Una nueva masacre ha sacudido este sábado a la región de Tierra Caliente, en Guerrero, después de la registrada en octubre. Entonces ocurrió en San Miguel Totolapan, donde sicarios asesinaron a 20 personas, entre ellas el alcalde y su padre.
Esta vez ha sido en Coyuca de Catalán, puerta de la sierra, cerca también de Michoacán. Testimonios de vecinos recogidos en medios locales señalan el asesinato a sangre fría de al menos siete pobladores. La Fiscalía de Guerrero ha confirmado la situación este domingo. Uno de los asesinados es un menor de 11 años. En el caso de San Miguel y en el de Coyuca, las autoridades señalan al grupo criminal La Familia Michoacana.
En un comunicado, la Fiscalía ha explicado: “Se sabe que a las 12.00 horas, un grupo de 10 camionetas pickup, de diversos colores, mismas que se encontraban rotuladas con las letras FM, ingresaron a la comunidad de El Durazno”, municipio de Coyuca de Catalán. Se informó de que dichas personas convocaron a una reunión en la Escuela primaria Ignacio Zaragoza y, una vez las personas llegaron, dichos individuos les comenzaron a disparar adentro de la escuela (...) En la calle, incendiaron una cuatrimoto (...) Se tiene conocimiento de que los agresores gritaban que eran gente del “Pez, el Borrego y del gordo”. Una vez que les dispararon y privaron de la vida a dichas personas, salieron del pueblo disparando en contra de diversas viviendas”.
El diario El Sur de Acapulco, uno de los más importantes del Estado, ha entrevistado a vecinos de El Durazno, vía telefónica. Uno de los entrevistados ha confirmado la versión de la Fiscalía. “Llamaron a la gente para que se reuniera en la cancha de la escuela primaria. Ahí dispararon contra ellos”, lee la nota. Los testimonios de El Sur y otros medios apuntan también a la presunta participación de La Familia Michoacana.
El ataque entraña una paradoja que ilustra la dificultad de entender las dinámicas de la violencia en el Estado y el país entero. En Guerrero, la cuenta anual de asesinatos va a la baja desde hace años, inercia que parece continuar este 2022. Hasta finales de octubre, el Estado registró 964 víctimas de asesinato, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año pasado fueron en total 1.166. Masacres como la de El Durazno apuntan, sin embargo, inercias contrarias, más teniendo en cuenta episodios cercanos.
El caso más evidente es el de Totolapan. En octubre, sicarios irrumpieron en la casa de un funcionario local y asesinaron al alcalde, a su papá y a otras personas con las que se reunían, todo a plena luz del día. Los atacantes desarmaron y acribillaron igualmente a un grupo de policías municipales, que poco pudieron hacer contra ellos. En total, mataron al menos a 20 personas. Las autoridades estatales y federales señalaron a los presuntos responsables, anunciaron operativos de vigilancia y seguridad y registraron varias casas de la zona. Pero de momento no hay detenidos.
Caso parecido ocurre con la evasión de uno o varios presos de la cárcel de Coyuca, esta misma semana: no hay detenidos. Un mes después del anunciado operativo en la zona -Coyuca y Totolapan están a 50 kilómetros- un grupo de 80 criminales se presentaron esta semana en la prisión que hay en el pueblo, de competencia estatal, sometieron al director y al encargado de la seguridad, desarmaron a los custodios y liberaron a Samuel N, alias El Vago, un presunto secuestrador detenido meses antes. Medios locales señalaron que otros presos aprovecharon para escapar, situación que la autoridad no ha confirmado.
Samuel N, alias El Vago, un presunto secuestrador, al momento de su detención.
En el caso de Totolapan, las autoridades apuntan al grupo criminal La Familia Michoacana, cuya rama en Guerrero controlan desde hace una década los hermanos Hurtado Olascoaga, Johnny y José Alfredo, alias El Pez y La Fresa. Según las autoridades y los testimonios de los vecinos recogidos en El Sur y otros medios, habrían sido también integrantes de La Familia los perpetradores de la masacre de El Durazno, cuyo alcance habría sido mayor de no ser por una fiesta que reunió a buena parte de los pobladores en otro lugar.
En el diario guerrerense, una vecina apunta el posible motivo de los asesinos. Según ella, El Durazno quiere separarse de la cabecera municipal, Coyuca, asunto delicado económicamente, por la cantidad de dinero que dejaría de llegar a las arcas municipales. “Son más de 200.000 hectáreas de terreno que dejarían de tener, por eso vinieron a asesinarnos”, ha dicho.
Fuente.-Pablo Ferri/Diario Español/
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