En menos de cuatro años, de diciembre de 2012 a finales de 2016, la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública casi se duplicó: pasó de 75 bases militares mixtas de seguridad pública o de auxilio a la seguridad pública, con mil 680 efectivos desplegados, a 142 bases mixtas con 3 mil 386 elementos permanentes.
Es uno de los datos que sustentaron la ponencia que leyó el martes 10, en el foro que realizó el Senado para presentar iniciativas de ley de seguridad interior, el legislador panista Roberto Gil Zuarth, promotor de una de las cuatro propuestas. Para él, ese despliegue militar permanente “tiene que ver con el incentivo perverso que se ha generado a partir de la participación de las Fuerzas Armadas, porque sobre todo el orden local no está invirtiendo en la generación de policías”.
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El senador afirmó que sólo en Guerrero y el Estado de México se concentra 36% de las bases militares permanentes desplegadas, sustituyendo las tareas de la policía civil, y que se necesitarían 20 mil policías federales adicionales a los 48 mil que operan “para sustituir el despliegue actual de las Fuerzas Armadas” en el país.
“Si asumimos el estimado del costo del policía de Nuevo León… cuesta aproximadamente 500 mil pesos anuales. Multipliquen 20 mil policías por el costo neto anual de 500 mil pesos; de ese tamaño es la inversión que se requiere para tener una fuerza de orden civil”, argumentó Gil Zuarth para plantear la necesidad de una ley de seguridad interior.
El legislador negó que se pretenda “militarizar al país”: “Todo lo contrario: la ley de seguridad interior prevé que si no hay declaratoria de afectación emitida por el Ejecutivo, y razonada, fundada y motivada, un militar no puede estar realizando ningún tipo de tarea” ajena a su misión fundamental.
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En ese foro participó el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, quien reforzó y justificó la urgencia de dar sustento jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio a las autoridades civiles en la función de seguridad pública.
Según Castillejos Cervantes, “parece que existe una gran coincidencia en cuáles son los supuestos de afectación de la seguridad interior. Parece que también existe una gran coincidencia en cuáles son los procedimientos para la declaratoria de afectación de seguridad interior” y también “hay coincidencia en la regulación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de esta función de seguridad interior y en la coordinación con los estados y los municipios para intervenir en esta función que constitucionalmente es originaria del Ejecutivo federal, en los términos del artículo 89, fracción VI, de la Constitución”.
Para el consejero jurídico de Los Pinos, la ley de seguridad interior que deberán discutir y aprobar en febrero de 2017 “nos permitirá regular la actuación, no sólo de las Fuerzas Armadas sino de todas las instancias públicas del país, tanto en seguridad pública como en seguridad nacional y en seguridad interior”.
Por ello, indicó, “coincido con lo que señalan las iniciativas del senador Roberto Gil y del diputado César Camacho: la seguridad interior parece ser una especie de género de la seguridad nacional en los términos en que está establecido en nuestra Constitución Política”.
Las “coincidencias” que observó el consejero jurídico de Los Pinos eran claras porque en el foro sólo participaron los legisladores que están a favor de una ley de seguridad interior y no invitaron a ninguna de las organizaciones de derechos humanos, a especialistas o a senadores que se han opuesto a acelerar y autorizar la “militarización” del país.
“Hablaron sólo de las ventajas de quienes han presentado las iniciativas favorables a la militarización del país”, argumentó el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, quien se retiró del recinto después de que le fuera negada la palabra, para argumentar en contra, por el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, del PVEM, con el argumento de que sólo participarían quienes presentaron iniciativas de ley.
Además de Gil Zuarth, argumentaron a favor de una ley de seguridad interior el ya mencionado coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, y el senador Miguel Barbosa, coordinador del PRD, quien presentó la cuarta iniciativa “a título personal” en la Comisión Permanente.
Barbosa insistió en que las Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad interior, “deben tener una activación claramente excepcional” y “no pueden considerar, bajo ninguna circunstancia, como amenazas a la seguridad interior, las acciones relacionadas con movimientos y conflictos sociales, políticos o electorales”.
El doctor en derecho Jorge Islas también participó en el foro para abundar sobre la necesidad de una ley de este tipo, señalando que “no se requiere de una declaratoria de suspensión de garantías” para formalizar la militarización de la seguridad interior. Puso como ejemplos el Acta Patriótica en Estados Unidos y el decreto del pasado martes 10 en Francia, donde se vive bajo la figura de un estado de excepción. En ambos casos se trata de medidas para combatir el terrorismo.
