A un año de gestión de Alejandro Gertz en la Fiscalía General de la República (FGR), organizaciones civiles afirmaron que en esa institución continúan los altos índices de impunidad por la falta de personal, disminución de presupuesto y la ausencia de nuevas metodologías para investigar la corrupción y las violaciones a derechos humanos.
"Se siguen llevando a cabo las mismas prácticas fallidas que mantenían a la PGR y a nuestro país inmersos en la impunidad y la corrupción", se lee en un informe publicado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, integrado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y de organizaciones como Causa en Común, Impunidad Cero y la Fundación para el Debido Proceso.
"Se siguen llevando a cabo las mismas prácticas fallidas que mantenían a la PGR y a nuestro país inmersos en la impunidad y la corrupción", se lee en un informe publicado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, integrado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y de organizaciones como Causa en Común, Impunidad Cero y la Fundación para el Debido Proceso.
TORCER LA LEY NO ES PROBLEMA:
En el documento denominado "¿Un año de justicia y autonomía de la FGR? Balance ciudadano a un año de la gestión del Fiscal General de la República" se establece que además existen incumplimientos graves de la Ley Orgánica de la FGR como designaciones fuera de la ley, la del Fiscal y las de algunos fiscales especializados; la falta de un plan de persecución penal, tanto provisional como definitivo, en los términos que establece la ley; la ausencia del Consejo Ciudadano de la Fiscalía, la falta de un nuevo marco reglamentario que desarrolle una nueva "Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer", entre otros temas.
"Las prácticas que vimos este año 2019 no son diferentes a las que históricamente se han llevado a cabo y nos han conducido al altísimo grado de impunidad en el país: ministerios públicos con más de 30 investigaciones penales, algunas con alto grado de complejidad, trabajando solos, sin reales equipos de análisis, sin apoyo de investigación policial, sin contacto con compañeros(as) de su misma área que puedan estar investigando actividades o grupos criminales similares, y mucho menos, sin contacto con otras áreas de la institución o de otras instituciones del Estado", se señala en el estudio.
"Ha habido disminución de presupuesto y de personal. Un Estado que se dice preocupado por la justicia no puede llevar a cabo ni mantener este tipo de prácticas institucionales".
En el texto se refiere que el Fiscal General de la República ha declarado que la actual Ley Orgánica y el Sistema Penal Acusatorio mantienen estructuras obsoletas y que han resultado ineficientes.
"Adicionalmente ha trascendido que presentará un paquete a otras ocho leyes (incluida la Constitución) que implicaría un serio retroceso de los derechos fundamentales y contrapesos de la Fiscalía", exponen los académicos.
"Ante una criminalidad más organizada, violenta y transnacional, es importante probar nuevas metodologías de investigación, estrategias de gestión y organización institucional, es irresponsable cambiar una ley que no se ha aplicado y que mucho menos ha tenido evaluación por parte del Fiscal.
"La actual Ley Orgánica es el resultado del trabajo conjunto de víctimas, organizaciones y el actual gobierno federal. Por ello es importante darle una oportunidad a la Ley Orgánica del 2018", agrega.
"Las prácticas que vimos este año 2019 no son diferentes a las que históricamente se han llevado a cabo y nos han conducido al altísimo grado de impunidad en el país: ministerios públicos con más de 30 investigaciones penales, algunas con alto grado de complejidad, trabajando solos, sin reales equipos de análisis, sin apoyo de investigación policial, sin contacto con compañeros(as) de su misma área que puedan estar investigando actividades o grupos criminales similares, y mucho menos, sin contacto con otras áreas de la institución o de otras instituciones del Estado", se señala en el estudio.
"Ha habido disminución de presupuesto y de personal. Un Estado que se dice preocupado por la justicia no puede llevar a cabo ni mantener este tipo de prácticas institucionales".
En el texto se refiere que el Fiscal General de la República ha declarado que la actual Ley Orgánica y el Sistema Penal Acusatorio mantienen estructuras obsoletas y que han resultado ineficientes.
"Adicionalmente ha trascendido que presentará un paquete a otras ocho leyes (incluida la Constitución) que implicaría un serio retroceso de los derechos fundamentales y contrapesos de la Fiscalía", exponen los académicos.
"Ante una criminalidad más organizada, violenta y transnacional, es importante probar nuevas metodologías de investigación, estrategias de gestión y organización institucional, es irresponsable cambiar una ley que no se ha aplicado y que mucho menos ha tenido evaluación por parte del Fiscal.
"La actual Ley Orgánica es el resultado del trabajo conjunto de víctimas, organizaciones y el actual gobierno federal. Por ello es importante darle una oportunidad a la Ley Orgánica del 2018", agrega.
Fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: