El diferendo legal entre el gobierno federal y el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está en un punto sin retorno,como ahora se sabe y de acuerdo a la columna periodística de Raymundo Rivapalacio en "El Financiero", anticipando una acción de la Fiscalía General en su contra, Garcia Cabeza de Vaca envió un mensaje de conciliación a Palacio Nacional dias antes de que la FGR pidiera su desafuero en la Camara de Diputados,solicitud que incluso ya fue ratificada,ofreciendo posiciones políticas a cambio de paz judicial, pero "Ya era tarde".
El mismo periodista,señala en su columna que la petición de desaforarlo,ciertamente es un tema cargado de política, que no desdeña intenciones electorales, pero afirma es una mancha que ha arrastrado García Cabeza de Vaca hace años.
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presento una denuncia contra el gobernador, su madre, sus dos hermanos, su esposa, su suegro y dos personas más que “manejan dos empresas, una rural y una inmobiliaria, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción”. Sobre esa base vino la solicitud del fiscal a la Cámara de Diputados.
Rivapalacio afirma que desde hace más de 10 años en su columna publicó los presuntos nexos de García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo desde que era alcalde de Reynosa (2005-2007), que fueron negados por él. En 2016 también se publicó en esta columna que el Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde participan autoridades estatales, federales y militares en materia de seguridad, perseguía a Francisco Pancho Carreón, el jefe de Los Zetas en el centro y sur de Tamaulipas. Carreón estaba vinculado a la Sección 103 del Sindicato de Azucareros, uno de cuyos líderes era César Augusto Verástegui, quien era su enlace con los políticos locales, de acuerdo con la información en ese grupo de seguridad.
Poco le importaron a García Cabeza de Vaca esas imputaciones y las alertas rojas que su nombre implicaba. Verástegui había sido secretario de Asuntos Políticos de los azucareros a nivel nacional, de donde saltó a la presidencia municipal de su comunidad, Xicoténcatl, y más adelante a una diputación federal. Verástegui, panista durante toda su carrera política, fue presidente del partido en el estado y se convirtió en uno de los apoyos más fuertes que tuvo García Cabeza de Vaca durante su campaña para gobernador, quien más adelante lo llevó a su gabinete como secretario general de Gobierno.
Los señalamientos al gobernador sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, cuando fue alcalde de Reynosa y diputado local, provocaron que el presidente Felipe Calderón lo obligara a tomar dos veces el polígrafo –detector de mentiras–, cuyos resultados en cuanto a conexiones con criminales dieron negativo. Lo que sí apareció en el polígrafo fue lo que llamaron “abusos administrativos”, que nunca se precisaron de qué se trataba, pero tampoco tuvieron consecuencias para él.
Las imputaciones contra el gobernador se reforzaron durante el juicio al empresario Antonio Peña Argüelles en la Corte Federal de San Antonio, quien cumplía una sentencia breve tras declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, al haber sido el intermediario entre Los Zetas y el exgobernador tamaulipeco, también preso en Estados Unidos, Tomás Yarrington. Peña Argüelles aseguró en la Corte que García Cabeza de Vaca había recibido medio millón de dólares para su campaña para la alcaldía de Reynosa, en 2005. Verástegui dijo en aquel momento que la acusación era una “guerra sucia” contra el entonces candidato a gobernador.
El conflicto entre García Cabeza de Vaca y el gobierno federal se amplió. En agosto pasado retó indirectamente a López Obrador en Reynosa tras la revelación de la investigación en su contra: “Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente y a la política”. Para entonces, ya tenía puesto el dedo índice sobre la nariz.
Ayer inició su defensa política, pero otra tendrá que ser la estrategia jurídica cuando se vayan presentando públicamente las evidencias.
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