Pese a que las autoridades federales manejan una cifra muy inferior, la empresa especializada Etellekt lleva una cuenta precisa: desde el pasado septiembre, cuando empezaron a perfilarse las candidaturas para puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno, 70 aspirantes –prácticamente de todos los partidos– han sido asesinados en el territorio nacional.
El fenómeno coloca a México en un escenario inédito de violencia que incluye secuestros, amenazas y todo tipo de agresiones.
El pasado septiembre Claudio Merino Pérez esperaba a su esposa en la estética que ella atendía en Santiago Jamiltepec, municipio de la costa oaxaqueña donde él quiso ser presidente municipal y era uno de los dirigentes de Movimiento Ciudadano. Al establecimiento llegaron hombres armados que le dieron 23 tiros.
El asesinato apenas generó algunas notas breves o fue incluido en los recuentos de víctimas de la violencia en 2017 (el año más violento desde que en 1997 se empezaron a llevar registros: oficialmente: 29 mil 168 homicidios), pese a que marcó el arranque de la violencia contra aspirantes políticos en este proceso electoral.
Al cierre de esta edición el proceso electoral iniciado el pasado 8 de septiembre acumulaba ya 70 aspirantes políticos asesinados.
Aunque el pasado lunes 12 el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió 30 asesinatos de precandidatos en lo que va del proceso electoral, el subregistro es notable y contrasta con el realizado, entre otros, por la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que en su informe más reciente –con corte al jueves 8– sumaba 68 asesinatos.
Según el análisis de la consultora el problema está presente prácticamente en todo el país, pues los hechos de sangre y diferentes tipos de agresión se han documentados en 121 municipios de 28 entidades.
“De esos 68 asesinatos, identificamos a 20 precandidatos que visiblemente dijeron querer participar en la elección. Pero también hay exalcaldes o alcaldes en funciones que aspiraban a reelegirse. (En el caso de Gobernación) depende mucho de su metodología, pero es corta la cifra. Hablamos de 68 políticos y todos tenían aspiraciones”, explica a Proceso Rubén Salazar Vázquez, director de la firma.
La violencia se ha concentrado en el periodo de precampañas presidenciales, pero la definición de candidatos a diputados federales, locales y presidentes municipales aún está en marcha, de ahí que Salazar Vázquez observe que no todos los que aspiran a un cargo público lo han hecho explícito y a ello puede deberse el subregistro de Gobernación. A final de cuentas son aspirantes, no candidatos formales.
La consultora ha medido el impacto de la violencia en la política desde hace siete años: conforme a sus bases de datos, 2018 supera ya el récord de mayor incidencia, registrado en 2015.
Año de elección intermedia federal, en 2015 hubo 70 agresiones con 21 asesinatos. En los primeros seis meses del proceso electoral de este año, comprendidos entre el 8 de septiembre y el pasado jueves 8, se acreditaron 117 agresiones con 68 asesinatos.
Estados y partidos
Como dirigente transportista de la CTM en Oaxaca, Wilfrido Sánchez Cruz –exalcalde de Santa Cruz Amilpas– fue un priista señalado por controlar grupos de choque. Hasta ahora ninguna autoridad ha arrojado luz acerca del móvil de los hechos ocurridos el martes 13, cuando fue asesinado a tiros en las inmediaciones de una plaza comercial en la carretera Oaxaca-Istmo.
Tres días después, el viernes 16, Gustavo Martín Gómez Álvarez, candidato a presidente municipal de Francisco Z. Mena, Puebla, también murió acribillado cuando desayunaba en una fonda próxima a la iglesia del pueblo de Metlaltoyuca.
Con ellos dos, la cifra al cierre de esta edición llegaba a 70 asesinatos de aspirantes políticos.
Oaxaca, con nueve asesinatos, y Puebla, con ocho, están entre los cinco estados con mayor incidencia en agresiones y homicidios cometidos contra actores del proceso electoral. El primer sitio lo ocupa Guerrero que, conforme a la estadística de la consultora, suma 16.
Veracruz es otra de las entidades con acumulación de casos, con ocho, seguido del Estado de México, con cuatro: Chihuahua, Hidalgo y Jalisco tienen tres cada uno. En tanto que Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Guanajuato suman dos asesinatos cada uno. Nayarit, Zacatecas, Chiapas, Baja California, Durango y Tabasco registran uno.
Así es como en 19 entidades federativas los ataques contra actores políticos se acumulan, afectando principalmente a militantes del PRI. De acuerdo con los datos de la consultora y los actualizados para este trabajo, 27 de las 70 víctimas pertenecían a ese partido.
Los perredistas ya resienten el asesinato de 16 militantes con aspiraciones en este proceso electoral, mientras que son siete los panistas y cuatro los morenistas.
De acuerdo con Salazar Vázquez, la mayor incidencia suele ser, conforme a los últimos procesos electorales analizados, en el periodo de precampañas: “Los mayores picos de violencia en el proceso de definición de candidaturas ocurren cuando están peleando por candidaturas, sobre todo en alcaldías. En este periodo se concentraron 30 asesinatos de los 68 (en la cifra del 8 de marzo). Esto responde a que los procesos en algunos estados fueron muy ríspidos, y en algunos casos lo siguen siendo, con la integración de listas a candidatos plurinominales.
“En parte se puede explicar que por esos procesos se fueron desarrollando hechos de violencia, inclusive con un indicador frecuente: los aspirantes asesinados, previamente habían cambiado de partido político para conseguir su aspiración electoral, principalmente en el ámbito municipal.”
Sin límites
El 14 de octubre de 2017 Bernardo Ranferi Sánchez Acevedo –luchador político desde 1987, cuando apoyó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas– fue asesinado. Viajaba con su esposa, su suegra y su chofer y ahijado cuando fueron emboscados a 500 metros de un retén militar.
