la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador recorta los sueldos de los jueces, magistrados y ministros y la mayoría de las prestaciones.
La semana pasado expuse que algunos ministros y ministras de la Corte evalúan presentar su renuncia antes de que se vote la reforma judicial en septiembre para obtener su “haber de retiro”, es decir sus pensiones y prestaciones conforme a la ley actual; sin embargo, la separación del cargo tiene que ser aprobada por el Presidente de la República y luego por el Senado.
Por esta razón es que el presidente López Obrador dijo recientemente que no es necesario que renuncie nadie (de los ministros de la Corte), luego de que Yasmín Esquivel pidió la renuncia de Norma Piña a la presidencia del máximo tribunal, debido a que no tiene interlocución con el Poder Legislativo y menos con el Ejecutivo.
Al Presidente le tiene sin cuidado si bajan a Piña de la Presidencia de la Corte y del CJF, pues de todos modos no piensa aceptar la renuncia de ninguno hasta que se apruebe su reforma y las bajas de los ministros y ministras se lleven a cabo conforme a la que marcan las nuevas reglas, es decir, sin grandes prestaciones ni nada parecido al “haber de retiro”.
La situación en la SCJN y en todo el CJF está que arde. No se ve la manera en que puedan modificar sustancialmente la iniciativa de reforma enviada por el presidente López Obrador, ya no se diga la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sino las prestaciones y sueldos de los altos mandos del PJF.
La crisis actual y la sacudida por venir han puesto a la presidenta de la Corte y a los ministros a elaborar con urgencia una nueva propuesta de reforma, la cual no se ve tampoco cómo pueda ser tomada en cuenta. El diálogo con los legisladores fluye a cuentagotas y más con la decisión de la Segob y el TEPJF de llevar a juicio político y denunciar penalmente al juez Rodrigo de la Peza, muy cercano a Norma Piña.
Otra pésima señal para la ministra presidenta de la Corte es la designación de Rosa Icela Rodríguezcomo próxima secretaria de Gobernación. Piña intentó convencer a la actual secretaria de Seguridad de no impulsar la reforma de la Guardia Nacional para otorgarle el mandato militar a la Sedena, porque así “ella tendría más poder”, además de acordar que la fecha de retorno al mando civil sería un acuerdo mutuo, que incluiría un proyecto de la Corte, y Piña no lo respetó. En fin que es una relación (otra) que está más que rota.
Posdata 1
A propósito del juez Rodrigo de la Peza, recientemente en el ojo del huracán por haber pretendido obligar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a hacer dos nombramientos de magistraturas faltantes, las cuales se necesitan para calificar la elección del 2 de junio, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México le dio palo y validó la petición del Senado como la instancia encargada de estos nombramientos.
La designación de los dos magistrados o magistradas del TEPJF es necesaria para otorgar la constancia de mayoría a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y también para darle entrada a las impugnaciones de la oposición sobre la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso.
El juez De la Peza fue Secretario de Estudio y Cuenta de la ministra presidenta, Norma Piña.
Fuente.-@MarioMal/
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