Un alguacil adjunto de los EE. UU. se declaró culpable de hacer un uso indebido de un servicio policial para obtener información sobre la ubicación de un teléfono celular para uso personal.
Según documentos judiciales, Adrián Peña, de 49 años, de Del Rio, Texas, utilizó un servicio policial para ubicar a las personas con las que Peña tenía relaciones personales y sus cónyuges. Pena obtuvo los datos del teléfono celular cargando documentos en blanco y al azar en un sistema operado por "Securus Technologies" exclusivamente para fines policiales autorizados. Peña certificó falsamente que esos documentos eran oficiales y que le dieron permiso a Peña para obtener los datos de las personas.
“Adrian Peña abusó de su cargo como alguacil adjunto de los EE. UU. cuando usó un servicio de aplicación de la ley para ubicar los teléfonos celulares de asociados personales y sus cónyuges, y luego mintió para encubrir sus acciones ilegales”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Como demuestra esta acusación, el Departamento de Justicia y nuestros socios están comprometidos a responsabilizar a cualquier funcionario que viole la confianza del público y haga un mal uso de las capacidades delicadas de aplicación de la ley para fines personales”.
Peña también mintió a la policía durante la investigación. Cuando se le preguntó a Peña: “Aparte de usted, ¿alguna vez ha hecho ping a alguien que usa el sistema? Ya sabes, ¿familiares, amigos, ex novia?”, Peña respondió falsamente: “No”. Después de la entrevista, Peña intentó encubrir sus acciones ilegales al pedirle a uno de los individuos una carta certificada por un notario. Peña luego redactó una declaración a nombre de la persona e hizo que la persona la firmara. La declaración declaró falsamente que el individuo le otorgó a Peña acceso ilimitado a las redes sociales y los datos del teléfono celular del individuo, incluido el historial de llamadas, mensajes de texto y datos de ubicación del teléfono celular.
“Confiamos en que los agentes del orden público actuarán con integridad. En cambio, Peña abusó de su acceso a información confidencial para beneficio personal”, dijo el agente especial a cargo Cloey C. Pierce de la Oficina de Campo de Dallas del Departamento de Justicia de la Oficina del Inspector General (DOJ-OIG). “El DOJ-OIG se compromete a erradicar a quienes abusan de su poder y llevarlos ante la justicia”.
Peña se declaró culpable de obtener ilegalmente registros telefónicos confidenciales. Se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión. Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia. Un juez federal de un tribunal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El DOJ-OIG está investigando el caso.
El subjefe Robert Heberle y la abogada litigante Nicole Lockhart de la Sección de Integridad Pública (PIN) de la División Criminal están procesando el caso, con la asistencia sustancial del abogado litigante de PIN, Alexander Gottfried.
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