Desde 2007 se han abierto al menos 147 procesos penales contra 308 militares por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, señala un documento interno de la Sedena hackeado por el colectivo Guacamaya. De esos 308, sólo 19 fueron sentenciados, pero la gran mayoría de éstos –16– resultaron absueltos. Pese a que el documento se refiere a recomendaciones emitidas por la CNDH durante la administración actual, ninguna está relacionada con hechos cometidos en este sexenio en que el presidente López Obrador da prioridad al Ejército en labores de seguridad pública.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantienen a por lo menos 308 integrantes de la dependencia sujetos a procesos penales por los delitos derivados de estas irregularidades.
Este registro, que data de 2007, en plena guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón y hasta septiembre de 2021, forma parte de los miles de informes hackeados por el colectivo Guacamaya y señala que existen 147 expedientes relacionados con procesos penales iniciados contra elementos castrenses derivados de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de ello, en los últimos dos sexenios la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) únicamente ha emitido 45 recomendaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de la Sedena.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la CNDH emitió 22 recomendaciones a la Sedena por violaciones a derechos humanos, mientras que en lo que va del presente sexenio, con corte hasta el 13 de septiembre de 2022, el organismo había emitido 23 recomendaciones.
De las 45 recomendaciones emitidas en prácticamente una década, 15 fueron por violaciones graves a derechos humanos; cuatro ya fueron concluidas y aceptadas con cumplimiento total, mientras que, de las que están aún en trámite, cinco no han sido contestadas por la Sedena.
Proceso requirió a la CNDH el número de víctimas y elementos castrenses señalados como responsables en las recomendaciones emitidas del 1 de diciembre de 2012 y hasta el 13 de septiembre pasado. Sin embargo, el organismo sólo dio detalles relacionados con siete recomendaciones. Así, en una de las dos recomendaciones emitidas en 2015 identificó a cuatro elementos del Ejército como responsables y a cuatro víctimas; y en la otra, por violaciones graves, 18 militares responsables y una víctima; en la recomendación emitida en 2014, 18 militares fueron responsabilizados por violaciones a derechos humanos de 46 víctimas; en las tres recomendaciones de 2013 señaló un total de 27 militares responsables y 19 víctimas.
La información remitida por la CNDH señala que los principales estados en los que ocurrieron las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Sedena, son Tamaulipas, con seis recomendaciones; Baja California y Guerrero, cuatro cada uno; Nuevo León, Michoacán y el Estado de México, con tres cada uno.
Proceso informó (número 2406) que durante la administración de Rosario Piedra al frente de la CNDH, el organismo ha “avalado” masacres, ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza que se encuentra en contexto de militarización desde hace 20 años.
Entre las seis recomendaciones emitidas en los últimos dos sexenios por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en Tamaulipas destacan actos como uso excesivo de la fuerza que provocó la pérdida de la vida de dos personas en Nuevo Laredo, emitida en 2021; negligencia médica en el Hospital Militar de la entidad, emitida en 2017, y una por agresión sexual cometida dentro de instalaciones castrenses de Nuevo Laredo, emitida en 2016.
De las 10 recomendaciones emitidas de enero al 13 de septiembre de este año, seis fueron por violaciones graves, tales como tortura, detención arbitraria, violencia sexual, desaparición forzada, violación al derecho a la vida y retención ilegal.
En 2021 fueron emitidas cuatro recomendaciones, una por violaciones graves cometidas en Guanajuato por detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria.
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