A finales de 2021, si se materializa el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, México tendrá 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, con un costo de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, esta decisión no necesariamente derivará en un mayor uso de servicios financieros formales. ¿Por qué preocupa este proyecto?
Primero, implicaría construir en dos años más sucursales de las que tiene cualquier otro banco en nuestro país. Los recursos necesarios para toda esa infraestructura podrían destinarse a otros rubros con mayores beneficios sociales como la salud, cuyo gasto en términos per cápita ha disminuido desde hace 14 años.
Segundo, en el mundo se han probado alternativas más eficientes en el impulso de la inclusión financiera. Gracias a la tecnología, existe una variedad de infraestructura digital que pudiera llevar estos servicios a zonas alejadas sin necesidad de ir a un establecimiento.
Por ejemplo, en Kenia, el 85% de la población tiene una cuenta en alguna institución financiera y el 77% utiliza cuentas de dinero móvil. Lo anterior debido al desarrollo de plataformas de pago electrónico montadas en la tecnología 2G de operadores de telefonía móvil y una regulación que promueve la competencia en el sector.
Imaginemos que el Gobierno federal, en aras de la austeridad republicana, decide cambiar el plan de las sucursales por una estrategia digital para fomentar la inclusión financiera. ¿Qué necesitaría?
La respuesta está en un reciente documento que lanzaron el Center for Global Development (CGD), en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el analista Jorge Andrés Castañeda. La conclusión principal: para bancarizar a más personas se necesitan cambios regulatorios e intervenciones públicas que promuevan la competencia y generen nuevas opciones financieras para la población.
Si se aprovechan las soluciones tecnológicas (como el celular) en los canales de distribución de apoyos de programas sociales federales, estos se podrían convertir en una ventana para obtener otros servicios financieros (préstamos o seguros) y aprovechar una red de pagos electrónicos (terminales punto de venta o aplicaciones móviles). Todo sin necesidad de ir a una sucursal.
México empieza a experimentar con este tipo de plataformas, como CoDi. Sin embargo, su uso para hacer pagos digitales solo está disponible para quienes tienen un teléfono inteligente y una cuenta bancaria. Esto implica que el usuario de menores ingresos se enfrenta con barreras de entrada que desincentivan la adopción de esta alternativa. No obstante, si se adecúa el marco legal, se podría desarrollar alguna plataforma más sencilla que permita aprovechar que al menos el 60% de los mexicanos cuenta con un celular de cualquier tipo.
Promover la competencia y la innovación desde la regulación financiera es fundamental para ampliar la cobertura de sectores de la población desatendidos. El marco legal debe permitir opciones tecnológicas para las personas no bancarizadas.
La ley Fintech de 2018 contiene lineamientos que dan certeza a la operación, productos y servicios de empresas de tecnología financiera (fintech). Esta ley constituye es un paso incompleto, pero en la dirección correcta, de nivelar la cancha para los competidores más pequeños. Por un lado, existen restricciones en la regulación que limitan el alcance de las fintech para ofrecer más productos a personas sin cuenta bancaria. Por el otro, estas compañías no han logrado expandir sus servicios de dinero móvil más allá de los servicios de banca móvil.
México tiene en sus manos una oportunidad de oro para lograr que el 63% de los mexicanos que hoy no cuentan con acceso al sistema financiero, gocen de sus beneficios. Sin embargo, para aprovecharla se van a requerir más chips y menos tabiques.
Fuente.-Fatima Masse/
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