En 2012, Napoleón Gómez Urrutia, apostó su futuro en Andrés Manuel López Obrador. Había tenido acercamientos indirectos con él y a través de personas en el equipo íntimo del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que fueron varias veces a platicar con él a Vancouver, donde se había refugiado mientras enfrentaba a la justicia mexicana por un fraude millonario. Gómez Urrutia esperaba que de ganar López Obrador la Presidencia, la acusación en su contra se cancelaría.
Cuando perdió López Obrador, cambió su discurso para apoyar al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. El regreso del PRI a Los Pinos, le daba esperanzas de libertad.
Desde que comenzó el gobierno de Peña Nieto, Gómez Urrutia buscó vías de comunicación a través de poderosos políticos priistas del norte del país, quienes cabildearon en su nombre. “Napito”, como llamaban al hijo del líder vitalicio de los mineros, Napoleón Gómez Sada, confiaba que podría regresar del exilio canadiense, porque las señales que recibía apuntaban en ese sentido. Lo que escuchó es que el gobierno peñista no quería mantener vivo un problema heredado por el gobierno de Felipe Calderón –que a su vez lo había recibido de la administración de Vicente Fox-, y que trabajaría para cerrar el caso.
En el gobierno había preocupación, sin embargo, por el respaldo que le habían dado los sindicatos canadienses y, en particular, los sindicatos de la industria automotriz en Estados Unidos, con quienes había acordado que a cambio del apoyo recibido en su exilio en Vancouver, al regresar a México trabajaría para que los contratos colectivos en las armadoras instaladas en este país, los controlaran ellos. El presidente Peña Nieto quería saber de primera mano qué pensaba él y sus expectativas, por lo que despachó a Canadá, para entrevistarse con él, al entonces secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que hoy despacha en Gobernación.
Antes del encuentro, a mediados de ese año, comenzaron a producirse eventos inusuales que beneficiaron a Gómez Urrutia. El día seis se produjo el derrame de 40 millones de químicos peligrosos de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, propiedad de Germán Larrea, con quien se había enfrentado “Napito”, y donde 10 mil mineros lo denunciaron por un fraude de 55 millones de dólares. El derrame confrontó públicamente al gobierno federal y a grupos políticos del PRI con Larrea, quien se distrajo de su pleito legal con Gómez Urrutia para enfrentar la embestida ambiental del peñismo. Tres semanas después del derrame en Cananea, el día 28, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Distrito Federal canceló la última orden de aprehensión vigente en contra de él, al declarar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión y de la negativa de amparo.
En los juzgados se enfrentaron los jueces por el caso de Gómez Urrutia. Por un lado, los expedientes en la jurisdicción del gobierno de la Ciudad de México, los tribunales fueron fallando sistemáticamente a favor de “Napito”, aunque hubo magistrados que establecieron que los dictámenes no significaban que no fuera responsable de uno o varios delitos que le imputaban, y que tenían que seguir siendo investigados para determinar sus responsabilidades. En el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal sucedió algo aún más extraño, porque para el voto sobre el caso del ex líder minero, se incorporó a un juez que tras emitirlo a favor de la cancelación de la orden de aprehensión, fue retirado de ese órgano y nunca más regresó. Nunca se dio explicación alguna sobre la aparición efímera de ese juez que sólo participó en el voto sobre “Napito”.
Después de la cancelación de la orden de aprehensión, Navarrete Prida, quien había estado en Vancouver en noviembre de 2013 para ver un programas de intercambio de braceros, se reunió dos veces con Gómez Urrutia en esa ciudad y una tercera más en San Francisco, California, pero no se conocen los detalles de esos encuentros. Abogados de los mineros mostraron en su momento extrañeza por lo que sucedió después de agosto y tras las reuniones con Navarrete Prida. En agosto y septiembre de 2014, en la prensa se habló ampliamente que el regreso de Gómez Urrutia era “inminente”, pero nunca se dio. Aunque el fallo fue en firme, o sea, sin posibilidad de apelación, “Napito” no regresó a México. Los jueces no lo exoneraron del delito, sino aclararon que tendría que ser llevado a un ámbito no penal. Desde entonces, la PGR no le ha abierto un nuevo caso, ni Gómez Urrutia ha amagado con los sindicatos canadienses y estadounidenses.
En una conversación con su abogado, Marco Antonio Del Toro, afirmó que su cliente ganó todos los casos en su contra y no hay en estos momentos ninguna orden de aprehensión en su contra, pero que por recomendación suya, no ha regresado a México porque teme que Grupo México busque una nueva orden de aprehensión en contra de su cliente. La libertad de Gómez Urrutia es relativa. Lo que se pudo haber logrado en los tribunales mexicanos con los apoyos priistas que no tuvo “Napito” en el gobierno de Calderón, no le alcanzan para darle la tranquilidad. La posibilidad de regresar finalmente del largo exilio canadiense se la ha brindado Andrés Manuel López Obrador al incorporarlo en la lista plurinominal del Senado. Es la puerta al fuero constitucional para que regrese a México sin temor a que le vuelvan a pedir cuentas por el fraude que, insisten los mineros, cometió, cueste, a quien sea, lo que cueste.
Fuente.-rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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