Era una nota informativa sencilla. La secretaría de Seguridad de México reconocía con solo unas líneas que de julio a noviembre ocho mujeres habían muerto al interior del Cefereso 16, en Morelos, la única cárcel federal femenil en el país.
Las ocho, presuntamente, se habían suicidado. En un centro de máxima seguridad las mujeres se estaban quitando la vida. La noticia disparó las alarmas y llevó a la Defensoría Pública Federal a interponer una denuncia, pero no era una sorpresa. Hacía meses que las familias de las reclusas y las organizaciones de derechos humanos advertían a las autoridades de que las condiciones en la prisión eran insoportables: faltaba agua y comida, y la que había estaba en mal estado; no tenían acceso regular a médicos ni a medicamentos; vivían aisladas, sin apenas llamadas ni visitas. La directora de CEA Justicia, Ángela Guerrero, no tiene dudas al definir el penal: “Es un cementerio para vivas”.
A Paola Yadira Silvas y a su hermana Esdrei Martizta las sacaron en septiembre del año pasado de la cárcel de Ciudad Obregón, en Sonora. No les dieron tiempo de avisar a nadie. Las metieron en un furgón hasta Coatlán del Río, en Morelos. Después de 12 años en prisión se las llevaron a 1.700 kilómetros de su familia, de su proceso judicial, de sus abogados. Fueron dos días de camino, en el que iban con otra docena de mujeres. “Tenían que ir con la cabeza agachada todo el tiempo. Las golpearon, no pudieron comer, ni les dieron agua”, relata su hermana Dalia Silvas. En medio de un predio vacío las esperaba el Cefereso 16, una mole a 70 kilómetros de Cuernavaca donde caben, oficialmente, 2.528 mujeres.
La única cárcel federal para mujeres de México ha multiplicado su población en solo dos años. Mientras que en octubre de 2021 eran 783 reclusas, casi todas presas por delitos federales —relacionados con narcóticos y explosivos, secuestro o delincuencia organizada—; ahora hay 1.220 mujeres encarceladas, según el último Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria. Y más de la mitad —615— están procesadas por el fuero común, por delitos como homicidio o robo. En 2021 estaban así 162.
El Gobierno ha llenado una cárcel casi vacía con traslados, como el de las hermanas Silvas. El argumento oficial es la sobrepoblación de los centros estatales o para garantizar la seguridad. En la realidad está el caso de estas mujeres de Sonora, a quienes la organización CEA Justicia afirma que se las llevaron cuando se estaban organizando para exigir mejores condiciones en su prisión de origen. En concreto, acabaron en el 16 por pedir un consultorio médico.
En esta prisión federal, el 41% de las mujeres no tiene sentencia. En total hay 512 mujeres presas en una cárcel de máxima seguridad sin que ningún juez las haya declarado culpables de nada. “222 llevan más de nueve años esperando una sentencia”, apunta María Ana del Valle, coordinadora de interacción comunitaria de CEA. Muchas están bajo la figura de la polémica prisión preventiva oficiosa, que obliga a los acusados a esperar en la cárcel su proceso judicial, y por la que México ha sido sancionado este año en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Comida con gusanos, sin derecho a ducharse
La llegada al 16 no es fácil. CEA Justicia ha documentado algunos de los malos tratos que recibieron las mujeres de Sonora. Algunas estuvieron dos semanas en aislamiento, con música alta, hasta 17 horas en una habitación con la luz prendida. “Lo que está considerado tortura en los tratados internacionales”, apunta Del Valle. Ese “proceso de clasificación” fue llevado por las familias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desechó la queja, según la organización. La CNDH sí había reportado ya en 2017 que las mujeres que llegaban al Cefereso 16 era “cosificadas”.
Una vez al interior de la cárcel federal las mujeres están hasta 22 horas al día dentro de su celda; tienen derecho a una llamada de 10 minutos a la semana, y una visita cada 11 días. “Pasan muchos días sin bañarse por falta de autorización de la autoridad y no cuentan con insumos de higiene personal ni para el aseo de las estancias”, recopila la CNDH. Tampoco cuentan con actividades laborales, culturales, deportivas, lúdicas ni escolares, dice la Comisión: “Se limitan a dormir y esperar que pasen los días para poder realizar su llamada telefónica programada”. “La comida tiene gusanos. Mis hermanas se enferman porque la comida está perdida y no las atiende el médico”, cuenta a EL PAÍS Dalia Silvas.
El 29 de septiembre, esa queja recurrente se hizo realidad. Una intoxicación masiva, de más de 400 mujeres —cinco de ellas tuvieron que ser hospitalizadas—, puso contra las cuerdas al centro penitenciario. Vómitos, fiebre, mareos y convulsiones que se atribuyeron al mal estado de la comida. Este servicio había estado a cargo de la empresa Alimentos con Idea, que también tiene contrato con las cárceles federales de Sonora, Guanajuato, Chiapas y Coahuila. “La directora de la prisión cambió por el problema de la intoxicación tan grave que hubo, pero la empresa sigue operando”, apunta Ángela Guerrero. La secretaría de Seguridad Pública no ha contestado a las preguntas de este periódico.
