Otra crisis de grandes proporciones está a punto de estallar, pero esta vez en la frontera. 57 mil trabajadores de Matamoros, empleados por empresas dedicadas a la exportación de partes de automóvil entrarán en huelga el próximo viernes.
Demandan a sus patrones un aumento de sueldo que va del 20 al 60%. De cumplir con esta demanda, las 45 exportadoras afectadas verían incrementados sus gastos este año en alrededor de 200 millones de dólares.
Esta semana la Junta de Conciliación citó a las partes en conflicto, pero los representantes de los trabajadores no llegaron a la reunión. Por tanto, la demanda desmesurada no ha podido siquiera dialogarse entre patrones y trabajadores. A menos que los segundos concedan una prorroga para la negociación, los problemas derivados de esta crisis tendrán consecuencias mayúsculas.
Primero, la producción automotriz en Norteamérica utiliza piezas producidas en Matamoros que, al no surtirse, se detendrá lo mismo en Detroit que en Dallas o en Guanajuato.
Segundo, al entrar en huelga las armadoras de Matamoros, se correrá velozmente la señal para el conjunto de la industria automotriz de que en México se están presentando problemas serios para la inversión extranjera.
Tercero, la demanda de aumento salarial de entre un 20 y un 60% contagiará al resto de la industria de exportación radicada en los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo. Es decir que en breve podrían acompañar la huelga otros 210 mil trabajadores, la mitad de las personas afiliadas al Seguro Social en el estado de Tamaulipas.
Cuarto, es bastante previsible que el contagio incorpore en cuestión de días a las industrias del sector radicadas en Nuevo León.
Quinto, la señal de crisis caería en el peor momento, justo cuando Donald Trump tiene parado al gobierno de su país con el argumento de que México no ofrece certidumbre.
Con esta situación tomaría fuerza el argumento del presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que es mejor que las plantas armadoras de automóviles regresen a su país, en vez de permanecer en México.
Llama la atención que la persona responsable de provocar esta crisis sea una abogada laboralista radicada en El Paso, Texas, de nombre Susana Prieto. Es ella la que convenció a los trabajadores de estirar la liga de la negociación al punto de solicitar un aumento que multiplicaría en un el 60% del salario actual.
Con esta acción, el liderazgo sindical de Matamoros encabezado por Juan Villafuente quedó rebasado. Un grupo muy numeroso de trabajadores ha preferido seguir a la abogada residente en los Estados Unidos, Susana Prieto.
Las piezas del rompecabezas, sumadas, llevan a sospechar un intento deliberado para desestabilizar, desde el plano laboral, a la planta exportadora mexicana.
¿Qué hace una líder paseña agitando las aguas en Matamoros? ¿Por qué la demanda de incremento salarial es tan desorbitada? ¿A qué se debe que los trabajadores no hayan acudido a la reunión de avenencia con los patrones? ¿Por qué se han roto todos los canales de diálogo?
Puede temerse una estrategia diseñada, desde fuera del país, para afectar la reputación de la industria exportadora mexicana, en un momento que es decisivo para el pleito que la Casa Blanca tiene con el Partido Demócrata, a propósito del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos.
Es justo que los trabajadores de la industria exportadora mexicana dedicada a las autopartes crezcan sus ingresos y, en consonancia con su productividad, se emparejen con sus homólogos de Norteamérica.
Lo que resulta muy peligroso es que se pretenda lograr esa equiparación en una sola jugada, imponiendo de la noche a la mañana una alza impagable para las empresas.
También es inquietante que el proceso para emplazar a huelga se esté celebrando de espaldas a la ley y la autoridad laboral. Tal circunstancia alimentaría en el futuro el miedo a invertir en México.
No debe perderse de vista que los ingresos más importantes que el país recibe hoy en día provienen de la industria de exportación: más de 280 mil millones de dólares por año. Y también que al menos una cuarta parte de las y los trabajadores mexicanos que pertenecen al sector formal dependen de esta industria.
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, conoce ya este expediente que, sin duda, será el primero que pondrá a prueba su habilidad y talento para conducir la política laboral del país.
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