El inicio de un juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de tres delitos federales graves (delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada) ha confrontado las opiniones de juristas, académicos del derecho y expertos constitucionalistas sobre el alcance que tendrá el fallo de la Cámara de Diputados que definirá por mayoría si procede o no el desafuero del mandatario estatal, a propuesta de la Comisión Instructora que analizará el caso, escuchará a los acusados y acusadores y determinará si hay elementos para permitir que Cabeza de Vaca pueda ser procesado penalmente.
la tactica de mentir para confundir:
El debate se centra en estos momentos en la interpretación del Artículo 111 Constitucional que establece la facultad de los diputados del Congreso de la Unión para decidir si un titular de un Ejecutivo Estatal, acusado de haber cometido delitos federales, puede ser enjuiciado, previa eliminación de su fuero constitucional por el voto mayoritario de los diputados federales.
PARA DEMORAR LA AGONIA:
Hay una corriente que dice que, con independencia de lo que decida la Cámara de Diputados, el dictamen de procedencia tiene que enviarse al Congreso local, en este caso de Tamaulipas, para que sean los diputados locales los que tengan la decisión final de si la FGR puede o no proceder en contra del gobernador acusado.
Esa interpretación, que afirma que el Congreso local tiene la última palabra para declarar si procede o no el desafuero del gobernador, ha sido expuesta públicamente por el ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío, y el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha, quienes sostienen que en el mismo artículo 111 Constitucional, en el párrafo Quinto, se dispone que la decisión de la Cámara de Diputados “será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda". Esta determinación, dice el exministro Cossío en un artículo publicado en el diario El País, se complementa con lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de que, “en su caso ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo”.
En el mismo sentido se ha expresado el doctor Hugo Concha en entrevistas sobre el tema, aduciendo que la propia Constitución faculta al Congreso local a ser el que determine si el gobernador Cabeza de Vaca puede o no ser sometido a un proceso penal federal durante el tiempo que dura su encargo, que en este caso concluye hasta finales de 2022.
“Más allá de lo que decidan en la Cámara de Diputados y aun cuando la mayoría de Morena apruebe el desafuero y declare procedente el proceso penal que solicitó la FGR, como es seguro que ocurra, el asunto terminará primero en el Congreso local, con mayoría panista, y luego, suponiendo que los diputados locales, afines al gobernador, aprobarán la procedencia del desafuero, todavía tendría que pasar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, que también tendrían que avalarlo. Es decir, que este asunto, por político y mediático que sea, termina en los poderes locales de Tamaulipas donde difícilmente permitirán que se procese al gobernador”, comentó el investigador de Jurídicas de la UNAM.
Pero la interpretación de un abogado penalista y litigante como Gabriel Regino es totalmente contraria. Según el ex subsecretario de Seguridad capitalina en el caso del desafuero de Cabeza de Vaca, como en el de cualquier otro gobernador o funcionario local, lo que priva es el principio de “Supremacía Constitucional” que establece que en la Unión de los Estados en una República Federalista no hay ninguna ley, constitución o autonomía estatal que esté por encima de la Constitución General de la República.
Y en ese sentido la interpretación de Regino del artículo 111 es muy distinta, pues él afirma que el párrafo quinto de tal precepto, que mandata a enviar y comunicar a las Legislaturas locales el resultado de un juicio de procedencia votado por la Cámara de Diputados, “no es para que los Congresos locales lo aprueben o rechacen, sino para que procedan a sus atribuciones", que en este caso sería nombrar a un gobernador interino o sustituto, dependiendo de si han transcurrido ya más de dos años de la elección del gobernador que ya fue desaforado por la Cámara de Diputados. “La decisión de los diputados federales es inapelable e inatacable y la declaración de procedencia es suficiente para que el gobernador pierda su fuero y pueda ser procesado como cualquier ciudadano. No hay ni existe una inmunidad estatal en delitos de carácter federal, sólo en delitos locales podrían opinar y definir la procedencia o no los diputados locales”, aseguró Gabriel Regino.
Veremos cuál de las dos interpretaciones prevalece en un juicio de procedencia que apenas comienza y en el que, en los siguientes dos meses, veremos desfilar por el Palacio de San Lázaro a los protagonistas de este caso, tanto el Ministerio Público Federal como el gobernador acusado, en un tema que dará mucho espectáculo mediático, en plenas campañas electorales y cuyo desenlace, aunque previsible por la mayoría morenista, aún está por verse quién tiene la última palabra: el Congreso federal o el local.
Por lo pronto, ayer la mayoría panista del Congreso de Tamaulipas se apuró a aprobar, en un fast track, reformas al artículo 44 de la Ley de Servidores Públicos del Estado para homologar los procesos de desafuero y hacer, de este modo, que la declaración final de procedencia contra el gobernador de su estado, la tengan los diputados locales, aun cuando se trate de delitos federales graves, como en las acusaciones de la FGR contra Cabeza de Vaca. Veremos si la Cámara local puede más que la federal…
Fuente.-Salvador Garcia Soto/
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