En este caso, la CNDH sí emitió una recomendación sobre lo ocurrido: “Se negó a las víctimas atención médica adecuada y no había personal médico ni medicamentos suficientes; varias de ellas padecieron malestares durante días sin que se actuara para atenderlas”, dice el organismo, que apunta que “tras realizar una exhaustiva investigación se corroboró las violaciones al derecho humano a la alimentación, el derecho a la protección a la salud y el derecho al trato digno”.
“Las están dejando morir”
“Mis hermanas están bien desesperadas. Allá están en el olvido”, dice Dalia Silvas, que apunta resignada: “Las están dejando morir”. En esa conversación con este periódico, en agosto, la mujer ya avisó de que había reclusas que se estaban suicidando. No era la primera advertencia.
Este enero, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria situó al Cefereso 16 como la prisión con más conductas de riesgo suicida: 161 mujeres. Una visitadora de la CNDH refirió: “Como consecuencia de la falta de atención y respuesta omisa por parte de las autoridades, muchas de ellas han optado por autolesionarse en los antebrazos y zonas blandas del cuerpo: ‘Tienen heridas recientes e incluso han llegado a colgarse”. De las 35 mujeres que entrevistó la comisión, que habían llegado trasladadas de otros centros, el 66% se había autolesionado y el 46% había tratado de ahogarse. Tenían ansiedad grave, depresión severa, sentimientos de desesperanza. Ese era el panorama oficial a principios del año.
En marzo se suicidó una mujer. En agosto, tres. Otra reclusa en septiembre. Y dos murieron en octubre.
El 9 de noviembre, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de la Secretaría de Seguridad, reconoció que en los últimos meses son ocho mujeres fallecidas. El Instituto de la Defensoría Pública decidió empezar una investigación. “Lo vimos como una emergencia particular. Son mujeres bajo custodia del Estado, eso implica una responsabilidad estatal, forzosamente por comisión, omisión o responsabilidad de garantes”, explica la abogada Sofía de Robina, que trabaja en la defensoría: “Un suicidio no limitaría la responsabilidad de las autoridades”.
La dependencia federal decidió enviar una brigada de funcionarias a la cárcel para entrevistarse con 41 reclusas que tenían como antecedente prioritario la salud mental. Lo que encontraron es que la mayoría ya había interpuesto controversias o peticiones administrativas para que la prisión les garantizara médicos y medicamentos. Sin resultado. Terminaron la jornada en el Cefereso 16 a las seis de la tarde. Un rato después les llegó el aviso, ese mismo día otra mujer se había quitado la vida.
Se sabe poco de quiénes son las víctimas. La prisión no ha facilitado a la Defensoría Pública ni siquiera la lista de nombres. La dependencia federal sabe del caso de tres de ellas, porque las representaban. Tenía 29, 36 y 42 años. Eran de Morelos, Guanajuato y Ciudad de México. A una de ellas la acababa de visitar su abogado y le había pedido que le cambiaran de módulo. Otra había ganado una controversia para que la cárcel empezara a darle los medicamentos que necesitaba. La última llevaba años en prisión, con sentencia, el instituto había empezado a representarla porque tuvo un intento de suicidio, en el que golpeó a la custodia que trató de evitar que se quitara la vida, le abrieron un procedimiento por lesiones a una funcionaria federal.
Las tres se quitaron la vida. La Defensoría ha interpuesto por sus casos una denuncia ante la Fiscalía General de la República, han pedido que se investigue cámaras y registros, que las responsabilidades suban de escalafón. Además, han interpuesto en un amparo las omisiones en salud que viven las mujeres de la cárcel. “Que están en tal gravedad, en un entorno tormentoso, que constituyen un riesgo a la vida”, explica Sofía de Robina, el juez ha decidido en una acción urgente, mientras se resuelve, que tienen que recibir atención y medicamentos.
¿Qué hay detrás de esta emergencia? Para la CNDH hay una causa principal: los traslados. La comisión considera que estos desplazamientos masivos entre cárceles violan los derechos de las reclusas, entre otras cosas, porque obstaculizan su defensa en los juicios y porque impiden el contacto con sus familias y eso hace más difícil que luego se reinserten. En la misma línea apunta María Ana del Valle: “Estos suicidios no son un hecho aislado. Es el reflejo de las condiciones de abuso, de violaciones de derechos humanos que viven estas mujeres, que llevan años sin ser atendidas propiamente”.
fuente.-Beatriz Guillen/Diario Español
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