Con la expansión territorial de Morena, la militarización de la seguridad pública se acentuó en el País.
De las 11 entidades que ganó el partido en las elecciones de junio, 7 atendieron el llamado presidencial y tienen Jefes de Policía que provienen del Ejército o de la Marina.
de probada inefectividad:
Además, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien ganó los comicios bajo las siglas del PT-PVEM, pero es aliado de Morena, también nombró a un mando castrense.
Aunque la designación de los mandos locales es facultad de cada Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que las Fuerzas Armadas palomeen los perfiles.
NINGUN INFUNDIO:
El 19 de octubre, el Mandatario abiertamente sugirió a las nuevas Gobernadoras y Mandatarios consultar el nombramiento de sus encargados de seguridad con los titulares del Ejército y Marina.
La finalidad, argumentó entonces López Obrador, es que las Administraciones estatales designen a personas incorruptibles.
LOS RESULTADOS TRANSEXENALES HABLAN:
"También les recomiendo que consulten tanto al Almirante (Rafael) Ojeda, Secretario de Marina, como al General (Cresencio) Sandoval, para que se tengan personas honestas, íntegras", dijo.
"Repito, incorruptibles y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las Policías en los estados y en los municipios. Entonces, eso es lo que hago".
Por ejemplo, en Guerrero fue nombrado el Capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, y en Michoacán el General y ex Comisario de la Guardia Nacional, José Alfredo Ortega Reyes.
En Colima, la seguridad está a cargo del también Capitán Manuel Llerandi Ruiz, y en Sinaloa del Teniente Coronel, Cristóbal Castañeda Camarillo.
Baja California Sur encomendó la tarea anticrimen al Capitán Javier López García; mientras que Baja California y Tlaxcala designaron a los marinos Iván Carpio Sánchez y Alfredo Álvarez Valenzuela, respectivamente.
A estas entidades se suman dos (Morelos y Tamaulipas) que ya tenían mandos de origen militar, por lo que suman 10 en todo el País.
El experto en temas de seguridad pública, Carlos Mendoza, considera que la designación de mandos castrenses en los Gobiernos estatales no es una práctica adecuada ni conveniente.
Argumenta que, además de ser instituciones civiles, implica un involucramiento cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en diferentes facetas de la vida pública.
"Ya ni siquiera hay un argumento de que va a ser transitorio y que se va a regresar a un mando civil; ahora sólo se consulta a la Defensa o a la Marina (y se hace el nombramiento)", critica.
"Hay una narrativa explícita de extender el control militar de las fuerzas policiales y eso me parece algo muy preocupante", agrega el también académico de la UNAM.
La militarización en el ámbito de la seguridad es definida como el aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en tareas propias de la autoridad civil.
Se manifiesta, entre otras cosas, en el uso de efectivos en activo o en retiro para tareas anticrimen y en la "subordinación" de las fuerzas policiales a la autoridad militar.
También en el nombramiento de oficiales militares en puestos clave de la conducción de la seguridad, como Secretarios o jefes de Policía.
Mendoza considera que, más que una sugerencia presidencial, la designación de mandos de las Fuerzas Armadas parece una instrucción o una "consigna clara" para los gobernantes de Morena.
"Es muy preocupante que el Gobierno mande esas señales porque el Ejército va ocupando más cargos de importancia y, por supuesto, toma el control del estado de fuerza", añade.
El también consultor afirma que dicha designación evidencia una medida de "disciplina partidista" y hasta una evasión de responsabilidades.
"Que dado el problema de violencia o inseguridad en ciertos sitios, ellos (los gobernantes) prefieren dejar que el Ejército sea en quien recaiga la responsabilidad del fracaso o el éxito", expone.
"Creo que es un espacio de confort, de comodidad y pues, obviamente, muy conformista, que no deberíamos estar atestiguando".
El nombramiento de mandos estatales castrenses se ha perpetuado a pesar de que, en su momento, fue una medida duramente criticada por tratarse de un tipo de militarización.
Ve militarización
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), coincide en un análisis reciente sobre el tema que México vive un proceso progresivo de militarización.
Mediante ese proceso, expone la activista, a las Fuerzas Armadas se le entregan cada vez más tareas y funciones.
Aun cuando la "complejización" del mundo criminal requiere de la participación de las Fuerzas Armadas en dichas tareas, señala la especialista, hacerlo sin controles, sustento y evaluación es tanto o más perjudicial que no hacerlo.
"Es un hecho que la seguridad pública en México ha sido gradualmente militarizada hasta alcanzar lo que parecería ser un punto de no retorno", refiere Sánchez en "La Militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales".
"En cuatro décadas, y más precisamente en dos, el País pasó de confiar a los militares la erradicación manual de cultivos declarados ilícitos, a poner en sus manos la conducción de operativos antidrogas, el combate a la delincuencia organizada, el restablecimiento del orden en municipios, estados y territorios y la prevención del delito".
