Ante la operación de grupos del crimen organizadorelacionados con el narcotráfico, robo y venta de hidrocarburos, y asalto a transportistas, los servidores de la nación responsables de promover los programas sociales del gobierno federal han suspendido sus actividades o las realizan de manera intermitente en al menos 50 municipios del país.
Así, la inseguridad ha bloqueado la entrega de apoyos económicos a personas de escasos recursos, pues los servidores de la nación se encargan de hacer censos de las personas más pobres, de explicarles cómo pueden registrarse en algún programa social y dónde pueden recoger su tarjeta del Bienestar para recibir dinero.
En algunos casos, los servidores de la nación han sido asaltados, incluso atacados con armas de fuego. Se tiene el registro en Puebla de que un funcionario fue acribillado y otro resultó herido de bala durante un incidente.
También han padecido los conflictos políticos, sociales y electorales que sostienen los pobladores de algunas comunidades.
Un informe obtenido por EL UNIVERSAL, a través de la solicitud de información 0002000003020, indica que en Oaxaca se ubican 14 municipios problemáticos; en Puebla, 18; en Tamaulipas, 11; en Chiapas, cinco, y en Sonora y Durango uno en cada entidad.
Cabe señalar que aunque la Secretaría de Bienestar tiene identificados esos 50 municipios, en cada uno también se localizaron las colonias y/o localidades más conflictivas a las que no han podido ingresar los trabajadores del gobierno federal.
En total son 115 colonias las que han representado un problema para las labores de los servidores de la nación, mientras que 13 de los 50 municipios peligrosos han sido hechos a un lado en su totalidad por las condiciones de inseguridad que ahí persisten, se informó.
En el caso del estado de Oaxaca, por ejemplo, los municipios afectados son: Santiago Xanica, San Francisco del Mar, Juchitán de Zaragoza, San José del Progreso Ocotlán, Santiago Astata, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, San Juan Lalana, San Juan Cotzocón, San Miguel Soyaltepec, San Felipe Jalapa de Díaz, San Pedro Ixcatlán, San José Independencia y Santiago Jocotepec.
En tierra oaxaqueña los servidores de la nación han tenido que enfrentar principalmente conflictos comunitarios y agrarios, además de que han optado por no ingresar a algunas localidades debido al alza en la incidencia de homicidios, así como el transitar de hombres armados o por la localización de fosas clandestinas.
Derivado de un conflicto político-social encabezado por la organización Codedi [Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas], en el que uno de los líderes manifestó que no permitirán el ingreso de instituciones de seguridad pública, así como a trabajadores del gobierno federal, estableciendo filtros en las entradas al municipio para el desarmar a cualquier persona que intente ingresa, los servidores están impedidos para trabajar.
“Nos encontramos en una situación de no poder asistir a dicho municipio, ya que arriesgaríamos la integridad de los servidores de la nación”, subraya el informe sobre Santiago Xanica, donde los empleados del gobierno no han ingresado desde septiembre del año pasado.
En el caso de San Pedro Ixcatlán, también en Oaxaca, el informe idica: “Debido a que se encontraron varias fosas clandestinas en las islas pertenecientes al municipio de San Pedro Ixcatlán, se genera incertidumbre y desconfianza de los pobladores hacia el personal que realiza trabajo de campo”.
Aunque los servidores de la nación se han convertido en un punto fundamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, éstos no han podido realizar sus labores en lugares como Tamaulipas, donde impera el crimen organizado.
Nuevo Laredo es el municipio de Tamaulipas que más ha sufrido esta problemática, debido a que ahí se han detectado 33 colonias de difícil acceso para los servidores de la nación y para la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable.
En el informe obtenido por El Gran Diario de México se detalla que es un lugar “controlado por el crimen organizado”.
También de otras localidades de Tamaulipas se dice que son un “lugar ocupado por grupos armados”, y que en algunas colonias sólo se puede entrar con autorización de las autoridades y en horarios determinados.
De esta manera, la violencia impera en México, y el año pasado dejó alrededor de 35 mil homicidios y feminicidios, lo que ha provocado que en algunas zonas los servidores de la nación queden incluso en medio del fuego entre bandas delictivas o sean víctimas de atracos.
Eso ocurrió en Puebla, por ejemplo, donde se tienen identificados dos casos en los que un empleado del gobierno federal fue herido y otro acribillado por presuntos grupos de la delincuencia organizada. El primer hecho se registró en el municipio de Chichotla y el otro en el de Venustiano Carranza.
En el estado de Puebla los servidores de la nación se han tenido que enfrentar principalmente a grupos delictivos especializados en robo de transporte, mercancía y gas a través del huachicol.
En medio de este contexto hostil, esos trabajadores también han sido vigilados y amenazados con no entrar a determinados puntos o serán reprendidos.
El objetivo de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar la pobreza e inhibir que la gente de más bajos recursos cometa actos delictivos; sin embargo, siguiendo el reporte de la Secretaría de Bienestar, se observa que es la misma violencia la que se resiste a que las personas reciban ayuda oficial.
Al igual que en Tamaulipas y Puebla, en los estados de Sonora y Durango los servidores de la nación han sido amenazados con que no entren a algunos poblados, además de que las balaceras entre los grupos de la delincuencia organizada hacen que los empleados del gobierno interrumpan sus actividades o desistan de acudir a determinados lugares o colonias.
Caso contrario es lo que ocurre en Chiapas, donde la violencia es originada principalmente por conflictos comunitarios como usualmente ocurre en Oaxaca.
Incluso ahí, en el municipio de Tila, se señala al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por no permitir que la gente acceda a los programas sociales.
“Quienes ganaron una resolución agraria, lo que originó un conflicto social expulsando al ayuntamiento, defendiendo un proceso de autonomía adheridos a la cuarta campaña del EZLN, por lo que no permiten que instituciones del gobierno ingresen a su territorio, recurriendo a la atención de los servidores públicos con el fin de evitar esos conflictos, se optó por no entrar al no tener las condiciones de seguridad”, se dice sobre Tila en el informe del gobierno federal.
Sobre otras localidades, el informe señala que en Chiapa de Corzo “la gente no deja entrar porque no quieren los apoyos federales”.
En ocho comunidades del municipio Bochil no se puede ingresar debido a que hay conflictos sociales y presencia de “una aparente delincuencia organizada”.
En cinco comunidades de Pueblo Nuevo Solistahuacán se precisa que hay un grupo armado pelando por tierras y se han registrado muchos enfrentamientos, lo que expondría a los empleados del gobierno.
Algo parecido ocurre en dos localidades del municipio de Acalá que fueron tomadas por la organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Esta casa editorial no sólo publica los contextos de violencia en los que trabajan los servidores de la nación, sino que también ha señalado que durante el año anterior este cuerpo de apoyo social trabajó en un limbo laboral.
De esta manera, los promotores de los programas sociales, al menos en 2019, estuvieron expuestos incluso a la muerte, pese a que sus salarios no tenían un sustento legal ni tampoco su actuar.
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