"H_UNDIDOS CONTRA la CORRUPCION": "LA CULPA NO es de BARTLETT SINO de QUIEN lo HACE COMPADRE"...asi pasa cuando se es juez y parte en el combate a los corruptos.

Las consecuencias de dejar al gobierno ser juez y parte en el combate a la corrupción pueden ser potencialmente desastrosas. El debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el desdén a sus virtudes y el empoderamiento a instancias que en el pasado han sido culpables de la crisis que vivimos en la materia, se pagan caro. 

Haber alentado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para actuar de manera unilateral y, sin ambages, tiene efectos perversos. La exoneración de Manuel Bartlett, Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –denunciado en reportajes periodísticos por conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero– mediante una investigación parcial, le permite navegar en la impunidad, con la confianza de que sus aliados lo seguirán protegiendo y justificando. En Sudamérica el dicho consigna con elocuencia: la culpa no es del chancho sino del que le da el afrecho.

Recordemos que fue Miguel de la Madrid quien creó la SFP. Por aquel entonces, durante el primer año de su administración (1983), la bautizó como Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Era parte de una campaña de renovación moral que acabaría con la panda de corruptos que se enriquecían desde sus puestos en el gobierno. Cuando Ernesto Zedillo llega a la presidencia –justo en el fragor del error de diciembre– renombra la institución con un título aún más burocrático e igual de inútil que el anterior: Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. La presidencia del panista Vicente Fox inauguró un nuevo capítulo de lo que conocemos como el período de la transición democrática en México. Al igual que De la Madrid, uno de sus principales postulados de campaña fue la derrota de la corrupción. En consecuencia, modificó el nombre de la dependencia una vez más, en 2003, para quedar como ahora la conocemos. Lo hizo a iniciativa de Francisco Barrio Terrazas, entonces primer contralor de la nación, porque como no había podido atrapar los peces gordos que prometió al principio, responsabilizó a las limitaciones de la ley: ergo, la reformó. Los peces gordos siguieron nadando a sus anchas. Enrique Peña Nieto, el ominoso, quiso desaparecer la secretaría como parte de una de sus reformas estructurales. Su deseo era que los titulares de cada dependencia del gobierno federal se hicieran responsables de controlar los recursos y la gestión, además de supervisar el honesto desempeño de los servidores públicos. La desaparición, sin embargo, fue conjurada en el Senado. Esta derrota aparente para el entonces presidente resultó a la larga ser su mejor escape en el peor momento. A consecuencia del escándalo de la Casa blanca de la entonces primera dama, se nombra a Virgilio Andrade como titular de la SFP, quien en pocos meses de “investigación” exonera al presidente. Este episodio infame de nuestra historia detona la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una herramienta de coordinación, colaboración y rendición de cuentas de las instancias que combaten la corrupción, incluyendo a la SFP. Una de las razones para la reforma anticorrupción de 2016, era precisamente la de limitar el ejercicio de la SFP para evitar parcialidad en su actuación. Desafortunadamente, el gobierno actual ha desdeñado sus virtudes, debilitando las capacidades del sistema, anulando el papel del Comité de Participación Ciudadana, marginando el rol de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y concentrando en la SFP y la Unidad de Inteligencia Financiera (instancia que no forma parte del SNA) gran parte de las atribuciones del combate a la corrupción. La desgracia se cuenta sola: regresamos al pasado en el que el juez era parte, similar a las épocas de Miguel de la Madrid, idéntico al sexenio anterior cuando Virgilio Andrade investigó a su jefe y no le encontró ningún viso de corrupción. Realizó una investigación que él solo condujo, analizó y concluyó. Hoy en día no sucede nada en el seno del SNA y las consecuencias negativas nos siguen dando golpes de realidad. No transcurrió siquiera un tercio de la actual administración para sepultar la confianza en sus instituciones. No voy a hacer un juicio aquí sobre la culpabilidad o inocencia del Director General de la CFE luego de haber sido denunciado en medios y ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ilícito u oculto, conflicto de interés, lavado de dinero y tráfico de influencias. Me interesa mostrar la forma en la que la SFP perdió legitimidad y dio pie a la desconfianza. La investigación contra (o más bien, a favor) de Bartlett es la recreación que la 4T hizo de la casa blanca y Virgilio Andrade.

