Las ganancias de los grupos criminales trasnacionales, cuyo valor se estima en más de 320 mil millones de dólares anuales, son una amenaza para la existencia del Estado, puesto que se corre el riesgo de la formación de “narcoestados encerrados en una espiral de desarrollo”, advierte la Comisión Global de Política de Drogas.
El panel de expertos conformado por 22 ex jefes de Estado, de gobierno y dos premios Nobel, entre ellos los ex presidentes Ernesto Zedillo (México); César Gaviria(Colombia); Ricardo Lagos (Chile); Ruth Dreifuss (Suiza), y el escritor peruano Mario Vargas Llosa, asegura que en algunas zonas, los recursos de los cárteles de la droga pueden ser iguales o superiores a los disponibles para los gobiernos, por lo que considera que la única vía para quitarles el negocio de la venta de drogas ilegales es la regulación de las mismas.
En su informe 2018 Regulación; El Control Responsable de las Drogas, señala que, dado que la guerra contra las drogas está socavando las instituciones gubernamentales y el desarrollo sostenible de muchas naciones en crecimiento, es necesario debatir en qué medida la regulación podría ser parte de la solución a este problemática.
Explica que el choque entre el aumento de la demanda de drogas ilegales y la guerra prohibicionista “inflexible” de los gobiernos alimentó la expansión del mercado global, que actualmente asciende a 250 millones de personas consumidoras en el mundo.
Las políticas prohibicionistas han permitido a las organizaciones delictivas controlar toda la cadena de drogas, lo que demuestra el fracaso de esta estrategia implementada a nivel mundial desde hace años, subraya.
Desplegar enormes recursos económicos para el combate a los cárteles y demás acciones punitivas del Estado, ha probado, indica, ser ampliamente inefectivo y altamente contraproducente.
Por ello, la comisión global está convencida de que la respuesta responsable ante este fenómeno es que el Estado controle el mercado de drogas ilegales, a través de una estrategia guiada por los principios de protección y promoción de las garantías, la salud pública, el desarrollo sostenible, la paz, y la seguridad.
“El desarrollo y la implementación de la regulación deberían involucrar a expertos clave de la sociedad civil y a las comunidades más afectadas por los enfoques punitivos, incluidas las personas que usan drogas, los jóvenes y los actores de pequeña escala en el mercado ilegal”, precisa.
Según el documento, los gobiernos pueden diseñar un marco regulatorio duro para las drogas que son más dañinas y otro menos enérgico para las que no lo son tanto, con lo que se desempodera a los grupos delictivos.
“La regulación puede aplicarse a todos los elementos de unmercado ilegal de drogas: licencias a productores y seguridad de los productos; el precio, potencia, empaquetado y preparación de productos; el escrutinio, el entrenamiento y la concesión de permisos para vendedores”, expone.
Detalla que los puntos de venta de drogas pueden normarse, incluyendo su ubicación, presentación y horas de venta, así como la comercialización y promoción de drogas.
“El acceso y la disponibilidad pueden regularse, obviamente en términos de control de la edad, pero también incluyendo opciones como licencias de compradores o esquemas de membresías para clubes, y modelos de prescripción médica”, destaca.
El grupo de ex mandatarios y los dos premios Nobel advierten que ninguna de las herramientas mencionadas funcionará mientras los mercados se mantengan bajo el control del crimen organizado.
Precisa que existen al menos cinco posibilidades básicas de regular la oferta y demanda de drogas, las cuales ya han sido aplicadas a productos existentes: prescripción médica, farmacias especializadas, venta minorista con licencia, establecimientos con licencia, venta minorista sin licencia.
Sin embargo, aclara que cada país que decida transitar por este camino debe diseñar medidas jurídicas y de prevención acorde a sus propias circunstancias sociopolíticas.
De esta manera, considera que los gobiernos deberían de experimentar con la regulación gradual de drogas de menor potencia, sin dejar de lado a las personas y a las comunidades más afectadas por la prohibición.
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