Los agresores dispararon y luego incendiaron el vehículo, terminando así con las vidas del luchador social y de su familia que, a lo largo de 30 años, vivieron épicas movilizaciones y brutales represiones en los primeros años del perredismo. Su muerte se incluye entre las de los 16 perredistas asesinados en estos meses, pero también es uno de los 24 políticos cuyas familias han sido agredidas.
Etellekt midió por primera vez los casos de familiares de políticos agredidos en el contexto electoral, y si bien Guerrero registra dos casos, es en el Estado de México donde, en cinco casos, los agresores no han dudado en atacar directamente a las familias.
Por ejemplo, el pasado 15 de enero, la hija de Humberto Saravia Luna, aspirante de Morena a la alcaldía de Teotihuacán, fue secuestrada. Tres días después su cadáver fue localizado en un paraje de Tecámac, en la misma entidad.
El balance de Etellekt refleja que hasta el jueves 8 se habían registrado cinco agresiones contra familiares de políticos en Veracruz; dos en Baja California Sur; mientras que en Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León y Sinaloa, un caso cada uno.
Agresiones, amenazas,
hostigamientos
El pasado 15 de diciembre un mitin de Claudia Sheinbaum en Coyoacán terminó en un pleito a sillazos y pedradas, cuando un grupo de perredistas atacó a los simpatizantes de la candidata de Morena. Dos semanas después, el 3 de enero, la escena se repitió, incluyendo cohetones y quema de propaganda.
Con esos dos episodios, ni siquiera la Ciudad de México, con mayor visibilidad y desarrollo político que las comunidades más alejadas de Guerrero, se salvó de albergar agresiones físicas, como también ha ocurrido al menos una vez en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Sonora.
Las agresiones, conforme a los parámetros de Etellekt, consisten, además de los asesinatos, en intimidaciones y amenazas, agresiones con armas de fuego, heridos por arma de fuego, secuestros, agresiones físicas, asaltos con violencia y atentados contra familiares.
Aunque el estudio de Etellekt no abunda en sesgos por violencia de género, sí expone que, además de Sheinbaum, son 19 las mujeres que, dedicadas a la política o aspirantes a un cargo de elección popular, han sido objeto de agresiones, siendo Guerrero, con cuatro casos, y Coahuila, con tres, las entidades con mayor incidencia.
Hasta el jueves 8 fueron heridos por arma de fuego Arturo Clemente García Pacheco (PRI) y Vicente Onofre Vázquez (PES), en el Estado de México; José Misael González Fernández (PRD), en Michoacán; Margarito García Leal (PRD), en Guerrero; Rosario Ignacio Martínez Salas (MULT), en Oaxaca, y Óscar Castillón Romero (PRI), en Jalisco.
Además un político fue agredido con arma de fuego en el Estado de México; dos en Veracruz; otro en Tabasco y dos más en Puebla. Resultaron ilesos.
En Puebla, Raymundo Cuautli Martínez (Morena) y Víctor Amador Jerónimo (PRI) fueron secuestrados en eventos distintos, lo mismo que Histler Soriano Cárdenas (Morena) en el Estado de México.
A lo largo de su estudio, Etellekt sólo registra una agresión en el caso de los candidatos presidenciales: fue en Chiapas, a la comitiva de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque sin duda el incidente más grave fue el que registró la caravana de María de Jesús Patricio, la aspirante indígena a una candidatura presidencial independiente, en una gira por Michoacán. En un tramo de la carretera Buenavista-Tepalcatepec, en la Tierra Caliente, un comando amagó a los reporteros que cubrían las actividades de Marichuy, retirándoles teléfonos celulares y equipos fotográficos.
Con esos hechos, como en los ya mencionados de Coyoacán, se suman tres episodios de agresiones contra periodistas en sus coberturas de las campañas.
Finalmente, el registro incluye los casos de quienes han denunciado amenazas e intimidaciones, consideradas también en el criterio de agresión. Se trata de 26 casos distribuidos en 16 entidades federativas, entre las que destaca, con cinco casos, Coahuila.
Las amenazas e intimidaciones son un factor relevante para el análisis de riesgo, explica Salazar.
Uno de los delitos que, a juicio de analista pueden estar incentivando la violencia contra políticos en el ámbito local es el robo de combustible, que si bien no está presente en todo el país es un factor relevante.
“El rango que cubre esta actividad delictiva en el país pasa por Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Hidalgo y el Estado de México. Esa condición explica en buena medida el nivel de asedio por parte de las organizaciones que se dedican a estas actividades delictivas sobre los gobiernos municipales, y muy probablemente el grado de influencia que tengan en la selección de candidaturas. Así que el indicador nos permite establecer una prospectiva sobre dónde podría haber nuevos atentados”, explica.
Y es que los estados más afectados, después de Guerrero, son Puebla y Veracruz, donde esa actividad delictiva tiene alta incidencia y presencia en amplias zonas. En tanto, en Guerrero hay un delito distinto, relacionado con la amapola, y ahí, Etellekt advierte la extensión territorial que ha logrado tener bajo su control el crimen organizado.
Ante ese escenario, Salazar Vázquez advierte: “El análisis es revelador, pues la violencia se concentra en corredores muy importantes de actividad delictiva y es donde los partidos deben considerar que tienen que activar su alerta, especialmente para el desarrollo de sus actividades de campaña.
“Hay regiones del país muy violentas, donde los atentados se han dirigido contra personajes políticos. Es un fenómeno que no es aislado y que responde a uno de los peores escenarios de violencia que el país ha enfrentado, como vimos en 2017, así que también es parte de una situación estructural”, concluye.
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