La otra cara del PRI
Los argumentos de la bancada del PRI para aprobar una ley de seguridad interior son exactamente contrarios a los que expuso en 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón envió una iniciativa al Senado para aprobar una Ley de Seguridad Nacional que regulara y determinara la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
En esa ocasión la iniciativa del Ejecutivo federal fue frenada en la Comisión de Gobernación, que presidía el senador priista Jesús Murillo Karam, quien iniciara el presente sexenio como procurador general.
En abril de 2010, un año después de que se presentara la iniciativa del Ejecutivo, Murillo presentó una propuesta alterna de dictamen en la cual se elimina la facultad del Senado para legislar sobre el envío de tropas para coadyuvar en el combate al crimen organizado, argumentando que “no existe sustento constitucional” para que el Legislativo emita leyes en este sentido.
Un estudio jurídico de ese tiempo, cuya copia tiene Proceso, revela que es facultad exclusiva del Ejecutivo federal disponer de las Fuerzas Armadas “para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación” (artículo 85 de la Constitución de 1857), así como el texto vigente de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución, que establece como facultades y obligaciones del presidente:
“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, ya sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.”
Ese fue uno de los argumentos fundamentales del PRI en 2010 para frenar una legislación que entonces le urgía al gobierno de Calderón y a los principales mandos del Ejército y la Armada.
En la iniciativa original de Calderón, enviada el 23 de abril de 2009, se definió la seguridad interior como “la condición en que la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano se encuentran garantizadas a través de la aplicación coordinada de sus recursos y medios”.
El predictamen que la Comisión de Gobernación del Senado, presidida por Murillo Karam, emitió el 2 de agosto de 2011, contenía otra definición: “Es la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes”.
En el mismo documento, dicha comisión no aceptó la nueva definición de “amenazas” a la seguridad nacional y a la seguridad interior que propuso el gobierno de Calderón: “El dictamen no acepta que la seguridad nacional conlleva un régimen democrático, republicano, federal y representativo conforme a la Constitución. ¿Cuál es la base de su propuesta de democracia? No estamos de acuerdo con que se modifique la definición de democracia”, se lee en el documento interno de la comisión, del que tiene copia este semanario.
Los senadores priistas de entonces, coordinados por Manlio Fabio Beltrones, tampoco aceptaron varias de las facultades que se le otorgaban a las Fuerzas Armadas, como la de “obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación; asimismo, requiere información entre otras, a las autoridades participantes, quienes estarán obligadas a proporcionarlas”, según establecía el artículo 76.
Los argumentos de las organizaciones defensoras de derechos humanos contra aquella reforma del gobierno de Calderón fueron la escasez de referencias a los derechos humanos y a las garantías individuales que contenía esta iniciativa, así como la crítica al fuero militar y la demanda de que los elementos de las Fuerzas Armadas, en caso de transgresiones a las garantías individuales y a los derechos humanos a civiles, fueran juzgados por jueces civiles.
En las cuatro iniciativas que se presentaron en el primer foro sobre la ley de seguridad interior se trata de marcar el carácter “excepcional” de la medida. Tanto las iniciativas de Gil Zuarth, del PAN, como la de Miguel Barbosa, del PRD, plantean un plazo de seis meses para realizar la intervención de los militares.
“Si en seis meses un determinado orden de gobierno no puede estabilizar la situación, las Fuerzas Armadas se retiran y en consecuencia se tendrán que buscar otras alternativas”, argumentó Gil Zuarth.
La Ley de Seguridad Interior “no limita el ejercicio de los derechos humanos, porque no implica declaratoria de excepción o de emergencia. No otorga a las Fuerzas Armadas funciones de investigación o de procuración de los delitos. No supone suplir a los militares en las tareas de los policías y, por supuesto, no genera o cierra el margen actual de discreción sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas”, abundó el panista.
En el Senado, Gil Zuarth lanzó la pregunta que le ganó el asentimiento de Castillejos Cervantes: “Habría que preguntarnos si se pueden ir los militares hoy del territorio nacional. Y la respuesta creo que es muy simple: no se pueden ir por una razón: porque no hay nadie que los sustituya”.
fuente.-
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