La impunidad es una
gangrena en el organismo social mexicano. Quien la hace aquí casi nunca la
paga. Este es un fenómeno que si no se ataca frontalmente y se elevan los
costos, pudre todo. La impunidad alimenta la corrupción, estimula la violencia
que lacera la vida cotidiana y productiva, que impactan en el progreso
económico la competitividad que, a su vez, coloca anclas al desarrollo.
Son
círculos viciosos de los cuales la sociedad mexicana no puede escapar porque,
objetivamente hablando, no hay señales que quiera escapar. La impunidad corre
por todos los sectores sociales, económicos y políticos, y esta descripción no
es dramática ni exagerada, como lo demuestra el Índice Global de Impunidad
México 2016, dado a conocer este miércoles, elaborado por la Universidad de Las
Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en Puebla. Al
hablar sobre el alcance generalizado de la impunidad, el documento afirma: “La
presencia de este fenómeno patológico se ha extendido a tal grado en nuestra
vida pública, que llega a asumirse como un hecho natural o inevitable; incluso
podemos afirmar que se ha internalizado como parte de la cotidianidad mexicana.
En esta lógica, la existencia generalizada de impunidad crea incentivos
perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, por pequeño o
grande que sea, queda sin denuncia, investigación o castigo. Violar la ley es
un acto socialmente aceptado”.
La descripción permite argumentar que
México es un país podrido, y el Índice pareciera reflejarlo con consistencia:
el 92.8% de los delitos cometidos –de 2013 a la fecha- no se denuncian, porque
los mexicanos tienen una enorme desconfianza con la autoridad y están
convencidos que además de que no sirve para nada, sólo pierden el tiempo.
Claramente se exhibe el problema estructural.
Si no denuncian es por una
creencia apoyada en hechos concretos, que el sistema de seguridad, justicia y
derechos humanos no funciona, y por tanto, si hay una violación sistémica de la
ley, lo mejor que pueden hacer en esta especie de Ley de la Selva, es violar
también la ley. Implícitamente se colocan en el mismo espacio y condición que
los delincuentes: violar la ley para sobrevivir en un entorno criminal, que los
convierte, por las buenas razones, en criminales.
El Índice Global de
Impunidad revisó a 59 países –de casi 200 en el mundo-, que son los que aportan
la información para poder hacer las mediciones cuantitativas.
De ese grupo,
México está en el lugar 58, superado únicamente por Filipinas. Esto se debe a
que la impunidad, entendida como delito sin castigo, de acuerdo con este
documento de 178 páginas abundantes en estadísticas y análisis comparativos,
llega al 99%. Visto de otra forma, sólo el uno por ciento de los delitos es
castigado. Con estos datos, ¿cómo no van a faltar incentivos para que la
sociedad camine dentro del marco de la ley y no, para evitar ser aplastada, viole
también la ley?
El estudio, coordinado por los profesores e
investigadores Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez, no encontró ninguna
entidad federativa en México que esté combatiendo la impunidad. Hay 26
entidades donde la varianza entre una y otra es menor de cinco puntos, lo que
prácticamente las ubica en el mismo nivel de deficiencia en ese campo. Sin
embargo, la entidad mejor evaluada, que es Campeche, se encuentra a la mitad
del camino que Croacia, la nación mejor evaluada.
En el documento se establecen
múltiples factores que conducen a la impunidad, que parten en muchos casos de
las acciones del ejecutivo, como lo demostraron con un análisis de los siete
estados que desde 2007 fueron parte del abanico del gobierno federal para
combatir la delincuencia organizada (Baja California, Guerrero, Michoacán,
Nuevo León, Tamaulipas y Durango), donde el fenómeno se da en niveles medios y
altos, pero no menores a los que existían .
Fuente.- twitter:
@rivapa
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