La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, encabezada por Irving Barrios Mojica, reservó por 12 años los datos estadísticos de las órdenes de aprehensión que no han cumplimentado. Ello bajo el argumento de que revelar esos números pondría en riesgo la ejecución de las órdenes.
“De la información que se requiere podría hacerse un uso indebido de la misma, mermando las acciones emprendidas por esta institución en la investigación y persecución de los delitos, y que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, sus planes y estrategias, por lo que dicha información deberá tratarse con reserva”, señaló la fiscalía de ese estado.
Las fiscalías de 21 estados del país y la Fiscalía General de la República (FGR) acumulan, sin cumplimentar, más de 170 mil órdenes de aprehensión y reaprehensión giradas por jueces locales y federales en contra de presuntos responsables de toda clase de delitos, desde robos y homicidios hasta narcotráfico y crimen organizado. El Estado de México, Ciudad de México y Guerrero concentran más de la mitad de los fugitivos que no han sido detenidos.
Tan solo en seis estados que aceptaron desglosar los delitos por los cuales tienen órdenes sin cumplimentar, se contabilizan casi 7 mil prófugos acusados de homicidios.
Mientras tanto, 11 fiscalías estatales que también tienen órdenes de aprehensión sin cumplimentar no quisieron transparentar sus datos. Tamaulipas, Morelos y Puebla incluso argumentaron que la cifra de órdenes de arresto era información reservada y que revelarla podría poner en riesgo su cumplimiento.
De acuerdo con los datos oficiales que se pudieron obtener vía transparencia de las fiscalías que sí proporcionaron información, hasta agosto pasado había un total de 173 mil 803 órdenes de aprehensión sin cumplimentar en contra de personas señaladas como probables responsables de haber cometido un delito local o federal.
Dichas órdenes de aprehensión fueron giradas por jueces que en todos los casos verificaron el cumplimiento de dos requisitos: que existe evidencia inicial suficiente que permite presumir que la persona señalada pudo haber cometido un delito, y que el perfil de dicha persona –como su peligrosidad o posibilidad de fuga– hace necesario que la policía lo detenga en vez de que se le cite voluntariamente a una audiencia.
Una persona con una orden de aprehensión en su contra es considerada fugitivo o prófugo de la justicia. Hay personas que no han sido detenidas que pueden acumular más de una orden de arresto en su contra en uno o varios estados.
La Fiscalía del Estado de México es –de las que transparentaron sus datos– la que reporta la mayor cantidad de órdenes de aprehensión sin cumplir con 53 mil 945 en total. Se trata de casi la misma cifra de mandamientos judiciales sin ejecutar que presentaba el año pasado cuando cerró con 53 mil 956.
Ciudad de México es la segunda entidad que registra la mayor cantidad de órdenes de captura sin cumplir con 21 mil 312 en total. La fiscalía capitalina no quiso revelar si esta cifra es mayor o menor que la de años anteriores.
Y después se ubica Guerrero cuya fiscalía acumula 19 mil 272 órdenes de aprehensión sin ejecutar. El punto positivo es que dicha cifra ha descendido –aunque lentamente– en los últimos años, luego de que en 2019 se reportaron casi 20 mil 900 órdenes sin cumplimentar, y en 2018 un total de 23 mil.
A esos tres estados, que por sí solos concentran el 54% de las órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado en el país, le sigue la FGR que reportó 16 mil 238 órdenes de captura giradas por jueces federales que están pendientes de ser ejecutadas.
Aunque la cifra sigue siendo elevada, en el caso de la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero existe un avance más notorio respecto al rezago de órdenes sin cumplimentar, luego de que en 2019 la entonces PGR registraba 19 mil 414 mandamientos judiciales pendientes, y de que en 2018 fueran 21 mil 957.
La Fiscalía de Veracruz es la que cierra el top 5 de las que tienen mayor número de órdenes sin cumplimentar con 13 mil 37, que es un descenso importante respecto al año pasado donde el acumulado era de más de 15 mil.
Después se ubica Chiapas con 11 mil 993 órdenes de aprehensión acumuladas sin cumplimentar, y le sigue Chihuahua con 8 mil 84 órdenes pendientes. El caso de Chihuahua resulta particularmente grave dado que el rezago se ha incrementado de forma notable, y las órdenes sin ejecutar son casi el doble de las 4 mil 186 que se reportaron en 2018.
A estas fiscalías le sigue la de Guanajuato con 5 mil 651 órdenes sin cumplimentar; Baja California Sur con 5 mil 551; Michoacán con 4 mil 763; Nuevo León con 3 mil 875; Zacatecas con 2 mil 306 (el doble de las que tenía rezagadas en 2018); Colima con 2 mil 165; Sonora con 2 mil 55; Tabasco con 1 mil 272.
Le sigue la Fiscalía de Yucatán que reporta 579 órdenes de captura sin ejecutar; Querétaro con 516 mandamientos judiciales rezagados; Baja California Sur con 380; Campeche con 292; Quintana Roo con 206; y Oaxaca con 79.