Sánchez agrega que si bien hay voces que siguen demandando un cambio y defienden la ruta civil, la política del miedo y la mano dura siguen "vendiendo" más.
"Literalmente, porque mientras a la gente se le vende la ilusión de seguridad, a los militares se les da la responsabilidad de conducir al País", concluye en el estudio.
"Cierto es que esta acumulación de poder no ha venido sin un enorme sacrificio por parte de la tropa. Que quede claro que ellos no son el problema principal. El problema es que estamos frente a una decisión política del poder civil. Y ahí es donde hay que trabajar".
En otro informe, MUCD subraya que la ampliación de funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de otra naturaleza, va en detrimento de las instituciones civiles.
"La creciente militarización de la seguridad pública ha sido presentada por los gobiernos civiles que la impulsan como un mal necesario para devolver la seguridad a nuestro País", critica la organización en "La militarización, impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz".
"Sin embargo, a décadas de su implementación e institucionalización esta estrategia no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz en México".
Historia conocida... en otros sexenios
La práctica de poner a militares a cargo de la Seguridad Pública en los estados arreció en el sexenio de Felipe Calderón, durante la llamada guerra antinarco, y continuó en el periodo de Enrique Peña Nieto.
Fue en este último sexenio que tuvo mayor expansión, pese a lo cual no se bajaron los índices delictivos en gran parte del territorio nacional.
Un caso es el de Guerrero, donde el General Pedro Almazán Cervantes fue responsable de la seguridad entre 2014 y 2018, periodo en el que hubo un ascenso de los homicidios dolosos.
Almazán también fue cuestionado por hechos de violencia de alto impacto en varias zonas del estado, el despido de agentes que exigían mejoras salariales e incluso el trato a su personal.
En Colima, uno de los estados donde más se ha apostado por mandos castrenses en los últimos años, se designó en 2016 al Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez.
Sin embargo, el marino sólo estuvo año y medio al frente de la Policía Estatal y dejó el cargo ante la violencia creciente en la entidad.
La designación de Jefes de Policías de las Fuerzas Armadas también se ha hecho en ciudades con altos índices delictivos como Tijuana, Acapulco, Culiacán y Ciudad Juárez.
Por ejemplo, el cuestionado Teniente Coronel retirado, Julián Leyzaola Pérez, fue mando policial en Tijuana y Ciudad Juárez.
No obstante, enfrentó un largo historial de quejas y denuncias por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, privación ilegal de la libertad, tortura y hasta ejecuciones extrajudiciales.
Optan otros morenistas por civiles
Campeche, Nayarit, Sonora y Zacatecas, estados donde también ganó Morena este año, apuestan por mandos civiles de seguridad.
En Campeche, la Gobernadora Layda Sansores nombró a Marcela Muñoz Martínez, ex directora de seguridad en Álvaro Obregón, Alcaldía que también gobernó la Mandataria estatal.
Muñoz es Licenciada en Psicología Educativa con Maestría en Psicoterapia Familiar y en Seguridad Pública y Políticas Públicas.
En Nayarit fue designado Jorge Benito Rodríguez, Licenciado en Derecho con experiencia en la Administración estatal.
Fue director del penal estatal "Venustiano Carranza", director de Prevención y Reinserción Social de Nayarit y encargado de despacho de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
En Sonora, el Gobernador y ex Secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, también confió la seguridad a una mujer civil: María Dolores del Río.
La Secretaria de Seguridad es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, militó en el PAN, ha sido diputada local y fue Presidenta Municipal de Hermosillo.
Zacatecas eligió al Licenciado y Maestro en Derecho, Arturo López Bazán, quien fue coordinador y director general de la División de Investigación de la extinta Policía Federal, y director general adjunto de la Coordinación de la División de Gendarmería.
Apuestan PAN-PRI también por civiles
Los estados gobernados por el PAN y el PRI se han alejado de la "tradición" o sugerencia de nombrar a mandos castrenses y también están apostados por civiles.
De dichas entidades, sólo Tamaulipas, que gobierna el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene a un Capitán de la Marina en la Secretaría de Seguridad.
Hay civiles en las Policías de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, donde gobierna el PAN, así como en Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca, donde encabeza el Gobierno el PRI.
En Quintana Roo, cuyo Gobernador Carlos Joaquín llegó al cargo empujado por la alianza PAN-PRI-PRD, también hay mando civil: Lucio Hernández Gutiérrez.
De Movimiento Ciudadano, tanto Samuel García, Gobernador de Nuevo León, como Enrique Alfaro, Mandatario de Jalisco, tienen en su gabinete a mandos civiles.
Otros estados que, desde antes de las elecciones de junio eran gobernados por Morena, también han optado por civiles. Es el caso de Chiapas, Ciudad de México, Puebla y Tabasco.
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