La Procuraduría General de la República retiró la imputación contra la esposa de Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), y otros tres presuntos cómplices por un supuesto lavado de 100 millones de pesos otorgados por el Gobierno de Nuevo León a los Centros de Desarrollo Infantil.
Orlando Íñiguez Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló la orden de aprehensión por lavado contra María Guadalupe Rodríguez Martínez, pareja de Anaya, luego de que la PGR solicitara el desechamiento o sobreseimiento de la imputación por falta de elementos.
Dentro de la misma causa penal, también por solicitud de la PGR, el juzgador canceló ayer los procesos iniciados a Héctor Quiroz García, líder del PT en Aguascalientes, y sus presuntas cómplices María Cristina Martínez Corpus y María Mayra Paredes Díaz.
"El Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) concluyó que, con las pruebas que presentamos, no había elementos suficientes de que se había cometido un delito y por ello pidió el sobreseimiento de la causa penal.
"Con esta resolución, el asunto queda total y absolutamente concluido, se cancelan los autos de vinculación, la orden de aprehensión y las medidas cautelares (aseguramientos de cuentas) porque se demostró que no le asistía la razón a la PGR. Estos son los beneficios y beneplácitos que trae un sistema como el acusatorio y estoy convencido de que este sistema nos va a ayudar a transparentar la justicia en este país", dijo Reynaldo Sandoval, abogado de los acusados.
El fallo fue emitido por el juez Íñiguez en una audiencia celebrada el lunes de las 14:30 a las 17:00 horas, en una sala del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La imputación señalaba que del 2 de febrero al 13 de junio de 2017 la esposa de Anaya recibió 100 millones de pesos en beneficio de 17 Cendis en Nuevo León, pero en lugar de ello transfirió 62 millones a un fondo de inversión y 27.8 millones a las cuentas bancarias de Quiroz, Martínez y Paredes, quienes retiraron el dinero en efectivo.
El defensor Reynaldo Sandoval explicó que las pruebas que desacreditaron la imputación fueron diversos dictámenes contables de los Cendis que administraba en Nuevo León la asociación civil Tierra y Libertad, dirigida por María Guadalupe Rodríguez.
Sandoval reconoció que el Gobierno estatal también contribuyó con documentos que llevaron a la PGR a concluir que no había una ilicitud en el uso de los recursos.
"Presentamos informes contables de los Cendis con los que se demostró que los recursos que se habían bajado del Presupuesto de Egresos de la Federación estaban plenamente justificados para pagos de nómina de los trabajadores, adquisición de insumos como alimentos, mantenimiento y operación cotidiana de los propios Cendis.
"Por otro lado, se emitió un dictamen de contabilidad que corrobora lo anterior y el Gobierno de Nuevo León, a través de las Secretarías de Educación y de Finanzas, informaron a la PGR que, efectivamente, los dineros estaban plenamente justificados y que la directora general había dispuesto de los recursos y actuado de acuerdo con sus atribuciones legales", dijo el abogado.
Por este caso, el 23 de octubre de 2017 fue detenido Héctor Quiroz, con base a una orden de aprehensión, pero al día siguiente quedó en libertad provisional. Más tarde, Martínez y Paredes fueron procesadas en libertad.
La esposa de Anaya nunca compareció ante el juez y nunca fue aprehendida por la PGR.
Orlando Íñiguez Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló la orden de aprehensión por lavado contra María Guadalupe Rodríguez Martínez, pareja de Anaya, luego de que la PGR solicitara el desechamiento o sobreseimiento de la imputación por falta de elementos.
Dentro de la misma causa penal, también por solicitud de la PGR, el juzgador canceló ayer los procesos iniciados a Héctor Quiroz García, líder del PT en Aguascalientes, y sus presuntas cómplices María Cristina Martínez Corpus y María Mayra Paredes Díaz.
"El Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) concluyó que, con las pruebas que presentamos, no había elementos suficientes de que se había cometido un delito y por ello pidió el sobreseimiento de la causa penal.
"Con esta resolución, el asunto queda total y absolutamente concluido, se cancelan los autos de vinculación, la orden de aprehensión y las medidas cautelares (aseguramientos de cuentas) porque se demostró que no le asistía la razón a la PGR. Estos son los beneficios y beneplácitos que trae un sistema como el acusatorio y estoy convencido de que este sistema nos va a ayudar a transparentar la justicia en este país", dijo Reynaldo Sandoval, abogado de los acusados.
El fallo fue emitido por el juez Íñiguez en una audiencia celebrada el lunes de las 14:30 a las 17:00 horas, en una sala del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La imputación señalaba que del 2 de febrero al 13 de junio de 2017 la esposa de Anaya recibió 100 millones de pesos en beneficio de 17 Cendis en Nuevo León, pero en lugar de ello transfirió 62 millones a un fondo de inversión y 27.8 millones a las cuentas bancarias de Quiroz, Martínez y Paredes, quienes retiraron el dinero en efectivo.
El defensor Reynaldo Sandoval explicó que las pruebas que desacreditaron la imputación fueron diversos dictámenes contables de los Cendis que administraba en Nuevo León la asociación civil Tierra y Libertad, dirigida por María Guadalupe Rodríguez.
Sandoval reconoció que el Gobierno estatal también contribuyó con documentos que llevaron a la PGR a concluir que no había una ilicitud en el uso de los recursos.
"Presentamos informes contables de los Cendis con los que se demostró que los recursos que se habían bajado del Presupuesto de Egresos de la Federación estaban plenamente justificados para pagos de nómina de los trabajadores, adquisición de insumos como alimentos, mantenimiento y operación cotidiana de los propios Cendis.
"Por otro lado, se emitió un dictamen de contabilidad que corrobora lo anterior y el Gobierno de Nuevo León, a través de las Secretarías de Educación y de Finanzas, informaron a la PGR que, efectivamente, los dineros estaban plenamente justificados y que la directora general había dispuesto de los recursos y actuado de acuerdo con sus atribuciones legales", dijo el abogado.
Por este caso, el 23 de octubre de 2017 fue detenido Héctor Quiroz, con base a una orden de aprehensión, pero al día siguiente quedó en libertad provisional. Más tarde, Martínez y Paredes fueron procesadas en libertad.
La esposa de Anaya nunca compareció ante el juez y nunca fue aprehendida por la PGR.
Y celebra PT
El PT celebró que la PGR se haya desistido de las acusaciones que pesaban sobre la esposa del dirigente nacional, Alberto Anaya, y otros tres presuntos cómplices.
A través de un comunicado, el PT atribuyó los señalamientos al respaldo que obsequió a Andrés Manuel López Obrador.
"El caso fabricado contra los compañeros y contra el Partido del Trabajo surgió como castigo ante la insumisión al sistema y el respaldo cabal a López Obrador como la única figura que podía encarnar las intereses de la gente y asumir la conducción del país", advirtió.
"Querían que desistiéramos de ese apoyo a López Obrador, a quien veían con amplias posibilidades de ganar la Presidencia y en ello el PT jugaba un papel fundamental; sin embargo, decidimos continuar en el camino trazado de respaldo al entonces candidato presidencial convencidos de que es la mejor opción para sacar al país de la zozobra en la que se encuentra, se logró y ahora nos corresponde participar en la ejecución del Proyecto de Nación que garantizará mejores condiciones para todos".
Con información de Mayolo López
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