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| Imagen.-grafico transparencia internacional 2016 |
De
acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, el País pasó de la
posición 95 a la 123 de 167 países evaluados, al obtener 30 puntos en una
escala donde 100 indica la mejor evaluación.
Esto en un año plagado de escándalos en ese rubro, entre ellos los de Veracruz y Sonora.
"La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del País", indica el estudio de Transparencia Mexicana.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México obtuvo 35 puntos de los 100 posibles, ubicándose en la misma posición que países como Filipinas, Malí o Armenia.
Ahora es comparado con Moldova, Paraguay, Azerbaijan, Honduras, Laos y Sierra Leona, y le siguen Iran y Nepal.
El País menos corrupto sigue siendo Dinamarca, seguido por Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza.
Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el País está en el último lugar, cuando China, India y Brasil se alejan hasta 40 posiciones.
Para las organizaciones, la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no ha sido suficiente para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el País y frenar la caída de México en ese Índice.
"No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes", afirma.
Por ello, Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional plantean seis recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, ver la corrupción y la impunidad como una excepción y no una regla.
"Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas", explican.
Demandan una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que las acciones en materia anticorrupción no dependan de la política, por lo que piden apertura y un perfil técnico en la designación de su nuevo titular.
Mientras que al Congreso federal y estatales exigen ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y vigilar el buen uso de recursos.
Además de acelerar la creación de Sistemas Locales Anticorrupción en las 19 entidades del País que aún no lo hacen.
"En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional.
"Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales", apuntan.
También piden que además de las medidas de austeridad anunciadas por diversas dependencias, se garantice la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
Esto en un año plagado de escándalos en ese rubro, entre ellos los de Veracruz y Sonora.
"La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del País", indica el estudio de Transparencia Mexicana.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México obtuvo 35 puntos de los 100 posibles, ubicándose en la misma posición que países como Filipinas, Malí o Armenia.
Ahora es comparado con Moldova, Paraguay, Azerbaijan, Honduras, Laos y Sierra Leona, y le siguen Iran y Nepal.
El País menos corrupto sigue siendo Dinamarca, seguido por Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza.
Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el País está en el último lugar, cuando China, India y Brasil se alejan hasta 40 posiciones.
Para las organizaciones, la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no ha sido suficiente para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el País y frenar la caída de México en ese Índice.
"No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes", afirma.
Por ello, Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional plantean seis recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, ver la corrupción y la impunidad como una excepción y no una regla.
"Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas", explican.
Demandan una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que las acciones en materia anticorrupción no dependan de la política, por lo que piden apertura y un perfil técnico en la designación de su nuevo titular.
Mientras que al Congreso federal y estatales exigen ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y vigilar el buen uso de recursos.
Además de acelerar la creación de Sistemas Locales Anticorrupción en las 19 entidades del País que aún no lo hacen.
"En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional.
"Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales", apuntan.
También piden que además de las medidas de austeridad anunciadas por diversas dependencias, se garantice la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
Fuente.-
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