La PGR
no tiene por ahora obstáculo para llevar ante un juez de control su
investigación contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda,
señalado por una supuesta operación de lavado para hacer llegar 54 millones de
pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya.
Un juez federal negó hoy la suspensión definitiva en el amparo promovido por Barreiro contra la Procuraduría General de la República, luego que el jueves pasado había otorgado una suspensión provisional que impedía a los fiscales concluir la carpeta de investigación por este caso y presentarla a un juez de control.
La suspensión también fue negada a Juan Carlos Reyes García, dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, que fue la que le compró a Anaya una nave industrial por 54 millones de pesos, y que está colitigando en el mismo amparo que Barreiro.
Además, el juez Patricio Vargas Alarcón negó la suspensión definitiva a la esposa de Barreiro, Ana Paula Ugalde Herrera, a Sergio Reyes García y a Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology, una de las empresas del queretano.
El juez no publicó sus razones para negar la suspensión. La PGR había solicitado expresamente negar este beneficio y además había impugnado la suspensión provisional, que había sido confirmada en votación dividida por un tribunal colegiado.
El acto reclamado por Barreiro en el amparo es la falta de respuesta a escritos presentados a la PGR por sus abogados el 14 de febrero, por lo que es probable que, en días recientes, los fiscales respondieron a dichos escritos.
Si la Procuraduría presenta la carpeta UEIORPIFAM/979/2017 ante un juez de control, éste asumirá la supervisión sobre la investigación, podrá citar a comparecer al empresario y cualquier otra persona involucrada, u ordenar su aprehensión si no se presenta.
Anaya ha sostenido que no le vendió nada a Barreiro, sino que la operación fue con Manhattan Master, empresa que fue incluida el lunes pasado por el SAT en su lista de contribuyentes que expiden facturas por operaciones inexistentes.
García Reyes es dueño de Manhattan Master desde julio de 2016. Su domicilio se ubica en uno de los parques industriales de Advance Real Estate, empresa de Barreiro.
La ofensiva de las autoridades contra éste incluye cateos a sus propiedades y el aseguramiento de al menos siete cuentas bancarias de las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, que ejecutan varios proyectos inmobiliarios de gran calado en Querétaro.
El 20 de febrero, el abogado Adrián Xamán McGregor afirmó en conferencia de prensa que Barreiro diseñó una operación de lavado en 2016 y 2017 para hacer llegar a Anaya los 54 millones de pesos sin dejar rastro de su origen, usando empresas fachada en varios países.
Xamán representa a dos personas que afirman haber trabajado para Barreiro en el diseño del esquema de lavado y ofrecieron cooperar con la PGR , que confirmó posteriormente que investiga el caso desde octubre pasado.
Un juez federal negó hoy la suspensión definitiva en el amparo promovido por Barreiro contra la Procuraduría General de la República, luego que el jueves pasado había otorgado una suspensión provisional que impedía a los fiscales concluir la carpeta de investigación por este caso y presentarla a un juez de control.
La suspensión también fue negada a Juan Carlos Reyes García, dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, que fue la que le compró a Anaya una nave industrial por 54 millones de pesos, y que está colitigando en el mismo amparo que Barreiro.
Además, el juez Patricio Vargas Alarcón negó la suspensión definitiva a la esposa de Barreiro, Ana Paula Ugalde Herrera, a Sergio Reyes García y a Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology, una de las empresas del queretano.
El juez no publicó sus razones para negar la suspensión. La PGR había solicitado expresamente negar este beneficio y además había impugnado la suspensión provisional, que había sido confirmada en votación dividida por un tribunal colegiado.
El acto reclamado por Barreiro en el amparo es la falta de respuesta a escritos presentados a la PGR por sus abogados el 14 de febrero, por lo que es probable que, en días recientes, los fiscales respondieron a dichos escritos.
Si la Procuraduría presenta la carpeta UEIORPIFAM/979/2017 ante un juez de control, éste asumirá la supervisión sobre la investigación, podrá citar a comparecer al empresario y cualquier otra persona involucrada, u ordenar su aprehensión si no se presenta.
Anaya ha sostenido que no le vendió nada a Barreiro, sino que la operación fue con Manhattan Master, empresa que fue incluida el lunes pasado por el SAT en su lista de contribuyentes que expiden facturas por operaciones inexistentes.
García Reyes es dueño de Manhattan Master desde julio de 2016. Su domicilio se ubica en uno de los parques industriales de Advance Real Estate, empresa de Barreiro.
La ofensiva de las autoridades contra éste incluye cateos a sus propiedades y el aseguramiento de al menos siete cuentas bancarias de las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, que ejecutan varios proyectos inmobiliarios de gran calado en Querétaro.
El 20 de febrero, el abogado Adrián Xamán McGregor afirmó en conferencia de prensa que Barreiro diseñó una operación de lavado en 2016 y 2017 para hacer llegar a Anaya los 54 millones de pesos sin dejar rastro de su origen, usando empresas fachada en varios países.
Xamán representa a dos personas que afirman haber trabajado para Barreiro en el diseño del esquema de lavado y ofrecieron cooperar con la PGR , que confirmó posteriormente que investiga el caso desde octubre pasado.
Fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: