¿Cómo consiguieron la red de sobornos Odebrecht, los artífices del expolio de 2.000 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y una generosa nómina de dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano ocultar sin levantar sospechas sus secretos financieros más inconfesables en un pequeño banco a más de 9.300 kilómetros de Ciudad de México? La respuesta hay que buscarla en la operativa diaria de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Y en las comunicaciones internas de esta institución financiera que, con 7.000 millones gestionados, se convirtió en la cuarta entidad de Andorra, un microestado de 79.000 habitantes entre España y Francia, blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
La dirección de la BPA pilotó una hoja de ruta para amagar el dinero sucio de sus clientes, ocultar información falsificada y garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad. Así lo confirman decenas de correos de exempleados incluidos en un informe de la auditora PwC de junio de 2022.
El rastreo de las misivas da una idea de cómo este banco pudo acoger sin activar las alarmas los fondos bajo sospecha de mandatarios del PRI como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones; o Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Todos, casos destapados por EL PAÍS.
Y es que los correos de extrabajadores apuntan a que la dirección de este banco, que en 2012 acogía 174 clientes mexicanos que manejaban 243 millones, conocía su operativa anómala. “Delito”, “ilegal”, “tapadera” o “situación irregular” recogen las misivas, que también advertían del precipicio penal al que podía abocar este modus operando. “Cárcel o inhabilitación de hasta 10 años”, temían los exempleados.
Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones, califica la entidad de “modélica” y dice que “operaba en la legalidad”.
Argentina, México y Uruguay
Los correos electrónicos revelan cómo los extrabajadores de las filiales de la BPA en Argentina, México y Uruguay transportaban la documentación sensible de sus clientes en maletas y fundas de ordenador. También, cómo temían inspecciones de reguladores y auguraban acabar “en la cárcel”. “300 hojas en la bolsa del portátil o en una mochila son difíciles de ocultar”, pronosticaba en julio de 2009 un empleado en un correo con copia al exresponsable del área internacional Pablo Laplana y al exdirector general adjunto Xavier Mayol. “El transporte de documentación tiene repercusión de delito penal, me voy a la cárcel y con eso no juego ni se lo permito a nadie”, recelaba otro trabajador un mes después en una misiva remitida a los citados exejecutivos.
En un correo dirigido a cuatro exdirectivos, entre los que se encontraba Laplana, una empleada se mostraba en 2009 comprensiva con los miembros de la plantilla reacios a transportar información sensible de cheques y tarjetas de crédito de clientes. “El tema es más delicado. Quien tenga miedo, mejor que se abstenga porque es por la única razón, la evasión de divisas, que te detienen, es delito penal, seas residente donde seas”, apuntaba. Otro mensaje de diciembre de 2011 reconocía las anomalías en Latinoamérica: “En Uruguay estamos en una situación irregular que puede comportar sanciones económicas de hasta 300.000 dólares e inhabilitación de hasta 10 años”.
Según las comunicaciones, la dirección del banco maniobró presuntamente para mantener a buen recaudo la información de clientes que colocaron en la entidad fondos a través de casas de cambio, un mecanismo que la Policía de Andorra conecta con tramas de blanqueo por la dificultad de rastrear el origen del dinero. La divulgación de esta información comportaba —según otro correo— “un enorme riesgo para los de aquí y para el banco en caso de una inspección”. “Cada mes, tengo que decidir cómo sale la documentación, si en mi maleta o en la de alguno de los directivos de la BPA a los que le enchufo todo lo que puedo cuando pasan. A todos, sin excepción”, reconocía en julio de 2009 otro ex de esta entidad financiera.
Junto a las casas de cambio, otro sistema para transferir el dinero de América a Andorra fueron los entramados societarios opacos. Tinglados por donde circulaban los fondos desde sociedades off shore panameñas creadas por el banco. La mecánica se desarrollaba “sin documentación justificativa”. Y, según los auditores, tenía por objeto “dificultar la trazabilidad [el rastreo del dinero]”. “El origen y el destino final de los fondos eran desconocidos”, concluyen estos últimos.
Para evitar filtraciones, un empleado propuso en septiembre de 2009 un plan. “Id sacando [la información] y, ni locos, guardadla aquí o tener un escondite, con un montón de fajos. Si nos los encuentran un día, porque me siguen, por goteras del vecino, estamos muertos [sic]”, sugirió.
Y es que la eventualidad de una fuga de datos llegó a convertirse en una obsesión. “Decisión de la dirección del banco, destruiremos los discos duros”, reconocía en enero de 2011 un trabajador. “Quiero estar todo el día en la oficina con el informático para borrar y triturar todo lo que haga falta”, añadía otro en junio de 2010. “Quiero hacer una consulta sobre un botón que lo borra todo”, proponía un tercero.
Formateo de discos duros
El análisis de los correos confirma que las órdenes venían de arriba. “A petición de Joan Cejudo [exsubdirector general de la BPA y exmiembro del comité de cumplimiento], hay que proceder a la destrucción física, además del formateo previo, de los discos duros que hay en la oficina de Argentina”, remataba otro correo. En enero de 2011, un empleado enmarcaba el borrado de los discos duros en una táctica para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la plantilla. “Sería conveniente hacer lo mismo que hicimos en México, poner una nueva base de datos, y avisarles de que no guarden ningún correo”, desvela otra comunicación.