En seis estados, casi 7 mil presuntos homicidas fugitivos
Pese a que fue información que se les solicitó expresamente, solo seis fiscalías estatales y la FGR proporcionaron algún detalle sobre los delitos por los cuales se giraron las órdenes de aprehensión que no han podido ejecutar. Destaca que habría casi 7 mil presuntos homicidas que no han sido capturados.
De los cinco estados que acumulan mayor cantidad de órdenes sin cumplir Guerrero fue el único que desglosó la información por delitos. Tan solo por casos de homicidio doloso la entidad reporta 3 mil 595 órdenes de captura sin ejecutar. Chihuahua, por su parte, reporta 1 mil 406 mandamientos por homicidio pendientes.
La Fiscalía de Chiapas reportó que tiene pendientes de cumplimentar 1 mil 91 órdenes de arresto en contra de posibles homicidas. Le sigue Baja California que acumula 743 órdenes de aprehensión sin ejecutar, Baja California Sur con 42 y Oaxaca con 39.
Cabe señalar además que Guerrero, Baja California Sur, Oaxaca y Chihuahua reportaron en conjunto 54 órdenes de aprehensión contra presuntos feminicidas que tampoco se han terminado de ejecutar.
Los estados mencionados también informaron que tienen 2 mil 711 órdenes de aprehensión por violaciones y delitos sexuales sin ejecutar, de las cuales 1 mil 28 corresponden a Guerrero. De igual forma reportaron 693 mandamientos de captura pendientes contra posibles secuestradores.
La Fiscalía General de la República informó, por su parte, que las más de 16 mil órdenes de aprehensión que tiene pendientes de ejecutar son por 90 delitos distintos, aunque no proporcionó un desglose de ninguno de ellos. Entre esos delitos figuran homicidios, delincuencia organizada, delitos contra la salud en sus distintas modalidades, secuestros, trata de personas, tortura, lavado de dinero, y diversos de corrupción.
Prófugos de alto perfil
Aunque la emisión de una orden de aprehensión es una información por naturaleza secreta (para no alertar a la persona prófuga) hay casos donde el alto perfil público del acusado o la gravedad de los hechos que se le atribuyen propicia que la información se divulgue públicamente, ya sea por las autoridades o por notas periodísticas.
En ese contexto figuran, por ejemplo, las cuatro órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar por delitos sexuales en contra del académico y exembajador Andrés Roemer, quien de acuerdo con las autoridades habría huido para esconderse en Israel. Mismo país en el que también se presume que está escondido el extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomas Zerón, quien cuenta con órdenes de aprehensión por delitos de tortura y corrupción.
Otro caso reciente es el de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes tienen una orden de aprehensión por delitos graves como delincuencia organizada y lavado de dinero. La FGR los acusa de estar detrás de una red de empresas fantasma con la cual se desviaron millones de pesos del erario.
El exdirector de Pemex Carlos Treviño, acusado de haber recibido supuestos sobornos de Odebrecht, o el extesorero de Veracruz Tarek Abdalá Saad, presunto responsable del desvío de miles de millones de pesos en ese estado durante el gobierno de Javier Duarte, son otros exfuncionarios con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse en su contra.
Incluso la conductora de televisión Laura Bozzo también cuenta con una orden de aprehensión girada por un juez federal por delitos fiscales, aunque otro juez de amparo le concedió hace unos días una suspensión provisional mientras analiza a fondo el caso
Predomina opacidad
Para conocer el número de órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en el país, así como los delitos por los cuales fueron giradas, Animal Político envió solicitudes de información vía transparencia a las 32 fiscalías de Justicia estatales así como a la FGR. Sin embargo, la mayor parte de dichas fiscalías entregaron la información incompleta y, en algunos casos, incluso la clasificaron como reservada.
Solo 21 de los 32 estados respondieron las solicitudes planteadas proporcionando al menos una parte de la información solicitada. Los que no proporcionaron la información fueron Tamaulipas, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Tlaxcala, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit y Coahuila.
La Fiscalía General de Justicia de Morelos negó la información señalando que se trataba de datos “estrictamente reservados y confidenciales”, y argumentando que difundirlo supuestamente contraviene “el marco legal que rige los actos de investigación”. Aquí ni siquiera se indicó por cuánto tiempo deberían considerarse reservados los números requeridos.
El otro estado que tampoco entregó la información alegando que se trataba de información confidencial es Puebla. Su fiscalía equiparó los datos estadísticos que se solicitaban como si se tratara de detalles de una carpeta de investigación en específico, y con ello sostuvo que solo “las partes” de un caso podrían tener acceso a la misma.
“Así mismo, debe mantenerse un mayor sigilo debido a que la información puede vulnerar los puntos estratégicos de reacción, puesto que podría quebrantar los trabajos de oportunidad y avances en las indagatorias, afectando el resultado que se espera con el cumplimiento de los mandatos judiciales, y como consecuencia obstruyendo la persecución de los delitos que se investigan”, indicó dicha fiscalía.
Por otro lado, aunque hubo 20 estados que sí respondieron las solicitudes de transparencia la mayoría de ellos lo hicieron de forma incompleta. Por ejemplo, 14 entidades no desglosaron los delitos por los cuales no han cumplimentado las órdenes pendientes y siete estados –entre ellos Ciudad de México– no detallaron las órdenes sin cumplimentar acumuladas en años anteriores.
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