Cuando sale a la luz pública el reportaje periodístico de agosto de 2019 sobre propiedades y empresas de Bartlett y su familia, se presentan denuncias tanto en la SFP como en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. De estas denuncias solo conocemos el resultado de la investigación que llevó a cabo Irma Sandoval, Secretaria de la Función Pública. No tenemos evidencia de que hayan trabajado en coordinación para llevar a cabo la investigación. En septiembre de 2019, la fiscal María de la Luz Mijangos, advertía que estarían revisando declaraciones patrimoniales, bienes declarados. Sin embargo, de esta promesa no hemos visto nada. Incluso, la fiscalía ha abandonado su obligación de investigar a Bartlett argumentado, en enero de este año, que como entre las acusaciones se incluyen denuncias por lavado de dinero, entonces sería la FGR quien lo investigue. El trabajo conjunto con el SNA tampoco sucedió. En un comunicado del Consejo de Participación Ciudadana, emitido varios días después de presentado el Informe Técnico de la Investigación iniciada sobre el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, se le reclama a la SFP por no haber hecho un trabajo de coordinación con el resto del sistema. El comunicado llegó a oídos sordos. La SFP llevó a cabo “media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal”, pero ninguna en coordinación con alguna instancia del SNA. Irma Sandoval sepultó el escándalo de manera unilateral. Pero, además, lo hizo de manera deficiente. Pongo un ejemplo para dimensionar cómo la investigación se hizo para exonerar a Bartlett y no para descubrir la verdad. En estos días, desde la SFP se ha comenzado a indagar actos de corrupción en el que han involucrado al presidente Peña Nieto y funcionarios de su gabinete (José Antonio Meade, José Narro y Luis Miranda, entre otros). Sin mediar una investigación de por medio o alguna denuncia previa, se ha comenzado a revisar las cuentas bancarias de dichos exfuncionarios públicos (junto con las de sus familiares cercanos) para identificar algún posible enriquecimiento ilícito. Se han enviado oficios solicitando la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a bancos en México para comenzar la pesquisa. Irma Sandoval ha dicho que se investiga “sin filias ni fobias” para afirmar que su actuación se ciñe a la imparcialidad más que a la venganza. Sin embargo, dentro de las diligencias que llevó a cabo para indagar en el patrimonio de Bartlett, no hizo ninguna en este sentido, que sería evidentemente esencial para cotejar la declaración patrimonial con el patrimonio real de él y su familia. El informe, que presentó en diciembre de 2019, no hace ninguna referencia a ello.

La actuación de la SFP padeció dos defectos, principalmente. Por un lado, se erigió como única instancia responsable de la investigación, haciendo a un lado el entramado legal e institucional del SNA, incluyendo a un aliado natural como lo es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Por otro lado, hizo una investigación deficiente, que nunca quiso entrarle al fondo del asunto. Las consecuencias son múltiples. Sin duda, la actuación parcial y deficiente ha sido el punto de inflexión. Como se dice comúnmente, la confianza se gana día a día pero se pierde en un instante. Hay argumentos para desconfiar en la SFP. Se  justifica verla con sospecha, con incredulidad. En medio de esta pandemia presenciamos los primeros estragos, la primera secuela del error llamado Bartlett: su hijo y los contratos millonarios en adjudicaciones directas durante esta administración. Y sin embargo, la SFP seguirá ahí, siendo juez y parte, tal y como hace casi cuarenta años lo ideó De la Madrid; siendo protagonista de la lucha anticorrupción con todo y la mácula de Bartlett. La SFP es la mano del compadre de Bartlett y de esos otros peces gordos a quienes dejarán seguir nadando impunemente o, en el peor de los casos, les permitirán escapar al fondo del océano de ser necesario. Me pregunto si la SFP no es otra más de las formas de la corrupción.

Del SNA y las leyes que se crearon para evitar que el gobierno fuera juez y parte, veremos muy poco. Morirá lentamente. 

fuente.-Juan Cepeda