Las cautelas de exempleados, comunicadas en copia a la dirección, pretendían ocultar las presuntas prácticas de blanqueo que el banco prestaba a grupos criminales. La BPA tuvo como clientes a la trama Odebrecht, principal red de pago de sobornos de Latinoamérica, y al grupo de exjerarcas chavistas que saqueó más de 2.000 millones de la principal empresa de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según los sumarios judiciales.
Los empleados reconocían en sus misivas la mala praxis de la entidad. “Sería falsificar documentación... que es lo de siempre”, señaló un trabajador de este banco que cuando se intervino, en marzo de 2015, forzó que los juzgados de Andorra indagaran las fortunas de 80 clientes mexicanos.
Los correos forman parte de una querella contra la BPA presentada por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de Andorra, que fue admitida a trámite el pasado marzo. Los mensajes revelan supuestamente que el banco trabajó para ocultar el dinero del delito y “fondos de origen dudoso”. Y que la plantilla conocía su procedencia. “Toda la plata sale de las subvenciones estatales. En lugar de invertir [los fondos] en el país, los sacan fuera para que se pierda el control. No sé de dónde saca M. estos clientes con vinculaciones políticas tan evidentes”, indicó un trabajador de BPA Argentina en octubre de 2009. “En este caso, al parecer, hay un lío de comisiones a alguien del Gobierno”, recogía otro correo.
Dinero sucio de un alto cargo de los Kirchner
La BPA fue también presuntamente el destino del dinero sucio de la corrupción. “En 2010, se les coló una transferencia de unos 300.000 dólares, que resultaron ser coimas [sobornos] de Ricardo Jaime”, admitía un mensaje de marzo de 2012. Jaime fue secretario de Transporte de los gabinetes de los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner y fue condenado por corrupción.
Una trabajadora de la institución financiera reconocía tener constancia del pago de un soborno de 250.000 dólares a un juez federal argentino para que frustrara unas pesquisas contra la entidad. “En parte nos ha beneficiado porque ya no investigarán tan directamente a BPA”, indicaba en un mensaje dirigido al exdirector general adjunto, Xavier Campos.
“En compliance (cumplimiento) sabemos muchas cosas, la cuestión es si las tenemos documentadas ante una inspección y la respuesta es no”, alertaba otro correo.
El informe de PwC revela que de la mala praxis recogida en los correos fue posible gracias a la cúpula de la entidad. Y destaca cómo bancos corresponsales como JP Morgan, Deutsche Bank, UBS Stanford y el Commerzbank de Frankfurt renunciaron a seguir trabajando con la BPA entre 2010 y 2014 por la entrada de fondos de origen dudoso. “Las presuntas prácticas irregulares se realizaron bajo el conocimiento, intervención y consentimiento del director general de la entidad y de determinados miembros de la alta dirección de la BPA”.
Por este motivo, los principales directivos del banco están imputados por blanqueo en distintas causas en Andorra. El que exesponsable en México, Joan March Masson, figura como investigado en las pesquisas contra Juan Ramón Collado, abogado del expresidente este país Enrique Peña Nieto (2012-2018); el exjefe del área internacional Pablo Laplana está encausado en la pieza principal. Y el exCEO Joan Pau Miquel figura también como imputado en la causa que indaga la red de pago de sobornos de la constructora Odebrecht.
El dueño de la BPA: “Era un banco modélico que operaba en la legalidad”
Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA), responde a El PAÍS que el documento de la auditora PWC es un “informe de parte” encargado por el Gobierno de Andorra. “Es un nuevo intento para justificar la expropiación ilegal de BPA”, dice.
Cierco califica al banco de “modélico y rentable” y añade que operaba “con rigor y dentro de la legalidad”.
“El informe hace referencia a asuntos no relacionados con la nota de FinCEN, que fue utilizada por el Gobierno para nacionalizar el banco en 2015. La BPA reportó todos los clientes considerados posiblemente problemáticos a las autoridades pertinentes, de conformidad con la normativa andorrana. Los esfuerzos de los accionistas y empleados por mejorar las normas contra el blanqueo fueron reconocidos por los tribunales españoles cuando examinaron el asunto en 2019”.
Cierco afirma que la intervención perjudicó a 700 familias, a trabajadores de BPA y a empleados de su filial española, Banco Madrid. Sostiene que la medida también fue negativa para cientos de clientes y a accionistas. “Perdimos en la expropiación ilegal unos 500 millones de euros”, indica.
En su opinión, la medida contra el banco fue el resultado de “una nota verbal de la embajada de Estados Unidos en Madrid que coincidió con oscuros intereses (del Gobierno del PP) para obtener información de clientes concretos de BPA”. Se refiere a las cuentas andorranas del clan Pujol [la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ocultó entre 2006 y 2015 más de cinco millones] y el intento de miembros de la denominada policía patriótica de obtener esa información.
Cierco fue citado a declarar, a petición propia, en la Comisión de Investigación del Congreso que investiga las actuaciones irregulares de varios mandos policiales.
investigacion@elpais.es/
fuente.-Joaquien Gil/Jose Maria Trujo/ Diario Español/
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