La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que elementos de la Guardia Nacional (GN) abusaron de la fuerza al matar al estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel tras disparar al vehículo en el que este viajaba con otros compañeros.
Los hechos se reportaron el pasado 27 de abril, en Irapuato, Guanajuato, cuando la víctima se encontraba conviviendo con otros compañeros en un terreno cercano a la Universidad en la que estudian.
Al momento de retirarse en sus vehículos, refiere la 80VG/2022 de la CNDH, arribaron de manera intempestiva elementos de la GN, los que descendieron de su unidad y comenzaron a disparar en su contra.
En una audiencia ante un Juzgado Oral agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el proyectil penetró en el medallón, pegó en un asiento y se fraccionó en dos partes, una impactó el cráneo de Ángel Yael y la otra, el hombro de la estudiante Edith Alejandra.
Según las declaraciones de testigos, entre ellos elementos de la GN y estudiantes, el inculpado bajó de su unidad, se postró al frente de la camioneta donde iban los jóvenes y en posición de disparo accionó su arma a pesar de los gritos del capitán a cargo del convoy de no hacerlo.
Ese día, los agentes de la Guardia realizaban un operativo en la comunidad conocida como ex Hacienda de Copal, donde se encontraban varios estudiantes a bordo de vehículos.
Al ver a los federales, los jóvenes se subieron a sus automóviles para irse del lugar; sin embargo, la camioneta donde viajaba Ángel Yael se quedó atrás, precisamente por donde llegó la primera unidad de la Guardia derivando que uno de los elementos bajara y disparara contra la camioneta.
La CNDH inició una investigación bajo el número de expediente CNDH/2/2022/3962/VG, en la que obtuvo los informes de la GN, entre otros documentos, así como aportaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, FGE, FGR y SEDENA, cuya valoración lógico-jurídica fue objeto de análisis en el capítulo de observaciones y análisis de las pruebas de la Recomendación.
"Uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones al derecho a la vida de V1 y a la integridad personal de V2, V3 y V4. Si bien es cierto, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, lo que significa que los agentes del estado encargados de la seguridad pública se encuentran facultados para utilizar la fuerza pública y armas de fuego para aplicar la ley, garantizar la seguridad de las personas y salvaguardar el orden público, también es cierto que esta facultad no es discrecional, sino que invariablemente se encuentra supeditada al cumplimiento de diversas obligaciones y conlleva responsabilidades para la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas", estableció la CNDH.
"Para que el uso de la fuerza pública sea compatible con los derechos humanos, el Estado debe cumplir ciertas pautas tendentes a minimizar cualquier riesgo de vulneración, particularmente los derechos a la vida y a la integridad física por ser los derechos humanos más vulnerables cuando se recurre al uso de la fuerza".
Refirió que respecto a los estándares internacionales para el uso de la fuerza pública, la ONU, sus Relatores Especiales, la CIDH y la CrIDH han coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado y sea acorde a los derechos humanos, deberá satisfacer los siguientes principios: a) principio de legalidad, b) principio de necesidad y c) principio de proporcionalidad y, en el caso del uso de la fuerza letal aplican de manera estricta y tienen particularidades.
"Si el empleo de la fuerza letal no se ajusta a esos supuestos se considera ilegal", resumió.
La CNDH planteó la reparación integral del daño a las víctimas y las formas de dar cumplimiento.
"La obligación de reparar en materia de derechos humanos es la manifestación más tangible de los esfuerzos del Estado por remediar el daño que han sufrido las víctimas de violaciones a derechos humanos y debe ser vista también como una oportunidad para que el Estado y sus agentes muestren una intención autentica y tangible de modificar conductas y prácticas institucionales fuera del marco de la ley, con el objeto de integrar a las víctimas a la sociedad y de prevenir que nuevas violaciones a derechos humanosocurran en un futuro", dice la Recomendación.
El documento, enviado a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pidió la restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de alcance general, como medidas de satisfacción y garantías sobre la no repetición.
Al menos dos elementos de la GN fueron señalados por realizar los disparos.
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