Un tribunal federal resolvió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene que pagar 65 millones de dólares a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, más intereses y gastos financieros, por 16 facturas pendientes de un contrato firmado en 2015 con la Policía Federal.
El servicio contratado fue para el "análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia", que hasta ahora no es utilizado por la Guardia Nacional.
Se trata de los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite que permiten obtener y analizar volúmenes masivos de datos, imágenes y videos georreferenciados para generar inteligencia accionable, incluido un módulo de reconocimiento táctico instalado en un avión que se coordina con vehículos especiales en tierra.
El contrato ha resultado en acusaciones penales y sanciones administrativas contra varios ex funcionarios de la PF, incluida la ex Secretaria General, Frida Martínez.
En 2016 y 2017, la PF pagó un anticipo de 39.2 millones de dólares a RADS, así como cuatro facturas iniciales por 26.3 millones de dólares. Pero Martínez nunca pagó las siguientes 16 facturas a la contratista, por 65.1 millones de dólares, aunque el dinero ya estaba autorizado.
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que el contrato con la paraestatal RADS fue un desastre, pues no hubo un análisis previo de las necesidades de la PF, con lo que su viabilidad no fue confirmada.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el 23 de noviembre pasado, por unanimidad, que la SSPC no tiene ningún argumento legal para negar el pago de las facturas pendientes, el cual ha omitido durante años sin ofrecer ninguna contestación a los requerimientos de la empresa.
La SSPC todavía puede impugnar esta sentencia ante un tribunal colegiado, pero con pocas probabilidades de ganar.
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...Y dicen que equipo sigue en aduana
La plataforma de inteligencia comprada en 2015 a la paraestatal israelí Rafael Advanced Defense Systems (RADS), por la que deberá pagar 65 millones de dólares la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no es usada por la Guardia Nacional.
En agosto pasado, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados citó al actual Fiscal General de Campeche, Renato Sales, por el supuesto robo o desaparición de los equipos de RADS, pues en la época que se compraron èl era titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Según Sales, el equipo no está robado ni desaparecido, sino que sigue en aduana, precisamente por la disputa legal entre la Secretaría de Seguridad y RADS.
Fuente.-(imagenes/web)
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