La administración de Alejandro Moreno Cárdenas en el gobierno de Campeche, entre 2015 y 2018, contrató a empresas señaladas como factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según datos en poder de La Silla Rota, contratos firmados entre 2016 y 2018 dieron un desfalco de 140 millones 282 mil 739 pesos a la Hacienda Pública de Campeche, dinero que fue pagado a 42 empresas consideradas factureras.
La Silla Rota constató que 41 empresas, de las señaladas por firmar contratos con el gobierno de Campeche en esos años, no pudieron comprobar las operaciones por las que emitieron comprobantes ante el SAT.
Pese a que algunas empresas sí aportaron pruebas de sus operaciones, según el SAT, "no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó definitivamente" su situación.
Este medio obtuvo los listados del SAT en los que señala a las 41 empresas de emitir comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios o bienes, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
IRREGULARIDADES EN EMPRESAS
De esas 41 empresas, presuntamente ligadas a las operaciones con el gobierno de Campeche, tres se encuentran en proceso de liquidación y dos embargadas, ante el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía federal.
Las empresas liquidadas son Análisis de Mercados ABC, Comercializadora Green Recyt, y Servicios Especializados Lets está en proceso de liquidación. Además, Corporativo Eximio y Servicios Especiales La Comercial aparecen como empresas embargadas.
La mayoría de las empresas fueron constituidas en Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Tabasco y Campeche, solamente seis no cuentan con registro en el Sistema Integral de Gestión Registral en esas entidades.
Además, este medio encontró relación entre los socios de algunas de estas empresas, como es el caso de Publikim, constituida por María Teresa Can Pech en septiembre de 2012; y Publicidad e Impresión Especializada, fundada por Angélica Can Pech en mayo de ese año, ambas, asentadas en la ciudad de Mérida.
Otros personajes como José Manuel Keb Hernandez, quien aparece como socio inicial de la Comercializadora Chichpan, aparece también como de los últimos socios de la empresa Nifama. Lo mismo Emilia De La Cruz León Barbosa, que constituyó Imagen y Comunicación Jryg, y luego aparece como apoderada de Rentamid Sureste.
Las 41 empresas tienen giros relacionados con la elaboración, comercialización y desarrollo de eventos sociales, promocionales y culturales; de arrendamiento de equipo informático y multimedia; y algunas incluso relacionadas con la construcción.
NO TRANSPARENTAN CONTRATOS
Este medio solicitó a 63 dependencias estatales información sobre los contratos de las 42 empresasque se investigan, pero solamente el Instituto de la Mujer y el Instituto Tecnológico Superior de Champotón admitieron haberlas contratado.
Fueron 24 las dependencias que no respondieron a la solicitud de información y 35 las que aseguraron no contar con información al respecto o no haber firmado contratos con ninguna de las 41 empresas, hasta antes de la publicación de este reportaje.
Pese a responder la solicitud de información, el Instituto Tecnológico de Champotón testó los montos de siete contratos firmados con la empresa Enveromex Solutions, en 2016.
Datos obtenidos por este medio demuestran que la empresa fue la que más recursos recibió, en total, 32 millones 62 mil 145 pesos. Y apareció en la lista de factureras del segundo trimestre de ese año, en el Diario Oficial de la Federación de 28 de junio de 2019.
Por su parte, el Instituto de la Mujer en Campeche proporcionó tres contratos firmados con Gloria Rubí de Jesús Araos Tejero, quien también apareció como una persona física en la lista del primer trimestre de 2018, como empresa facturera.
El contrato firmado entre el Instituto de la Mujer y Gloria Rubí de Jesús Araos Tejero, con número AATG62042145A ante el Registro Federal de Contribuyentes, fue por 99 mil 989 pesos, para limpiar aires acondicionados y apagadores en las instalaciones.
Otro lo firmaron con la Comercializadora Chichpan, de José Manuel Keb Hernandez, en 2017, por un total de 115 mil 978 pesos en la compra de equipo de papelería. Otro con la Comercializadora Kin Ha, por 24 mil 985 pesos, por la compra de materiales de limpieza.
El Instituto Campechano respondió la solicitud de información con un archivo vacío; y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campechesolicitó acudir a sus oficinas por la información. Ninguno admitió haber firmado contratos.
DESVÍO SE HA DOCUMENTADO
Las acusaciones de desvíos de recursos durante la administración de Moreno Cárdenas en Campeche han sido documentadas por algunos medios locales y nacionales, sobre todo, en sectores de salud y educación, incluso, de apoyo a sectores vulnerables.
En marzo de 2020, la organización Impunidad Cero publicó la investigación Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, donde se mencionan como factureras al menos seis de las 41 empresasligadas al desvío de recursos en Campeche.
La investigación señala a la Comercializadora Chichpan y a Gloria Rubí de Jesús Araos Tejero como dos de las empresas que facturaron servicios inexistentes al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública y al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Campeche, entre los años 2016 y 2017.
Medios locales como El Diario de Yucatán también han documentado los desvíos, incluso desde la otrora Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar) y la Sedatu, bajo la administración de Rosario Robles, en la operación conocida como La Estafa Maestra.
La Comercializadora Green Recyt, hoy liquidada según la revisión que hizo La Silla Rota sobre las empresas, es una de las ligadas al desvío realizado desde Sedesol y Sedatu.
En 2018, La Silla Rota exhibió a algunas empresas -entre ellas Nifama, señalada entre las empresasrelacionadas al desvío en Campeche- con las que se desapareció dinero del municipio de Mérida, bajo la administración del hoy gobernador Mauricio Vila Dosal.
OTRAS INVESTIGACIONES
El pasado 30 de septiembre, la FGR determinó no ejercer acción penal en contra del presidente nacional del PRI, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, detallado en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CAMP/0000294/2019.
La misma, fue iniciada para investigar el patrimonio de Moreno Cárdenas, luego de que el ex aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ulises Ruiz, lo denunciara. La FGR detalló que "no se encontró disparidad entre sus ingresos y los inmuebles que ha adquirido".
En su denuncia, Ulises Ruiz retomó como prueba el reportaje publicado por el periódico Reforma sobre una residencia con valor de 46 millones de pesos, que Moreno Cárdenas habría adquirido durante su periodo como gobernador de Campeche.
En una carta enviada a Reforma en julio del año pasado, con motivo de la publicación del reportaje, Moreno Cárdenas aclaró que la casa la estaba pagando a través de "un crédito hipotecario, así como la dación en pago de dos lotes de terreno".
La Silla Rota solicitó a la Fiscalía General y a la Secretaría de Hacienda conocer si existen otras carpetas de investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas, por desvío de recursos durante su gestión como gobernador de Campeche, pero hasta el momento de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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